5.- EL MODELO PRODUCTIVO
ANDALUZ.
6- UNA ANDALUCIA DE DERECHOS Y
LIBERTADES.
7.- UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO PARA ANDALUCIA.
5.- EL MODELO
PRODUCTIVO ANDALUZ.
94.- Tras la crisis de 2008 se convino la necesidad de un cambio de modelo productivo que garantizase la generación de riqueza, el empleo estable y de calidad y una capacidad de resiliencia y recuperación en situaciones de crisis. Lo que inexorablemente, tiene que venir de la mano de incrementar el peso del sector industrial y de los servicios científico-técnicos avanzados en la economía, la complementación de grandes redes de infraestructuras y equipamientos para la transición hacia una nueva movilidad y conocimiento y, para un país que quiere garantizar un modelo económico capaz de ofrecer un futuro digno a la población, es indispensable contar con una banca pública.
95.- La templanza gubernamental, el duro castigo financiero y la imposición de políticas públicas neo- liberales, no posibilitaron acometer las reformas necesarias para la reindustrialización y transformación del modelo productivo y hoy, nos encontramos lejos de los objetivos de convergencia europeos en el peso de la industria sobre el PIB, con pérdida de competitividad como consecuencia de la brecha innovadora respecto a la media europea. Este distanciamiento se produce, además, en plena revolución tecnológica, lo que nos sitúa en una clara posición de desventaja.
96.- La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que reforzar los peores augurios, no solo sanitarios, sino también económico y social y parece predisponer la aceptación de que transformará de forma radical muchos de nuestros hábitos y costumbres. Pero también supone una oportunidad que debe servir, no solo para reconstruir el tejido económico, sino para salir con un modelo productivo más sólido, competitivo y sostenible, orientado hacia aquellas actividades de futuro con mayor crecimiento potencial, que, a su vez, cuente con el mayor efecto arrastre, más intensivas en tecnología, con capacidad exportadora y alineadas en la medida de lo posible con las prioridades europeas: transición energética y digitalización del tejido productivo. No podemos permitirnos no aprovechar la oportunidad para progresar como economía y sociedad.
97.- Reindustrialización de Andalucía.
98.- Desde principios de los años 80 se han venido aplicando políticas encaminadas al desmantelamiento del tejido industrial en todo el Estado, con especial incidencia en Andalucía, de forma tal, que se ha pasado de un sector industrial que suponía el 25% de la economía andaluza, a apenas alcanzar el 12,9%, son datos que ponen de manifiesto la alarmante desertización industrial que estamos padeciendo, especialmente en la industria estratégica, respondiendo a puros intereses del capital con lo que se incentivan la economía sumergida, el dumping social y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
99.- La industria, por su capacidad para generar innovación técnica y organizativa, constituyen un sector clave en el proceso de modernización competitiva de una economía. Por ello, Andalucía debe reequilibrar su estructura productiva mediante el aumento del peso del sector industrial con una industria 4.0 y de los servicios científico-técnicos avanzados hasta equipararnos a los países más industrializados de nuestro entorno, favoreciendo el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible económica, social y medioambientalmente, ya que son en los que se obtienen mayores incrementos de productividad, mejores empleos, más estables y mejores condiciones laborales.
100.- Pero también es cierto, que la industria es uno de los sectores más afectados por la externalización de servicios, que devalúan las condiciones laborales, siendo necesarias medidas que impidan la pérdida de calidad en el empleo.
101.- Ahora bien, todo proceso de reindustrialización conlleva un cambio de mentalidad de las empresas, pasar de la actual individualización, al plano colectivo y colaborativo. El incremento de la inversión pública y privada en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), así como en gasto en tecnología requiere de mayor presupuesto y, por lo tanto, de compañías con mayor capacidad económica y productiva para poder mantener esos gastos en el tiempo.
102.- En estos momentos se dispone de un potencial científico técnico capaz de competir con la industria 4.0, siempre que sea asumido por las políticas pública y empresarial, al que hay que añadir un Plan Estratégico que pase por establecer en los próximos 15/20 años, un ambicioso proyecto de rescate y reindustrialización de Andalucía y, una estrategia de internacionalización de nuestra industria y que la propia complejidad de Andalucía, con una gran extensión rural (la Andalucía vaciada), obliga a tener muy en cuenta el tema de la localización industrial complementada con el apoyo e impulso a sectores claves. Es decir, la estrategia de reindustrialización debe combinar el apoyo a subsectores industriales existentes, a la par, de identificar clúster o sectores futuros y permitir el apoyo para el fomento de industrias con elevado valor añadido y potencial de crecimiento futuro, y, potenciar las industrias que generan tecnología, así como las que puedan favorecer a la economía en general y/o desde el punto de vista estratégico del comercio internacional.
103.- Plan Estratégico para la reindustrialización de Andalucía.
104.- Las políticas públicas andaluzas deben prestar atención a la consecución de un sector industrial sólido, fuerte y diversificado, y para ello es indispensable:
105.- Diseñar una estrategia industrial al largo plazo, objetivable y evaluable de forma periódica. Consensuada en la que el Diálogo Social sirva de base en su definición y articulación.
106.- Que la estrategia industrial de Andalucía esté coordinada con el conjunto del Estado a través de un consorcio público que sirva a la vez de órgano de coordinación, como motor de desarrollo de un sector público industrial que permita la centralidad de la economía y en la que participen los agentes sociales más representativos.
107.- Estructurar el factor humano, la calidad la innovación, la tecnología y el uso eficiente de los recursos como base de la competitividad industrial, impulsando la formación y capacitación profesional conectando empresas y centros educativos y de investigación.
108.- Atribuir un papel central en el ámbito de la I+D+i a las universidades públicas de Andalucía, mediante instrumentos que prioricen el desarrollo socio-económico andaluz para modernizar y transformar el tejido productivo endógeno.
109.- El nivel de industrialización debe estar sujeto al aprovechamiento de las riquezas endógenas:
110.- La capacidad agrícola y ganadera desarrollando una importante industria agroalimentaria y la industria auxiliar que conlleva.
111.- La capacidad de producción de energías renovables en base a la riqueza climática y a los residuos orgánicos derivados de la agricultura.
112.- Incrementar la inversión pública en I+D+i e incentivar la participación del capital privado en I+D.
113.- Coordinación integral de los sistemas productivos para una base industrial sólida y solvente, que no devalúe la calidad del empleo.
114.- Acompañar los procesos de digitalización a las empresas con una adecuada formación de sus trabajadores.
115.- Desarrollo de políticas energéticas más eficientes y respetuosas con el medioambiente, con un mix que facilite mayor independencia y garantice el suministro.
116.- Una política de ordenación del territorio que priorice las necesidades de suelo industrial.
117- Recuperar e incrementar la inversión pública en infraestructuras, con especial atención a facilitar los problemas de logística y distribución que afecta a la producción.
118.- Poner especial énfasis en el tamaño de las empresas y su internacionalización.
119.- Facilitar el acceso a la financiación bancaria y no bancaria de proyectos viables de futuro.
120.- Impulsar planes que vertebren, cohesionen y equiparen en condiciones de igualdad al territorio o territorios limítrofes.
121- Puesta en marcha de un Estatuto de Grandes Consumidores de energía eléctrica que permita compensar los sobre-costes sobre su competitividad.
122.- Aplicar al máximo los mecanismos de compensación de los costes indirectos derivados de los derechos de emisión de CO2.
123.- Promover el establecimiento de aranceles medioambientales que graven, sino eviten, la entrada de productos industriales extra comunitarios, donde no se controla la emisión de contaminantes y mucho menos unos mínimos derechos laborales y de seguridad.
124.-
Todo plan industrial subvencionado
debe contener además de la descripción
de las inversiones en las fases productivas y de mercado, también la afectación a las plantillas y sus compromisos.
125.- Banca pública de Andalucía.
126.-
Apostar de forma decidida por un cambio real de modelo productivo basado en la industria
4.0, la digitalización, la ciencia,
el conocimiento y el I+D+i resulta fundamental si se que quiere garantizar un modelo económico capaz de ofrecer un
futuro digno a la población. Para ello, es imprescindible que se cree una banca pública dirigida a servir
los intereses de toda la población, que tome sus decisiones en función
de criterios socio-políticos más allá de los puramente
economicistas, que aumente
la competencia en el sector, y
que ayude a superar las ineficiencias generadas por las prácticas de un sector financiero cada vez más excluyente y más centrado
en la consecución de beneficios a corto plazo que en su papel como garante de la
estabilidad económica e impulsor del desarrollo del territorio. Por ello, la existencia de esa banca pública es vital para las apuestas por la
modernidad y el desarrollo como palanca
de impulso del cambio necesario.
127.-
Infraestructuras y equipamientos.
128.- La transformación social-ecológica que
los nuevos tiempos demandan, precisan un transporte donde se prime lo colectivo sobre lo individual, el ferrocarril sobre la carretera, la electrificación sobre el consumo
de los combustibles fósiles. Una red de transporte que sea el eje vertebrador que fije la población
en el interior, favoreciendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente y nuestro patrimonio cultural e histórico, para ello proponemos:
129.-
Completar el corredor de mercancías por ferrocarril del Mediterráneo: Algeciras-PorBou, a la vez que desarrollar el corredor Atlántico
incorporando Huelva al eje Central Algeciras- Córdoba-Linares Baeza-Valdepeñas-Madrid-Irún
y sus correspondientes intercambiadores de transporte. Garantizando con ello un desarrollo más uniforme entre la costa y el interior.
130-
Unificar la interconexión y salida
de las provincias occidentales y orientales a las vías de Alta velocidad de ferrocarril, mediante
la transformación de la vía Almería-Moreda- Granada-Linares
Baeza-Jaén-Madrid-Córdoba, y la Huelva-Sevilla, permitiendo la unión con la red nacional, reduciéndose con ello el coste y tiempo por la menor distancia, a la vez que
se favorece la unión e interrelación de las provincias.
131.-
Adaptar la red convencional de ferrocarril en red de Altas prestaciones con
unidades frecuentes que garanticen
con un precio asequible la unión de las poblaciones más próximas.
132.-
Mantenimiento óptimo de la red de carreteras
con lo que se garantiza
la seguridad de los usuarios y la reducción de emisiones contaminantes.
133.-
Completar la segunda conexión de Andalucía con Levante mediante Autovía A-32 , desde N-IV
(Bailen) hasta Albacete, reduciendo tiempos , descongestionando la A-92, y favoreciendo la conexión y vertebración de amplias zonas del interior.
134.-
Conectar la provincia de Huelva con Extremadura mediante Autovía desde la
Autovía del Quinto Centenario con la
N 435 y la A 66 a través de las localidades de Zalamea la Real, El Campillo,
Minas de Riotinto,
Campofrío, la Granada
de Riotinto, Zufre
y Santa Olalla
del Cala y su conexión
con la autovía de la Ruta
de la Plata.
135.-Elaboración
y puesta en establecimiento de Planes de Movilidad urbana sostenible en poblaciones de más 10.000
habitantes. Potenciar el transporte urbano
sostenible, con la electrificación
del transporte público y la implantación de tranvías urbanos y metropolitanos.
136.-Igualdad de acceso a las nuevas tecnologías de Telecomunicaciones entre el medio rural y la ciudad.
137.-
Cumplir la Universalización del Servicio
telefónico en todo el territorio, sin discriminación entre el medio rural y las ciudades,
garantizando la digitalización y el acceso al Ancho de banda con las mismas prestaciones en los
núcleos urbanos y en las viviendas en diseminado.
138.-
Fomentar la dotación de los centros sanitarios con procesos de tele diagnóstico. Los centros educativos
rurales deberán estar equipados en igualdad con los urbanos,
tanto en tecnología como en prestaciones.
139.-
Se implementarán medidas para la formación y apoyo a la población en el acceso
a las nuevas tecnologías, en el uso
de la TICs, fomentando y promoviendo ayudas a la innovación tecnológica en el
medio rural.
6.- UNA ANDALUCÍA DE DERECHOS
Y LIBERTADES.
140.-
Blindar los servicios públicos.
141.- La Constitución española, que en su Título Primero regula los derechos y deberes fundamentales, conforma un singular marco de convivencia respetuoso con la pluralidad de creencias, convicciones y proyectos de vida. Pero desde entonces se han abierto paso un conjunto de derechos emergentes, que responden a la necesidad de proteger la dignidad humana frente a nuevas amenazas, riegos y desafíos, como puede ser la irrupción de las nuevas tecnologías, que hace posible la vigilancia constante de la vida privada. A ello se añade, los avances que se vienen produciendo en la protección internacional de los Derechos Humanos y la conveniencia de incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
142.- A estas actualizaciones necesarias, se añaden las preocupantes reformas en los primeros años de gobierno del PP, que recortaron derechos conquistados en relación con el aborto, la sanidad, la educación, las tasas judiciales, el derecho de manifestación, la pena de prisión permanente revisable, la enseñanza segregada, o la reforma laboral, aún por derogar, y que entrañan una manifiesta involución en determinados aspectos emblemáticos de los derechos y libertades ciudadanas.
143.- La COVID ha puesto al descubierto que afrontamos una crisis que no dispone de los colchones familiares y de servicios que hemos tenido con otras. Se trata de dar visibilidad a una alternativa socialista en este ámbito reformista, que no debe limitarse a mitigar las consecuencias o resistir la ofensiva conservadora, sino que debe dar un paso más y promover un programa ambicioso de reformas, con compromisos concretos que revelan una sensibilidad socialista muy diferente. Una alternativa sensata, viable, propia de un partido de gobierno con vocación de servir al interés general para servir a
la mayoría
social.
144.-
Los socialistas andaluces
consideramos necesario incorporar como derechos fundamentales de los españoles, el derecho a la protección
de la salud y la asistencia sanitaria, a una vivienda
digna, incorporar en la Constitución un suelo mínimo
de protección social,
para blindar los grandes servicios
públicos del Estado de Bienestar, por lo que proponemos
una reforma constitucional para que, igual que se modificó el art 135 de la Constitución para blindar los intereses económicos
y financieros, es el momento de hacer las reformas
pertinentes para blindar
los servicios públicos
que otorgan los derechos
de la clase trabajadora.
145.- EDUCACIÓN PÚBLICA
EN ANDALUCÍA.
146.- Las modificaciones aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía en lo relativo al Decreto-Ley sobre Escolarización, suponen la interpretación torticera del principio
de servicio público
que la educación tiene y que la LOMLOE incorpora
mediante el Articulo 109.1 al “garantizar el derecho de todos a
la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas”.
147.-
El Decreto-Ley tergiversa la finalidad
prevista al hablar de “garantizar el derecho de todas las personas a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas del Sistema Educativo
Público de Andalucía”, obviando que este sistema
incorpora a los todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
lo que incluye a los de titularidad pública y a los de
titularidad privada (concertados).
148.-
En materia de escolarización, la LOMLOE busca asentar lo público y eliminar el principio de “demanda
social”, que estaba presente en la LOMCE como justificación para favorecer y
mantener el número de plazas en el
sistema concertado a costa de las plazas públicas si la caída de la población
escolar reclamara dicha reducción.
149.-
La modificación del Decreto-Ley refuerza
y favorece lo contemplado en la LOMCE; además de abrir la puerta al crecimiento de los conciertos educativos más allá de la enseñanza obligatoria (FP y Bachilleratos) en detrimento de nuevo de
la enseñanza pública, ya que todo queda dentro del “Sistema Educativo
Público de Andalucía”.
150.-
Recientemente la Consejería de Educación se ha visto en la obligación de firmar
un acuerdo con VOX por el que de
nuevo se impone el veto parental en los centros educativos andaluces, muestra
de que la ultra-derecha implanta
su ideología reaccionaria y controla al Gobierno
andaluz.
151.-
Los socialistas andaluces aspiramos a que toda la educación obligatoria sea
única, gratuita laica, de calidad
científica y que se preste en centros educativos públicos en condiciones de
igualdad. Y para ello, proponemos un incremento presupuestario progresivo hasta alcanzar
el 7% del PIB.
152.-
LA SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA.
153.-
El Gobierno de derechas formado por PP, C´s y VOX, están dando un golpe sin
precedentes a la Sanidad Pública andaluza, contraviniendo la propia Ley General de Sanidad, que da un papel subsidiario a la Sanidad
Privada Concertada. Siguiendo
el modelo sanitario
de la Comunidad de Madrid,
están desmantelando el Sistema
Sanitario Público, desconectando al ciudadano de la red de información del propio Servicio Público Andaluz de Salud, provocando con ello una grave desinformación en las historias
de salud de estos pacientes,
retardando el manejo de la
información, y abriendo la
posibilidad de la entrada en la información clínica de
pacientes a industrias farmacéuticas, sin un control adecuado de los Organismos Públicos de Gestión.
154.-
Los socialistas andaluces
exigimos a este Gobierno de derechas, que actúa impunemente para aumentar las
ganancias de los sectores privados de la salud, que aumenten los presupuestos
necesarios hasta situarse en el gasto
medio por habitante de España (1.256,00€/hab /1.277,00€hab), para que la Sanidad Pública en Andalucía no se vea
deteriorada por falta de medios económicos y de Profesionales, puesto que está ampliamente demostrado que
la Sanidad Pública de calidad, es la única garantía de universalidad, accesibilidad a todos los avances sanitarios en
la prevención y hospitalización y la gratuidad
para todos los ciudadanos.
155.-
Comprometemos la eliminación progresiva y efectiva de las listas de espera,
mejorar la asistencia sanitaria y
consensuar un nuevo mapa sanitario de Andalucía que contemple las inversiones
necesarias para garantizar una sanidad y salud
pública digna para el conjunto
de andaluces.
156.-
Liberación de las patentes de vacunas y
tratamientos, ante pandemias.
157.-
Las vacunas deben ser consideradas un bien público y las patentes liberadas,
aún más cuando una gran cantidad de
dinero público se ha invertido en la Investigación y el Desarrollo para la
consecución de la misma, son muchos
Organismos Mundiales los que ya así lo han pedido y lo están pidiendo, al igual
ya se han posicionado a favor muchos
grupos políticos del Parlamento Europeo y así continúan haciéndolo, también existe dicho debate en la
Organización Mundial de Comercio, multitud de Estados y Organismos Mundiales
de todo tipo, entre ellos la
Organización Mundial de la
Salud.
158.-
Pero una vez más son los Estados y Organismos que representan al
Neo-liberalismo Capitalistas Mundial,
como EEUU, la UE y Reino Unido los que se colocan en el lado contrario para que
dicha liberación se lleve a cabo,
cumpliendo servilmente el mandato de las grandes compañías farmacéuticas del
Mundo Desarrollado y de
las Naciones Capitalista, que no son Solidarias con los Países
más desfavorecidos.
159.-
Por todo ello entendemos y proponemos, que sea el Gobierno Socialista
de España el que abandere
la lucha para que la UE, cambie
su criterio sobre
la liberación de dichas patentes
y se posicione a favor
para que las mismas sea una realidad en un futuro inmediato,
principalmente cuando exista una Pandemia Mundial con millones de víctimas y afectados/as en el mundo.
160.-
Pensiones y reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
161.-
Con los Pactos de Toledo,
alcanzamos como sociedad
un Sistema de Pensiones basado en la contribución
y en la solidaridad y con una cobertura financiera adecuada, que descansa en
las cotizaciones sociales
complementadas por aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad
Social. Es falso, por tanto, que el
Sistema Público de pensiones esté en crisis en España por cuanto que, para que
esto fuera cierto, sería como consecuencia de la bancarrota del propio Estado.
162.-
Si el Sistema cae en crisis, es por puro interés de los mercados y la
inoperancia de los gobiernos que pretende limitarlo
y privatizarlo, incumpliendo el art. 50 de la CE y del art. 109 de la Ley General de la SS en materia
de Pensiones.
163.-
Estas normas que son de obligado cumplimiento obligan a los Gobiernos a
garantizar las pensiones con
aportaciones del Estado a los Presupuestos de la SS, cuando las cotizaciones no
son suficientes para hacer frente
a las Pensiones.
164.-
Este sistema ha posibilitado a lo largo de los tiempos, generar un importante
Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a las necesidades de financiación que pudieran preverse
como consecuencia del
incremento de la esperanza de vida y la incorporación al Sistema de las nuevas
futuras generaciones de trabajadores, superávit
que, en vez de utilizarse como fondos de reserva, han sido utilizados, para financiar políticas que no tienen nada que ver con las pensiones.
165.-
La manipulación contable
que se ha producido, junto con las contra-reformas laborales impuestas por los gobiernos (que entre otras cosas han servido para rebajar salarios, y por tanto cotizaciones, así como las exenciones patronales, etc.) han llevado
a la situación actual, amplificada interesadamente desde diferentes ámbitos que hablan continuamente del «déficit» de la Seguridad
Social y de la supuesta
insostenibilidad del sistema público que obliga según esto a nuevas
“reformas». «Déficit» en todo caso provocado por el
saqueo realizado desde hace años.
166.-
Ante esta situación, los pensionistas, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a saber dónde han ido a parar y como se
han utilizado las cotizaciones después de años de trabajo. Los recursos
de la caja única de la Seguridad Social
pertenecen al conjunto
de trabajadores y cotizantes.
167.-
En respuesta a las reivindicaciones de diferentes plataformas en defensa del
sistema público de pensiones, debe
realizarse una auditoria de los fondos de la Seguridad Social, que esclarezca
la gestión y demuestre la viabilidad del sistema.
168.-
La política de precarización y de deducciones de las cuantías de cotización a
las empresas, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, han traído como consecuencia un descenso de los ingresos
contributivos de la Seguridad Social, que han sido insuficientes para
financiar los gastos contributivos, generando
de esta forma unos déficit crecientes cubiertos a través del recurso al Fondo
de Reserva de la Seguridad Social. A
lo que hay que sumar el fraude generado por la economía
sumergida o la brecha salarial entre hombres y mujeres, que no solo restan ingresos a
la SS sino que, acaban derivando en pensiones más bajas
a las mujeres.
169.- El déficit de la SS no es
consecuencia solo del desempleo que ha generado la crisis económica, sino que en el mismo ha jugado un papel
destacado: la devaluación salarial que ha propiciado una bajada de las bases de cotización de los trabajadores y las empresas.
La reducción de la tasa de cobertura por desempleo y la supresión
como beneficiarios de los trabajadores entre 52 y 55 años que llevan implícita la cotización a la SS y la supresión de los convenios
de cuidadores/as por dependencia. También
el incremento de
bonificaciones en la cotización de las empresas que son asumidas por la propia
SS en vez de serlo por los PGE.
170.-
En definitiva, las políticas en materia laboral, económica y social que han
propiciado los sucesivos gobiernos, especialmente
las aplicadas por el Gobierno del PP han precipitado un desequilibrio y un
déficit estructural mil millonario en las arcas de la SS y fundamentalmente en su Fondo de Reserva que inquieta
al futuro de las pensiones con el único propósito de hacer crecer la
conciencia de insostenibilidad del Sistema Público
para favorecer los Planes de Pensiones Privados,
en lo que subyace un claro sesgo ideológico
que convierte una vez más, un derecho de los trabajadores en una oportunidad de
negocio capitalista.
171.-
Salvo que se rescaten las sendas del diálogo y del consenso en el contexto del
pacto de Toledo en torno a garantizar
el derecho a una pensión digna en un mundo cambiante, con un mercado vivo y una evolución tecnología y robótica en pleno
desarrollo y se apliquen políticas previsioncitas en esa dirección, nos encontramos ante un escenario de déficit estructural en el tiempo que se verá agravado con la incorporación al derecho de nuevas generaciones de trabajadores a
las que hay que dar solución, y,
que no pasa por equilibrar las
cuentas y acabar con el déficit por el lado del gasto recortando pensiones y empobreciendo a los pensionistas que irán
perdiendo poder de compra y aminorando el nivel de las pensiones de entrada o, incluyendo como factor de sostenibilidad
del Sistema a los Planes privados de jubilación, sino mejorando y ampliando los ingresos del sistema.
172.-
La solución a la sostenibilidad de la Seguridad Social pasa por compensar el
Fondo de Reservas, equilibrar el sistema incrementando los ingresos y racionalizar otros gastos propios
para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, marcando como objetivo
de forma progresiva alcanzar hasta el 15% del PIB (174.332 millones de euros/año)
desde el 12,2% actual, por lo que el debate público nos parece interesante pero insuficiente porque
considera estructural el déficit de la SS desde la única perspectiva de los indicadores actuales, sin tener en
consideración la evolución potencial de los ingresos y del desarrollo tecnológico, robótica e inteligencia artificial que sustituirá mano de obra humana por maquinas inteligentes.
173.-
Para compensar
el déficit del Fondo de Reservas.
174.-
acto para regular el uso del Fondo de Reservas de la SS, con el objetivo de limitar
y restringir su utilización arbitraria. Hemos de aprender
la etapa del gobierno del PP, que ni ha podido ni querido poner fin a los problemas
de déficit, abusando del Fondo de Reserva sin pausa durante
más de seis años.
175.-
Impuesto de coyuntura a la banca, para que de forma solidaria y progresiva
inyecte al Fondo de Reserva, el equivalente de la diferencia entre el importe del rescate (77.702 millones de euros) y la recuperación
de este que se estima sobre 15.000 millones, lo que supone una inyección
económica de 62.702 millones
de euros.
176.-
Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social. Estas prácticas son
insolidarias siempre y, en especial,
en momentos de dificultad financiera del sistema público de pensiones.
177.-
Para equilibrar el sistema.
178.
Para equilibrar el sistema de pensiones en el marco de la estabilidad
presupuestaria de la Seguridad Social
es preciso actuar en dos direcciones: Por una parte, sobre las cotizaciones
tanto de las empresas como de los
trabajadores y por otras, desde la perspectiva presupuestaria (PGE) para hacer
frente a los gastos que no son atribuibles a la SS. (“tarifas planas” y demás
reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo que deberían financiarse
vía PGE -Recomendación 1a del Pacto de Toledo
de 2011-), así como los gastos de gestión y personal, gastos corrientes
de bienes y servicios y de inversión de los Organismos de la Seguridad Social,
que también deben financiarse con los PGE.
179.-
Cotizaciones de empresas.
180.-
Incrementar en 0,20% las cotizaciones de entidades financieras y empresas de alta espectro
tecnológico cuyo desarrollo expulsa del mercado laboral activo a miles
de trabajadores/as y no solo por razones
económicas, sino por ajustes estructurales para garantizar los objetivos
económicos previstos. Trabajadores
que se incorporan a la labor pasiva del Sistema generando un gravamen de los
presupuestos mientras que las entidades mejoran sus beneficios al
reducir significativamente la masa
salarial. Esta medida posibilita un incremento anual a la SS en torno
a 215 millones.
181.-
La robótica y la inteligencia digital y artificial van a revolucionar el modelo
productivo y por ende, del mercado laboral
desde el paradigma
de un modelo capitalista sin alma, desanimado y construido exclusivamente para el consumo. Miles de
trabajadores, los más precarios y menos cualificados serán sustituidos por máquinas y tecnología inteligente incrementando la ya de por sí enorme brecha de desigualdad,
que contrasta con suculentos incrementos de los beneficios del capital y un
bajo rendimiento del trabajo por su
desaparición (no habrá demanda suficiente para tanta oferta de empleo en el
mercado). La pregunta que debemos
hacernos es, ¿cómo garantizar una vida digna a estos trabajadores sin trabajo? Por una parte, gravar a las empresas con
una imposición solidaria sobre las cotizaciones sociales que corresponderían a los trabajadores
sustituidos, directa e indirectamente. Por otra, por puestos de trabajo mecánico y por el valor añadido de la productividad de estos.
182.-
Esta misma lógica proyecta la necesidad de establecer un nuevo modelo de
convivencia y nuevas expectativas
sociales y económicas, que desde la pedagogía política nos sitúe ante un Pacto
Social que garantice la dignidad de
las clases trabajadoras y de las familias (renta básica) y que, ponga fin o
impida la supremacía de unas relaciones socio-laborales individualizadas donde la competencia
entre las clases tajadoras y más vulnerables será feroz,
ante la falta de regulación del mercado que persigue el neo- liberalismo.
183.-
Incrementar el SMI, la base de cotización y el nivel de cobertura social de los
trabajadores implica incrementar los
ingresos, no solo de trabajadores, sino de las entidades pagadoras (Mutuas y
Servicios Públicos de Empleo).
184.-
Establecer por Ley la igualdad
de salarios a igual trabajo
que ponga punto final a la brecha salarial por razones de género.
185.- Cotizaciones de trabajadores.
186.-
La mejor contribución que hacen los trabajadores a la estabilidad
presupuestaria de la Seguridad Social
es tener un trabajo bien retribuido y estable y una amplia cobertura por desempleo
que posibilite el incremento de la base de cotización y por tanto,
su cuantía al sistema.
187.-
No establecer bases de cotización máxima a las rentas del trabajo, sino que la cotización se corresponda con la renta real, manteniendo topada la pensión
máxima y garantizando una pensión mínima.
188.-
Por una red de residencias de ancianos 100% pública.
189.-
El modelo actual de gestión de las residencias de ancianos favorece
escandalosamente a las grandes compañías,
que ofertan sus servicios a la baja, y una vez lograda la adjudicación,
rentabilizan al máximo su inversión ahorrando
costes, aplicando prácticas
que se traducen en un mal servicio
que las administraciones no se han ocupado de evaluar con suficiente
rigor, siguiendo unas mínimas normas de calidad asistencial y desatendiendo años de quejas de
usuarios y familiares.
190.-
En 2020 había 636 centros de tercera
edad, con un total de 43.383
camas geriátricas disponibles, con un importante número de proyectos
tanto públicos como privados en marcha, esto sumaría casi un 8% más de camas, con la peculiaridad de que el peso del sector público es del 37% de camas disponibles (de las que el 14% son concesiones administrativas de obras y
explotación), seguido por el tercer sector, que
dispone del 32% de las plazas y el sector privado con el 31%, con gestores
locales y nacionales. (Inforesidencias.com).
191.-
En Andalucía según el IECA (datos a fecha de febrero 2021), han fallecido
3.536 mayores en residencias
de la tercera edad, el 11,33% de los fallecidos en España por COVID-19 o
síntomas compatibles con la enfermedad.
192.-
A finales del pasado año Amnistía Internacional, en el informe,
titulado "Abandonadas a su suerte:
La des-protección y discriminación de las personas
mayores en residencias” denunció la situación
en las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia, que calificó de "alarmante" ya que no se derivaron a los pacientes a hospitales,
no se garantizaron las visitas de familiares, ni se reforzó el personal. Las medidas adoptadas
por las autoridades para responder
a la pandemia en estos centros socio-sanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado
"al menos cinco derechos humanos" de las personas
mayores residentes, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores.
193.-PROPUESTA:
194.- Es necesario apostar por la implantación de una red de residencias 100% públicas, que garantice la calidad del servicio, con mecanismos permanentes de evaluación asistencial socio-sanitario, incrementando los controles laborales, y endureciendo las sanciones. Diseñar un nuevo modelo asistencial para nuestros/as mayores:
195.-Que dé respuesta a tanta frustración y sufrimiento, siendo imprescindible depurar todas las responsabilidades, de la gestión pública y privada, de la pandemia en las residencias y centros sanitarios, actuando ejemplarmente.
196.- La administración central debe tramitar una ley estatal que establezca un modelo residencial garantizando los derechos de las personas residentes en todo el Estado, entre los que se encontrarían un contacto regular entre residentes y familiares; y la atención socio-sanitaria de calidad que requieren nuestros mayores, intensificando los mecanismos de control del gasto que las comunidades destinan a la atención sanitaria y asistencial.
197.- Los/as mayores deben poder elegir. Es necesario que los servicios sociales pongan en manos de las familias que así lo necesiten, ayudas suficientes de dependencia y conciliación familiar, para que nuestros mayores puedan ser atendidos en sus propias casas y en el seno familiar.
198.- Hay que revertir la salvaje tendencia privatizadora del sector de las residencias de mayores, y en general de los servicios públicos que cubren los derechos reconocidos en la Constitución: calidad de vida de los/as mayores, servicios sociales, sanidad universal y educación. El lucro empresarial, el malentendido ahorro en las administraciones autónomas, y las políticas partidistas, con casos de corrupción sentenciados, no pueden seguir marcando la calidad de los servicios públicos, como trágicamente ha sacado a la luz la pandemia en la Residencias de mayores.
199.- Nueva relación de derechos y de protección de las capas más
vulnerables de la sociedad.
200.- La pandemia de la COVID 19 nos sitúa ante una
realidad de fragilidad del Estado de Bienestar, ya cuestionado durante la crisis de 2008 donde padeció un profundo
retroceso como consecuencia de las reformas neo-liberales de los gobiernos
del PP.
201.-
Pese a los esfuerzos del Gobierno de Coalición para construir un escudo social
que proteja a las clases trabajadoras y a la ciudadanía,
las políticas aplicadas por el gobierno de las derechas y el auge de la ultra-derecha en Andalucía no auspician una orientación hacia el fortalecimiento de los derechos
sociales y mucho menos,
blindar los servicios públicos. Lo que nos sitúa ante un momento histórico y
político que sugiere una revisión constitucional, con necesidades específicas y diferentes a las de 1978.
202.-
Existen nuevas demandas que exigen una revisión del pacto constitucional que
afectan directamente al catálogo
de derechos, especialmente a los derechos
sociales, y se refieren, por un lado, a la necesidad de otorgar a los derechos sociales ya
reconocidos la consideración de fundamentales con todo lo que ello conlleva;
y por otro, a la necesidad de crear nuevos derechos.
203.-
Ante el presumible aumento de personas necesitadas de cuidados, la escasez de
servicios públicos para su
asistencia, el tipo de cuidado informal prestado casi exclusivamente por
mujeres que tienen que afrontar
problemas y dilemas personales que afectan al libre desarrollo de la
personalidad y también al derecho a
la igualdad, pero, sobre todo, la falta de una ética de la solidaridad y de la
responsabilidad extendida socialmente exigen el reconocimiento de un derecho
al cuidado.
204.-
Un derecho al cuidado que debe entenderse desde la perspectiva de género,
entendida como un análisis crítico de la realidad para transformar la situación de mujeres y hombres en la sociedad
en aras a la igualdad
real y, partiendo de la función
transformadora que defiende el Derecho Constitucional.
205.-
La ética del cuidado, como forma de aproximarse a los problemas morales, sirve
para señalar la importancia del
cuidado como precepto ético básico y por tanto, debería guiar la nueva
configuración del catálogo de derechos para una futura revisión de la Constitución.
206.-
El cuidado ha sido tradicionalmente una función de las mujeres
(hijos, menores, enfermos,
dependientes, etc), sin embargo, esta función tan encomiable y necesaria
para disfrutar de una vida digna, las
ha colocado en una situación de desventaja y desigualdad respecto al hombre que
les ha negado la igualdad de oportunidades.
207.-
Los derechos del cuidado a las personas desde esta perspectiva ética, constituye una necesidad básica para
una vida digna, que debe formularse en un contexto de cambio legislativo para
reconocerlo y aplicarlo en la doble vertiente,
la de ser cuidado y la de cuidar, lo que implicaría, entre otras, suspender la actividad laboral o disfrutar de
condiciones especiales mientras dura el periodo de la necesidad, lo que supondría
una situación más igualitaria de los hombres
en el cuidado.
208.-
El pilar europeo de los derechos sociales consiste en dar a la ciudadanía unos
derechos sociales nuevos y más
efectivos y que están estructurados en tres categorías: Igualdad de
oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. Condiciones de trabajo justas.
Protección e inclusión
social.
7.- UN NUEVO
MODELO DE DESARROLLO PARA ANDALUCÍA.
209.-
Los efectos de Cambio Climático son nocivos, no solo para la salud y el
Medioambiente, sino para el propio
desarrollo socio-económico de los territorios y para el género humano, lo que
pone en evidencia la grave situación
del modelo capitalista de explotación de los recursos naturales solo orientados
a sacar rendimiento económico de ello
y ejercer control sobre la economía mundial en forma de monopolios privados
ya que, anteponen e imponen su lucro personal a la mayoría social del planeta.
210.-
Este sistema de explotación opresor pone en
peligro la vida y las condiciones de trabajo de la ciudadanía en nombre del crecimiento económico
y el empleo, sin tener en cuenta los derechos
laborales y de ciudadanía
conquistados durante todo el periodo democrático. Lo que hace indispensable
establecer fórmulas de intervención socio-política para hacer
posible confluir los intereses económicos, sociales, laborales y medioambientales en todo el
planeta, mediante una ordenada transición ecológica orientada a satisfacer las necesidades reales
de los seres humanos para hacerlas compatibles con el mantenimiento del entorno natural
y la conservación de la vida del planeta, para un progreso
más justo, sostenible, seguro y duradero.
211.-
La década recientemente comenzada va a ser decisiva para generar un nuevo
modelo de desarrollo socio-económico
que vendrá de la mano de la transición ecológica. La transición hacia una
economía baja en emisiones
de carbono, una economía para un progreso
justo, seguro y duradero, precisa
de la implicación de todos los actores implicados, Gobiernos,
empresarios, trabajadores y usuarios, donde los gobiernos tienen un papel gestor
imprescindible.
212.-
Según diversas agencias de opinión y organizaciones sin ánimo de lucro, el 80%
de las empresas europeas son conscientes de la necesidad
de adoptar medidas
contra el cambio climático, muchos inversores
están interesados en productos financieros sostenibles basando sus decisiones
de inversión en factores relacionados
con aspectos sociales y medioambientales. Lo que supone un cierto consenso en
la necesidad de afrontar de forma definitiva la transición ecológica de todo el desarrollo y progreso
Socio-económico.
213.-
La transición a una sociedad más sostenible y pos-consumista sólo será posible
si es justa y se reparten los costes
entre toda la sociedad y no sólo sobre los más desfavorecidos. Se trata de
construir entre todos una sociedad
más igualitaria y sostenible. Avanzar en esta dirección es una necesidad, pero habrá no
pocos obstáculos. Nuestro futuro depende de que seamos capaces de sortearlos y tengamos éxito en el empeño.
214.-
Transición ecológica para un progreso
más justo, seguro y duradero.
215.-
Vivimos mundialmente tiempos revueltos para que el mundo se ponga patas arriba,
no solo por la asolación que produce
la pandemia COVID-19 o la irrupción de la ultra-derecha y del negacionismo del cambio climático, sino por la acción
humana que genera guerras por el agua, hambre, pobreza, cambio climático, migraciones, contaminación,
obsolescencia programada, consumismo, residuos, etc., todo ello como consecuencia de las avariciosas
políticas neo-liberales del mundo capitalista. El cambio climático es, ante todo, un desafío en términos de equidad global,
una colosal injusticia para
la ciudadanía. Y es en estos tiempos revueltos,
en los que de nuevo todas las miradas se vuelven hacia el planeta,
su estado de conservación y los efectos sobre la especie humana; en los
que la ciudadanía vuelve a pensar en
verde y los problemas ambientales se hacen más acuciantes que nunca; son en los
que no va a quedar más remedio que
repensar el verdadero compromiso político hacia estos temas, porque aquellos
que lo hagan estarán reescribiendo la historia de la humanidad.
216.-
A medida que la sociedad toma conciencia de la acción humana en la
transformación del clima, la preocupación por el medio ambiente fue cobrando relevancia, primero en ámbitos
científicos y académicos y más adelante
en la esfera política y social, el PSOE fue incorporando una sensibilidad ecológica como parte sustantiva de su discurso y de su acción política.
217.-
El PSOE siempre ha estado a la vanguardia de progresos sociales,
siendo determinante en la consecución de los primeros
derechos laborales, el establecimiento del sufragio universal
y en la aprobación del voto femenino como requisitos democráticos, y en
la asunción política y social de los valores
republicanos con la proclamación de la
II República, la ley del divorcio,
la interrupción voluntaria del
embarazo o el reconocimiento de la identidad sexual que supuso la ley de
matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. y ahora,
lo es en la construcción de la cultura ecológica.
218.-
Fueron gobierno socialistas los que aprobaron importantes leyes
medioambientales como, Ley de Aguas,
Ley de Costas, Ley de Montes, etc., Ley de Economía Sostenible o la derogación
del trasvase del Ebro, entre otras y
actualmente, está en trámite la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
como garante de progreso más justo,
seguro y duradero y sitúa la transición ecológica en una de las prioridades de España para alcanzar en 2050 la
neutralidad climática y las medidas para avanzar en una hoja de ruta que debe
generar nuevos empleos y
fortalecer el tejido
industrial.
219.-
Debemos pues repensar todas y cada una de las políticas públicas , desde la
política del agua a la agrícola y a la industrial, desde la energética a la movilidad
y al urbanismo, desde la fiscalidad a la educación y la ciencia…,
para incorporar la perspectiva de las transformaciones de nuestro entorno,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la
resiliencia de los asentamientos humanos, en el medio rural y en las ciudades,
en particular en los países
y regiones más vulnerables.
220.-
Para alcanzar estos objetivos necesitaremos actuar ya en la transformación de las propias
costumbres y hábitos
de la ciudadanía, de nuestros
sectores económicos, y, cómo no, de los propios
partidos políticos, en coherencia con las exigencias de la ciudadanía, cada día más implicada, especialmente los jóvenes, herederos de
un mundo que será aún peor, para lo que los socialistas andaluces proponemos establecer y profundizar en medidas complementarias a la Ley y proyectos
contenidos en Andalucía New Generations, como:
221.-
Planes de educación ambiental como herramienta para el desarrollo sostenible. No se trata
solo de aportar
conocimientos y criterios de acción, sino como invitación a pensar globalmente y actuar localmente para transformar el entorno, donde cohabite el equilibrio ambiental, la equidad social y la
viabilidad económica. Una formación de la ciudadanía responsable, crítica y solidaria que piensen en el futuro como legado de los más jóvenes.
Para ello, la participación de la población local, como protagonista
real de la acción educativa, es fundamental
para alcanzar la transformación.
222.-
Incrementar la inversión pública en I+D+i hasta converger con la media europea del 3% del PIB, establecer
una estrategia de desburocratizar los procedimientos de créditos para que las empresas puedan acceder y establecer
una estrategia de patentes públicas que contrarreste las presiones y chantajes de las
patentes privadas.
223.-
Concluir el ciclo integral del agua, reincorporando las aguas depuradas
a un nuevo circuito para
uso urbano, industrial y agrícola.
224.-
Aprovechamiento energético de la biomasa de Andalucía y apoyo financiero a la investigación para la producción de
biocarburantes de primera generación y biocombustibles
de segunda generación, con el objeto de reducir la emisión de gases invernadero.
225.-
Establecer una red de conectividad tecnológica mediante conexión de banda ancha
y radial ferroviaria, que garantice
la igualdad de oportunidades acabando
con la brecha digital entre territorios y la conexión
entre todo el territorio de Andalucía con las grandes
redes del transporte ferroviario, a la vez que, es una forma de
transporte sostenible reconocido en el Pacto Verde Europeo.
Es el modo de transporte más eficiente si tenemos en cuenta las toneladas transportadas con la energía
consumida y el modo de moverse que más
fácilmente puede alcanzar la neutralidad climática.
226.-
Debe garantizarse la protección de las condiciones de trabajo de los
trabajadores en un marco de
relaciones igualitarias y equilibrada con los empleadores, con independencia
del tipo y la duración de la relación
laboral, tener acceso a la protección social y formación. Debe fomentarse la transición hacia formas
de empleo por tiempo indefinido, así como formas
de trabajo innovadoras que garanticen unas condiciones de trabajo de calidad y
un salario digno. Fomentar nuevos
nichos de empleo aspirando al pleno empleo desde una planificación social
de la economía.
227.-
Asumir un compromiso ético con el trabajo decente y las relaciones laborales, incorporando en los pliegos de adjudicación de servicios y
subvenciones, clausulas de salvaguarda de las condiciones y garantías laborales
de trabajadores y trabajadoras.
228.-
Pobreza energética en Andalucía.
229.-
Según un estudio elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto
de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona (UB) que
analiza la pobreza energética en
España entre 2011 y 2017 teniendo en
cuenta la renta disponible, señala que a finales de 2019 Andalucía era la sexta comunidad autónoma con un mayor porcentaje
de población en situación de pobreza energética, con más de 770.000 afectados.
230.-
En abril de 2019 se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética dando así respuesta al mandato establecido en el artículo 1 del
Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores estableciendo
por primera vez una definición oficial
de pobreza energética y de consumidor vulnerable.
231.- El Bono Social Eléctrico, el Bono Térmico y
la prohibición de des-conexión de la electricidad aplicable a la
figura de consumidor en riesgo de exclusión social, son las principales medias
llevadas a cabo en España para abordar la pobreza energética.
232.-
El acceso al Bono Social Eléctrico y Térmico no es sencillo
lo que lo hace prácticamente inaccesible.
233.-
La condición de propietario de la vivienda y la obligatoriedad de una relación
contractual con una de las ocho
comercializadoras eléctricas de referencia, junto a la complejidad de los
mecanismos establecidos para acceder
a los bonos, la falta de información y la necesidad de aportar documentos
expedidos por distintos organismos
públicos, hace que este proceso de solicitud resulte, en muchos casos,
farragoso y un claro impedimento para que lleguen
a un mayor número de hogares
vulnerables.
234.-
A demás la concesión no tiene en cuenta las necesidades térmicas de la vivienda
dependiendo de la situación geográfica,
ni los consumos reales de los hogares más vulnerables, generalmente superiores
a la media debido a la utilización de aparatos eléctricos poco eficientes (más caros) y viviendas mal aisladas.
235.-
Actualmente el bono social eléctrico español sólo se puede tramitar
directamente a través de alguna de los ochos
comercializadores de referencia (o sus matrices), y de acuerdo con el Real Decreto- ley 7/2016, éstas asumen la financiación del
bono social eléctrico, y el reparto de dicho coste se realiza proporcionalmente en función del número de clientes. A diferencia del Bono
Térmico que es financiado con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, la gestión como el pago de las prestaciones económicas son competencia de las CCAA
que, a su vez, pueden ampliar la cantidad de la ayuda concedida con cargo a sus propios
presupuestos, debiendo especificarse el porcentaje de cofinanciación de las Administraciones.
236.-
Desde la aparición en 2017 de la figura de consumidor vulnerable en riesgo de
exclusión social, los Ayuntamientos y
Autonomías pasan a tener un papel más activo costeando al menos el 50% de la
factura eléctrica dentro
de este colectivo.
237.-
Eficiencia energética en hogares en situación de
pobreza energética.
238.-
En España no existen medidas
públicas de eficiencia energética específicas para personas vulnerables en situación de pobreza energética. La cátedra de sostenibilidad energética
de la Universidad de Barcelona, en el informe
‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo’ constata que actualmente: “las políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia energética
no llegan a los colectivos con una
mayor vulnerabilidad energética haciendo necesario un enfoque más específico a
su realidad para ganar con éxito
la batalla de la pobreza
energética a través
de un doble ahorro energético y económico”.
239.- Propuestas para paliar la pobreza energética en Andalucía
240.-
Debido a la incidencia de la pobreza energética en nuestra comunidad, y al
empeoramiento de la situación que va
a provocar la incidencia del COVID-19 en la economía andaluza hacemos las
siguientes propuestas para luchar
contra la pobreza energética en Andalucía, entre ellas algunas recomendaciones recogidas
en el informe ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo”.
241.- Incorporar consideraciones ambientales
en las actuaciones vinculadas a las mejoras de
eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y cambios
conductuales. Fomentar el
cumplimiento de estándares de máxima eficiencia energética y promover el auto-consumo y las comunidades energéticas en los edificios.
242.-
Evitar que las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética sean una carga económica
más para los hogares vulnerables estableciendo mecanismos de financiación
viables adaptados a las circunstancias. Las medidas deben ser lo más adecuadas posibles al tipo de vivienda y a
la realidad socio-económica para lo cual es necesario incrementar la participación de agentes sociales
de proximidad en las medidas de ingreso y gasto.
243.-
Promocionar la creación de un parque de viviendas de titularidad pública de
alquiler para jóvenes y colectivos vulnerables eficientemente energéticas, dotadas
de equipamiento para
generar energía de auto-abastecimiento.
244.-
Traspasar la financiación y la gestión de los bonos a entidades públicas de
ámbito municipal, que son las que mejor conocen la situación
socio-económica de las familias en situación de vulnerabilidad,
estableciendo un reparto de los costes en proporción al número de familias
en riesgo de exclusión social
o a la tasa de paro de la localidad.
245.-
Poner especial atención y establecer mayor cantidad de recursos informativos
dirigidos a los colectivos
vulnerables, en las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos en las provincias con renta media más baja de Andalucía.
246.-
Para acceder al bono Social eléctrico, revaluar los colectivos que se incluyen
como vulnerables; la normativa
vigente incluye ciertos colectivos independientemente de su poder adquisitivo (como las familias
numerosas), siendo este un requisito básico el no poder hacer frente al
gasto.
247.-
Mejorar la comunicación entre organismos públicos, privados y sociales para lograr un - tratamiento homogeneizado de la información. Reducir
los procesos administrativos de solicitud
complejos por aquellos de mayor simplicidad. Es necesario que las ayudas se concedan
mediante mecanismos lo más ágiles
posible.
248.-
Mejorar los hábitos de consumo
energético, promoviendo campañas
de concienciación y divulgación que ayuden a los hogares
a no malgastar la
energía, específicamente diseñadas y dirigidas a los colectivos vulnerables.
249.-
Fomentar la creación de una
Comercializadora Eléctrica Pública de ámbito regional o estatal, que rompa con el monopolio que actualmente ejercen las
grandes compañías eléctricas, que
garantice un suministro económico a los sectores de la población más vulnerables, y ejerza un papel protagonista en la implantación de energías renovables.
250.-
Impulsar, a través de sociedades
públicas la creación
de cooperativas ciudadanas
de auto- consumo fotovoltaico, con el objetivo de que las familias que
formen parte de la cooperativa generen tanta electricidad verde de cercanía
(kilómetro 0), equivalente a todo el consumo eléctrico de su hogar,
como ya se han puesto
en marcha en Euskadi.
251.-
Apuesta por el auto-consumo energético.
252.-
En julio de 2019 el Banco Mundial presentaba el informe “Mini-redes para 500
millones de personas: Perspectivas
del mercado y manual para los encargados de tomar decisiones”. El objetivo de
éste es proporcionar a los encargados
de formular políticas, los inversores y los desarrolladores inmobiliarios distintas ideas sobre cómo pueden
ampliarse las mini/redes. El informe evalúa el mercado y la industria globales,
analiza costos e innovaciones tecnológicas y demuestra la importancia de las microfinanzas y del uso rentable
de la electricidad.
253.-
Tras aprobarse el RD 244/2019, el auto-consumo compartido ya es posible en España,
y el Gobierno está trabajando en una
normativa para que se pueda poner en marcha otra modalidad, el “auto-consumo dinámico”. Una medida más que puede
impulsar el desarrollo de comunidades locales de energía, que, según el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, “responde
a una necesidad de electrificar la economía y apostar por la eficiencia energética que va más
allá del ámbito de las viviendas o de la edificación en general, responde
al intercambio local de electricidad”.
ANDALUCÍA PARA LA IGUALDAD,
LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR.
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