28 de septiembre de 2021

Parte 5), 6) y 7). PONENCIA POLÍTICA A DEBATE.

 

5.- EL MODELO PRODUCTIVO ANDALUZ.

6- UNA ANDALUCIA DE DERECHOS Y LIBERTADES.

7.- UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA ANDALUCIA.

5.- EL MODELO PRODUCTIVO ANDALUZ.

 

94.- Tras la crisis de 2008 se convino la necesidad de un cambio de modelo productivo que garantizase la generación de riqueza, el empleo estable y de calidad y una capacidad de resiliencia y recuperación en situaciones de crisis. Lo que inexorablemente, tiene que venir de la mano de incrementar el peso del sector industrial y de los servicios científico-técnicos avanzados en la economía, la complementación de grandes redes de infraestructuras y equipamientos para la transición hacia una nueva movilidad y conocimiento y, para un país que quiere garantizar un modelo económico capaz de ofrecer un futuro  digno a la población, es indispensable contar con una banca pública.

 

95.- La templanza gubernamental, el duro castigo financiero y la imposición de políticas públicas neo- liberales, no posibilitaron acometer las reformas necesarias para la reindustrialización y transformación del modelo productivo y hoy, nos encontramos lejos de los objetivos de convergencia europeos en el peso de la industria sobre el PIB, con pérdida de competitividad como consecuencia de la brecha innovadora respecto a la media europea. Este distanciamiento se produce, además, en plena revolución tecnológica, lo que nos sitúa en una clara posición de desventaja.

 

96.- La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que reforzar los peores augurios, no solo sanitarios, sino también económico y social y parece predisponer la aceptación de que transformará de forma radical muchos de nuestros hábitos y costumbres. Pero también supone una oportunidad que debe servir, no solo para reconstruir el tejido económico, sino para salir con un modelo productivo más sólido, competitivo y sostenible, orientado hacia aquellas actividades de futuro con mayor crecimiento potencial, que, a su vez, cuente con el mayor efecto arrastre, más intensivas en tecnología, con capacidad exportadora y alineadas en la medida de lo posible con las prioridades europeas: transición energética y digitalización del tejido productivo. No podemos permitirnos no aprovechar la oportunidad para progresar como economía y sociedad.

 

 

97.- Reindustrialización de Andalucía.

 

 98.- Desde principios de los años 80 se han venido aplicando políticas encaminadas al desmantelamiento del tejido industrial en todo el Estado, con especial incidencia en Andalucía, de forma tal, que se ha pasado de un sector industrial que suponía el 25% de la economía andaluza, a apenas alcanzar el 12,9%, son datos que ponen de manifiesto la alarmante desertización industrial que estamos padeciendo, especialmente en la industria estratégica, respondiendo a puros intereses del capital con lo que se incentivan la economía sumergida, el dumping social y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

 

99.- La industria, por su capacidad para generar innovación técnica y organizativa, constituyen un sector clave en el proceso de modernización competitiva de una economía. Por ello, Andalucía debe reequilibrar su estructura productiva mediante el aumento del peso del sector industrial con una industria 4.0 y de los servicios científico-técnicos avanzados hasta equipararnos a los países más industrializados de nuestro entorno, favoreciendo el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible económica, social y medioambientalmente, ya que son en los que se obtienen mayores incrementos de productividad, mejores empleos, más estables y mejores condiciones laborales.

 

100.- Pero también es cierto, que la industria es uno de los sectores más afectados por la externalización de servicios, que devalúan las condiciones laborales, siendo necesarias medidas que impidan la pérdida de calidad en el empleo.

 

101.- Ahora bien, todo proceso de reindustrialización conlleva un cambio de mentalidad de las empresas, pasar de la actual individualización, al plano colectivo y colaborativo. El incremento de la inversión pública y privada en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), así como en gasto en tecnología requiere de mayor presupuesto y, por lo tanto, de compañías con mayor capacidad económica y productiva para poder mantener esos gastos en el tiempo.

 

102.- En estos momentos se dispone de un potencial científico técnico capaz de competir con la industria 4.0, siempre que sea asumido por las políticas pública y empresarial, al que hay que añadir un Plan Estratégico que pase por establecer en los próximos 15/20 años, un ambicioso proyecto de rescate y reindustrialización de Andalucía y, una estrategia de internacionalización de nuestra industria y que la propia complejidad de Andalucía, con una gran extensión rural (la Andalucía vaciada), obliga a tener muy en cuenta el tema de la localización industrial complementada con el apoyo e impulso a sectores claves. Es decir, la estrategia de reindustrialización debe combinar el apoyo a subsectores industriales existentes, a la par, de identificar clúster o sectores futuros y permitir el apoyo para el fomento de industrias con elevado valor añadido y potencial de crecimiento futuro, y, potenciar las industrias que generan tecnología, así como las que puedan favorecer a la economía en general y/o desde el punto de vista estratégico del comercio internacional. 

 

 

103.- Plan Estratégico para la reindustrialización de Andalucía.

 

104.- Las políticas públicas andaluzas deben prestar atención a la consecución de un sector industrial sólido, fuerte y diversificado, y para ello es indispensable:

 

105.- Diseñar una estrategia industrial al largo plazo, objetivable y evaluable de forma periódica. Consensuada en la que el Diálogo Social sirva de base en su definición y articulación.

 

106.- Que la estrategia industrial de Andalucía esté coordinada con el conjunto del Estado a través de un consorcio público que sirva a la vez de órgano de coordinación, como motor de desarrollo de un sector público industrial que permita la centralidad de la economía y en la que participen los agentes sociales más representativos.

 

107.- Estructurar el factor humano, la calidad la innovación, la tecnología y el uso eficiente de los recursos como base de la competitividad industrial, impulsando la formación y capacitación profesional conectando empresas y centros educativos y de investigación.

 

108.- Atribuir un papel central en el ámbito de la I+D+i a las universidades públicas de Andalucía, mediante instrumentos que prioricen el desarrollo socio-económico andaluz para modernizar y transformar el tejido productivo endógeno.

 

109.- El nivel de industrialización debe estar sujeto al aprovechamiento de las riquezas endógenas:

 

110.- La capacidad agrícola y ganadera desarrollando una importante industria agroalimentaria y la industria auxiliar que conlleva.

 

111.- La capacidad de producción de energías renovables en base a la riqueza climática y a los residuos orgánicos derivados de la agricultura.

 

112.- Incrementar la inversión pública en I+D+i e incentivar la participación del capital privado en I+D.

 

113.- Coordinación integral de los sistemas productivos para una base industrial sólida y solvente, que no devalúe la calidad del empleo.

 

114.- Acompañar los procesos de digitalización a las empresas con una adecuada formación de sus trabajadores.

 

115.- Desarrollo de políticas energéticas más eficientes y respetuosas con el medioambiente, con un mix que facilite mayor independencia y garantice el suministro.

 

116.- Una política de ordenación del territorio que priorice las necesidades de suelo industrial.

 

117- Recuperar e incrementar la inversión pública en infraestructuras, con especial atención a facilitar los problemas de logística y distribución que afecta a la producción.

 

118.- Poner especial énfasis en el tamaño de las empresas y su internacionalización.

 

119.- Facilitar el acceso a la financiación bancaria y no bancaria de proyectos viables de futuro. 

 

120.-  Impulsar planes que vertebren, cohesionen y equiparen en condiciones de igualdad al territorio o territorios limítrofes.

 

121- Puesta en marcha de un Estatuto de Grandes Consumidores de energía eléctrica que permita compensar los sobre-costes sobre su competitividad.

 

122.- Aplicar al máximo los mecanismos de compensación de los costes indirectos derivados de los derechos de emisión de CO2.

 

123.- Promover el establecimiento de aranceles medioambientales que graven, sino eviten, la entrada de productos industriales extra comunitarios, donde no se controla la emisión de contaminantes y mucho menos unos mínimos derechos laborales y de seguridad.

124.- Todo plan industrial subvencionado debe contener además de la descripción de las inversiones en las fases productivas y de mercado, también la afectación a las plantillas y sus compromisos.

 

 

125.- Banca pública de Andalucía.

 

126.- Apostar de forma decidida por un cambio real de modelo productivo basado en la industria 4.0, la digitalización, la ciencia, el conocimiento y el I+D+i resulta fundamental si se que quiere garantizar un modelo económico capaz de ofrecer un futuro digno a la población. Para ello, es imprescindible que se cree una banca pública dirigida a servir los intereses de toda la población, que tome sus decisiones en función de criterios socio-políticos más allá de los puramente economicistas, que aumente la competencia en el sector, y que ayude a superar las ineficiencias generadas por las prácticas de un sector financiero cada vez más excluyente y más centrado en la consecución   de beneficios a corto plazo que en su papel como garante de la estabilidad económica e impulsor del desarrollo del territorio. Por ello, la existencia de esa banca pública es vital para las apuestas por la modernidad y el desarrollo como palanca de impulso del cambio necesario.

 

 

127.- Infraestructuras y equipamientos.

 

 128.- La transformación social-ecológica que los nuevos tiempos demandan, precisan un transporte donde se prime lo colectivo sobre lo individual, el ferrocarril sobre la carretera, la electrificación sobre el consumo de los combustibles fósiles. Una red de transporte que sea el eje vertebrador que fije la población en el interior, favoreciendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y nuestro patrimonio cultural e histórico, para ello proponemos:

 

129.- Completar el corredor de mercancías por ferrocarril del Mediterráneo: Algeciras-PorBou, a la vez que desarrollar el corredor Atlántico incorporando Huelva al eje Central Algeciras- Córdoba-Linares Baeza-Valdepeñas-Madrid-Irún y sus correspondientes intercambiadores de transporte. Garantizando con ello un desarrollo más uniforme entre la costa y el interior.

 

130- Unificar la interconexión y salida de las provincias occidentales y orientales a las vías de Alta velocidad de ferrocarril, mediante la transformación de la vía Almería-Moreda- Granada-Linares Baeza-Jaén-Madrid-Córdoba, y la Huelva-Sevilla, permitiendo la unión con la red nacional, reduciéndose con ello el coste y tiempo por la menor distancia, a la vez que se favorece la unión e interrelación de las provincias.

 

131.- Adaptar la red convencional de ferrocarril en red de Altas prestaciones con unidades frecuentes que garanticen con un precio asequible la unión de las poblaciones más próximas.

 

132.- Mantenimiento óptimo de la red de carreteras con lo que se garantiza la seguridad de los usuarios y la reducción de emisiones contaminantes.

 

133.- Completar la segunda conexión de Andalucía con Levante mediante Autovía A-32 , desde N-IV (Bailen) hasta Albacete, reduciendo tiempos , descongestionando la A-92, y favoreciendo la conexión y vertebración de amplias zonas del interior.

 

134.- Conectar la provincia de Huelva con Extremadura mediante Autovía desde la Autovía del Quinto Centenario con la N 435 y la A 66 a través de las localidades de Zalamea la Real, El Campillo, Minas de Riotinto, Campofrío, la Granada de Riotinto, Zufre y Santa Olalla del Cala y su conexión con la autovía de la Ruta de la Plata.

 

135.-Elaboración y puesta en establecimiento de Planes de Movilidad urbana sostenible en poblaciones de más 10.000 habitantes. Potenciar el transporte urbano sostenible, con la electrificación del transporte público y la implantación de tranvías urbanos y metropolitanos.

 

136.-Igualdad de acceso a las nuevas tecnologías de Telecomunicaciones entre el medio rural y la ciudad.

 

137.- Cumplir la Universalización del Servicio telefónico en todo el territorio, sin discriminación entre el medio rural y las ciudades, garantizando la digitalización y el acceso al Ancho de banda con las mismas prestaciones en los núcleos urbanos y en las viviendas en diseminado.

 

138.- Fomentar la dotación de los centros sanitarios con procesos de tele diagnóstico. Los centros educativos rurales deberán estar equipados en igualdad con los urbanos, tanto en tecnología como en prestaciones.

 

139.- Se implementarán medidas para la formación y apoyo a la población en el acceso a las nuevas tecnologías, en el uso de la TICs, fomentando y promoviendo ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural.

 

 

 

6.- UNA ANDALUCÍA DE DERECHOS Y LIBERTADES.

 

140.-  Blindar los servicios públicos.

 

   141.- La Constitución española, que en su Título Primero regula los derechos y deberes fundamentales, conforma un singular marco de convivencia respetuoso con la pluralidad de creencias, convicciones y proyectos de vida. Pero desde entonces se han abierto paso un conjunto de derechos emergentes, que responden a la necesidad de proteger la dignidad humana frente a nuevas amenazas, riegos y desafíos, como puede ser la irrupción de las nuevas tecnologías, que hace posible la vigilancia constante de la vida privada. A ello se añade, los avances que se vienen produciendo en la protección internacional de los Derechos Humanos y la conveniencia de incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

 

142.- A estas actualizaciones necesarias, se añaden las preocupantes reformas en los primeros años de gobierno del PP, que recortaron derechos conquistados en relación con el aborto, la sanidad, la educación, las tasas judiciales, el derecho de manifestación, la pena de prisión permanente revisable, la enseñanza segregada, o la reforma laboral, aún por derogar, y que entrañan una manifiesta involución en determinados aspectos emblemáticos de los derechos y libertades ciudadanas.

 

143.- La COVID ha puesto al descubierto que afrontamos una crisis que no dispone de los colchones familiares y de servicios que hemos tenido con otras. Se trata de dar visibilidad a una alternativa socialista en este ámbito reformista, que no debe limitarse a mitigar las consecuencias o resistir la ofensiva conservadora, sino que debe dar un paso más y promover un programa ambicioso de reformas, con compromisos concretos que revelan una sensibilidad socialista muy diferente. Una alternativa sensata, viable, propia de un partido de gobierno con vocación de servir al interés general para servir a

la mayoría social.

 

144.- Los socialistas andaluces consideramos necesario incorporar como derechos fundamentales de los españoles, el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria, a una vivienda digna, incorporar en la Constitución un suelo mínimo de protección social, para blindar los grandes servicios públicos del Estado de Bienestar, por lo que proponemos una reforma constitucional para que, igual que se modificó el art 135 de la Constitución para blindar los intereses económicos y financieros, es el momento de hacer las reformas pertinentes para blindar los servicios públicos que otorgan los derechos de la clase trabajadora.

 

 

145.-  EDUCACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA.

 146.- Las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en lo relativo al Decreto-Ley sobre Escolarización, suponen la interpretación torticera del principio de servicio público que la educación tiene y que la LOMLOE incorpora mediante el Articulo 109.1 al “garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas”.

147.- El Decreto-Ley tergiversa la finalidad prevista al hablar de “garantizar el derecho de todas las personas a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas del Sistema Educativo Público de Andalucía”, obviando que este sistema incorpora a los todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los de titularidad pública y a los de titularidad privada (concertados).

 

148.- En materia de escolarización, la LOMLOE busca asentar lo público y eliminar el principio de “demanda social”, que estaba presente en la LOMCE como justificación para favorecer y mantener el número de plazas en el sistema concertado a costa de las plazas públicas si la caída de la población escolar reclamara dicha reducción.

149.- La modificación del Decreto-Ley refuerza y favorece lo contemplado en la LOMCE; además de abrir la puerta al crecimiento de los conciertos educativos más allá de la enseñanza obligatoria (FP y Bachilleratos) en detrimento de nuevo de la enseñanza pública, ya que todo queda dentro del “Sistema Educativo Público de Andalucía”.

150.- Recientemente la Consejería de Educación se ha visto en la obligación de firmar un acuerdo con VOX por el que de nuevo se impone el veto parental en los centros educativos andaluces, muestra de que la ultra-derecha implanta su ideología reaccionaria y controla al Gobierno andaluz. 

151.- Los socialistas andaluces aspiramos a que toda la educación obligatoria sea única, gratuita laica, de calidad científica y que se preste en centros educativos públicos en condiciones de igualdad. Y para ello, proponemos un incremento presupuestario progresivo hasta alcanzar el 7% del PIB.

 

152.- LA SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA.

153.- El Gobierno de derechas formado por PP, C´s y VOX, están dando un golpe sin precedentes a la Sanidad Pública andaluza, contraviniendo la propia Ley General de Sanidad, que da un papel subsidiario a la Sanidad Privada Concertada. Siguiendo el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, están desmantelando el Sistema Sanitario Público, desconectando al ciudadano de la red de información del propio Servicio Público Andaluz de Salud, provocando con ello una grave desinformación en las historias de salud de estos pacientes, retardando el manejo de la información, y abriendo la posibilidad de la entrada en la información clínica de pacientes a industrias farmacéuticas, sin un control adecuado de los Organismos Públicos de Gestión.

154.- Los socialistas andaluces exigimos a este Gobierno de derechas, que actúa impunemente para aumentar las ganancias de los sectores privados de la salud, que aumenten los presupuestos necesarios hasta situarse en el gasto medio por habitante de España (1.256,00€/hab /1.277,00€hab), para que la Sanidad Pública en Andalucía no se vea deteriorada por falta de medios económicos y de Profesionales, puesto que está ampliamente demostrado que la Sanidad Pública de calidad, es la única garantía de universalidad, accesibilidad a todos los avances sanitarios en la prevención y hospitalización y la gratuidad para todos los ciudadanos.

155.- Comprometemos la eliminación progresiva y efectiva de las listas de espera, mejorar la asistencia sanitaria y consensuar un nuevo mapa sanitario de Andalucía que contemple las inversiones necesarias para garantizar una sanidad y salud pública digna para el conjunto de andaluces.

 

156.- Liberación de las patentes de vacunas y tratamientos, ante pandemias.

157.- Las vacunas deben ser consideradas un bien público y las patentes liberadas, aún más cuando una gran cantidad de dinero público se ha invertido en la Investigación y el Desarrollo para la consecución de la misma, son muchos Organismos Mundiales los que ya así lo han pedido y lo están pidiendo, al igual ya se han posicionado a favor muchos grupos políticos del Parlamento Europeo y así continúan haciéndolo, también existe dicho debate en la Organización Mundial de Comercio, multitud de Estados y Organismos Mundiales de todo tipo, entre ellos la Organización Mundial de la Salud.

 

158.- Pero una vez más son los Estados y Organismos que representan al Neo-liberalismo Capitalistas Mundial, como EEUU, la UE y Reino Unido los que se colocan en el lado contrario para que dicha liberación se lleve a cabo, cumpliendo servilmente el mandato de las grandes compañías farmacéuticas del Mundo Desarrollado y de las Naciones Capitalista, que no son Solidarias con los Países más desfavorecidos.

 

159.- Por todo ello entendemos y proponemos, que sea el Gobierno Socialista de España el que abandere la lucha para que la UE, cambie su criterio sobre la liberación de dichas patentes y se posicione a favor para que las mismas sea una realidad en un futuro inmediato, principalmente cuando exista una Pandemia Mundial con millones de víctimas y afectados/as en el mundo.

 

 

160.- Pensiones y reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

161.- Con los Pactos de Toledo, alcanzamos como sociedad un Sistema de Pensiones basado en la contribución y en la solidaridad y con una cobertura financiera adecuada, que descansa en las cotizaciones sociales complementadas por aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. Es falso, por tanto, que el Sistema Público de pensiones esté en crisis en España por cuanto que, para que esto fuera cierto, sería como consecuencia de la bancarrota del propio Estado.

 

162.- Si el Sistema cae en crisis, es por puro interés de los mercados y la inoperancia de los gobiernos que pretende limitarlo y privatizarlo, incumpliendo el art. 50 de la CE y del art. 109 de la Ley General de la SS  en materia de Pensiones.

 

163.- Estas normas que son de obligado cumplimiento obligan a los Gobiernos a garantizar las pensiones con aportaciones del Estado a los Presupuestos de la SS, cuando las cotizaciones no son suficientes para hacer frente a las Pensiones.

 

164.- Este sistema ha posibilitado a lo largo de los tiempos, generar un importante Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a las necesidades de financiación que pudieran preverse como consecuencia del incremento de la esperanza de vida y la incorporación al Sistema de las nuevas futuras generaciones de trabajadores, superávit que, en vez de utilizarse como fondos de reserva, han sido utilizados, para financiar políticas que no tienen nada que ver con las pensiones.

 

165.- La manipulación contable que se ha producido, junto con las contra-reformas laborales impuestas por los gobiernos (que entre otras cosas han servido para rebajar salarios, y por tanto cotizaciones, así como las exenciones patronales, etc.) han llevado a la situación actual, amplificada interesadamente desde diferentes ámbitos que hablan continuamente del «déficit» de la Seguridad Social y de la supuesta insostenibilidad del sistema público que obliga según esto a nuevas “reformas». «Déficit» en todo caso provocado por el saqueo realizado desde hace años.

 

166.- Ante esta situación, los pensionistas, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a saber dónde han ido a parar y como se han utilizado las cotizaciones después de años de trabajo. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social pertenecen al conjunto de trabajadores y cotizantes.

 

167.- En respuesta a las reivindicaciones de diferentes plataformas en defensa del sistema público de pensiones, debe realizarse una auditoria de los fondos de la Seguridad Social, que esclarezca la gestión y demuestre la viabilidad del sistema.

 

168.- La política de precarización y de deducciones de las cuantías de cotización a las empresas, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, han traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos de la Seguridad Social, que han sido insuficientes para financiar los gastos contributivos, generando de esta forma unos déficit crecientes cubiertos a través del recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A lo que hay que sumar el fraude generado por la economía sumergida o la brecha salarial entre hombres y mujeres, que no solo restan ingresos a la SS sino que, acaban derivando en pensiones más bajas a las mujeres.

 

169.- El déficit de la SS no es consecuencia solo del desempleo que ha generado la crisis económica, sino que en el mismo ha jugado un papel destacado: la devaluación salarial que ha propiciado una bajada de las bases de cotización de los trabajadores y las empresas. La reducción de la tasa de cobertura por desempleo y la supresión como beneficiarios de los trabajadores entre 52 y 55 años que llevan implícita la cotización a la SS y la supresión de los convenios de cuidadores/as por dependencia. También el incremento de bonificaciones en la cotización de las empresas que son asumidas por la propia SS en vez de serlo por los PGE.

 

170.- En definitiva, las políticas en materia laboral, económica y social que han propiciado los sucesivos gobiernos, especialmente las aplicadas por el Gobierno del PP han precipitado un desequilibrio y un déficit estructural mil millonario en las arcas de la SS y fundamentalmente en su Fondo de Reserva que inquieta al futuro de las pensiones con el único propósito de hacer crecer la conciencia de insostenibilidad del Sistema Público para favorecer los Planes de Pensiones Privados, en lo que subyace un claro sesgo ideológico que convierte una vez más, un derecho de los trabajadores en una oportunidad de negocio capitalista.

 

171.- Salvo que se rescaten las sendas del diálogo y del consenso en el contexto del pacto de Toledo en torno a garantizar el derecho a una pensión digna en un mundo cambiante, con un mercado vivo y una evolución tecnología y robótica en pleno desarrollo y se apliquen políticas previsioncitas en esa dirección, nos encontramos ante un escenario de déficit estructural en el tiempo que se verá agravado con la incorporación al derecho de nuevas generaciones de trabajadores a las que hay que dar solución, y, que no pasa por equilibrar las cuentas y acabar con el déficit por el lado del gasto recortando pensiones y empobreciendo a los pensionistas que irán perdiendo poder de compra y aminorando el nivel de las pensiones de entrada o, incluyendo como factor de sostenibilidad del Sistema a los Planes privados de jubilación, sino mejorando y ampliando los ingresos del sistema.

 

172.- La solución a la sostenibilidad de la Seguridad Social pasa por compensar el Fondo de Reservas, equilibrar el sistema incrementando los ingresos y racionalizar otros gastos propios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, marcando como objetivo de forma progresiva alcanzar hasta el 15% del PIB (174.332 millones de euros/año) desde el 12,2% actual, por lo que el debate público nos parece interesante pero insuficiente porque considera estructural el déficit de la SS desde la única perspectiva de los indicadores actuales, sin tener en consideración la evolución potencial de los ingresos y del desarrollo tecnológico, robótica e inteligencia artificial que sustituirá mano de obra humana por maquinas inteligentes.

 

173.-  Para compensar el déficit del Fondo de Reservas.

 

174.- acto para regular el uso del Fondo de Reservas de la SS, con el objetivo de limitar y restringir su utilización arbitraria. Hemos de aprender la etapa del gobierno del PP, que ni ha podido ni querido poner fin a los problemas de déficit, abusando del Fondo de Reserva sin pausa durante más de seis años.

 

175.- Impuesto de coyuntura a la banca, para que de forma solidaria y progresiva inyecte al Fondo de Reserva, el equivalente de la diferencia entre el importe del rescate (77.702 millones de euros) y la recuperación de este que se estima sobre 15.000 millones, lo que supone una inyección económica de 62.702 millones de euros.

 

176.- Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Estas prácticas son insolidarias siempre y, en especial, en momentos de dificultad financiera del sistema público de pensiones. 

 

177.- Para equilibrar el sistema.

 

178. Para equilibrar el sistema de pensiones en el marco de la estabilidad presupuestaria de la Seguridad Social es preciso actuar en dos direcciones: Por una parte, sobre las cotizaciones tanto de las empresas como de los trabajadores y por otras, desde la perspectiva presupuestaria (PGE) para hacer frente a los gastos que no son atribuibles a la SS. (“tarifas planas” y demás reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo que deberían financiarse vía PGE -Recomendación 1a del Pacto de Toledo de 2011-), así como los gastos de gestión y personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión de los Organismos de la Seguridad Social, que también deben financiarse con los PGE.

 

179.- Cotizaciones de empresas.

180.- Incrementar en 0,20% las cotizaciones de entidades financieras y empresas de alta espectro tecnológico cuyo desarrollo expulsa del mercado laboral activo a miles de trabajadores/as y no solo por razones económicas, sino por ajustes estructurales para garantizar los objetivos económicos previstos. Trabajadores que se incorporan a la labor pasiva del Sistema generando un gravamen de los presupuestos mientras que las entidades mejoran sus beneficios al reducir significativamente la masa salarial. Esta medida posibilita un incremento anual a la SS en torno a 215 millones.

 

181.- La robótica y la inteligencia digital y artificial van a revolucionar el modelo productivo y por ende, del mercado laboral desde el paradigma de un modelo capitalista sin alma, desanimado y construido exclusivamente para el consumo. Miles de trabajadores, los más precarios y menos cualificados serán sustituidos por máquinas y tecnología inteligente incrementando la ya de por enorme brecha de desigualdad, que contrasta con suculentos incrementos de los beneficios del capital y un bajo rendimiento del trabajo por su desaparición (no habrá demanda suficiente para tanta oferta de empleo en el mercado). La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo garantizar una vida digna a estos trabajadores sin trabajo? Por una parte, gravar a las empresas con una imposición solidaria sobre las cotizaciones sociales que corresponderían a los trabajadores sustituidos, directa e indirectamente. Por otra, por puestos de trabajo mecánico y por el valor añadido de la productividad de estos.

 

182.- Esta misma lógica proyecta la necesidad de establecer un nuevo modelo de convivencia y nuevas expectativas sociales y económicas, que desde la pedagogía política nos sitúe ante un Pacto Social que garantice la dignidad de las clases trabajadoras y de las familias (renta básica) y que, ponga fin o impida la supremacía de unas relaciones socio-laborales individualizadas donde la competencia entre las clases tajadoras y más vulnerables será feroz, ante la falta de regulación del mercado que persigue el neo- liberalismo.

 

183.- Incrementar el SMI, la base de cotización y el nivel de cobertura social de los trabajadores implica incrementar los ingresos, no solo de trabajadores, sino de las entidades pagadoras (Mutuas y Servicios Públicos de Empleo).

 

184.- Establecer por Ley la igualdad de salarios a igual trabajo que ponga punto final a la brecha salarial por razones de género.

 

185.- Cotizaciones de trabajadores.

 

186.- La mejor contribución que hacen los trabajadores a la estabilidad presupuestaria de la Seguridad Social es tener un trabajo bien retribuido y estable y una amplia cobertura por desempleo que posibilite el incremento de la base de cotización y por tanto, su cuantía al sistema.

 

187.- No establecer bases de cotización máxima a las rentas del trabajo, sino que la cotización se corresponda con la renta real, manteniendo topada la pensión máxima y garantizando una pensión mínima.

 

188.- Por una red de residencias de ancianos 100% pública.

189.- El modelo actual de gestión de las residencias de ancianos favorece escandalosamente a las grandes compañías, que ofertan sus servicios a la baja, y una vez lograda la adjudicación, rentabilizan al máximo su inversión ahorrando costes, aplicando prácticas que se traducen en un mal servicio que las administraciones no se han ocupado de evaluar con suficiente rigor, siguiendo unas mínimas normas de calidad asistencial y desatendiendo años de quejas de usuarios y familiares.

 

190.- En 2020 había 636 centros de tercera edad, con un total de 43.383 camas geriátricas disponibles, con un importante número de proyectos tanto públicos como privados en marcha, esto sumaría casi un 8% más de camas, con la peculiaridad de que el peso del sector público es del 37% de camas disponibles (de las que el 14% son concesiones administrativas de obras y explotación), seguido por el tercer sector, que dispone del 32% de las plazas y el sector privado con el 31%, con gestores locales y nacionales. (Inforesidencias.com).

 

191.- En Andalucía según el IECA (datos a fecha de febrero 2021), han fallecido 3.536 mayores en residencias de la tercera edad, el 11,33% de los fallecidos en España por COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad.

 

192.- A finales del pasado año Amnistía Internacional, en el informe, titulado "Abandonadas a su suerte: La des-protección y discriminación de las personas mayores en residencias” denunció la situación en las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia, que calificó de "alarmante" ya que no se derivaron a los pacientes a hospitales, no se garantizaron las visitas de familiares, ni se reforzó el personal. Las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia en estos centros socio-sanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado "al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores residentes, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores.

 

193.-PROPUESTA:

 

194.-  Es necesario apostar por la implantación de una red de residencias 100% públicas, que garantice la calidad del servicio, con mecanismos permanentes de evaluación asistencial socio-sanitario, incrementando los controles laborales, y endureciendo las sanciones. Diseñar un nuevo modelo asistencial para nuestros/as mayores:

 

195.-Que dé respuesta a tanta frustración y sufrimiento, siendo imprescindible depurar todas las responsabilidades, de la gestión pública y privada, de la pandemia en las residencias y centros sanitarios, actuando ejemplarmente.

 

196.- La administración central debe tramitar una ley estatal que establezca un modelo residencial garantizando los derechos de las personas residentes en todo el Estado, entre los que se encontrarían un contacto regular entre residentes y familiares; y la atención socio-sanitaria de calidad que requieren nuestros mayores, intensificando los mecanismos de control del gasto que las comunidades destinan a la atención sanitaria y asistencial.

 

197.- Los/as mayores deben poder elegir. Es necesario que los servicios sociales pongan en manos de las familias que así lo necesiten, ayudas suficientes de dependencia y conciliación familiar, para que nuestros mayores puedan ser atendidos en sus propias casas y en el seno familiar.

 

198.- Hay que revertir la salvaje tendencia privatizadora del sector de las residencias de mayores, y en general de los servicios públicos que cubren los derechos reconocidos en la Constitución: calidad de vida de los/as mayores, servicios sociales, sanidad universal y educación. El lucro empresarial, el malentendido ahorro en las administraciones autónomas, y las políticas partidistas, con casos de corrupción sentenciados, no pueden seguir marcando la calidad de los servicios públicos, como trágicamente ha sacado a la luz la pandemia en la Residencias de mayores.

 

 

199.- Nueva relación de derechos y de protección de las capas más  vulnerables de la sociedad.

200.-  La pandemia de la COVID 19 nos sitúa ante una realidad de fragilidad del Estado de Bienestar, ya cuestionado durante la crisis de 2008 donde padeció un profundo retroceso como consecuencia de las reformas neo-liberales de los gobiernos del PP.

 

201.- Pese a los esfuerzos del Gobierno de Coalición para construir un escudo social que proteja a las clases trabajadoras y a la ciudadanía, las políticas aplicadas por el gobierno de las derechas y el auge de la ultra-derecha en Andalucía no auspician una orientación hacia el fortalecimiento de los derechos sociales y mucho menos, blindar los servicios públicos. Lo que nos sitúa ante un momento histórico y político que sugiere una revisión constitucional, con necesidades específicas y diferentes a las de 1978.

 

202.- Existen nuevas demandas que exigen una revisión del pacto constitucional que afectan directamente al catálogo de derechos, especialmente a los derechos sociales, y se refieren, por un lado, a la necesidad de otorgar a los derechos sociales ya reconocidos la consideración de fundamentales con todo lo que ello conlleva; y por otro, a la necesidad de crear nuevos derechos.

 

203.- Ante el presumible aumento de personas necesitadas de cuidados, la escasez de servicios públicos para su asistencia, el tipo de cuidado informal prestado casi exclusivamente por mujeres que tienen que afrontar problemas y dilemas personales que afectan al libre desarrollo de la personalidad y también al derecho a la igualdad, pero, sobre todo, la falta de una ética de la solidaridad y de la responsabilidad extendida socialmente exigen el reconocimiento de un derecho al cuidado.

 

204.- Un derecho al cuidado que debe entenderse desde la perspectiva de género, entendida como un análisis crítico de la realidad para transformar la situación de mujeres y hombres en la sociedad en aras a la igualdad real y, partiendo de la función transformadora que defiende el Derecho Constitucional.

 

205.- La ética del cuidado, como forma de aproximarse a los problemas morales, sirve para señalar la importancia del cuidado como precepto ético básico y por tanto, debería guiar la nueva configuración del catálogo de derechos para una futura revisión de la Constitución.

 

206.- El cuidado ha sido tradicionalmente una función de las mujeres (hijos, menores, enfermos, dependientes, etc), sin embargo, esta función tan encomiable y necesaria para disfrutar de una vida digna, las ha colocado en una situación de desventaja y desigualdad respecto al hombre que les ha negado la igualdad de oportunidades.

 

207.- Los derechos del cuidado a las personas desde esta perspectiva ética, constituye una necesidad básica para una vida digna, que debe formularse en un contexto de cambio legislativo para reconocerlo y aplicarlo en la doble vertiente, la de ser cuidado y la de cuidar, lo que implicaría, entre otras, suspender la actividad laboral o disfrutar de condiciones especiales mientras dura el periodo de la necesidad, lo que supondría una situación más igualitaria de los hombres en el cuidado.

 

208.- El pilar europeo de los derechos sociales consiste en dar a la ciudadanía unos derechos sociales nuevos y más efectivos y que están estructurados en tres categorías: Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. Condiciones de trabajo justas. Protección e inclusión social.

 

 

7.- UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA ANDALUCÍA.

 

209.- Los efectos de Cambio Climático son nocivos, no solo para la salud y el Medioambiente, sino para el propio desarrollo socio-económico de los territorios y para el género humano, lo que pone en evidencia la grave situación del modelo capitalista de explotación de los recursos naturales solo orientados a sacar rendimiento económico de ello y ejercer control sobre la economía mundial en forma de monopolios privados ya que, anteponen e imponen su lucro personal a la mayoría social del planeta.

 

210.- Este sistema de explotación opresor pone en peligro la vida y las condiciones de trabajo de la ciudadanía en nombre del crecimiento económico y el empleo, sin tener en cuenta los derechos laborales y de ciudadanía conquistados durante todo el periodo democrático. Lo que hace indispensable establecer fórmulas de intervención socio-política para hacer posible confluir los intereses económicos, sociales, laborales y medioambientales en todo el planeta, mediante una ordenada transición ecológica orientada a satisfacer las necesidades reales de los seres humanos para hacerlas compatibles con el mantenimiento del entorno natural y la conservación de la vida del planeta, para un progreso más justo, sostenible, seguro y duradero.

 

211.- La década recientemente comenzada va a ser decisiva para generar un nuevo modelo de desarrollo socio-económico que vendrá de la mano de la transición ecológica. La transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, una economía para un progreso justo, seguro y duradero, precisa de la implicación de todos los actores implicados, Gobiernos, empresarios, trabajadores y usuarios, donde los gobiernos tienen un papel gestor imprescindible.

 

212.- Según diversas agencias de opinión y organizaciones sin ánimo de lucro, el 80% de las empresas europeas son conscientes de la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático, muchos inversores están interesados en productos financieros sostenibles basando sus decisiones de inversión en factores relacionados con aspectos sociales y medioambientales. Lo que supone un cierto consenso en la necesidad de afrontar de forma definitiva la transición ecológica de todo el desarrollo y progreso Socio-económico.

 

213.- La transición a una sociedad más sostenible y pos-consumista sólo será posible si es justa y se reparten los costes entre toda la sociedad y no sólo sobre los más desfavorecidos. Se trata de construir entre todos una sociedad más igualitaria y sostenible. Avanzar en esta dirección es una necesidad, pero habrá no pocos obstáculos. Nuestro futuro depende de que seamos capaces de sortearlos y tengamos éxito en el empeño.

 

214.- Transición ecológica para un progreso más justo, seguro y duradero.

 

215.- Vivimos mundialmente tiempos revueltos para que el mundo se ponga patas arriba, no solo por la asolación que produce la pandemia COVID-19 o la irrupción de la ultra-derecha y del negacionismo del cambio climático, sino por la acción humana que genera guerras por el agua, hambre, pobreza, cambio climático, migraciones, contaminación, obsolescencia programada, consumismo, residuos, etc., todo ello como consecuencia de las avariciosas políticas neo-liberales del mundo capitalista. El cambio climático es, ante todo, un desafío en términos de equidad global, una colosal injusticia para la ciudadanía. Y es en estos tiempos revueltos, en los que de nuevo todas las miradas se vuelven hacia el planeta, su estado de conservación y los efectos sobre la especie humana; en los que la ciudadanía vuelve a pensar en verde y los problemas ambientales se hacen más acuciantes que nunca; son en los que no va a quedar más remedio que repensar el verdadero compromiso político hacia estos temas, porque aquellos que lo hagan estarán reescribiendo la historia de la humanidad.

 

216.- A medida que la sociedad toma conciencia de la acción humana en la transformación del clima, la preocupación por el medio ambiente fue cobrando relevancia, primero en ámbitos científicos y académicos y más adelante en la esfera política y social, el PSOE fue incorporando una sensibilidad ecológica como parte sustantiva de su discurso y de su acción política.

 

217.- El PSOE siempre ha estado a la vanguardia de progresos sociales, siendo determinante en la consecución de los primeros derechos laborales, el establecimiento del sufragio universal y en la aprobación del voto femenino como requisitos democráticos, y en la asunción política y social de los valores republicanos con la proclamación de la II República, la ley del divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo o el reconocimiento de la identidad sexual que supuso la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. y ahora, lo es en la construcción de la cultura ecológica.

 

218.- Fueron gobierno socialistas los que aprobaron importantes leyes medioambientales como, Ley de Aguas, Ley de Costas, Ley de Montes, etc., Ley de Economía Sostenible o la derogación del trasvase del Ebro, entre otras y actualmente, está en trámite la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como garante de progreso más justo, seguro y duradero y sitúa la transición ecológica en una de las prioridades de España para alcanzar en 2050 la neutralidad climática y las medidas para avanzar en una hoja de ruta que debe generar nuevos empleos y fortalecer el tejido industrial.

 

219.- Debemos pues repensar todas y cada una de las políticas públicas , desde la política del agua a la agrícola y a la industrial, desde la energética a la movilidad y al urbanismo, desde la fiscalidad a la educación y la ciencia…, para incorporar la perspectiva de las transformaciones de nuestro entorno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de los asentamientos humanos, en el medio rural y en las ciudades, en particular en los países y regiones más vulnerables.

 

220.- Para alcanzar estos objetivos necesitaremos actuar ya en la transformación de las propias costumbres y hábitos de la ciudadanía, de nuestros sectores económicos, y, cómo no, de los propios partidos políticos, en coherencia con las exigencias de la ciudadanía, cada día más implicada, especialmente los jóvenes, herederos de un mundo que será aún peor, para lo que los socialistas andaluces proponemos establecer y profundizar en medidas complementarias a la Ley y proyectos contenidos en Andalucía New Generations, como:

 

221.- Planes de educación ambiental como herramienta para el desarrollo sostenible. No se trata solo de aportar conocimientos y criterios de acción, sino como invitación a pensar globalmente y actuar localmente para transformar el entorno, donde cohabite el equilibrio ambiental, la equidad social y la viabilidad económica. Una formación de la ciudadanía responsable, crítica y solidaria que piensen en el futuro como legado de los más jóvenes. Para ello, la participación de la población local, como protagonista real de la acción educativa, es fundamental para alcanzar la transformación.

 

222.- Incrementar la inversión pública en I+D+i hasta converger con la media europea del 3% del PIB, establecer una estrategia de desburocratizar los procedimientos de créditos para que las empresas puedan acceder y establecer una estrategia de patentes públicas que contrarreste las presiones y chantajes de las patentes privadas.

 

223.- Concluir el ciclo integral del agua, reincorporando las aguas depuradas a un nuevo circuito para uso urbano, industrial y agrícola.

 

224.- Aprovechamiento energético de la biomasa de Andalucía y apoyo financiero a la investigación para la producción de biocarburantes de primera generación y biocombustibles de segunda generación, con el objeto de reducir la emisión de gases invernadero.

 

225.- Establecer una red de conectividad tecnológica mediante conexión de banda ancha y radial ferroviaria, que garantice la igualdad de oportunidades acabando con la brecha digital entre territorios y la conexión entre todo el territorio de Andalucía con las grandes redes del transporte ferroviario, a la vez que, es una forma de transporte sostenible reconocido en el Pacto Verde Europeo. Es el modo de transporte más eficiente si tenemos en cuenta las toneladas transportadas con la energía consumida y el modo de moverse que más fácilmente puede alcanzar la neutralidad climática.

 

226.- Debe garantizarse la protección de las condiciones de trabajo de los trabajadores en un marco de relaciones igualitarias y equilibrada con los empleadores, con independencia del tipo y la duración de la relación laboral, tener acceso a la protección social y formación. Debe fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido, así como formas de trabajo innovadoras que garanticen unas condiciones de trabajo de calidad y un salario digno. Fomentar nuevos nichos de empleo aspirando al pleno empleo desde una planificación social de la economía.

 

227.- Asumir un compromiso ético con el trabajo decente y las  relaciones laborales, incorporando en los pliegos de adjudicación de servicios y subvenciones, clausulas de salvaguarda de las condiciones y garantías laborales de trabajadores y trabajadoras.

 

 

228.- Pobreza energética en Andalucía.

229.- Según un estudio elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona (UB) que analiza la pobreza energética en España entre 2011 y 2017 teniendo en cuenta la renta disponible, señala que a finales de 2019 Andalucía era la sexta comunidad autónoma con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética, con más de 770.000 afectados.

 

230.- En abril de 2019 se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética dando así respuesta al mandato establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores estableciendo por primera vez una definición oficial de pobreza energética y de consumidor vulnerable.

 

231.-  El Bono Social Eléctrico, el Bono Térmico y la prohibición de des-conexión de la electricidad aplicable a la figura de consumidor en riesgo de exclusión social, son las principales medias llevadas a cabo en España para abordar la pobreza energética.

 

232.- El acceso al Bono Social Eléctrico y Térmico no es sencillo lo que lo hace prácticamente inaccesible.

 

233.- La condición de propietario de la vivienda y la obligatoriedad de una relación contractual con una de las ocho comercializadoras eléctricas de referencia, junto a la complejidad de los mecanismos establecidos para acceder a los bonos, la falta de información y la necesidad de aportar documentos expedidos por distintos organismos públicos, hace que este proceso de solicitud resulte, en muchos casos, farragoso y un claro impedimento para que lleguen a un mayor número de hogares vulnerables.

 

234.- A demás la concesión no tiene en cuenta las necesidades térmicas de la vivienda dependiendo de la situación geográfica, ni los consumos reales de los hogares más vulnerables, generalmente superiores a la media debido a la utilización de aparatos eléctricos poco eficientes (más caros) y viviendas mal aisladas.

 

235.- Actualmente el bono social eléctrico español sólo se puede tramitar directamente a través de alguna de los ochos comercializadores de referencia (o sus matrices), y de acuerdo con el Real Decreto- ley 7/2016, éstas asumen la financiación del bono social eléctrico, y el reparto de dicho coste se realiza proporcionalmente en función del número de clientes. A diferencia del Bono Térmico que es financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la gestión como el pago de las prestaciones económicas son competencia de las CCAA que, a su vez, pueden ampliar la cantidad de la ayuda concedida con cargo a sus propios presupuestos, debiendo especificarse el porcentaje de cofinanciación de las Administraciones.

 

236.- Desde la aparición en 2017 de la figura de consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social, los Ayuntamientos y Autonomías pasan a tener un papel más activo costeando al menos el 50% de la factura eléctrica dentro de este colectivo.

 

237.- Eficiencia energética en hogares en situación de pobreza  energética.

 

238.- En España no existen medidas públicas de eficiencia energética específicas para personas vulnerables en situación de pobreza energética. La cátedra de sostenibilidad energética de la Universidad de Barcelona, en el informe ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo’ constata que actualmente: “las políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia energética no llegan a los colectivos con una mayor vulnerabilidad energética haciendo necesario un enfoque más específico a su realidad para ganar con éxito la batalla de la pobreza energética a través de un doble ahorro energético y económico”.

 

239.- Propuestas para paliar la pobreza energética en Andalucía

240.- Debido a la incidencia de la pobreza energética en nuestra comunidad, y al empeoramiento de la situación que va a provocar la incidencia del COVID-19 en la economía andaluza hacemos las siguientes propuestas para luchar contra la pobreza energética en Andalucía, entre ellas algunas recomendaciones recogidas en el informe ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo”.

241.-        Incorporar consideraciones ambientales en las actuaciones vinculadas a las mejoras de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y cambios conductuales. Fomentar el cumplimiento de estándares de máxima eficiencia energética y promover el auto-consumo y las comunidades energéticas en los edificios.

242.- Evitar que las actuaciones de mejora de la eficiencia energética sean una carga económica más para los hogares vulnerables estableciendo mecanismos de financiación viables adaptados a las circunstancias. Las medidas deben ser lo más adecuadas posibles al tipo de vivienda y a la realidad socio-económica para lo cual es necesario incrementar la participación de agentes sociales de proximidad en las medidas de ingreso y gasto.

243.- Promocionar la creación de un parque de viviendas de titularidad pública de alquiler para jóvenes y colectivos vulnerables eficientemente energéticas, dotadas de equipamiento para generar energía de auto-abastecimiento.

244.- Traspasar la financiación y la gestión de los bonos a entidades públicas de ámbito municipal, que son las que mejor conocen la situación socio-económica de las familias en situación de vulnerabilidad, estableciendo un reparto de los costes en proporción al número de familias en riesgo de exclusión social o a la tasa de paro de la localidad.

245.- Poner especial atención y establecer mayor cantidad de recursos informativos dirigidos a los colectivos vulnerables, en las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos en las provincias con renta media más baja de Andalucía.

246.- Para acceder al bono Social eléctrico, revaluar los colectivos que se incluyen como vulnerables; la normativa vigente incluye ciertos colectivos independientemente de su poder adquisitivo (como las familias numerosas), siendo este un requisito básico el no poder hacer frente al gasto.

247.- Mejorar la comunicación entre organismos públicos, privados y sociales para lograr un - tratamiento homogeneizado de la información. Reducir los procesos administrativos de solicitud complejos por aquellos de mayor simplicidad. Es necesario que las ayudas se concedan mediante mecanismos lo más ágiles posible.

248.- Mejorar los hábitos de consumo energético, promoviendo campañas de concienciación y divulgación que ayuden a los hogares a no malgastar la energía, específicamente diseñadas y dirigidas a los colectivos vulnerables.

249.-        Fomentar la creación de una Comercializadora Eléctrica Pública de ámbito regional o estatal, que rompa con el monopolio que actualmente ejercen las grandes compañías eléctricas, que garantice un suministro económico a los sectores de la población más vulnerables, y ejerza un papel protagonista en la implantación de energías renovables.

250.- Impulsar, a través de sociedades públicas la creación de cooperativas ciudadanas de auto- consumo fotovoltaico, con el objetivo de que las familias que formen parte de la cooperativa generen tanta electricidad verde de cercanía (kilómetro 0), equivalente a todo el consumo eléctrico de su hogar, como ya se han puesto en marcha en Euskadi.

 

251.- Apuesta por el auto-consumo energético.

252.- En julio de 2019 el Banco Mundial presentaba el informe “Mini-redes para 500 millones de personas: Perspectivas del mercado y manual para los encargados de tomar decisiones”. El objetivo de éste es proporcionar a los encargados de formular políticas, los inversores y los desarrolladores inmobiliarios distintas ideas sobre cómo pueden ampliarse las mini/redes. El informe evalúa el mercado y la industria globales, analiza costos e innovaciones tecnológicas y demuestra la importancia de las microfinanzas y del uso rentable de la electricidad.

 

253.- Tras aprobarse el RD 244/2019, el auto-consumo compartido ya es posible en España, y el Gobierno está trabajando en una normativa para que se pueda poner en marcha otra modalidad, el “auto-consumo dinámico”. Una medida más que puede impulsar el desarrollo de comunidades locales de energía, que, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, “responde a una necesidad de electrificar la economía y apostar por la eficiencia energética que va más allá del ámbito de las viviendas o de la edificación en general, responde al intercambio local de electricidad”.

 254.- El auto-consumo dinámico combina eficiencia energética y generación renovable en edificios. No solo aprovecha al máximo la generación, sino que además el excedente se puede distribuir en función de las necesidades de demanda de los participantes, lo que le sobra a uno puede necesitarlo otro. En definitiva, optimizar el uso de la energía y maximizar la rentabilidad de la instalación.

 255.- En 2019, el 86,5% de los puntos de suministro en el mercado libre es cliente de las cinco grandes comercializadoras eléctricas, que controlan además prácticamente el 100% del mercado regulado. El Gobierno tiene en su mano abrir la puerta a un nicho de mercado que podría no ser exclusivo de las comercializadoras. Las administraciones socialistas podemos empoderar a los ciudadanos mejorando sus condiciones de vida.

 256.- Proponemos promover el auto consumo, y comprar el excedente que este genere, impulsando la creación de cooperativas energéticas ciudadanas para comercializar electricidad de origen renovable, con distribuidoras municipales, comarcales, insulares.

 

 CONTINUARÁ MAÑANA CON PARTE 8)

ANDALUCÍA PARA LA IGUALDAD, 

LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR.


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