Pan, libertad, justicia social es
la consigna que sigue sonando en las calles egipcias, dos años después
de la caída de Hosni Mubarak. Como no podía ser de otra forma, el
segundo aniversario de la Revolución se está celebrando con masivas
manifestaciones contra el Gobierno del islamista Mohamed Mursi.
Movilización que, de nuevo, pone en la picota a éste, continuando así la
oleada de lucha iniciada en noviembre. En las regiones ribereñas del
Canal de Suez el Gobierno impuso el estado de emergencia, pero tuvo que
retirarlo en la práctica porque no consiguió parar la lucha.
En el momento de escribir esto una masa
se dirige hacia la comisaría de policía de Tanta con la intención de
tomarla. Allí fue donde murió, brutalmente torturado, Mohamed el Gendi,
activista de la Corriente Popular (naserista) detenido en la Plaza
Tahrir. Mohamed es un mártir más; desde el 25 de enero, aniversario de
la caída de Mubarak, ha habido cincuenta muertos y miles de heridos, en
una sangrienta represión que no tiene nada que envidiar a la del
dictador. El vídeo de Hamada Saber, manifestante desnudado y apaleado
por la policía, ha llegado al último rincón de Egipto; aunque en
televisión exculpó a los policías, posteriormente reconoció haber sido
presionado para hacerlo. La represión se ceba especialmente con las
mujeres, que nutren en gran parte las manifestaciones; la policía
permite la incursión de decenas de lúmpenes armados con navajas que
atacan en particular a las manifestantes, pensando equivocadamente que
así provocarán su deserción de la lucha… Como fuerza auxiliar de
represión, los salafistas han anunciado la creación de una Policía
Blanca para enfrentarse a la juventud en primera línea de la
movilización. Pero toda esta salvaje represión, lejos de amedrentar a
las masas, socava aún más la posición del Gobierno.
La mayoría de los egipcios tiene razones
para seguir protestando. En muchos aspectos, la situación es igual o
peor que en los últimos años de la dictadura. La pobreza ha aumentado
(la previsión es que haya superado el 25% en 2012). Un indicativo es el
problema del pan. Aunque el precio del pan está subsidiado (no varía
desde 1980), por miedo a estallidos sociales aún mayores, a la mayoría
de la población este pan subsidiado no cubre todas sus necesidades; a lo
largo de los años, este producto básico ha ido cayendo en calidad y
densidad, para mayor negocio de las panificadoras. Las peleas en las
largas colas ante las panaderías están a la orden del día. La promesa de
Mursi de obligar a las panificadoras a incrementar el valor calórico
del pan es una más de sus promesas incumplidas.
El
dato oficial de paro refleja una tendencia al alza: del 11,8% en el
segundo semestre de 2011 al 12,6% en el de 2012. Los salarios son muy
bajos, así la media del de un empleado público (el Estado emplea al 25%
de la fuerza laboral) es de 700 libras egipcias al mes, absolutamente
insuficientes para alimentar a una familia de cuatro miembros; desde el
principio de la revolución los sindicatos luchan por un salario mínimo
de 1.200 libras, y Mursi prometió en vano establecer un sueldo mínimo
legal. Y toda esta situación, pese a que el PIB aumentó un 2,5% el año
pasado.
Otro problema acuciante es la inflación.
Oficialmente fue del 10% en 2012, pero afectó sobre todo a productos
imprescindibles como el fuel, que como el resto de productos importados
aumenta brutalmente de precio por la rápida devaluación de la libra. A
cambio de un rescate similar a los practicados en los países del
Sur europeo, aplicado en este caso por el FMI, el Gobierno se ha
comprometido a liberalizar los precios de pan, fuel y otros productos
básicos, lo que desatará la inflación y la hambruna. El miedo a la
consecuente agudización de la lucha actual es lo que de momento ha
impedido que Mursi adopte estas medidas.
Insurrección en Port Said.-
Esta vez uno de los focos de la lucha ha
sido Port Said, el acceso al Canal Suez desde el Mediterráneo. La
casualidad ha querido que el aniversario de la revolución coincidiera
con la condena a muerte de 21 acusados por la llamada tragedia del Estadio de Port Said.
Hace un año, en el estadio de fútbol, la agresión a aficionados del
club cairota Al Ahli, por parte (aparentemente) de hinchas del local Al
Masri, y la consiguiente avalancha, ocasionaron 74 víctimas. Esta
sentencia ha incendiado la ciudad, que lleva (en este momento) cinco
días de insurrección. Una multitud intentó asaltar la comisaría donde
estaban presos 15 de los condenados. A pesar de que el Gobierno anunció
el 4 de febrero la vuelta de la normalidad, y la reapertura de las
oficinas estatales, 24 fábricas de la ciudad, que emplean a 35.000
trabajadores, seguían paralizadas, según Al Ahram (principal
periódico egipcio). Los tanques controlan los accesos a Port Said, pero
no pueden evitar la continuidad de las manifestaciones. De hecho, Mursi
declaró el estado de emergencia de las 21 a las 6 horas, prohibiendo la
formación de grupos en la calle… pero luego tuvo que rebajarlo al tramo
entre la 1 y las 5 horas, que es lo mismo que reconocer su fracaso. 39
personas han muerto en la lucha callejera, desde el anuncio de la
sentencia.
‘No
me cabe duda de que aquella masacre’ (la del estadio) ‘fue planificada,
no fue algo perpetrado por los hinchas de Al Masri. Fue una
conspiración. Hubo gente de fuera que vino a provocar violencia. Y la
policía se quedó plantada sin hacer nada por evitar las muertes’, indica
Sherif Masrou, amigo de varios manifestantes asesinados por la policía
(elpais.com, 2-II-13). Todos los indicios apuntan a una maniobra para
alentar el enfrentamiento y desviar la atención, apartar la diana del
régimen, y utilizar la ‘violencia de grupos incontrolados de jóvenes’
para justificar medidas represivas. Se da también la circunstancia de
que muchos de los hinchas de Al Ahli participaron en primera línea en el
derrocamiento de Mubarak, con lo que también podría haber un móvil de
eliminación de revolucionarios, disfrazada de ‘batalla entre hinchadas’.
Nueve de los responsables policiales de la seguridad del estadio fueron
imputados… pero curiosamente ninguno ha sido condenado. Los 21
aficionados condenados son una cabeza de turco. Los habitantes de Port
Said hacen bien en no fiarse de una justicia corrupta y de un régimen
continuista del de Mubarak. A día de hoy, los responsables policiales y
políticos de la brutal represión de los últimos días de la dictadura, de
los 850 muertos, se pasean por las calles. El mismo Mubarak, condenado a
cadena perpetua, ha conseguido la anulación de su juicio. Una promesa
incumplida más de Mursi. Y no sólo eso. Durante los primeros cien días
del mandato del hermano musulmán, se contabilizaron 34 muertos en
comisarías, y 88 detenidos sometidos a torturas, así como varios casos
de violaciones (english.ahram.org, 24-I-13). La corrupción del aparato
estatal es el sustrato de la explosión en este puerto mediterráneo. Como
comenta Yeryis Greiss, abogado de mártires de esta lucha: ‘Port Said es
un símbolo de la revolución. La naturaleza de la gente de Port Said es
valiente, somos guerreros, no nos pueden doblegar. Ni lo pudo hacer
Mubarak ni lo podrá hacer Mursi’.
Las contradicciones del Gobierno… y de la oposición.-
La marea de lucha que recorre Egipto es
difícilmente contrarrestable. El Gobierno utiliza todas las bazas a su
disposición. Puesto que la represión sólo acrecienta la rabia, intenta
basarse en los sectores más atrasados, criminalizando a los
manifestantes. En los últimos días se desarrolla una campaña contra una
supuesta agrupación, el Black Bloc. Independiente de que realmente
exista o no, es evidente que a cuenta de él los islamistas pretenden
justificar sus medidas represivas. Sus medios de comunicación señalan a
todos esos jóvenes que se tapan la cara con pañuelos, trapos o capuchas
negras (lo cual es habitual en cualquier país donde manifestarse implica
arriesgar la vida, especialmente si eres identificado, y donde es
recomendable evitar los efectos de los gases lacrimógenos; y hay que
recordar que incluso hay sospechas de utilización de variantes del gas
mostaza por parte de la policía). Por otra parte, intentan movilizar a
su magra base social; así, apenas cientos de salafistas se manifestaron,
el 25 de enero, contra la oposición, y Gamaal al Islamiya (grupo
integrista de tradición terrorista, responsable del asesinato del
presidente Anuar el Sadat en 1981) intentó organizar una provocación
reaccionaria el día 8, pero ha debido traspasar su manifestación de
‘respaldo a la legitimidad del presidente Mursi’ al 15, para no chocar
frontalmente con las masas revolucionarias. Mientras intentan aislar
sin éxito al sector más decidido de la juventud, y mostrar en la calle
su apoyo social (con menos éxito todavía), hacen llamamientos a acabar
con la revolución. En un reciente discurso, el primer ministro Hisham
Kandil llamó a parar las protestas, dejar las reivindicaciones y los
cánticos, y ponerse a trabajar, por supuesto ‘para que la revolución
pueda satisfacer todas las demandas’. Demagógicamente, condenó la
violencia policial, para más adelante explicar que ‘si hay errores, hay
que corregirlos, pero la policía es una institución nacional’. También
instó a la oposición a ‘construir el país’ ignorando diferencias
ideológicas. Mientras tanto, el ministro de Defensa, general Abdel Fatah
al Sisi, afirmó que ‘el país se encuentra al borde del colapso’ e,
intentando jugar la baza de la mediación bonapartista, exigió al
Gobierno y la oposición que se pongan de acuerdo. Sin embargo, Mohamed
Beltayi, uno de los dirigentes de los Hermanos Musulmanes, se pregunta
‘¿Qué está esperando [Mursi] para intervenir?’. ‘Es su deber parar todo
esto a través de todos los medios que proporciona la Constitución y la
ley, incluida la declaración del estado de emergencia’ en todo el país.
El ariete de la lucha en las calles crea fisuras y abre brechas en la
muralla de la reacción, fragmentándola…
Mientras
tanto, el grueso de la oposición, nucleada en torno al Frente de
Salvación Nacional, se debate entre mantener al menos cierta ligazón con
el movimiento actual, haciendo de portavoz político de él, y respetar
las limitaciones de su programa político y de su carácter burgués y
pequeñoburgués, renuente a la lucha y proclive al acuerdo con el régimen
actual. Dentro del Frente quien ostenta la mayor presencia en la calle
es la Corriente Popular de Hamdin Sabahi, sin embargo éste cede gran
parte del protagonismo a los grupúsculos burgueses de Mohamed el-Baradei
y Amro Musa. El país, gran valedor de estos últimos, decía el 26
de enero: ‘Mientras algunos movimientos de jóvenes revolucionarios
apuestan por intensificar las movilizaciones callejeras con la finalidad
de forzar la dimisión de Mursi, la oposición con vocación institucional
busca más bien un giro radical en la política del Ejecutivo’.
Intentando aprovechar las
contradicciones del Frente, Mursi le llamó a dialogar. El Frente lo
rechazó, exigiendo previamente la retirada de la Constitución aprobada
(aunque sólo por el 20% de la población registrada) y la formación de un
Gobierno de unidad nacional. Una proposición que, aunque no fue
aceptada (al menos de momento), implica la disposición a permitir un
escape al islamismo, y a colaborar con él en el mantenimiento del Estado
burgués, de la misma forma que el Gobierno de coalición
islamista-burgués-socialdemócrata de Túnez (hoy en crisis por la
movilización obrera). No sólo eso. El 31 de enero, tras una semana de
movilizaciones masivas, y con el Gobierno de Mursi (en palabras de El país
del 1-II-13) ‘acorralado’, un sector del Frente (básicamente,
El-Baradei) firma un infame acuerdo con el Gobierno, de ‘renuncia
expresa a la violencia’. Un acuerdo que lava la cara del régimen, que
iguala la violencia policial y la resistencia de tantos jóvenes
dispuestos a arriesgar su vida para que la revolución dé un paso más…
En abril están programadas elecciones
parlamentarias. Las anteriores (las primeras, del invierno de 2011-12)
fueron anuladas por los jueces. El Frente amenaza con el boicot si no se
anula la Constitución y se forma un Gobierno unitario. Pero de la mano
de grupos burgueses de escasa implantación popular, aunque bien
considerados en las cancillerías del imperialismo (que los ven como
buenas bazas a jugar si la reacción islamista se quema), es
imposible estimular la movilización necesaria para que caiga el
presidente Mursi. Ni para que la revolución avance, dotándose de un
programa socialista, anticapitalista, única forma de garantizar pan, libertad, justicia social.
En este sentido, la ruptura de la Corriente Popular con estos grupos
sería un paso adelante, si va acompañado de una orientación clara hacia
el movimiento obrero y hacia ese programa, y del abandono de su defensa
de una economía mixta.
La
Revolución continuará su recorrido, influida por la gravedad de la
crisis mundial, y también por el proceso mundial hacia enfrentamientos
decisivos con el capital. Khaled Alí, candidato vinculado a los
sindicatos independientes, en las elecciones presidenciales del verano, y
vetado por el régimen, se expresa así: ‘Si Mursi sigue adelante con el
tipo de reformas que ha aprobado hasta ahora, será depuesto antes de que
acabe su mandato. La revolución no ha alcanzado sus fines. Acabar con
Mubarak fue sólo un primer paso. Y el pueblo no va a parar hasta que se
efectúen cambios de verdad’. Y, en estos cambios, el precio y la calidad
del pan es un buen termómetro. Khaled insiste en que el pan es la
motivación de todos los grandes movimientos egipcios desde 1977. Cuando
Mursi liberalice su precio, y el de otros productos básicos, seguramente
su suerte estará echada. Pero la de la Revolución depende de más,
depende de un programa adecuado y de una organización dispuesta a
defenderlo hasta el final.
Escrito por Ulises Benito.-
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