ALBACETE, 22 de junio de 2013.
PROPUESTAS DE IZQUIERDA
SOCIALISTA.
SUMARIO.
1. La necesidad de una
alternativa socialista y de la izquierda
2. Por los derechos laborales y sociales:
profundizar el Estado del Bienestar hacia el socialismo del siglo XXI.
Educación
Sanidad
Vivienda
Políticas
medioambientales
Políticas
de desarrollo rural
Cultura
Libre, Cultura Popular
Políticas
de igualdad
La reforma
de la justicia
1. LA NECESIDAD DE UNA ALTERNATIVA
SOCIALISTA Y DE LA IZQUIERDA.
El fundamentalismo neoliberal monetarista que ha arraigado como pensamiento “único” dominante en el capitalismo, ha enraizado en la política y se ha ido imponiendo en un largo ciclo durante el cual socialdemócrata y socialistas no hemos sido capaces de articular alternativas y respuestas políticas convincentes y efectivas.
Mientras que una gran parte de los líderes europeos han asumido las “recetas” del conglomerado de intereses privados que se mueven en los mercados financieros y no han sido capaces de priorizar suficientes medidas a favor del bien común; los efectos sociales y electorales de esas políticas neoliberales en Europa y en España están a la vista: crecimiento del paro y de la precariedad en el trabajo, disminución de la renta de los sectores populares (incluyendo capas de las clases medias), retroceso de los servicios públicos, incremento de las privatizaciones, incertidumbre e inestabilidad social (¿hacia una crisis social global?), desafección de la política, descredito de las instituciones democráticas, aumento de la extrema derecha y de las tendencias populistas, debilitamiento de los valores propios de la izquierda y de su fuerza electoral.
Los resultados de las recientes elecciones en Italia deberían ser analizados por la UE y las fuerzas políticas como una seria llamada a la reflexión, un “aldabonazo” de la ciudadanía ante el debilitamiento de la acción transformadora de la política, la pérdida de intermediación de los partidos entre sociedad e instituciones y, sobre todo, del hartazgo de la imposición de recortes y más recortes, de austeridad injusta, por las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales que actúan, prácticamente, al mandato de los mercados e intereses del capitalismo financiero. El gobierno de coalición formado en Italia entre el Partido Demócrata y el partido de Berlusconi no viene sino a agravar el descredito de la izquierda de las demandas populares y profundizar la desconfianza y desanimo del electorado de izquierdas falto de una alternativa política estructurada.
Hoy la derecha económica, social y política está a la ofensiva en todo el continente europeo y también en España; mientras que los movimientos ciudadanos deslegitiman cada vez con mayor fuerza los comportamientos de los teóricos mandatarios de la ciudadanía, que se aferran a estructuras, modos de representación, formas de control, actuación y privilegios adquiridos que han quedado caducos; incrementándose con mayor fuerza un clamor de igualdad, justicia y transparencia fomentado por una información comprometida cada vez más transparente, libre y al alcance de los ciudadanos de a pie.
El neoliberalismo amenaza necrosar la economía productiva, al tiempo que se fragmenta la cohesión social, se rompe el compromiso-consenso en torno a los valores del modelo social UE y se pretende reducir el Estado de bienestar a la mínima expresión asistencial, sin la menor capacidad de reasignación de recursos; y hasta trata de “cargar” la crisis financiera mundial en el debe del Estado socialdemócrata.
Vivimos unos tiempos en los que los principios propios de un proyecto democrático de izquierdas, universal, ético y coherente, los valores de dignidad y respeto de uno mismo y hacia los demás, la libertad y la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la fraternidad y el sentido de responsabilidad ante la sociedad, el reparto equitativo de la riqueza y la reasignación de bienes públicos para el bienestar colectivo, están muy deteriorados y se encuentran en regresión. Los socialistas tenemos que dar prioridad a esos valores y unirnos a las personas que creen en ellos. Hemos de reaccionar anteponiendo la firmeza de nuestros principios y convicciones a los intereses particulares, para no vernos abocados a los avatares de las circunstancias y al ejercicio “eficaz” del poder por el poder en sí mismo, y, en muchas ocasiones, subordinado a presiones oligárquicas.
Los motivos para la preocupación son muchos y bien fundados, pero los socialistas no podemos resignarnos. Debemos contraponer la fuerza emancipadora del socialismo al pesimismo y al temor que instrumenta y difunde la derecha, reaccionado con la dignidad que nos enseña nuestra historia, respondiendo a los problemas y retos con más democracia, participación y alternativas pensadas desde la izquierda, enraizadas en la voluntad popular y en los amplios sectores sociales que conforman la mayoría de progreso.
La esperanza en el futuro ha de ser colectiva o no será.
Ante quienes han causado esta crisis sistémica
y la ruina de empresas, familias, desempleo y enormes sufrimientos a millones
de personas; la izquierda no puede seguir “acomplejada” por la caída del Muro
de Berlín, abandonando la “razón histórica” de la concepción abierta de la
sociedad y la lucha por un mundo en progreso donde prevalezcan la dignidad de
la persona, el bien común, el interés general, la democracia, la igualdad y la
justicia social; tiene que recuperar su
hegemonía cultural y la mayoría social, con un proyecto convincente a largo
plazo y un relato alternativo, fortaleciendo los partidos de masas sobre
nuevas/viejas bases sociales y en sintonía con las redes de la ciudadanía
plural.
Para la izquierda, la única forma de recuperar y fijar viejos y nuevos apoyos sociológicos en las clases trabajadores, clases populares, clases medias, sectores profesionales, pequeños y medianos empresarios consiste en demostrar capacidad para construir un proyecto que trate de preservar las conquistas históricas de los trabajadores y movimientos populares, pero que disponga de alternativas bien diferenciadas y de propuestas “radicales” de cambio y transformación, desde los valores humanos , socialistas y progresistas.
La cuestión que aquí se abre es si hay otra forma de hacer política que sea distinta de la habitual. Y esto parece tanto más necesario cuanto más se reivindica su vuelta en tiempos de crisis.
Hay que “lograr políticas con política” (Ernst Stetter) y, desde luego, hacer desde el interés de la voluntad general otra política económica y fiscal distinta para reconstruir el pacto social por la prosperidad igualitaria y el bienestar social; así la reivindicación de la política democrática adquiere su verdadero sentido.
Los socialistas no podemos dejar de analizar las fases de esta crisis sistémica porque la superación y la forma de salida de la misma condicionan sobremanera esta década y ¿la próxima? Las lecciones de economía política que reinterpreten esta etapa están aún abiertas y tienen correlación con La izquierda que se busca (título del libro de nuestro compañero José Antonio Pérez Tapias, EUG, Granada, 2010) y con el papel del socialismo ahora y en el futuro inmediato; porque si la izquierda plural “quiere seguir siendo políticamente protagonista de avances hacia mayores cotas de libertad y nuevos logros de igualdad, de transformaciones sociales emancipadoras y de reformas económicas que en serio tengan en cuenta los requerimiento ecológicos, ha de rencontrarse a sí misma. Eso implica redefinir su proyecto y clarificar sus objetivos, rehacer su discurso y modular de otra forma sus mensajes, reelaborar las apoyaturas teóricas y profundizar en los análisis críticos, sin olvidar la insoslayable cuestión de cómo resolver a estas alturas sus necesarias formas de organización y funcionamiento democráticos y la manera en que proceder a la estructuración de los imprescindibles sujetos colectivos y de las insoslayables alianzas para la acción política que hay que llevar a cabo.” (Pérez Tapias; J.A., Ed. Cit ,pag. 18).
Frente a las políticas destructivas y disruptivas, practicadas por las derechas en España, en Europa e internacionalmente; el socialismo democrático, en el actual momento histórico, ha de ser un proyecto político transformador –con un compromiso intergeneracional- dotado de un programa máximo o finalista con el horizonte de acabar con las desigualdades sociales, superar las divisiones clasistas y alcanzar la emancipación de la Humanidad en su conjunto por la terminación de la explotación de unos hombres y mujeres por otros, y que luche también por la salvaguarda de la naturaleza, por la aplicación de políticas sociales para el bienestar del conjunto de la sociedad y por la sostenibilidad que asegure la vida en nuestro planeta para futuras generaciones; se oponga a la carrera de armamentos, guerras y expoliaciones de todo tipo y haga realidad a nivel mundial, sin excepciones, el respeto a los derechos humanos y el reparto equitativo de los recursos mediante una planificación democrática a nivel planetario.
Y uno de los retos más inmediatos que debe abordar conjuntamente el socialismo democrático en Europa , es ir configurando ese proyecto común que nos permita presentarnos -ante la ciudadanía de cada país y ante la europea- como el colectivo con propuestas políticas, sociales y económicas más avanzadas y el instrumento –el PSE- capaz de llevarlas a cabo, para la superación de crisis y la transformación social mediante alternativas basadas en la colaboración, la equidad, la justicia social, la igualdad, la paridad de sexos, la solidaridad…; porque “otra Europa es posible y necesaria”, tal y como el CEDESC planteó al PSC como contribución a los debates del IX Congreso del Partido Socialista Europeo .
2. POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES: PROFUNDIZAR EL ESTADO DEL BIENESTAR HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
El Estado de Bienestar es el modelo de estado social y de derecho conseguido en la segunda mitad del siglo XX en la Europa Occidental, y ha supuesto para sus pueblos uno de los mayores niveles de progreso, igualdad, ampliación de derechos y cotas de prosperidad y justicia social nunca conseguidos. Este modelo considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar. Cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se intenta ponen en marcha por parte de las administraciones públicas mecanismos correctores para solucionar esta situación. Así, es comúnmente aceptado que se intervenga para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida si son negativas o perjudiciales para determinados grupos humanos. Se actúa sobre las necesidades y sobre todos aquellos aspectos que las generan. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan a grupos y comunidades. También se considera que es fundamental la participación activa de los ciudadanos, de tal manera que las instituciones públicas diseñan actuaciones generales tendentes a mejorar la situación colectiva en aspectos como el empleo, la distribución de los recursos, etc. Igualmente son las administraciones públicas las que mediante actuaciones específicas tratan de resolver determinados problemas concretos (pobreza, exclusión social o marginalidad) y organizar la satisfacción de necesidades básicas como la educación, la sanidad, la vivienda, etc.
España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo. Debemos saber, sin embargo, que pese a los grandes avances realizados por los gobiernos socialistas a partir de 1982 en la construcción del Estado del Bienestar, en nuestro país siempre ha sido deficitario, y llegó cuando en Europa se iniciaba la ofensiva neocon para su desmantelamiento. Ahora bien, sabemos que el llamado “Estado de Bienestar” es también el concepto que nos ha ofrecido el sistema capitalista para justificarse y hacernos creer que en ese sistema el Estado de Bienestar es posible, y que incluso es el objetivo del sistema. Sin embargo, a la vez nos hace saber que hay otros elementos más importantes que hemos de respetar en el sistema y que son prioritarios, como el máximo beneficio, la desigualdad intrínseca al ser humano, la necesidad de sacrificio de los desfavorecidos y sobre todo que el poder lo detenta el capital y no el ciudadano.
El “Estado de Bienestar” solo puede conseguirse de una forma general y permanente cuando el poder está en manos de los ciudadanos. Esto solo se consigue en una sociedad socialista porque es su objetivo y su fin. No podemos seguir hablando de un “Estado de Bienestar” muy limitado que no depende de nosotros, y que en puridad y a nivel mundial se ha basado en la explotación de otros hombres, otros países y otras sociedades.
Debemos tener en cuenta también que el Estado del Bienestar fue resultado de un gran pacto social en Occidente tras la II Guerra Mundial entre las clases burguesas, la derecha, y la socialdemocracia, el movimiento obrero, ante la presión soviética y la fuerza revolucionaria de la izquierda en Europa tras la derrota del fascismo. Una vez desaparecido el bloque soviético tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la URSS, la desaparición de esa presión, del contrapoder, y la entrada en los circuitos del mercado occidental de grandes reservas de mano de obra procedentes del Este, la necesidad del pacto, para la derecha, para la burguesía capitalista occidental, deja de existir. Un pacto, y su producto, sólo se pueden materializar cuando ambas partes lo necesitan. Por lo tanto, la derecha procede al ataque y desmantelamiento de ese Estado del Bienestar. Podemos verlo claramente en nuestro país con el gigantesco ataque a los servicios públicos, el gran recorte en gasto social que lleva a cabo la derecha y mayores niveles de recesión a los que nos llevarán, dado el gran nivel de endeudamiento de la población y por tanto la previsible reducción de demanda de bienes y servicios, que ya se está viendo. Así se están agravando tanto el estancamiento de la economía como los niveles de pobreza, malestar social e incertidumbre.
Ante este panorama, desde la izquierda, y desde los partidos socialistas y organizaciones obreras, debemos ser conscientes de que nos adentramos en un nuevo periodo histórico, en el que las condiciones políticas que hicieron posible el pacto del Estado del Bienestar se han difuminado. En este nuevo periodo no podemos renunciar ni uno sólo de los derechos y avances conseguidos, y debemos luchar sin cuartel por la reconquista de los derechos sociales y laborales que la derecha recorta en su afán por destruir los logros del Estado del Bienestar. Pero no debemos plantearnos el retorno a una foto fija de un modelo que sea considerado fin en si mismo, sino que debemos avanzar, desde la conciencia de los progresos y conquistas del movimiento obrero, y con la referencia del Estado del Bienestar como punto partida de mínimos, hacia un nuevo modelo. El capitalismo se muestra en los mecanismos de su propia crisis en toda su crudeza, dispuesto al sacrificio tanto de los progresos y bienestar del esfuerzo de más de un siglo en Europa como de la misma democracia, por lo que debemos plantarnos su superación como modelo nocivo y gravemente dañino para el bienestar de la sociedad y de su ciudadanía. Hoy más que nunca, la consigna "socialismo o barbarie" resulta especialmente clara. El combate por los derechos sociales y laborales debe plantearse por parte de las fuerzas de izquierdas y ciudadanía de progreso desde la puesta en marcha de la transición democrática hacia el socialismo, hacia el socialismo del siglo XXI.
EDUCACIÓN
Recientemente se han cumplido 80 años de la proclamación de la Segunda República y 75 años del Golpe de Estado del 18 de julio 1936. Se sabía que la educación era el único modo de sacar a España del atraso secular en la que estaba sumida. La sublevación militar acabó con los logros educativos alcanzados en poco tiempo por la Republica: una Escuela Pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana; el mejor Plan Profesional de Formación de maestros que haya existido nunca; un respeto profundo a la diversidad de las lenguas y de las culturas de España; la creación de más de 27.000 escuelas en lo que era un coto privado de unos cuantos; una escuela auténticamente laica sin privilegios ni imposiciones para nadie; una escuela democrática; una enseñanza pensada en el quehacer protagonista del alumno.
España es hoy una democracia. Desde la muerte del Dictador el país ha cambiado profundamente. Pero quienes creemos en el auténtico valor de la democracia republicana y queremos salvaguardarla, pensamos que aún hay un largo camino por recorrer.
La actual sociedad capitalista, desaforadamente consumista y generadora de amplias bolsas de pobreza y exclusión, no hace sino aumentar las desigualdades sociales y fragmentar cada vez más la sociedad entre los que pueden y no pueden económicamente.
La educación ha de aportar una profunda carga de valores que encamine a las personas a transformarse ellas mismas y a transformar a la sociedad en la que viven. La importancia de la educación se ve acentuada en medio de la crisis.
Propuestas:
· Educación pública, democrática, laica y de calidad como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad, desde las escuelas infantiles a las Universidades o a la educación de las personas adultas, estableciendo por ley unos mínimos de calidad para la educación pública, que impida que se tengan derechos diferentes en función de la Comunidad en la que vivan
· Recuperación en los Centros Educativos de la asignatura de "Educación para la ciudadanía".
·
Fomento de planes de enseñanza donde la
solidaridad, el civismo, respeto, interculturalidad y pluralidad prevalezcan
frente a la rivalidad, competencia e individualismo.
· Creación de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años.
· Las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente. Se debe tender hacia la eliminación progresiva de los concertados. Además, con centros suficientes para que sobre todo los alumnos y alumnas de Primaria no tengan que hacer desplazamientos fuera de su barrio.
· Construcción de centros educativos públicos, a todos los niveles, suficientes para la población actual y planificación de la estructura de centros y número de plazas de alumnos para albergar todas las necesidades y previsión futura del alumnado, participando en la elaboración los agentes sociales, con el fin de reducir la ratio por clase tanto en los C.E.I.P como en los I. E. S. y acabar con los “barracones”.
· Garantizar que en suelo público sólo se construyan centros educativos públicos, con gestión pública, incurriendo en grave gestión la utilización de dicho suelo por centros privados bien sean cooperativas o religiosos no pudiendo tampoco permutar este suelo por otro alejado de las necesidades de plazas.
· Dotar a los C.E.I.P. del profesorado necesario: profesores de apoyo para educación infantil, profesores de pedagogía terapéutica, logopedia, inglés, educación física, música y educadores que refuercen a los tutores de alumnos con necesidades educativas especiales.
· Adoptar las medidas necesarias, en las comunidades con lengua propia, para que cuando el alumnado termine la educación primaria tenga las competencias básicas para poder expresarse correctamente en las dos lenguas oficiales y poder comunicarse en una lengua extranjera. Dotar a los colegios que adopten el trilingüismo de profesorado especializado fijo.
· Defensa de escuela inclusiva, igualitaria e intercultural
· Con respecto a los I.E.S. en el 1º y 2º ciclo de la E.S.O. se adjudicará el profesorado teniendo en cuenta su especialidad.
· Garantizar que en todas las autonomías se tenga un ordenador por alumno, junto con las pizarras digitales necesarias para el centro. Toda dotación informática debe funcionar con Software Libre, que será promovido y potenciado.
· Diseño, ejecución y evaluación de la eficacia de todos los programas que sean necesarios para compensar las deficiencias del alumnado, con la finalidad de que no abandonen el sistema educativo durante las etapas obligatorias y obtengan el título de Graduado.
· Los estudiantes que más lo necesitan se beneficiarán de la ayuda individual para que al en cinco años, el número de jóvenes que abandonan la escuela sin calificaciones se reduzca a la mitad.
· Actuar para que el alumnado con titulación de graduado en ESO continúe realizando estudios post-obligatorios, sobretodo, los de formación profesional de Grado Medio y Superior, necesarios para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad.
· Desarrollo de métodos para luchar contra la precariedad de la juventud. dando a los jóvenes escolarizados, una solución de formación, aprendizaje o servicio cívico.
· Impulso de iniciativas parlamentarias y sociales para frenar el aumento del IVA en el material escolar.
· Potenciación de la formación profesional, con, entre otras medidas, la creación los puestos de trabajo adicionales en la educación que cubran todos los oficios.
· Postgrados de especialización para tarea docente y formación continúa del profesorado. Obligatoriedad de mantener los Centros de Formación de Profesores en las diferentes comunidades.
· Defensa del principio de autonomía universitaria, compatible con la existencia de una política estatal de Universidades y de Investigación.
· Total oposición a la separación de niños y niñas en cualquier tipo de centro educativo.
· Promover la colaboración del Consejo Escolar Municipal y, por ende, de la Administración municipal con las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para desarrollar actividades dirigidas a combatir el abandono escolar temprano y el absentismo escolar.
· Promover y potenciar centros de apoyo familiar, que formen a los padres y a las madres en los procesos de aprendizaje y que les permitan una mayor implicación y seguimiento en la educación de sus hijos.
· Promover medidas que permitan la asistencia de los padres a las reuniones con los profesores de sus hijos.
· Incorporar una tercera hora, no sólo en primaria, sino en ESO y Bachillerato en Educación Física, para la creación de hábitos saludables entre la juventud la corrección de posturas erróneos cada vez más generalizadas, la necesidad de movimiento y los valores necesarios para el desarrollo integral y la prevención de enfermedades ligadas al sedentarismo, son motivos más que suficientes, entre muchos otros, para la consolidación de la cultura física entre nuestros jóvenes.
I+D+i
El actual modelo de desarrollo conduce a la tercerización de la economía en detrimento de los otros sectores productivos, del medio ambiente, del empleo y de la calidad de vida. Hoy, para avanzar hacia un crecimiento más sostenible y equilibrado, ha de producirse una redimensión de los componentes sectoriales del PIB y del VAB en favor de incrementar el peso de la economía industrial, de la economía del conocimiento (I+D+i), del sector de las energías alternativas (3ª revolución energética), de determinados subsectores emergentes con potencial y de distintos servicios avanzados.
Todo ello para fomentar la economía productiva, las nuevas tecnologías, la economía digital como clave para un nuevo crecimiento, el capital humano y social, el desarrollo endógeno (territorios inteligentes) y la “economía de proximidad”. Será necesaria la activa intervención del Estado en la orientación y desarrollo de las políticas económica e industrial, frente al actual predominio del capitalismo especulativo y depredador o de intereses de grandes megacorporaciones.
Propuestas:
· Desarrollo y aplicación de la Ley de la Ciencia.
· Medidas para el retorno de la diáspora profesional joven y la inserción de becarios de investigación.
· Apoyo a proyectos y grupos transdisciplinares e internacionales de investigación.
· Defensa de las instituciones públicas en la producción y transferencia de conocimientos.
· Propiciar que los logros y beneficios en I+D+i beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas y no solamente a las empresas.
· Como elemento fundamental para estas medidas, innovación y desarrollo potenciados a través de una red de institutos tecnológicos públicos, apostando por la excelencia y la calidad.
SANIDAD
La Sanidad Pública, universal, de calidad y gratuita, ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad.
En los últimos años se observa una campaña generalizada y sistemática para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del capitalismo neoliberal, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Los grandes perdedores de estas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos de salud y sanitarios son los ciudadanos. La calidad de los servicios empeorará, además de tener los modelos privatizados unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitarios.
Nos oponemos a la implantación de sistemas de copago, o más bien repago, tasas o tickets moderadores, cualquier fórmula de privatización, por medio de fundaciones o tipos de gestión privada, denunciamos el llamado "modelo Alzira", fórmula de privatización radical de la atención médica, que externaliza a una empresa privada con ánimo de lucro todo el servicio sanitario público de la población de un territorio, en régimen de monopolio, a través de una concesión administrativa.
Ahora, el gobierno derechista del PP, se ha lanzado ya abiertamente a la privatización de la sanidad y a la degradación deliberada del sistema sanitario público. La asistencia sanitaria es un bien de primera necesidad, una necesidad primaria. Es por tanto un derecho mínimo para el ser humano una asistencia sanitaria de calidad. No se trata de un servicio que se pueda regir meramente por el coste-beneficio.
El Estado debe garantizar este derecho tal y como afirma la Constitución en el artículo 43, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, y se afirma que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”
No sólo comercializando un derecho humano (de primera necesidad) sino que se está quebrantado la Carta Magna española. Dicen que “el sistema actual se encuentra obsoleto”, afirmación que es falsa. El sistema sanitario español, hasta ahora, era, reconocido por la OMS, el séptimo mejor del mundo, siendo además el que más cobertura y de mejor calidad ofrecía a menor coste para el Estado. La salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, no una mercancía, y nos oponemos firmemente a las políticas privatizadoras del PP.
Propuestas:
· Impulsar una política sanitaria al servicio de la cultura democrática de servicio público, con rendición de cuentas y participación profesional y ciudadana en los aspectos que les afectan.
· Aumentar la financiación y el control del gasto sanitario, con criterios de suficiencia y eficiencia: gestión honrada y eficaz; control del elevado absentismo; prohibición de conductas abusivas, como que en horario pagado por la sanidad pública se trabaje en la sanidad privada; crear dispensarios de medicamentos en los
Centros de Atención Primaria.
· Poner al día la red hospitalaria y potenciar los centros de atención primaria, dotándolos de los equipos y personal especializado necesario.
· Reforzar la aplicación de la Ley 39/2006 para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sobre todo en lo que afecta a los pagos de las prestaciones económicas y de servicios, así como al procedimiento: retroactividad, compatibilidades, resoluciones, desarrollo del catálogo de servicios y fomento del empleo.
· Desarrollo y aplicación de la Ley del aborto. Total oposición a cualquier contrarreforma que limite los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en este sentido.
· Desarrollo y aplicación de la Ley de muerte digna. Cada adulto en fase avanzada o terminal de una enfermedad incurable, que causa un sufrimiento insoportable físico o psicológico, y no puede ser apaciguado, podrá solicitar, bajo condiciones específicas y estrictas, recibir asistencia medicalizado para poner fin a su vida con dignidad.
· Mantener la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
VIVIENDA
Uno de los factores más importantes para la gestación de la actual crisis, con su especial virulencia en España, ha sido la especulación urbanística ilimitada. La burbuja inmobiliaria ha arrastrado en su estallido al resto de la economía y, además, durante su avance ha conculcado el derecho constitucional a una vivienda digna, convirtiendo un bien necesario para la vida de las personas en un recurso para la especulación extrema. Nos encontramos ante la hiriente paradoja de disponer en todo el territorio de millones de viviendas vacías y que, debido a su exorbitante precio, no son accesibles para la mayoría de la población. Es exigible a los poderes públicos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Además, si bien es un problema ya gestado con anterioridad y que no supo encararse desde una óptica socialista para haberlo atajado (si bien ahora se han presentado interesantes iniciativas parlamentarias al respecto, en un cambio positivo), durante el último año del gobierno de la derecha ha estallado como un auténtico drama social la cuestión de los desahucios, en una de las caras más inhumanas del capitalismo y de la banca, que, ayudada con millones de euros públicos, no tiene el mayor reparo en arrojar a la calle a miles de familias trabajadoras por deudas sobrevenidas. La sociedad está dando una fuerte respuesta, con la movilización de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y otros colectivos, con quienes debemos entablar relaciones, para tender tanto puentes de comunicación como para colaborar en iniciativas de apoyo a quienes sufren las consecuencias de estos abusos, como para apoyar iniciativas de más amplio calado como la ILP de dación en pago.
Propuestas:
· Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías.
· Intervención directa del Estado en el sector de la vivienda para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Se necesita una gran reserva de vivienda pública destinada al alquiler social, a un precio tasado en función de las necesidades y posibilidades del destinatario. Las ayudas públicas al sector inmobiliario empresarial o bancario ha de ser condicionado a permitir y garantizar el acceso de las personas a su parque de viviendas.
· Creación un inventario de los pisos sin ocupar en el que conste de quien es la propiedad y ofertándolos para su venta a costo o gravando con un impuesto especial los que a los cinco años de su construcción figuren sin venderse o alquilarse. En caso de incumplimiento de las normas anteriores estos pisos pasarán a considerarse viviendas sociales, recibiendo el propietario el valor, quitando los gastos, del precio vendido o
alquilado.
· Las empresas de la construcción, como herramienta de gran importancia para la consecución de un bien básico como la vivienda, podrán ser intervenidas por el Estado según la necesidad en pro del bien común.
· Impulso y apoyo, desde las Administraciones Públicas, a las cooperativas de viviendas, primando modelos de cesión de uso como nueva forma de propiedad social de la vivienda.
· Avanzar hacia la dación de vivienda en pago para cancelación de hipoteca en casos justificados.
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
Los elementos necesarios para la vida de las personas, aire, agua, tierra y fuego (energía) son bienes comunes. No pueden ser objeto de apropiación o negocio, de ahí la necesidad de que los poderes públicos regulen el uso de estos elementos, limitados, que deben ser accesibles a todos los ciudadanos como un derecho inherente a la persona.
La conjunción del trabajo, el capital y los recursos naturales, son los medios para la creación de riqueza y obtener los bienes y servicios necesarios para la vida. Si bien en la teoría clásica solo el capital y el trabajo se contemplaban como elementos de desarrollo, presuponiendo que los recursos naturales eran inagotables, actualmente sabemos que estos son limitados y que merecen una atención especial, para que su capacidad de renovación permita la continuidad de la vida del planeta y asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones.
El desarrollo sostenible, capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, es uno de los objetivos que emana de los valores del socialismo: distribución de la riqueza y los recursos, desarrollo humano, progreso social y profundización de la democracia. Es urgente el cambio del modelo de desarrollo actual a otro más sobrio, más eficaz y justo. Ello implica una revolución en los métodos de producción y también en el comportamiento del consumidor, y en la educación medioambiental tanto en el sistema educativo como a adultos, vía que hay que desarrollar todavía mucho en nuestro país.
Propuestas:
· Gestión racional de los recursos existentes, como patrimonio público. Nacionalización de los recursos naturales y sectores energéticos estratégicos.
· Ordenación racional del territorio y las actividades que se desarrollan en el mismo.
· Gestión integral del ciclo del agua como recurso publico estatal.
· Lucha contra el cambio climático.
· Continuada apuesta por las energías renovables y compromiso firme de abandono de la energía nuclear.
· Cambiar el sistema de subasta energético y eliminar el déficit tarifario.
· Criterios de sostenibilidad para actividades económicas, urbanismo y núcleos de población, construcción de viviendas, explotaciones agropecuarias y actividad pesquera.
· Reforzar las políticas de mantenimiento y creación de espacios naturales y de reforestación.
· Medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y acústica.
· Transportes eficientes, suficientes y medioambientalmente limpios. Optimización de los servicios de transportes públicos. Apoyo al coche eléctrico
· Decidida protección de las costas, denunciando el retroceso en su defensa que representa la actual Ley de Costas aprobada por el partido popular.
POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL
El desarrollo económico de España exige también el desarrollo de los sectores rurales y agrícolas. En el marco de la creación de una economía sistémica y sostenible el sector agrario es estratégico. El apoyo al pequeño campesino debe ser un eje clave del nuevo proyecto socialista ya que esto posibilitará un crecimiento de tipo multipolar y la consolidación de áreas agrarias productivas. La productividad no sólo se consigue con tecnología, también con la dignificación del agricultor. La soberanía alimentaria del país, en el marco europeo, es un objetivo irrenunciable.
Propuestas:
· Desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
· Consolidación de una Red de Escuelas Agrarias
· Revisión y modulación de los pagos de la PAC, favoreciendo al pequeño propietario y a las cooperativas.
· Ayudas extraordinarias a las cooperativas que demuestren solvencia y respeto a los derechos de los trabajadores.
· Flexibilización en destino de los fondos FEDER.
· Apoyo extraordinario a las PYMES en las zonas rurales.
· Apoyo a la creación de empresas públicas de titularidad municipal para la explotación de montes comunales y baldíos.
CULTURA LIBRE, CULTURA POPULAR
La cultura es una de las más poderosas herramientas que puede ser empleada en pro de la emancipación humana, colectiva e individual, y como socialistas, debemos saber usarla y defenderla como pieza clave en la transformación de la sociedad: si avanzamos hacia cambios estructurales que pretendan construir el socialismo.
En este sentido, vemos cómo el gobierno derechista del PP pretende recortar el acceso de las clases populares a la cultura, con nuevos impuestos sobre un bien tan necesario, y cómo las lógicas de mercantilización del capitalismo invaden y mueven los resortes del mundo y creación culturales. Sin embargo, por un lado las nuevas tecnologías están ampliando la difusión de la cultura y, por otro las poderosas industrias vinculadas al mundo de la cultura reaccionan de manera virulenta ante el cuestionamiento social de lo que consideran su propiedad privada sobre los bienes culturales. Así ha sucedido en todas las polémicas relacionadas con la SGAE y sus habituales excesos. En este sentido, la reacción social contra los excesos en materia de propiedad intelectual ha sido clara, así como el rechazo a las posiciones caracterizadas por la falta de adecuación ante la realidad social y el quizá excesivo seguidismo de las industrias comerciales vinculadas a la cultura.
Ahora bien, desde sectores comprometidos y concienciados de la sociedad, hace tiempo que se ha producido, fomentado y desarrollado una respuesta creativa y en positivo a las estrecheces del capitalismo en cuanto a propiedad intelectual. Se ha puesto en marcha lo que se conoce como licencias libres, licencias copyleft, licencias creative commons, inspiradas en los principios cooperativos, colaborativos, horizontales, democráticos, del software libre y sus licencias GPL.
En este sentido, como socialistas, valoramos las licencias libres como una nueva forma de socializar la propiedad y la cultura, así como de poner en tela de juicio las concepciones liberales de la propiedad.
Propuestas:
· Redefinición de los derechos de autor clásicos, bajo nuevos parámetros que primen la digna retribución y bienestar de los creadores culturales y el valor social de la creación cultural por encima del afán lucrativo de las industrias capitalistas.
· Potenciación del uso de las licencias libres (en sus diversas concepciones) para la producción cultural e intelectual mediante medidas de apoyo fiscal y económico a los creadores y creadoras culturales o autores/as que se decanten por su uso. También mediante el uso de cuotas en los medios públicos (radio, tv) y en programaciones culturales de las Administraciones Públicas, destinadas a su promoción y representación (con los debidos controles de calidad y profesionalidad).
· Impulso de la promoción e información sobre estas nuevas formas de propiedad en los centros de formación cultural de titularidad pública, reforzando la asistencia técnica para los creadores culturales que opten por las licencias libres.
· Apoyo de la autogestión popular de la cultura, mediante el impulso por parte de las Administraciones Públicas de redes de centros cívico-sociales que alberguen iniciativas culturales de base, fuera de las lógicas de mercantilización de la cultura.
· Inclusión de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos efectivos de participación democrática, en la gestión de la cultura y programación cultural de las Administraciones Pública, así como del Patrimonio Cultural. Reforma de la Ley de Patrimonio para consolidar y ampliar la protección del patrimonio inmaterial, industrial y etnológico, estableciendo medidas de protección adecuada para los paisajes culturales o históricos y para el patrimonio popular.
· Fomentar las artes escénicas, según modelos descentralizados y en interacción con las comunidades locales y la sociedad civil organizada, buscando una difusión social capilar de sus beneficios sociales, culturales y económicos.
· Desarrollar un Plan de Coordinación de políticas culturales para la puesta en valor y gestión de elementos o conjuntos patrimoniales compartidos por varias autonomías, para la prevención y combate del expolio, para la difusión de la producción cultural local, y para la difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.
· Impulsar desde los ámbitos partidarios, sindicales, asociativos e institucionales que sea posible, la puesta en valor de la cultura e historia del movimiento obrero, como parte de la identidad de la mayoría de la población y fuente de los derechos y niveles de bienestar conquistados para toda la sociedad, de modo que sea herramienta para aumentar la autoestima de las clases populares y para el desarrollo de la conciencia de clase.
· Refuerzo de las sedes del Instituto Cervantes, en lugares con posibilidades de mayor proyección y abriendo líneas de difusión en el extranjero de la riqueza lingüística de España, difundiendo adecuadamente y junto al castellano las demás lenguas oficiales.
POLÍTICAS DE IGUALDAD
Las politicas de igualdad de género constituyen un eje transversal de nuestro progama. Durante
los gobiernos de la última etapa socialista, hemos construido un nuevo pilar del estado de bienestar, este ha sido la atención por ley a personas dependientes. Lamentablemente los recortes del gobierno de la derecha anacrónica y ultra conservadora del Partido Popular, que visualiza la clara voluntad de adelgazar el estado hasta mínimos incapaces de asegurar equilibrios sociales, y asistencia pública a los ciudadanos, están deshaciendo todos los avances que los socialistas hemos realizado.
Vivimos en un País donde la presión fiscal a las clases trabajadoras y la presión fiscal a los poderosos esta descompensada. Tenemos que lograr un nuevo modelo fiscal de ingresos, como el que proponemos en este documento de posiciones, y que pueda sustentar con efectividad y eficacia, por ley:
- La educación pública, de calidad y gratuita
- La sanidad universal y de calidad para todos por igual
- La asistencia por ley a todas las personas dependientes.
-Una renta ciudadana que asegure que todas las personas podrán comer.
Propuestas:
· Incrementar al 50% la paridad en órganos y velar porque esta sea real, excepto para aquellos cargos o puestos de trabajo donde el merito y la capacidad sean condición para su obtención.
· Reforma de los permisos de maternidad y paternidad para que ambos sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria, fomentando la corresponsabilidad.
· Lucha contra la violencia machista de manera integral, implicando también a los hombres en las campañas y políticas concretas. Promover actuaciones específicas para las mujeres en situaciones de dificultad o vulnerabilidad, en las que se implique tanto a instituciones, como a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como a sociedad civil.
· Integrar la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas de bienestar social.
· Fomento de un sistema público universal de atención a la dependencia para que no se siga cargando sobre las mujeres el cuidado de las personas adultas dependientes.
· Medidas para una racionalización de los horarios que ayuden a conciliar realmente la vida personal, laboral y familiar.
· Exigencia de planes de igualdad para las empresas como condición para la adjudicación de proyectos subvencionados públicamente. Aumentar las inspecciones laborales para seguir el cumplimiento de los planes.
LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Propuestas:
· Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982. El Ministerio Fiscal, con los necesarios controles judiciales y parlamentarios que garanticen la imparcialidad, debe asumir la instrucción penal. El Juez de Instrucción debe ser sustituido por el Juez de Garantías, y atribuir la instrucción penal a los Fiscales.
· Suprimir la figura del imputado para no vulnerar el principio de presunción de inocencia.
· Actualizar la figura del procesamiento en el procedimiento ordinario por delitos graves, y rescatar la de la inculpación en el procedimiento de urgencia por delitos menos graves.
· Reformar el Consejo General del Poder Judicial, mediante reforma constitucional, para que sea realmente el órgano de gobierno de los jueces, siendo su Presidente elegido por el Parlamento.
· Dotar a la administración de justicia de medios materiales y personales suficientes.
· Restablecer la redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985 de 1 de julio, en garantía de la jurisdicción universal sobre delitos de genocidio, terrorismo y otros.
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