PROGRAMA SOCIALISTA ALTERNATIVO: (Parte VI)

VI.- POR UN PROGRAMA SOCIALISTA ALTERNATIVO  QUE ACABE CON LA DICTADURA DE LOS MERCADOS.

Nuestro partido, el  Partido Socialista Obrero Español tiene que realizar un cambio de rumbo programático, un verdadero giro hacia la izquierda,  para ofrecer una salida a la clase trabajadora, que sea asumida como propia y que restablezca el apoyo y la confianza de la mayoría de la sociedad. 

Para ello defendemos las siguientes medidas:

A) Nacionalizar el sistema financiero bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.

Es urgente cambiar la política económica y  monetaria practicada hasta ahora. No es posible salir de la crisis utilizando los mismos mecanismos liberales que han llevado al colapso a la economía, por lo que la única política correcta sería utilizar todos los recursos financieros disponibles para la creación de un “BANCO PÚBLICO ESTATAL ÚNICO”, (con la unificación de las Cajas de Ahorros), es decir nacionalizar el sistema financiero bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones, y poner la economía al servicio de la producción y ésta al servicio de los seres humanos.

Es completamente inviable para cualquier gobierno intentar  convencer a la Banca Privada de que conceda créditos, cuando el sistema está completamente colapsado, porque a los jefes y amos de la banca privada sólo les interesa obtener gratis los fondos del Estado para mantener sus insultantes beneficios.

Consideramos que es urgente en cuanto que el PSOE vuelva a conquistar el Gobierno, que se decrete la expropiación de los bancos privados, con indemnización solo en caso de necesidad comprobada,  con el objetivo de concentrar todo el crédito en manos del Estado, para gestionarlos democráticamente entre el Gobierno, los sindicatos de clase, los propios empleados de la Banca, y el conjunto de las organizaciones obreras, como la mejor forma de democratizar los recursos financieros, evitar la corrupción y la especulación y exigir el desmantelamiento de los paraísos fiscales.

Esta política no significa, ni mucho menos, la expropiación de los pequeños ahorradores y depositarios, sino todo lo  contrario, pues una vez nacionalizado y democratizado esos recursos dinerarios, tendrán la garantía del Estado. De esa forma, una Banca Pública Estatal, al servicio de la producción y gestionada democráticamente, puede establecer condiciones más favorables para otorgar apoyos a los pequeños y medianos empresarios, a los agricultores, a los pequeños comerciantes, a los pensionistas, a los ahorradores, a la vez que se permitiría la inversión en los gastos sociales, vivienda, sanidad, educación e infraestructuras públicas tan necesarias dando empleo a millones de jóvenes y trabajadores.

De hecho, la nacionalización en la práctica de la banca se está llevando a cabo de una u otra manera por gobiernos de todo signo político, pero por desgracia, se está llevando a cabo poniendo los recursos públicos al servicio de la burguesía y salvando los intereses del capital privado. La consigna, nacionalizar las perdidas, privatizar las ganancias, es el programa del gran capital. De ahí se desprende este ataque sin precedentes a los gastos sociales y las conquistas históricas del movimiento obrero.

B) Por una vivienda digna y accesible a toda la población.

Poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas sociales; municipalización del suelo urbano para liberar suelo barato. Nacionalización de las grandes empresas constructoras, fuertemente endeudadas, para gestionarlas democráticamente bajo control obrero. La Vivienda es un Derecho de la ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos. Impuestos progresivos a los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías, para forzar a sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la vivienda sea un medio de especulación.

El Gobierno debe desconocer el valor actual de las deudas hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al valor artificial del suelo originado en el boom inmobiliario, que se derrumbó.  Paralización inmediata de los embargos por hipotecas de viviendas y bienes de las familias trabajadoras.  Ninguna familia obrera debe pagar más del 10% de su Salario Familiar en vivienda. Plan de alquiler estatal con ofertas habitacionales que no sobrepasen el 10% del Salario familiar.

El Estado procederá a la expropiación de todos los inmuebles y viviendas abandonados, o no ocupados durante un año, o que estén fuera de uso, para que puedan alojarse las familias sin viviendas y sin recursos, o/y para que puedan ser usadas socialmente como centros culturales y de ocio. La entrega y el uso de cada inmueble deberá estar controlado por la Asambleas de peticionarios correspondientes de cada zona, con representación de Asociaciones Vecinales, Sindicatos de clase y Vecinos que tengan solicitada vivienda social.

C) En defensa de la enseñanza pública.

En defensa de una red de enseñanza pública de calidad, gratuita, laica y científica.  Incorporación de los centros concertados a la Educación Pública. Ninguna subvención estatal a la enseñanza privada. Incremento del presupuesto educativo hasta el 7 % del PIB. Por una universidad pública y gratuita para los hijos de los familias trabajadoras.

D) En defensa de la sanidad pública: No a la privatización, no al copago.

Incremento de un 20 % de los presupuestos de la Sanidad Pública, con el objetivo a corto plazo de eliminar las listas de espera y mejorar la atención sanitaria global. Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios. No a la privatización de la sanidad pública, al recorte presupuestario y el despido de trabajadores del sector. No al copago. Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de los puestos de trabajo del personal dedicado a la salud pública para atender dignamente a todos los enfermos.

E) Luchar contra la especulación y la corrupción.

Que no se cubran las pérdidas de las empresas privadas con dinero público. Nacionalización sin indemnización de todos los especuladores que ahora declaran pérdidas y presentan Expedientes de Regulación de Empleo, poniendo en peligro miles de empleos entregando esas empresas en manos de los trabajadores con apoyo financiero y técnico por parte del Estado. Fuerte impuesto progresivo a las grandes fortunas. Lucha contra el fraude fiscal: expropiación de los grandes capitales que defrauden a Hacienda. Los representantes del Partido en las Instituciones no deberán cobrar más de la media del sueldo de un trabajador cualificado.

F) Un plan de choque de inversiones públicas.

Contra la huelga de capitales y la caída brusca de las inversiones privadas y dado que los capitalistas españoles no invierten, se procederá a incrementar la inversión por parte del Estado. Plan de construcción de viviendas públicas, hospitales, centros de estudio y universidades, para dar empleo a los millones de parados existentes y satisfacer las necesidades sociales.  Inversión en I+D+i. Introducción de la robótica y las nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en cada empresa que lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y bajo control democrático de la gestión por los trabajadores.

Cuando el empresario presente un ERE o el expediente para cierre, se le exigirá que se abran los Libros de Contabilidad de la empresa o grupo de empresa al que pertenezca. Se ejercerá el control social para evitar el vaciamiento de los recursos financieros y demás bienes de la empresa y se fiscalizará el funcionamiento correcto evitando los fraudes, robos y boicoteo a la producción y la empresa será puesta  bajo control estatal para garantizar los puestos de trabajo.

G) En defensa del empleo y contra el paro.

Jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial con el objetivo de repartir el trabajo como un bien escaso.

Para dar paso a la juventud y combatir el desempleo juvenil, jubilación a los 60 años, con contratos de relevo y fomento del contrato de aprendizaje.

Contra la eventualidad y la precariedad, fijo a los 15 días en puestos fijos y contratos de fijos discontinuos en puestos eventuales.

Lucha firme contra la discriminación de la mujer, exigiendo el cumplimiento por Ley de "a igual salario, igual trabajo", sin excepción con fuertes sanciones para los patronos que infrinjan esa legislación.

Plenos derechos laborales iguales como ciudadanos, tanto para los inmigrantes como los nativos, por lo que es necesario derogar la actual Ley de Extranjería, introduciendo también cambios que favorezcan el asilo político.

Nacionalización de las empresas en crisis para defender todos los puestos de trabajo.

Como apoyo social de urgencia, el  Estado entregará de forma obligatoria a todo trabajador en paro que no perciba prestación económica alguna,  ayudas de emergencia en alimentos, ropas y bonos de transporte indispensables para tener una vida digna, comprometiéndose el trabajador a  prestar servicios sociales a través del Municipio al que sea asignado provisionalmente mientras no se le oferte otra alternativa laboral.

El trabajo social prestado será proporcional al valor de la ayuda recibida y se ejercerá un control público mediante la Asamblea de barrio o zona, en colaboración con las Asociaciones Vecinales y los sindicatos y Comités de Parado, que deberán realizar un censo para saber exactamente las familias o personas que necesiten dichos servicios sociales básicos, que deberán ser solicitados mediante votación  positiva de la Asamblea a la que estén inscrito, con el objetivo de erradicar de inmediato los casos de pobreza extrema y solamente estarán exentos de prestar ese trabajo social sustitutorio los niños, los ancianos y los impedidos por enfermedad, mediante baja médica u hospitalaria.

Es  prioritario  la legalización inmediata de todos los trabajadores  que son explotados en la economía sumergida con el mero requisito de proceder al alta de oficio a toda persona que esté prestando servicios y no se encuentre en nómina, pasando a contrato fijo de plantilla, con el único requerimiento de comunicar el alta al sindicato, a la patronal  y a la inspección de trabajo por parte del trabajador afectado.

H) Por los derechos sociales y el fomento de la actividad productiva.

Mantenimiento de los servicios de empleo dentro del Estado. No a las ETTs. Por un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual a un Salario Mínimo Interprofesional de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años y salario máximo de altos cargos públicos y privados que no superen cuatro veces el salario mínimo, regulados a través del IRPF a través de una reforma impositiva progresiva y justa.

Subida automática de los salarios igual a la subida de coste de la vida con la introducción de la escala móvil precios-salarios, con subidas y revisiones cada 3 meses bajo control de comités sindicales, asociaciones de consumidores y gobierno para evitar la inflación descontrolada.

Poner la economía al servicio del ser humano y no del lucro de una minoría, para lo cual es preciso decretar la nacionalización de la banca y  los monopolios, indemnizando a los pequeños accionistas necesitados y poniendo estos recursos productivos bajo control democrático de los trabajadores para impulsar la economía productiva. Con estas palancas económicas fundamentales en poder de la sociedad, pueda llevarse a cabo un verdadero plan que incremente la producción, cuya capacidad productiva instalada está estrangulada en los momentos actuales en torno al 68 %.

Con el objetivo de solucionar las necesidades  de las familias de los jornaleros, campesinos pobres y clase trabajadora en general  y fomentar la creación de puestos de trabajo, el Estado expropiará, con indemnización en casos de necesidad comprobada, los latifundios de más de 200 Ha, para realizar una explotación en régimen cooperativo, con apoyo técnico y financiero estatal que permitan reformar y modernizar las estructuras agrarias, encaminadas a la industrialización y distribución social. 

Para luchar con firmeza contra el paro forzoso y cierre de empresas, se decretará la expropiación sin indemnización por el Estado de todas las fábricas y empresas cerradas por sus dueños o que estén con  expedientes y litigios de despidos que tengan  reivindicaciones en marcha por parte de los trabajadores, para que sean puestas en funcionamiento bajo control democrático de sus propias plantillas, para lo cual, el Estado deberá garantizar el salario fijado en convenio y prestarle ayuda,  apoyo técnico,  financiero y plantear una democracia real bajo control obrero.

Mañana publicaremos el siguiente apartado VII.- ORGANIZAR LAS FUERZAS PARA LUCHAR POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIALISTA DE LA SOCIEDAD. 

En los días siguientes iremos publicando el resto del documento, al que pueden aportarse enmiendas por parte de los afiliados, militantes y simpatizantes, remitiéndolas a) : 

ispsoeandalucia.malaga@gmail.com

(Recomendable leer junto con las publicaciones anteriores y posteriores)