A pesar de que la derecha insiste una y otra vez en su legitimidad electoral para llevar a cabo estos ataques sin precedentes, la fortaleza del PP es mucho más aparente que real. Los resultados que obtuvieron en las elecciones generales del pasado 20-N, y anteriormente en las municipales del 22 de mayo, demuestra que tienen un techo que no rebasan. No se ha producido un corrimiento del voto obrero hacia el PP. En realidad su victoria es la consecuencia directa del desplome del Partido Socialista: millones de jóvenes y trabajadores han dado la espalda a una política, la del anterior gobierno de Zapatero, caracterizada por sus constantes
claudicaciones ante los poderes económicos y sus acuerdos con la derecha en aspectos cruciales, como la reforma constitucional, que prima el pago de intereses a la banca y abre la puerta a una profundización de las llamadas políticas de “austeridad”, es decir, recortes salvajes del empleo público y del gasto social. Con todo, la “fortaleza” del PP en Andalucía muestra debilidades evidentes: sólo aumentaron un 13% sus votos en las elecciones generales. No recogieron, ni mucho menos, todo el profundo descontento con el Partido Socialista, que en Andalucía perdió casi la mitad de sus sufragios. El avance institucional del PP es responsabilidad de aquellos que, en lugar de adoptar políticas en beneficio de la población, utilizan el apoyo electoral de los trabajadores para poner en práctica las medidas que exigen los grandes bancos, el FMI y la UE. Esto es lo que explica la pérdida de más de cuatro millones de votos por parte del PSOE (750.000 de los cuales han sido en Andalucía).
Durante todos estos años, el gobierno de la Junta de Andalucía, primero con Chaves y ahora con Griñán, se ha limitado a gestionar el capitalismo sin enfrentarse en ningún momento a los intereses fundamentales de los empresarios. Esto le ha llevado una y otra vez a defraudar a su base social y electoral.
En los tiempos de boom económico, la Junta ha podido desarrollar una política social para amortiguar en parte las desigualdades sociales generadas por el capitalismo, pero en los puntos claves, siempre ha salvaguardado los intereses empresariales. Así por ejemplo, el gobierno del PSOE andaluz no puso ningún freno a la especulación inmobiliaria en toda la Costa del Sol y de hecho le puso todas las facilidades, terminando incluso salpicado por escándalos de corrupción urbanística que aún hoy siguen saliendo a la luz. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) lleva años reivindicando una reforma integral del campo andaluz para acabar con el latifundismo heredado de hace siglos, modernizar y hacer públicas las explotaciones bajo control de los trabajadores. Una política agraria así, debería haber sido una prioridad de un gobierno de izquierdas, pero la Junta de Andalucía jamás se ha querido enfrentar a los terratenientes, al contrario, ha utilizado la represión policial contra las movilizaciones jornaleras, ha despreciado sus justas demandas y no ha tenido empacho en designar como hija predilecta de la Comunidad a esa representante cualificada del latifundismo agrario que es la duquesa de Alba.Por otra parte, la desconexión con los intereses de los trabajadores y sus familias se ha acentuado en los últimos años, como prueba el reguero de escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos, cuya expresión más acusada ha sido el caso de los EREs fraudulentos, explotado demagógicamente por la derecha. El gobierno del PSOE en Andalucía no ha hecho nada por impedir la deslocalización, el cierre de cientos de empresas y el despido de miles de trabajadores. El ejemplo de Delphi, en Cádiz, es elocuente: después de regalar decenas de millones de euros a esta multinacional, aceptó sin más el cierre de la fábrica negándose a escuchar las grandes movilizaciones que protagonizaron los trabajadores de la empresa y del conjunto de la provincia, que llegaron hasta la huelga general en toda la bahía gaditana. En lugar de nacionalizar Delphi y asegurar los empleos, la Junta amparó los despidos y realizó promesas de recolocación que jamás ha cumplido. El ejemplo de Delphi es representativo de decenas: los mineros de Boliden, los trabajadores de astilleros de Sevilla, de Roca, y un largo etcétera.
Esta política, en momentos de crisis aguda del sistema lleva ineludiblemente a los recortes y a atacar las condiciones de vida de los trabajadores. Cuando los beneficios empresariales peligran, no hay política social que pueda quedar en pie para complacer sus intereses. Así hemos visto cómo se han aplicado recortes en la contratación de profesores, en el transporte escolar y en las becas, en el sistema sanitario, en proyectos de integración, en programas sociales..., y han empezado a privatizar, como haría la misma derecha, servicios públicos fundamentales.
Un ejemplo claro es el conflicto con los trabajadores de la administración pública andaluza el año pasado. Los trabajadores se movilizaron y denunciaron el empeoramiento de sus condiciones laborales y la externalización de servicios. No era para menos: de un plumazo se suspendían las ofertas de empleo público, se suprimían las bolsas de interinos y se incorporaba el criterio de rentabilidad privada a la gestión de la cultura, agricultura, agua, patrimonio y otros ámbitos en los que la gestión pública desaparecerá. Las empresas públicas con gestión privada ya manejan en la actualidad casi el 70% del presupuesto de la Junta de Andalucía.
Izquierda Unida, correctamente, ha criticado esta política en muchas ocasiones y ha protagonizado movilizaciones puntuales. Por supuesto, miles de trabajadores y jóvenes han visto en IU la posibilidad de ir más allá en la defensa de una política en beneficio de la mayoría trabajadora, un hecho que se ha traducido en el avance electoral que ha registrado en las últimas elecciones generales. Pero lo que un sector amplio de la clase obrera y la juventud percibe es que Izquierda Unida sigue muy centrada en el ámbito institucional, que debería poner como eje de su acción cotidiana la defensa de una auténtico programa socialista, exigiendo la nacionalización de la banca, la nacionalización de las empresas en crisis para garantizar el empleo y el impulso de la movilización, haciendo una labor sistemática dentro de los sindicatos de clase, especialmente en CCOO, para enfrentar la política de paz social y pactos con la patronal de consecuencias tan desastrosas para los trabajadores. Una auténtica política de oposición de izquierdas, conectando con las aspiraciones cotidianas de la población, los parados y la juventud, dejando claro el rechazo a cualquier pacto con el PP en los ayuntamientos —rectificando por tanto las vergonzosas alianzas que se han permitido con el partido de la burguesía en distintos municipios andaluces o en Extremadura—, aumentaría la credibilidad de Izquierda Unida como organización de lucha, anticapitalista y revolucionaria(...)
Escrito por Rubén Fernández.
(Mañana publicaremos la parte 3 final: "Sólo la clase trabajadora
puede cambiar las cosas").
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