El gobierno del PP ha presentado su
anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Se trata de un proceso de recentralización, donde
los ayuntamientos perderán competencias, de tal manera que pasarán a ser
poco más que la correa de transmisión de gobierno central y comunidades
autónomas. Por ejemplo, los municipios de menos de 20.000 habitantes,
donde vive cerca del 70% de la población, perderán todas las
competencias en sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a
la comunidad autónoma o a las diputaciones.
De esta forma, experiencias como la de
Villaverde del Río en Sevilla (donde el ayuntamiento de IU ha
municipalizado el servicio de ayuda a domicilio, mejorándose tanto las
condiciones laborales de las trabajadoras como el servicio prestado a
los usuarios al desaparecer la empresa intermediaria) serán inviables
desde el punto de vista de su legalidad.
El objetivo de esta reforma
queda muy claro, el propio texto señala la intención de favorecer “la
iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por
la Constitución en su artículo 135”, en alusión a la modificación de la
Constitución pactada por el PP y el gobierno de Zapatero para garantizar
el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad. Con esta reforma,
entre otras cosas, pretenden anular las resistencias locales a los
recortes y a la privatización de los servicios públicos. Además, su
aprobación pone en peligro decenas de miles de empleos públicos.
En
las últimas décadas, los servicios sociales se han organizado atendiendo
a su nivel de especialización, distinguiéndose entre Atención Primaria
(de competencia municipal) y Atención Especializada (de competencia
autonómica). Los primeros constituyen la estructura básica del sistema
público de servicios sociales, siendo su finalidad conseguir unas
mejores condiciones de vida de la población mediante una atención
integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que
requieren el desarrollo de una atención específica a usuarios con
circunstancias especiales (por ejemplo, un recurso residencial para
personas con discapacidad). Los Servicios Sociales Comunitarios o
Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión
pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a
sus derechos sociales.
Defendamos los servicios sociales.-
En definitiva, lo que pretende la
derecha con su nueva Ley Local es eliminar los servicios sociales
(teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses
escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en
situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros) en
los municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal
cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios
sociales que no desaparezcan a las diputaciones provinciales y
privatizar la prestación de esos servicios cediéndolos a empresas
concesionarias. Y en los grandes municipios, las competencias en
servicios sociales se limitarán a “la evaluación e información de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social”. Además, en el caso de estos municipios el
gobierno central se reservará el derecho de fijar el coste máximo de los
servicios a prestar. El proyecto de ley deja en manos de las
comunidades autónomas prácticamente todas las competencias en servicios
sociales, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los
ayuntamientos más grandes, aunque sin decir cómo ni de dónde se van a
financiar.
Tras años de privatizaciones y recortes, la aprobación de
esta ley sería el tiro de gracia para los servicios sociales. Su
funcionamiento sería aún más rígido y burocrático, sin contacto alguno
con la realidad social. Y desaparecerían multitud de servicios que, no
lo olvidemos, son derechos conquistados tras décadas de lucha. El tejido
social de los barrios perdería cualquier atisbo de control sobre la
actuación de la administración y la gestión de los recursos que queden
pasará totalmente a manos privadas (Iglesia y patronal ya se frotan las
manos). Del Estado social y de derechos del que habla su Constitución,
volveremos de nuevo a la beneficencia, a la denigrante caridad que tanto
gusta a los “defensores” de la vida y la familia.
Este anteproyecto
nace con el rechazo de toda la oposición parlamentaria salvo UPyD que,
como siempre, aplaude con las orejas cualquier medida antidemocrática e
incluso critica al gobierno su falta de ambición en esta reforma. Los
sindicatos también han mostrado su oposición. Pero no basta con ruedas
de prensa. Para defender los servicios sociales, los sindicatos de clase
tienen que empezar por organizar y unificar a los trabajadores de la
intervención social, un sector muy atomizado y desmovilizado a pesar de
la depauperación de los servicios prestados, la precariedad laboral y la
sangría de puestos de trabajo tras años de privatizaciones y recortes.
Es necesario unir a los distintos colectivos afectados por recortes y
cierres de recursos, reactivar la lucha por un convenio único y difundir
la alternativa (servicios sociales públicos, democráticos y de
calidad). Una lucha imbricada en otra más general: la única manera de
revertir el proceso de involución social que intentan imponernos es
derrocar al gobierno del PP, hay que ir hacia otra huelga general.
Daniel Reyes.
Miembro del Consejo de la Federación de Enseñanza de CCOO-Madrid
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