El próximo 25 de marzo se celebrarán en Andalucía elecciones al parlamento autonómico. Después de la debacle electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales y generales, la posibilidad de que por primera vez la derecha pueda acceder al gobierno de Andalucía es una realidad. Los sondeos dan mayoría al PP en las ocho provincias,
y supera al PSOE en aproximadamente ocho puntos dependiendo de la encuesta. En el contexto de profunda crisis del sistema capitalista que estamos viviendo, en plena ofensiva del gobierno del PP y la patronal contra los derechos y las condiciones laborales de la juventud y los trabajadores en el Estado español, cuando se anuncia cada día nuevos recortes del gasto social y ataques a la enseñanza y la sanidad pública, la vuelta al poder de los señoritos andaluces significaría un duro golpe para las condiciones de vida de la clase trabajadora.La clase obrera andaluza, tanto en el campo como en la ciudad, tiene una arraigada tradición de lucha. En un territorio como este, el atraso económico y el acentuado carácter parasitario y reaccionario de la burguesía han marcado las relaciones sociales durante décadas.
Los señoritos, todopoderosos durante el franquismo, perdieron gran parte de su poder fruto de la lucha de los trabajadores con la caída del franquismo. Hoy, es más necesario que nunca volver a pararles tanto en las urnas, como en la calle. El auténtico carácter del PP.
El PP es el partido de los empresarios y los explotadores. En él se han refugiado además todos los elementos de la extrema derecha, todos los franquistas que durante la dictadura gozaron del poder político y social amparados en la represión y en la total falta de libertades democráticas y sindicales. Un exponente claro de esto es el perfil de señorito cortijero del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, el político mejor pagado de toda Andalucía. Pero no es el único: la plana mayor del PP en la comunidad está cortada por el mismo patrón. A pesar de su demagogia, el programa real de la derecha se reduce al beneficio empresarial por encima de cualquier otra consideración. La prueba práctica de sus auténticas intenciones se ha revelado, entre otras medidas regresivas, con la aprobación de la reforma laboral, el ataque más grave a los derechos de los trabajadores de los últimos treinta años.
En las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna la derecha, la política aplicada no deja lugar a dudas. La privatización sistemática de todos los servicios públicos esenciales en busca del enriquecimiento individual de los empresarios, las corruptelas, el clientelismo y el ataque sistemático a las condiciones laborales de los trabajadores son su sello.
Un buen ejemplo de esto es el Ayuntamiento de Málaga. El afán privatizador de la derecha lleva años desmantelando los servicios municipales para venderlos al mejor postor. El resultado no sólo es un deterioro considerable de los servicios públicos, también el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. El ejemplo de la empresa municipal de limpieza Limasa es representativo: con un 51% de capital privado, se ha congelado el salario a los trabajadores mientras que el año pasado el beneficio empresarial ascendió a cinco millones de euros. Para el año 2012, en los presupuestos del Ayuntamiento malagueño se aumenta descaradamente la partida destinada a la contratación de empresas privadas, para ir desmantelando los servicios ofrecidos directamente con empleos públicos municipales. Este guión es el que están aplicando en todas las capitales y municipios dónde gobiernan.
Siguiendo esta filosofía, si el PP llega al gobierno andaluz ¿qué hará por ejemplo con la educación andaluza? En estos momentos, el peso de la educación pública no universitaria en Andalucía es del 81 % frente al 19 % de la privada. En comunidades como Madrid, el PP consiguió ya en 2009 que más del 50 % de toda la red educativa estuviera en manos privadas. En su inmensa mayoría estos centros son financiados directamente con fondos públicos que van a parar a los bolsillos de los empresarios.
Andalucía encabeza la lista de parados de todo el Estado con una tasa de desempleo del 31,23 % (más de ocho puntos por encima de la media estatal). En las ciudades, la explosión de la burbuja inmobiliaria dejó sin empleo a miles de trabajadores incluso antes de que empezaran a notarse las consecuencias de la crisis en otros lugares del Estado. En el campo, con años sin posibilidad de acceder a un empleo digno por la persistencia del latifundismo, familias enteras malviven cobrando únicamente los 400 euros del subsidio del Plan de Empleo Rural (PER). Es evidente que un gobierno del PP en la Junta Andaluza representa una amenaza para los jornaleros. Después de años de acusar de vagos a los trabajadores del campo, la derecha, como defensora de la gran propiedad terrateniente y de los grandes monopolios agroalimentarios, atacará sin tregua el PER y el subsidio de desempleo agrario, imponiendo unas condiciones aún más esclavas en el campo andaluz en beneficio de los cortijeros. Las declaraciones de sus mentores no dejan lugar a la duda. Luis del Rivero, presidente de Sacyr (empresa constructora que cotiza en el IBEX 35) afirmó que “el PER es un sistema que fomenta la vagancia”. La burguesía andaluza, que se ha destacado por su carácter especulador durante los años del boom del ladrillo y por mantener el campo en un obstinado subdesarrollo, se suma ahora al entusiasmo empresarial ante la reforma laboral, que en boca del presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, es una medida valiente, que prima la actividad económica sobre el estado del bienestar. Se frotan las manos ante un gobierno del PP en la Junta de Andalucía, que acabaría con lo que Herrero ha calificado de “preponderancia” y “excesivo de intervencionismo” de “lo público”.(...)
Escrito por Rubén Fernández.
(Mañana publicaremos la parte 2) " ¿Quién es el responsable
de esta situación?")
No hay comentarios:
Publicar un comentario