8.- ANDALUCIA PARA LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR.
9.-ANDALUCIA COMPROMETIDA CON
LA TRANSPARENCIA DEL
BUEN GOBIERNO Y CONTRA LA
CORRUPCIÒN.
10.-- LA ANDALUCIA RURAL EN EL
MARCO DEL NUEVO DESARROLLO.
ANDALUCÍA PARA LA IGUALDAD,
LA DIGNIDAD Y
EL BIENESTAR.
257.-
El objetivo del PSOE-A estriba en avanzar hacia una sociedad andaluza más
justa, donde toda la ciudadanía goce
de los mismos derechos y las mismas obligaciones y, donde los/as andaluces se
sientan más libres e iguales en oportunidades. Necesitamos construir
un proyecto en esa dirección.
258.-
Con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual, toda persona
tiene derecho a la igualdad
de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la
educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público, y particularmente garantizar el acceso a la
vivienda y a una renta mínima incondicionada por hogar, que les permita
desarrollar un proyecto de vida
en condiciones de dignidad y bienestar.
259.- Vivienda.
260.-
Existe una conexión directa del derecho a la vivienda con otros derechos. El
acceso a una vivienda digna y
adecuada es una condición imprescindible para el ejercicio de muchos derechos
humanos (como el derecho a la vida, a
la intimidad, el derecho a la salud o el derecho a un estándar de vida
adecuado) y, precisamente por ello,
entendemos el derecho a la vivienda como un derecho humano. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho con
implicaciones de gran alcance para la realización de otros derechos y por lo tanto
de nuestra calidad
de vida.
261.-
El enfriamiento del mercado de la vivienda durante 2019, fue acompañado del
hundimiento de las ventas y el
descenso de los precios y alquileres, sin embargo, el hundimiento salarial
sufrido durante el segundo semestre
de 2020 ha hecho más difícil, si cabe, el acceso a la vivienda en alquiler para los jóvenes.
262.-
Los pecios de la vivienda y alquileres de mercado quedan muy lejos de niveles
salariales. La recesión provocada por la pandemia ha acentuado
el problema de acceso a la vivienda
en todo el territorio, donde
apenas se construyen viviendas protegidas de fácil acceso para las
clases trabajadoras y jóvenes. De ahí la importancia de la puesta en marcha de una política de viviendas a escala nacional,
aunque la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyan competencias exclusivas
en materia de vivienda y de ordenación del
territorio a las comunidades autónomas. Sin embargo, esto no es óbice para la
existencia de Planes Nacionales que
fomenten y subvencionen la construcción de viviendas protegidas destinadas
sobre todo a alquiler social.
263.-
La parcial recuperación económica pos-crisis de 2008, se sustentó en unos bajos niveles salariales, el aumento de la contratación a tiempo parcial y la elevación de la contratación temporal. Lo que nos lleva a un presente de escasa solvencia
entre las clases trabajadoras para acceder a préstamos hipotecarios para la compra de una
vivienda y resulta necesario apelar al alquiler privado de una vivienda o
habitación para poder acceder
a un alojamiento.
264.-
El salario medio en Andalucía alcanza los 21.756,78€ brutos al año (en España,
24.009,12€), 14.142 € netos años, lo
que supone un ingreso neto mensual de 1.178,50 euros. En el mismo periodo, el
precio medio del alquiler ascendió a
8,5 euros el metro cuadrado de vivienda, lo que eleva el precio de una vivienda de 75 m2 en alquiler hasta los
637,5 euros, el 54,09% de la percepción monetaria de una familia con un único salario. Además, los salarios
de los jóvenes son muy inferiores al nivel medio citado, con lo que el acceso al disfrute de una vivienda
de alquiler en el mercado se hace compleja en numerosos hogares.
265.-
Existe pues, un exceso de demanda en el mercado de vivienda de alquiler que
sugiere aumentar la oferta mediante
planes de subsidios a los inquilinos y subvenciones a la construcción de
viviendas sociales destinadas preferentemente al alquiler y a la rehabilitación.
266.-
La nueva política de vivienda debe impulsar el volumen de viviendas de alquiler
social accesibles. En primer lugar, aparece
la creación de parques públicos de viviendas de alquiler, que se formarían a
partir de viviendas de nueva
construcción y de viviendas existentes procedentes del sector privado. La
construcción de nuevas viviendas
sociales, que deberían tener la condición de viviendas protegidas de forma
indefinida, para así acabar con la práctica
frecuente de la descalificación y venta rápida de la VPO destinadas al alquiler, se realizaría sobre suelo cedido por los
municipios, procedente de las cesiones de edificabilidad derivadas de los nuevos desarrollos privados, de acuerdo con la
normativa urbanística vigente, estatal y autonómica.
Igualmente, impulsar un Plan para la habitabilidad que de soluciones rápidas a
los problemas de acceso a la
vivienda, para lo que se iniciaría un proceso de municipalización de uso de los
inmuebles y viviendas vacías y
cerradas que lleven 3 años desocupadas, o fuera de uso y que sean propiedad de bancos y/o fondos buitres, respetando así, la propiedad
privada de la ciudadanía, para realojar con urgencia a las
familias sin recursos
y/o para ser puestas
en uso por utilidad
pública y/o social.
267.-
Otros aspectos de la
nueva política de viviendas consistirían, entre otras:
268.-
Penalizar la existencia de viviendas vacías en las zonas más tensionadas,
mediante impuestos progresivos sobre
la especulación del mercado de la vivienda de los grandes propietarios, para forzar la salida de estas viviendas al mercado del alquiler.
269.-
Desarrollar una nueva legislación en materia de viviendas que posibilite la
declaración de utilidad pública y/o
social, de aquellas viviendas vacías que lleven cerradas un determinado número de años para establecer
el justiprecio que convierta en propietario a
los ayuntamientos, especialmente en los pequeños municipios rurales
donde la sensación de abandono del
municipio frena las posibilidades de desarrollo y de incremento de población. Igualmente, para municipalizar el suelo urbano sin edificar.
270.-
Una verdadera regulación de carácter
estatal de los pisos turísticos.
271.-
Asimilación de la normativa anti-desahucios a la vigente en Europa,
estableciendo una verdadera y cierta segunda oportunidad para las
familias insolventes.
272.- Renta Mínima
por hogar familiar.
273.-
Los pilares europeos de derechos
sociales consisten en otorgar a la ciudadanía unos derechos sociales efectivos y para el PSOE A, toda
persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que
garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y
servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima
deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado
laboral.
274.-
El desarrollo tecnológico está a punto de hacer experimentar otra
transformación histórica de la humanidad.
Empresas como AMAZON o wahtsapp, mueven decenas de miles de millones en
facturación con un volumen muy
reducido de empleo, lo que hace presumir una futura escasez de empleo al ser sustituido multitud de puestos de trabajo por máquinas y robótica.
275.-
El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas y además,
un empleo tampoco garantiza una vida
digna por su escasa retribución, manteniendo a miles de trabajadores/as sobre
el umbral de la pobreza.
276.-
Las políticas económicas con las reformas laborales incluidas, suponen un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y
provoca cada vez más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número
de trabajadores pobres crece.
277.-
Los efectos de estas reformas no son solo económicos. La OMS en 2020 estima que
los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera
causa de enfermedad en el mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y
mercados nos han llevado a unos niveles de desigualdad social inadmisibles, como pone de manifiesto que
el 1% de los más ricos en el mundo tiene tanto patrimonio como el
99% restantes.
278.-
Este modelo económico y político es insostenibles, necesitamos otro camino que
contrarreste las desigualdades y
servidumbres a una vida de pobreza y exclusión, falta de libertad y
oportunidades plenas en condiciones
de igualdad, que para el PSOE A se traduce en un nuevo derecho de ciudadanía
como es la Renta Básica Universal, al
menos, el equivalente al umbral de la pobreza que para una familia compuesta por dos adultos y dos convivientes se
sitúa en torno a un salario medio bruto por familia, que en España es de 24.009,12 euros y en Andalucía
de 21.756,78 euros.
279.-
Bien es cierto, que el actual mercado de trabajo andaluz está lejos de aportar
la demanda de empleo que solicita la
gran oferta de mano de obra existente, lo que hace pertinente garantizar a las
familias andaluzas unos ingresos
mínimos incondicionados y compatibles con otras prestaciones e ingresos, como derecho de familia para la cohesión
social, con carácter transitorio hasta alcanzar la Renta Básica Universal como derecho de ciudadanía.
280.-
En este sentido, los socialistas andaluces apostamos por reconocer como un
derecho de las familias una Renta por
unidad familiar equivalente a 1,75 veces el SMI, complementando la cantidad
precisa de forma incondicionada hasta alcanzar el importe establecido, el equivalente a 14 mensualidades de 1.554,06 euros brutos.
281.- EMPLEO DE CALIDAD Y CON DERECHOS:
281.1.-
Sin duda alguna, una de las mayores dificultades a la que se enfrenta Andalucía
es la elevada tasa de paro, que genera desprotección social y pobreza de las
familias y que siendo persistente, es una circunstancia que se ha asumido como
estructural y apenas genera debate social.
281.2.-
Resignarse a ello, pone en cuestión la construcción de una sociedad justa en la
que la pobreza y las desigualdades quedan relegadas a una exclusiva anécdota.
Sin embargo, la realidad muestra la importancia del problema de la falta de
empleo que sumado a la precariedad existente y el desequilibrio del marco
normativo que propiciaron las últimas reformas laborales, inclinan la balanza a
favor de las empresas, bajo la falsa neoliberal de que, a menos derechos, más
empleo.
281.3.-
Frente a ello, los socialistas apostamos por el pleno empleo, por una política
valiente, decidida y efectiva de creación de empleo de calidad. La
digitalización y los avances tecnológicos, además, están transformando el mundo
del trabajo, de las relaciones laborales y un amplio porcentaje de los trabajos
del futuro no existen hoy, lo que pone en cuestión la consecución del logro del
pleno empleo.
281.4.-
Esto no puede suponer un retroceso en las condiciones de vida de la gente, al
contrario, deben ser las clases trabajadoras organizadas las que controlen los
procesos de robotización y digitalización para ponerlos al servicio del interés
general.
281.5.-
Es preciso además, acercar el sistema educativo al mundo del trabajo futuro
para adaptar la formación que se recibe a las demandas reales del mercado de
trabajo. En este mismo sentido, las relaciones laborales deben alcanzar un
equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital como requisito
indispensable para que los márgenes de beneficio no crezcan a expensas del
deterioro de las condiciones de trabajo y, para erradicar la precariedad y el
abuso laboral fraudulento, que conforma un serio obstáculo para una sociedad
solidaria y avanzada.
281.6.-
La desigual calidad del empleo es una constante que se ha puesto de manifiesto
durante la crisis económica y su inconclusa recuperación de varias formas:
subempleo temporal, a tiempo parcial involuntario, a través de los falsos
autónomos o con la inclusión de empleos atípicos en el mercado de trabajo, etc.
281.7.-
Por ello, demandamos orientar el foco de la atención hacia el empleo de calidad
y exigimos un empleo con derechos en términos de contratación y protección
social, un empleo inclusivo, no discriminatorio y en condiciones de igualdad,
con contratos por tiempo indefinido y a jornada completa, con unos salarios
justos, donde no tengan cabida el empleo informal, los empleos atípicos, la
temporalidad y la precariedad laboral involuntaria y, una inversión en la
formación de las personas trabajadoras a lo largo de su vida, que posibilite el
desarrollo de una carrera profesional completa, con garantías y respeto al
marco de la negociación colectiva y el diálogo social continuo con las
trabajadoras y trabajadores.
281.8.-
Ante la situación actual, debemos afrontar un giro de las políticas que:
Derogue las reformas laborales y establezca medidas efectivas para mejorar la
calidad del empleo, penalizando la temporalidad injustificada y el fraude
laboral. Impulse políticas activas de empleo ajustadas a las necesidades de las
personas y las empresas favoreciendo la empleabilidad.
281.9.-
Establezca políticas de protección por desempleo que den cobertura a todos los
trabajadores en estas circunstancias, eliminando criterios restrictivos.
281.10.-
Hacer una política fiscal expansiva que estimule la demanda y la oferta de la
economía.
281.11.-
Establecer desde las administraciones planes de empleo que contemplen
exigencias en medidas de igualdad de género y cumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales.
281.12.-
En igual medida a las empresas externas a las que se les adjudican servicios
desde las diferentes administraciones.
281.13.-
Suprimir la tasa de reposición en la Administración Pública para generar empleo
público neto de calidad.
281.14.-
Diseñar e implementar una política de rentas que frene la devaluación salarial
y otorgue a los salarios el valor que merece en la economía.
281.15.-
Incrementar la inversión en I+D+i, especialmente en el territorio para buscar y
promover nuevos yacimientos de empleo.
281.16.-
Jornada laboral de 32 horas semanales garantizada por ley, con un espacio para
la formación continua en la empresa y sin reducción de salario.
281.17.-
Situar la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de la negociación
colectiva y el diálogo social, para ello, es preciso recuperar la capacidad
normativa de los convenios, el equilibrio en la negociación colectiva y la
autonomía de las partes.
281.18.-
Establecer una regulación exhaustiva de la contratación y subcontratación de
obras y servicios, con visión de conjunto, que dote de seguridad jurídica a los
intervinientes y garantice los derechos y condiciones de trabajo.
281.19.- Priorizar el respeto a la regla general de
contratación indefinida para todas las empresas, incluidas las subcontratas,
quedando la contratación temporal relegada a una circunstancia causal.
281.20.-
Modificar el marco normativo que regula la contratación temporal en las
Administraciones Públicas para eliminar la temporalidad injustificada, que
incluyan medidas de conversión de plazas coyunturales en estructurales.
281.21.-
Endurecer las sanciones en materia de fraude en la contratación.
281.22.-
Reforzar los medios y el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
281.23.-
Abordar el desarrollo de las empresas de economía social y de trabajo autónomo
decente para que las clases trabajadoras organizadas puedan dirigir la economía
y ponerla al servicio de las personas.
281.24.-
Impedir normativamente, que el trabajador autónomo y el autónomo económicamente
dependiente se solapen, en la legislación ni en la práctica.
281.25.-
Equiparar en derechos a los trabajadores autónomos al resto de la población
trabajadora.
9.- ANDALUCÍA COMPROMETIDA CON LA
TRANSPARENCIA DEL BUEN GOBIERNO
Y CONTRA LA CORRUPCIÓN.
281.b.- En la década pasada, al hilo de la crisis financiera, el capitalismo inició el mayor ataque al Estado Social Democrático y de Derecho, que forzó el sometimiento a un poder financiero desmedido y desregulado por parte de las autoridades que provocó una enorme desigualdad social. Además, a esta crisis económico-financiera le acompañó una crisis de valores seguida de graves casos de corrupción y comportamientos impropios de la vida pública.
282.- La sensación de impunidad que aprecia la ciudadanía de sus representantes políticos, la falta de asunción de responsabilidades, la falta de discursos coherentes, los incumplimientos de las promesas electorales, y la falta de alternativas sólidas y válidas para el bienestar colectivo, propiciaron el desafecto ciudadano a la política, el desprestigio a aquella y por ende, el deterioro de la propia democracia. La desconfianza hacia las instituciones por culpa de la corrupción, la incapacidad de garantizar la igualdad, la justicia social y un reparto equilibrado de los sacrificios nos ha llevado a que el vacío ideológico y de los valores democráticos hayan sido ocupados por discursos populistas y autoritarios.
283.- El ideal capitalista defiende como única meta a alcanzar, el crecimiento y el desarrollo económico medido en términos de incremento del PIB sin importar la calidad de vida y si este se produce, poco importa la redistribución de la riqueza, la equidad, las relaciones ciudadanas, la salud pública o la educación y mucho menos, la participación ciudadana en los asuntos públicos.
284.- El crecimiento económico no equivale a crecimiento democrático, porque no existe democracia sin participación, no solo en la elección de los representantes públicos, sino de las políticas que gobernarán las vidas; por tanto, nuestra apuesta es fortalecer los ámbitos de participación ciudadana en los asuntos públicos, porque sin participación no es posible una sociedad sana, comprometida, formada y crítica que disponga de las mejores oportunidades para su calidad de vida.
285.- En este horizonte en el que se hace preciso regenerar la política y la vida pública e institucional, es imprescindible profundizar en la cultura política de la transparencia para empoderar a la sociedad civil que le permita afrontar, desde el conocimiento de la verdad y el diálogo entre representantes y representados, la gestión de la crisis de identidad y valores democráticos.
286.- Es preciso una nueva carta social y de ciudadanía basada en un código ético de comportamiento, profundizar en democracia y dignificar la política para recuperar la confianza, el reconocimiento y respeto de la ciudadanía en sus representantes y para ello, es preciso que exista información accesible, clara y veraz de todas las cuestiones de gestión de lo público, que se restrinjan los aforamientos y se limiten los mandatos en de carácter representativo en la prestación como servidores públicos, cualidades que pueden propiciar un cierto sentimiento de impunidad ante la corrupción, porque la responsabilidad en la aplicación de las políticas corresponden a las instituciones.
287.- La prevención y erradicación de la corrupción que se produce en el ejercicio de la tarea política requiere necesariamente de apoyo, colaboración y compromiso del conjunto de la sociedad civil. De ahí la trascendencia del derecho constitucional a la información pública veraz y accesible avanzar en transparencia, para poder exigir transparencia y rendición de cuentas, porque de ello depende que la ciudadanía pueda participar, conocer, fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, además de ser una medida eficaz contra la corrupción.
288.- Para una Andalucía comprometida con la transparencia, el buen gobierno y contra la corrupción en el quehacer político, es necesario, entre otras medidas:
289.- Garantizar el ejercicio efectivo del derecho que tiene la ciudadana a participar en la gestión de los asuntos públicos, facilitando con medios accesibles a la mayoría la información y el conocimiento de todo procedimiento público.
290.- Hacer efectivos la transparencia y el cumplimiento de la rendición de cuentas desde el plano de la legalidad, certeza jurídica e imparcialidad, eliminando los silencios administrativos y haciendo recaer la carga de la prueba sobre las instituciones.
291.- Hacer efectivo un Plan de choque – Tolerancia cero – contra la corrupción de todo tipo, el fraude y la economía sumergida, incrementando los recursos de las inspecciones de hacienda y de trabajo y, la judicatura.
292.- El aforamiento político, de alguna manera, sugiere un determinado privilegio procesal, porque de forma indirecta por la vía de CGPJ, es el Órgano que nombra a los magistrados que integran las salas penales de los Tribunales Superiores, los aforados “eligen” o influyen en la elección de los jueces que tendrían que imputarles y juzgarles, por lo que proponemos la supresión del aforamiento en Andalucía.
293.- Promover y en su caso, establecer mecanismos que propicien la limitación a dos los mandatos políticos de la Presidencia del Consejo de Gobierno de Andalucía, para garantizar los derechos y libertades de la sociedad civil.
10.- LA ANDALUCÍA RURAL EN EL MARCO DEL
NUEVO DESARROLLO ANDALUZ.
294.- En líneas generales,
el mundo rural suele precisarse
por la cantidad o densidad
de la población; sin embargo, la ruralidad entendida
como el conjunto de fenómenos
sociales que se desarrollan en el entorno
rural y permiten construir una identidad, lo convierte en diverso y complejo, con formas y estilos de vida muy diferentes que hacen al mundo rural muy heterogéneo en la localización, características y problemáticas. Con tales criterios,
Andalucía es casi en su totalidad un territorio rural, al que dividimos en municipios rurales, intermedios
y urbanos.
295.-
Hoy, el medio rural está muy interaccionado con el medio urbano, se encuentran
formas de vida urbanas en el medio rural, mientras
se practican cierto
tipo de agriculturas en el medio urbano, lo que hace de difícil aplicación medidas
horizontales de desarrollo rural y se requieren enfoques basados en modelos
de desarrollos específicos para cada tipo de zona, tanto las
rurales como las intermedias y urbanas. Por ello, se considera necesario plantear el
desarrollo rural desde una estrategia regional y provincial en la que lo rural
y lo urbano -las singularidades territoriales sean parte del esquema
del conjunto. Por lo que, más
allá de la población, se requieren estudios que analicen las interrelaciones sociales
y espaciales.
296.-
Al igual que el concepto
de medio rural, el concepto
de desarrollo ha evolucionado desde lo cuantitativo y material hasta lo
cualitativo. En la actualidad; el desarrollo sostenible se concibe como un desarrollo equilibrado entre lo ecológico, lo social y lo ambiental, lo que es percibido en términos de calidad
de vida y ello implica tres dimensiones: la renta, las condiciones de vida y de
trabajo y la calidad ambiental. Puede
parecer que la calidad de vida en su amplia extensión es equiparable en el
mundo rural y en el urbano, nada más inexacto
si observamos al individuo y su relación
con el medio, lo que, unido a otras
circunstancias, hace perdurar un profundo desequilibrio entre los pueblos
rurales y las ciudades. Ello hace aconsejable prestigiar la forma de vida
rural.
297.-
El medio rural es productor de beneficios para el conjunto de la sociedad,
beneficios por los que no percibe
compensación económica, ni de ningún tipo; por ello, es necesario poner en
marcha sistemas de compensación que contribuyan a su desarrollo.
298.-
PROBLEMÁTICA DEL MEDIO RURAL ANDALUZ.
299.- Población y Poblamiento:
300.-
Uno de los principales problemas que afronta el mundo rural es el despoblamiento,
que se define no solo en términos de
cantidad o densidad, sino también por su estructura por edades y sexo. Este no
es un fenómeno reciente sino que
persiste de forma estructural en los municipios rurales, aunque no se den con la misma intensidad las salidas de los
años sesenta, ni las mismas características, ya que muchos de los movimientos se producen principalmente
desde los pequeños municipios hacia los intermedios y urbanos dentro de la misma provincia, tal como
ponen de manifiesto los incrementos poblacionales que se han ido produciendo en los últimos años en los municipios intermedios y urbanos, pero también y, en mucha menor medida, en algunos municipios
rurales que a raíz de nuevas oportunidades de empleo han recibido a personas de otros ámbitos territoriales
-a los efectos de algún plan de desarrollo rural a lo que se ha sumado
la llegada de inmigrantes extranjeros, lo que hace
confiar en alguna
esperanza de recuperación.
301.-
Las perspectivas de revertir la despoblación no dejan de ser complicadas por el
carácter transversal de las diferentes causas que la ocasionan, máxime
en áreas de baja densidad, desequilibradas en su estructura de edades y género, y en
zonas en las que su baja accesibilidad o la inexistencia de municipios cercanos más poblados dificulta su
integración en una dinámica de desarrollo rural, de tal manera que el propio sistema de desarrollo haga peligrar la sostenibilidad de los pueblos
más pequeños o aislados.
302.-
Quienes abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes y de mediana edad, lo que propicia una pirámide de población regresiva
y un presente y futuro de descenso
vegetativo de la población
rural, debido a la baja natalidad y al envejecimiento continuado de la
población. Por tanto, las posibilidades
de desarrollo de las zonas rurales están ligadas a la permanencia en el
territorio de las personas de edad intermedia, que, por otra parte, son las encargadas de la actividad
productiva y reproductiva y sobre las que hay que poner el foco de las soluciones.
303.-
Hay que pasar de la invisibilidad de la mujer
del medio rural por el predominio de una cultura patriarcal y el imaginario colectivo que no ha posibilitado el
acceso a los servicios y oportunidades de empleo,
hacia un horizonte de oportunidades de empleo que propicia los servicios de
proximidad que reclama una sociedad cada vez más envejecida.
304.-
Entre los jóvenes que permanecen
en el medio rural, las tasas de emancipación son más bajas que la de los que residen
en ámbitos urbanos,
dada las menores
rentas, las responsabilidades familiares derivadas del envejecimiento y la
escasa oferta residencial.
305.-
Tal es la preocupación que genera la despoblación rural, que ya la agenda
política incorpora medidas al respecto, entre las que se encuentra como más relevante, la elaboración de la Estrategia Nacional frente al
reto demográfico que debe impulsar y ejecutar medidas que afronten entre otros,
el reto de la despoblación, así como la canalización y coordinación de las medidas
adoptadas por otras administraciones.
En este sentido, el Documento de Acción de la Comisión de Despoblación de la
FEMP, de abril de 2017, en el Marco
General de Propuestas recoge: …municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos en la estrategia
estatal para la lucha contra la regresión demográfica y, en particular y muy especialmente, para frenar el
fenómeno de la despoblación del medio rural. Al mismo tiempo que plantea como medida concreta: Reforzar el
papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, como entidades de referencia y
liderazgo en las políticas de sostenimiento de municipios y entidades
locales menores, atención a la población
rural y representación de las entidades locales.
306.-
La incipiente masculinización del medio rural como consecuencia de la
emigración femenina, con formación
profesional y/o académica carente de oportunidades en su territorio y las
desigualdades de género que otorga a
las mujeres las tareas domésticas, incrementa las dificultades a la ya
existentes de formar nuevos hogares,
lo que constituye uno de los factores que dificultan la sostenibilidad social y demográfica de los municipios.
307.-
El envejecimiento y sobre envejecimiento de
la población rural, no solo causan un problema de dependencia superior al de los ámbitos urbanos, sino que las
características del medio rural generan factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad del proceso de envejecimiento.
308.-
Una estructura demográfica descompensada por edad y sexo limita la posibilidad
de atender a la dependencia desde el ámbito familiar. A ello, se suma la mayor dispersión de centros asistenciales, sanitarios o de servicios que junto a las carencias
de infraestructuras de transporte público
o de habitabilidad de las viviendas en las que residen, representan
un mayor obstáculo para poder envejecer dignamente en casa.
309.-LA ECONOMIA Y EL MERCADO DE TRABAJO.
310.-
La renta media por habitante en los municipios rurales es significativamente
menor a la renta media de los
municipios urbanos y de entre aquellos, inferior cuantos más pequeños son los municipios. Esta diferencia de rentas entre los diferentes
ámbitos territoriales se asocia a un menor nivel de vida y a menores
oportunidades de desarrollo del tejido productivo.
311.-
La estructura productiva predominante en el mundo rural la forman micro-empresas y Pymes, pero el
peso de las actividades relacionadas con la agro-alimentación hace que el
tamaño sea aún más pequeño en las
zonas rurales donde el empleo autónomo, además, gana peso. El predominio de
estas micro-empresas en el medio rural conlleva una mayor dificultad en el
acceso al crédito y a la capacidad inversora,
imprescindibles para
introducir elementos que mejoren la productividad y competitividad.
312.-
Las mayores expectativas para acceder a un puesto de trabajo, que genera la
actividad turística y las industrias
(I+D+I) ubicadas en los nuevos parques tecnológicos de las grandes ciudades, a
la vez que el hundimiento de la
industria y la minería del interior, ha propiciado un movimiento migratorio
desde el interior a las zonas costeras y hacia los grandes
núcleos de población.
313.-
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA.
314.-
El envejecimiento del medio rural
y la
despoblación junto con la menor renta generada por la actividad agraria, consecuencia de una
productividad media inferior a la de otras actividades económicas, tienen incidencia sobre el abandono
de las actividades agrarias y con ello, la pérdida
de superficie cultivada y de producción. Pero, tanto la
productividad como la renta generada en el sector primario son susceptibles de mejoras, aplicando, por
ejemplo, la innovación en toda la cadena de producción para obtener mayor valor añadido, la
utilización de inputs y recursos más eficientes, la atención a la protección medioambiental y a la integración de la economía circular
en el proceso productivo.
315.-
LA INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARIA.
316.-
La agro-industria, especialmente la manufacturera artesanal y transformadora,
forman un sector relevante en la
economía rural, con un importante peso tanto en la facturación como en el valor
añadido generado, con lo que contribuyen a las exportaciones nacionales.
317.-
Para el medio rural, el desarrollo y protección de esta industria es fundamental
porque genera sinergias que aumentan la productividad, la renta rural y complementan y dan relevancia al sector primario. El futuro esboza nuevos hábitos
de consumo y compra muy vinculados con la digitalización y las nuevas
tecnologías de la comunicación e interconexión.
318.- EMPLEO.
319.-
La economía en el medio rural presenta problemas y debilidades mayores que en
otros ámbitos territoriales, tal como
muestran los indicadores de empleo. Por sexo y segmentos de edades, son los jóvenes menores de 25 años, más los
hombres que las mujeres, quienes tienen las tasas más elevadas, mientras que la mayor tasa de
empleabilidad recae en los hombres de entre 25 y 45 años, marcando una diferencia muy significativa con las
mujeres del mismo tramo de edad.
320.-
Esta deficiente situación
laboral de las personas jóvenes y las mujeres del medio rural está vinculada
a diversos factores, entre los
que se encuentran la salida de quienes tienen mayor nivel formativo, la menor diversificación de actividades económicas, el peso de las micro-empresas o la relevancia del carácter familiar
de las mismas, lo que restringe las oportunidades de empleo, agravado con los
problemas específicos del relevo generacional en las explotaciones agrarias.
321.
Infraestructuras Telecomunicaciones y equipamientos.
322.-
El proceso de inversión pública en los últimos años, hacia las zonas más
desarrolladas, se realimenta continuamente, incidiendo en el proceso
de despoblamiento del interior, que sufre un déficit dotacional en infraestructuras
viales y ferroviarias.
323.-
Las zonas rurales y especialmente los municipios más pequeños padecen
importantes deficiencias en determinadas infraestructuras y dificultades de acceso a servicios como el transporte, la tecnología de la
información y la comunicación, el abastecimiento y depuración de aguas o la
gestión de residuos, entre otros, a
lo que hay que sumar las limitaciones de la capacidad de gasto e inversiones de
las Corporaciones Locales. A la
carencia de infraestructuras hay que sumar la falta de servicios públicos y
esenciales para el transporte, la información o la comunicación.
324.-
Igualmente, las telecomunicaciones ayudan a reducir
el aislamiento de los núcleos
rurales favoreciendo la
cohesión social y económica y vertebrando el territorio. Particularmente, el
acceso de Internet a través de la
banda ancha, facilita un amplio acceso a la información y a un gran conjunto de servicios, al tiempo que se presenta
como un instrumento indispensable de comercialización de los productos desde y hacia los núcleos
rurales, además de reducir la supeditación a las
infraestructuras físicas de
transporte, en la medida que posibilita el comercio electrónico, la
administración electrónica, servicios
de salud en línea, tele formación o tele-trabajo, contribuyendo a fijar
población en el territorio. A pesar de los avances,
la brecha digital del medio rural
con el urbano sigue siendo considerable.
325.-
Servicios públicos en el entorno
rural.
326.-
Los servicios y equipamientos públicos, así como los servicios básicos de
proximidad adquieren una gran
relevancia e incidencia en el bienestar de la población en general y,
particularmente, en los pequeños municipios.
Sin embargo, el acceso a los mismos es deficitario en las zonas rurales en
relación con las urbanas. Una parte
importante de la población de los núcleos rurales
más pequeños tiene dificultades para acceder a servicios como: tiendas de alimentación,
servicios bancarios, servicios postales, transportes públicos, servicios sanitarios, centros de enseñanza
obligatoria, etc. Las bajas densidades y elevada dispersión de la población
en el entorno rural dificultan su mantenimiento y, como consecuencia de ello, la población tiene mayores dificultades
para su acceso. Aunque en los servicios esenciales es preciso garantizar la cobertura territorial como garantía de igualdad de acceso.
327.-
Es incuestionable el hecho de que los servicios educativos, sanitarios y Socio-sanitarios adquieren una especial
importancia para las condiciones de vida en el medio rural. La situación demográfica de los núcleos
rurales -la baja densidad demográfica
y el envejecimiento de la población- o la carencia
de transporte público dificultan el acceso de muchos hogares
a los servicios sanitarios de atención primaria y a los centros de enseñanza
obligatoria y su presencia puede convertirse en factor clave para mantener
una cierta estabilidad demográfica en los municipios de menor tamaño y más envejecidos, así como para el mantenimiento de la población en determinados municipios.
328.-
Retos específicos.
329.-
Demográficos:
330.-
Garantizar a la población del segmento de edad que se quedan en los municipios
rurales, acceso al empleo, acceso a
la educación la sanidad y la cultura y tener cobertura social adecuada.
Igualmente ocurre con el valor del
patrimonio cultural y edificado, que han padecido un urbanismo que los
deteriora y no prestigia su potencial como generador de nueva actividad económica.
331.-
Desarrollar planes locales
de viviendas que permitan, en el ámbito de sus competencias, el acceso de la población joven a las mismas. En
este sentido, fomentar el mercado del alquiler, impulsar medidas fiscales y financieras de apoyo, objetivar
el fomento de la repoblación y poner en marcha mecanismos de coordinación y cooperación con otras
Administraciones para ayudar a la puesta
en marcha y financiación de actuaciones concretas, es esencial para el mantenimiento y la revitalización del mundo
rural.
332.-
Impulso de la incorporación de planes o normas de igualdad en las instituciones, organismos, empresas, cooperativas, organizaciones profesionales y grupos de acción local.
333.-
Desarrollo de actuaciones específicas de acción positiva
para combatir todo tipo desigualdades de trato y de oportunidades con las mujeres
rurales. – Fomento de la conciliación y la corresponsabilidad.
334.-
Incremento de la movilidad y la accesibilidad a los servicios,
ampliando el horizonte
de capacidades, posibilidades y recursos.
335.-
Promoción de la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión del
sector agro-alimentario y de
desarrollo rural, para avanzar en una mayor presencia institucional de las
mismas en los ámbitos de decisión del medio rural.
336.-
La mejora de la accesibilidad y habitabilidad de la vivienda
de las personas mayores, para lo que
sería preciso poner en marcha programas específicos de adecuación y acondicionamiento de las viviendas
y el fomento de viviendas para personas mayores
que facilitarían el mantenimiento
de éstas en sus domicilios en buenas
condiciones o en viviendas con equipamientos y servicios
comunes.
337.-
El mayor envejecimiento de la población incrementa la demanda de asistencia,
especialmente en aquellos núcleos de
población más reducidos, alejados y con menor accesibilidad; atender esta
necesidad posibilita el fomento de la
economía de cuidados familiares y contribuye a un mayor equilibrio de la Fomento
y dinamización del asociacionismo de las personas mayores.
338.-
Desarrollo de programas de dinamización intergeneracional.
339.-
Impulso de la participación de las personas
mayores en los recursos comunitarios.
340.-
Participación de las personas mayores
como receptoras y actoras de programas locales
de voluntariado social.
341.-
Puesta en funcionamiento de centros rurales de atención polivalente para las
personas en situación de más necesidad de apoyos, que deben realizarse
en el entorno habitual de vida de las personas,
con el fin de no romper la frecuencia de sus relaciones
sociales y, sobre todo, cuando la persona debe abandonar su casa, no unir al problema que motiva este acontecimiento un alejamiento de su paisaje, de su familia y de sus vecinos.
342.-
Economía y mercado de trabajo.
343.-Establecer estrategias de diversificación económica y mejora de la eficiencia de las empresas
rurales.
344.-
Promover el asociacionismo económico en estos municipios, a través de
cooperativas y sociedades agrarias de transformación.
345.-Impulsar
programas de formación y asistencia técnica para mejorar los procedimientos de
gestión y comercialización, de ayudas
para la inversión en I+D+i y la incorporación de nuevas herramientas digitales, para lo cual, la
puesta en marcha de micro-créditos puede ser una fórmula válida.
346.- Innovación, eficiencia e industria agro-alimentaria.
347.-
Incorporación de la tecnología digital en los procesos productivos constituyen
un potente instrumento para incrementar la productividad y la renta agraria:
348.-
Favorecer el acceso de forma fiable y rápida a Internet, al objeto de impulsar
la interconexión, interoperabilidad e intercambio de información.
349.-
Mayor accesibilidad a las tecnologías y a las infraestructuras de recopilación de datos de las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias, para lo que es preciso impulsar la transformación digital en las zonas rurales
y ofrecer la formación adecuada
para aprovechar al máximo
las oportunidades.
350.-
Definir herramientas de apoyo y ayudas financieras a la renovación tecnológica y para la adopción
de soluciones digitales
que faciliten las ventas, especialmente a las pymes y microempresas que son las que
tienen mayores dificultades de acceso a la financiación.
351.-
Infraestructuras Telecomunicaciones y equipamientos.
352.-
Acometer acciones que desarrollen y renueven las redes secundarias de
transporte y que avancen hacia unos
transportes públicos adaptados a las condiciones específicas de estas áreas
para facilitar el desarrollo de las
poblaciones con menor tamaño en este ámbito. En todo caso, estas acciones deben
ser compatibles con su patrimonio natural, cultural y paisajístico.
353.-
Alcanzar los objetivos de cobertura
y usos establecidos en la Agenda Digital
para garantizar el cubrimiento pleno de todo el territorio
provincial en condiciones de velocidad y calidad, así como ampliar
la red de centros públicos de Internet, formar a las personas en el uso
de la TICs y fomentar y promover ayudas a la innovación tecnológica en el medio
rural.
354.-
Servicios públicos
en el entorno rural.
355.-
Definir un sistema de núcleos
rurales asociados a políticas de servicios y equipamientos, para avanzar
desde la perspectiva sectorial hacia una verdadera política territorial
integrada. Establecer áreas funcionales
o supramunicipales para poner en marcha redes de servicios y equipamientos
necesarios para la población, en función de las características socio-demográficas de
cada entorno concreto.
356.-
Ajustar la oferta educativa no universitaria y la Formación
Profesional a las necesidades de escolarización
de cada zona del medio rural y las respectivas ofertas de empleo del tejido empresarial, para lo que habría que analizar el mapa educativo de centros y
especialidades al objeto de determinar los déficits
en la oferta educativa y complementar los currículos formativos. - Mantener y
mejorar los Centros Rurales Agrupados, en aspectos tales como: déficit
de infraestructuras y recursos educativos o la estabilidad laboral del
profesorado.
357.-
Fortalecer la red de centros de salud de atención primaria, mejorar el tiempo
de respuesta de atención inmediata
en casos de urgencias y adecuar los tiempos de atención médico/paciente en la dirección indicada por los profesionales.
- Contar con servicios adaptados a las circunstancias geográficas, demográficas y sociales específicas de las
zonas rurales, acondicionando dicha actuación al envejecimiento, siendo especialmente relevante
los servicios socio-sanitarios.
358.-
Establecer servicios sanitarios especializados itinerantes, en materia de prevención de enfermedades y atención a personas con especiales dificultades de movilidad, tercera edad o discapacidad.
359.-
Dotar a cada Distrito Sanitario
de Andalucía de un hospital de referencia en su ámbito.
360.-
Retos generales.
361.-
Incrementar un 10% la población de los municipios rurales.
362.-
Impulsar iniciativas que favorezcan las sinergias entre los
diferentes sectores económicos de las zonas rurales,
promoviendo redes de cooperación interterritorial.
363.-
Potenciar el desarrollo territorial basado en la concentración mancomunada, que genere oportunidades de creación de riqueza preservando el medio rural.
364.-
Incentivar el turismo rural y crear marcas
definitorias: “Huelva Rural”. “Almería Rural”, “Granada Rural”,
“Jaén Rural”, “Córdoba Rural”, “Sevilla Rural”, “Cádiz Rural” y “Málaga Rural”.
365.-
Desarrollar sistemas de transportes colectivos adaptados a las condiciones
específicas de las áreas rurales.
366.- Garantizar
el acceso a la banda
ancha (INTERNET) de todas las áreas rurales.
367.-
Reforestar el 100% de la superficie quemada, aumentando la cuota de especies
para incrementar la biodiversidad.
368.-
Incidir en la conservación del medioambiente, la calidad del agua, la reducción
de emisiones y la adecuación de la
red de saneamiento a las necesidades reales en capacidad y calidad de
depuración, para revertir las aguas
a otros usos diferentes al consumo humano.
369.-
Promover la diversificación e innovación de las actividades económicas al objeto
de disminuir un 10% la brecha de rentas de las zonas rurales y contribuir a su estabilización.
370.-
Alcanzar la eficiencia energética sostenible de los municipios rurales.
371.-
Impulsar planes específicos de empleo femenino para combatir las desigualdades
y como factor de estabilidad demográfica.
MODELO DE PARTIDO:
y la lucha contra las desigualdades.
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