Todo esto se desprende de los ya famosos papeles de Luis Bárcenas (el que fuera tesorero del PP durante 18 años hasta su implicación en el caso Gürtel) filtrados a la prensa, en los que se recoge la supuesta contabilidad “B” del PP. La veracidad de estos documentos cobra mayor fuerza cuando algunos dirigentes del PP, como García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza han reconocido como ciertos los apuntes contables en los que aparece su nombre. Pero, ¿es el caso Bárcenas un hecho aislado, o refleja algo más sobre lo que la corrupción representa dentro del funcionamiento habitual del sistema capitalista?
Poder económico y poder político; dos caras de la misma moneda.-
En su libro El imperialismo, fase
superior del capitalismo, Lenin aborda un hecho incuestionable a la luz
de la crisis actual, que el Estado capitalista y los gobiernos
representan directamente los intereses de los grandes monopolios
económicos, en los que el capital industrial se encuentra totalmente
fusionado con el capital financiero. Lenin recurre a una cita del
economista alemán Jeidens para subrayar esta verdad: “la unión personal
de los bancos y la industria se completa con la unión personal de ambos
con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración son
confiados voluntariamente a personalidades de renombre así como a
algunos funcionarios del Estado, los cuales pueden proporcionar no pocas
facilidades en las relaciones con las autoridades…”.
Basta observar
la carrera profesional de la mayoría de los miembros más destacados de
los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, tanto
socialdemócratas como de derechas, para evidenciar los vínculos directos
entre el poder económico y el político. Personas que, cuando terminan
sus servicios en el aparato del Estado, pasan a ocupar posiciones de
mando en las grandes empresas privadas, revelando la fusión completa del
aparato estatal con los grandes monopolios. Algunos ejemplos
procedentes de las filas socialdemócratas son: Felipe González en Gas
Natural, Javier Solana en Acciona, Elena Salgado y Pedro Solbes en
Endesa. Por parte del Partido Popular, igual: José María Aznar en
Endesa, Ángel Acebes en Iberdrola, Ana Palacio en HC Energía, Eduardo
Zaplana y Rodrigo Rato en Telefónica… Una lista que asciende a
centenares de nombres
Las empresas dominan a través de sus testaferros.-
Volviendo al caso Bárcenas, los papeles
hechos públicos hasta ahora señalan que hasta 7,5 millones de euros
fueron entregados al PP en donativos de empresarios. Echando un vistazo
rápido podemos ver, por ejemplo, la relación directa entre los donantes
que aparecen y las concesiones para la construcción de hospitales,
encargados por los gobiernos del PP a distintas constructoras. En esta
lista de donantes aparecen, entre otros, Luis de Rivero, presidente
entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehermoso; Juan Miguel Villar Mir,
ministro durante el franquismo y actual presidente de la constructora
OHL; o José Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, el que fuera
ministro de Interior en el gobierno de Aznar, y presidente de FCC. Estos
tres donantes aportaron, según los recibos encontrados, 1.075.000
euros; sin embargo, los cobros que estos tres donantes obtuvieron de
canon por las concesiones hospitalarias que lograron a treinta años,
ascienden a 1.767,6 millones de euros. En total, las constructoras
reseñadas en la lista Bárcenas tenían al menos ¡¡6.600 millones de euros
en obra pública en los años de las donaciones!!
Lo que el caso
Bárcenas pone sobre la mesa es precisamente ese saqueo constante de las
arcas públicas por parte de multinacionales que imponen su poder
económico utilizando el poder político como brazo ejecutor. Lo que en
esta ocasión aparece como un escándalo “ilegal”, es lo que “legalmente”
se produce un día tras otro dando lugar a negocios espectaculares de las
grandes empresas con los administradores del dinero público a través,
por ejemplo, de la privatización de la sanidad y la educación pública,
del pago de cientos de miles de millones de euros en el pago de
intereses de la deuda, o, simplemente de la licitación de miles de
concursos a empresas privadas de todo tipo.
Los testaferros del
capital en el gobierno, en todo caso, actúan ahora con mayor impunidad
si cabe. Lo ocurrido con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes, que dimitía recientemente como consejero de
Unilabs, la empresa que bajo su mandato consiguió la gestión de los
análisis clínicos de Madrid tras la privatización, impulsada por él
mismo, de dicho servicio, es un claro ejemplo. Igual que las decisiones
políticas de privatización de hospitales en Madrid o Castilla- La
Mancha, adoptadas por Ignacio González y Cospedal respectivamente, que
pueden hacer ingresar a la multinacional CAPIO, primer operador privado
de la salud pública española y cuyos beneficios provienen ya en un 70%
de dinero público de las CCAA, la friolera de 400 millones de euros
anuales.
¿Se puede regenerar “democráticamente” el Estado capitalista?
Marx
y Engels se refieren en El Manifiesto Comunista al gobierno del Estado
como “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase
burguesa”. Los grandes bancos y los monopolios tienen lazos muy
estrechos con los gobiernos nacionales y están íntimamente relacionados
con el Estado que los protege, subvenciona y les proporciona importantes
mercados para sus productos. Los últimos casos de corrupción no hacen más que desnudar esta realidad que la burguesía intenta que pase totalmente desa-percibida, para así salvaguardar de forma más eficaz sus intereses como clase. A la burguesía le gusta parapetarse en instituciones con apariencia neutral, pero escándalos como el del Caso Nóos y la reciente imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por su presunta implicación en la trama liderada por Iñaki Urdangarín y Diego Torres, a través de la cual captaban y posteriormente desviaban fondos públicos, llaman la atención sobre lo que realmente representan las instituciones fundamentales del Estado para la defensa de los intereses del capital, y su entrelazamiento completo.
Este carácter de clase del Estado es el que convierte en
imposible que, lo que viene siendo una parte inherente del
funcionamiento del capitalismo, se pueda solventar con “medidas de
control” que puedan tomar las propias instituciones capitalistas.
Parlamento, órganos judiciales… De hecho, el famoso Tribunal de Cuentas,
mencionado hasta la saciedad por los miembros del PP en las últimas
semanas para así tratar de justificar que su contabilidad se ajusta a la
ley, está formado por consejeros designados por los propios partidos
políticos y especialmente por aquel que cuenta con la mayoría en el
Parlamento. Así se entiende que, entre los miembros de este “alto”
Tribunal figure Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar. Pero
por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas analiza las finanzas de
los partidos a cinco años, ¡y los delitos prescriben a los cuatro años!
El propio Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal de Cuentas, ¡aparece
como donante del PP en las notas contables de Bárcenas!
Otro tanto
sucede con la llamada Ley de incompatibilidades, que obliga a los
miembros del gobierno y los altos cargos de la administración del Estado
a hacer públicos sus bienes y patrimonio, exige dedicación exclusiva al
cargo político, y establece limitaciones patrimoniales; pero los
límites de esta Ley son evidentes partiendo de la base de que se acepta
que se tengan intereses privados en el sector vinculado a su cargo
público, y que además la declaración de bienes y patrimonio tiene el
carácter de voluntario en el caso de las parejas o cónyuges.
No falta
tampoco quien desde la derecha, concretamente Cospedal, propone
demagógicamente que los parlamentarios no tengan salario y vivan de su
actividad profesional. Esto lo dice la misma Mª Dolores de Cospedal que
cobra al año 240.000 euros por ser secretaria general del PP y por ser
presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Que nadie se lleve a engaño.
Detrás de estas propuestas está el intento de hacer de la representación
política un coto exclusivo de las élites, como sucedía en la España del
siglo XIX, en la que solo los grandes propietarios podían ser electos
parlamentarios o concejales. Y es esto precisamente lo que, de una u
otra forma, la derecha pretende, vetar la política a la clase
trabajadora y garantizar de hecho el poder para quienes controlan la
economía de manera más directa, como sucede en EEUU, donde con la medida
aparentemente democrática de que las donaciones para las campañas
electorales son públicas, se ha legalizado de hecho la presión de los
lobbys que financian con cantidades multimillonarias a los dos grandes
partidos.
La única manera de luchar contra la dictadura del capital
financiero y su dominio de la política, contra la podredumbre de las
instituciones y la corrupción generalizada, no es apelando a una
supuesta “regeneración democrática” impulsada, parece ser, por los
mismos partidos que aceptan a pies juntillas las reglas del capitalismo.
La vía es otra: luchar de manera consciente y organizada para acabar
con el poder de los grandes monopolios, expropiando a la banca, a las
multinacionales, poniendo las palancas fundamentales de la economía bajo
el control democrático de la mayoría de la población; y poner fin a una
representación política que es un fraude antidemocrático,
sustituyéndola por la democracia directa, socialista, en la que todos
nuestros diputados y concejales sean elegibles y revocables en todo
momento, y en la que ningún representante pueda tener un salario mayor
al salario medio de un trabajador. El ser social determina la
conciencia, y no se puede defender ni representar a la clase
trabajadora, a la mayoría de la sociedad, viviendo como un burgués, o
siéndolo directamente.
Escrito por Beatriz García.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario