 En
estos días se ha hecho público el informe definitivo que el “grupo de
sabios” designado por el Gobierno ha elaborado sobre la reforma de las
pensiones. En él se dibuja un escenario catastrofista sobre la
inviabilidad del actual sistema, para justificar mejor su
desmantelamiento.
Un simple vistazo a este “comité”
muestra claramente que, bajo la falsa apariencia de objetividad se
esconden los voceros de las grandes patronales privadas, de la banca y
de la burguesía en general (ver la lista en la nota que publicamos
después del artículo). No es casualidad que el presidente del comité sea
el catedrático Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha
colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el
discurso ideológico del PP, ni que ocho de los doce miembros estén
directamente a sueldo de las compañías de seguros o de la banca. En su
informe, el comité de expertos reconoce oportunamente que sus medidas
provocarían “una reducción significativa de la pensión media sobre el
salario medio". Para evitarlo, plantean complementar la prestación con
ingresos procedentes del ahorro privado.
Frente a estas evidencias de los
intereses que se ocultan tras la pretendida “objetividad” de los
expertos, el representante de CCOO, Miguel Ángel García, ha sembrado la
indignación en el sindicato, al votar también a favor del informe,
provocando una oleada de peticiones de expulsión por su actitud.
Tán sólo Santos Ruesgo, por UGT, ha
votado en contra, y ha denunciado que "avanzamos hacia un modelo con
pensionistas de primera y segunda clase".
¿Cuáles son las medidas que proponen y porqué?
Lo
primero que hay que tener en cuenta es que, no sólo este último
informe, sino todos los representantes de la burguesía en todas las
instituciones, medios de comunicación, etc. repiten interesadamente la
idea de que el sistema de pensiones no se puede sostener, argumentando
que cada vez hay más jubilados y que estos viven más años, mientras el
número de trabajadores en activo disminuye.
Sin embargo, quienes defienden este
argumento ocultan el hecho de la enorme productividad que tiene el
trabajo, que permite que los trabajadores produzcan, en conjunto, mucha
más riqueza de la que se necesita para garantizar su propia subsistencia
y la de su familia. Otra cuestión es quien se apropia individualmente
de esa riqueza social que crea la clase obrera con su sudor. Así pues,
como en el resto de cuestiones sociales, no estamos hablando de una
cuestión de recursos, sino de su distribución. Por supuesto, nada de
esto se dice cuando se habla del “futuro de las pensiones”.
Al contrario, se pretende que el sistema
debe ser viable atendiendo exclusivamente a la relación entre el dinero
que entra en la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales
de empresarios y trabajadores y el que sale para pagar las pensiones. Y
con ese argumento perverso se pretende que la única solución es por
tanto “trabajar más y cobrar menos”.
De esta forma, todas las medidas
propuestas por el “comité de sabios” van orientadas a conseguir ese
objetivo. Bajo complicadas fórmulas matemáticas e ininteligibles
explicaciones “técnicas”, el voluminoso informe de los “sabios” puede
resumirse en dos cuestiones muy concretas:
- Disminuir la cuantía de la pensión en
proporción al aumento de la esperanza de vida (o sea que, como vivimos
más años, estamos condenados a vivirlos miserablemente)
- Dejar de ligar las pensiones al IPC,
es decir, que ya no suban de acuerdo al coste de la vida. La comisión
recomienda que esto comience a aplicarse a los pensionistas actuales, lo
que supondría un empobrecimiento general en pocos años.
Estas dos medidas, sumadas al impacto de
la reforma de Zapatero de 2011 que alargaba la edad de jubilación,
supondrán la miseria para millones de trabajadores en los próximos años,
pero permitirán hacer un negocio redondo a los planes de pensiones
privadoS (1). Como señala Ruesgo: "Los
que hayan podido ahorrar durante su vida laboral, y los que hayan
invertido en fondos de pensiones privados, podrán compensar la pensión
del sistema público y vivirán razonablemente. Pero ¿quién puede ahorrar?
Los que más ganan. El resto, que serán la mayoría, con unos niveles
salariales medios, tendrán que arreglarse con una pensión raquítica".
Frente a esto, no hay margen para la pasividad sindical.
 Un
ataque de esta naturaleza cuestiona un derecho vital para los
trabajadores, pretendiendo arrebatarnos de un plumazo la posibilidad de
tener una vejez digna. Sin embargo, el coro que reclama un día sí y otro
también liquidar el sistema de pensiones (aunque pretenda encubrir sus
intenciones hablando de la “sostenibilidad” etc.), no encuentra una
respuesta contundente por parte de las izquierda, ni de las
organizaciones sindicales. Todo lo contrario, tanto la dirección de CCOO
como la de UGT han asumido completamente el discurso de la burguesía,
renunciando a defender radicalmente los derechos de los trabajadores, lo
que les llevó a firmar la última contrarreforma de las pensiones,
impulsada por el gobierno de Zapatero, o a que CCOO proponga ahora un
incremento de las cotizaciones sociales (incluidas las de los
trabajadores) para incrementar los recursos de la SS.
Pero la gota que ha colmado el vaso de
la paciencia de muchos trabajadores ha sido la postura del representante
de CCOO en este último comité de expertos, votando a favor de un ataque
de dimensiones históricas. Ante el escándalo mayúsculo, desde la
dirección del sindicato se ha hecho pública una resolución que, aun
cuando se desmarca del citado informe, en absoluto está a la altura de
lo que esperamos los afiliados, ni en la contundencia a la hora de
condenar esta actitud y tomar las medidas pertinentes, ni en cuanto a la
crítica al propio informe.
De hecho, en la resolución se justifica
la presencia de CCOO en tal comisión basándose en las “mejoras” que su
representante ha podido incorporar al documento final: “…su
participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar
sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema de reparto, que se
plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de
la mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la
política una vez activada la negociación en la comisión parlamentaria
conocida como Pacto de Toledo (…) No obstante, y a tenor de la imagen
proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber
aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una
comisión profundamente desequilibrada” (énfasis nuestro).
Además, frente a las medidas propuestas,
desde CCOO no se “rechaza”, sino que se “cuestiona” la idoneidad de
desligar las pensiones del IRPF o de rebajar su cuantía en función de la
esperanza de vidA (2)
Es decir, en lugar de lanzar un mensaje de que vamos a combatir este
atropello, se nos prepara para un intercambio de opiniones en la mesa de
negociación, a fin de conseguir un acuerdo al precio que sea. Así se
recoge en la edición especial de la Gaceta Sindical de este mes: “CCOO
cree que lo fundamental es que las reformas estructurales del sistema
público de pensiones se construyan sobre el mayor consenso posible, lo
que debe alcanzarse, en el plano político, en el marco del Pacto de
Toledo y en el social a través del diálogo con empresarios y
sindicatos.”
El pacto solo es posible sobre el cadáver de las conquistas históricas del movimiento obrero.
 A
la luz de estas declaraciones, la afirmación de Toxo de que “no estamos
dispuestos a avalar una reforma de las pensiones que suponga bajadas
para las pensiones presentes y futuras” inspira muy poca confianza, por
más que insista en que no se sienten vinculados con el informe. De
hecho, es imposible evitar un retroceso en las pensiones si no es con la
lucha y la movilización más profunda y masiva, pues el gobierno está
decidido a enjugar una parte sustancial del déficit a costa del dinero
de los pensionistas. Por eso tienen tanta urgencia y se niegan a
recurrir al fondo de reserva, pues automáticamente esto computaría como
déficit.
Teniendo esto en cuenta, ¿a que tipo de
pacto se puede llegar con el gobierno y la patronal deseosa de hacer
negocio con las pensiones? A ninguno que no tenga como consecuencia
trasladar el peso de la crisis a las espaldas de los trabajadores. En
esta situación, es imposible obtener ningún éxito en la mesa de
negociación. Aún más, esta actitud pactista de las direcciones
sindicales solamente beneficia a la burguesía, que de esta forma intenta
trasladar la imagen de que “todos estamos en el mismo barco” y minar la
resistencia de los trabajadores ante los ataques.
Por el contrario, la realidad es muy
distinta. Lo estamos viendo en relación a absolutamente todas y cada una
de las conquistas de la clase obrera: los derechos laborales, la
sanidad, la educación, los servicios sociales… una ofensiva total a
nuestras condiciones de vida. Los trabajadores intentan una y otra vez
oponerse a ella con todas sus fuerzas: luchas en la sanidad, la
industria, la educación, etc que ilustran claramente esta afirmación.
En contraste, la política de las
direcciones sindicales es la de dividir, parcelar, atomizar la fuerza
del movimiento en centenares de movilizaciones parciales, sectoriales,
locales… Lejos de esto lo que necesitamos es unir toda esta fuerza en un
gran movimiento que refleje la verdadera correlación de fuerzas que hay
en la sociedad. Para ello, la huelga general es el camino. Pero una
huelga general que no sea una simple fecha en el calendario para soltar
presión y poco más, sino una huelga general que defina claramente sus
reivindicaciones (la retirada de todas las reformas del gobierno:
laboral, sanitaria, educativa, etc) y que se plantee seriamente
conseguirlas. Si el gobierno continúa desoyendo a los trabajadores, la
huelga debe extenderse, endurecerse, planteándose la ocupación de los
centros de trabajo, de estudio, en definitiva, romper con la actual
dinámica sindical para abordar con firmeza y determinación la defensa de
nuestro futuro, de nuestras familias y de nuestras vidas.
¿Quiénes forman el Comité de Expertos?.
De los 12 miembros, 8 cobran de la banca y las grandes aseguradoras.
Víctor Pérez-Díaz. Presidente del
comité de expertos impulsado por el Gobierno. Ha formado parte de los
consejos asesores de empresas como Repsol, Fundación Caixa Galicia y
Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.
Rafael Doménech. Es el actual
Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de
Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de
jubilación.
Miembro del Foro de Expertos del Instituto de la
aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los
planes de pensiones privados
Manuel Lagares Calvo. Fue
subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de
Adolfo Suárez. También fue consejero independiente de la aseguradora
Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas
de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo.
Mercedes Ayuso: Miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB).
Francisco Castellano Real. Jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).
José Ignacio Conde-Ruiz. Es
subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea),
vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La
Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces).
José María Marín Vigueras. Es
catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad
Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados
financieros.
José Enrique Devesa Carpio. Profesor
titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de
Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que
reúne a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.
Miguel Ángel Vázquez Burgos. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde actualmente es director de Análisis y Estudios.
NOTAS
[1] España es uno de los países europeos con un menor
porcentaje de planes y fondos de pensiones. Unos planes que, por otro
lado, viven sus horas más bajas a consecuencia de la crisis. En 2012
solo se realizaron aportaciones por valor de 58 millones de euros, el
dato más bajo de los últimos 25 años.
[2] “En consecuencia, desde
el compromiso con el sistema de pensiones y la necesidad de adaptar el
mismo de forma consensuada a las necesidades que presenta,
cuestionamos que se tenga que introducir, sin respetar los términos
contemplados en la legislación vigente, un nuevo elemento para el
cálculo de la pensión y que este esté asociado a la “esperanza de
vida”. Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones
deje de estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin
efectos la Ley que contempla el citado principio” Gaceta Sindical, edición especial Junio 2
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