Hace dos años los trabajadores de la
empresa Inagra, concesionaria del servicio de recogida de basuras,
aceptaron firmar un acuerdo en el que se asumía una reducción salarial
del 7,5% con el fin de evitar el despido de 90 trabajadores. Sumada a la
congelación salarial de 2009, los trabajadores perdieron en total un
8,3% de poder adquisitivo. Esta fue la salida “realista” que en aquel
momento ofrecieron las direcciones sindicales.
Dos años después, envalentonada por la
reforma laboral, y amparándose en una supuesta reducción de la concesión
de 3,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Granada (que
tiene el 20% de las acciones de Inagra), la empresa volvió al ataque
durante la negociación colectiva. Esta vez exigía una nueva reducción
salarial del 5% entre 2012 y 2013, y la ampliación de la jornada a 37,5
horas semanales (lo que implicaba eliminar los descansos). Lo que
buscaba la empresa era mantener intacta su tasa de beneficios, cargando
los recortes del ayuntamiento sobre los hombros de los trabajadores.
El
conflicto se inició el 7 de enero, con un seguimiento de prácticamente
el 100% de la plantilla, y rápidamente adquirió una gran repercusión.
Tanto, que se ganó no sólo la simpatía de los trabajadores, si no
también del pequeño comercio, que se pronunció públicamente en un
comunicado de sus asociaciones cargando contra el Ayuntamiento,
gobernado por el Partido Popular, acusándole de promover el conflicto
laboral, pues ya existía un acuerdo entre el gobierno local y la empresa
y, por tanto, no era necesario una reducción del presupuesto para la
concesión.
En este contexto, y ya con más de 1.500 toneladas de
basura, los medios de comunicación locales y estatales iniciaron una
ofensiva ideológica y llenaron sus páginas de noticias sobre las
repercusiones económicas que tendría la huelga sobre una ciudad
turística como Granada. El día 16, la patronal aireó las nóminas de los
trabajadores, planteando que sus condiciones laborales (que habían sido
producto de años de lucha) eran demasiado buenas. Inagra era consciente
de que la tasa de paro de Granada es elevadísima (la tercera de España) y
pretendía dividir a la clase trabajadora granadina, presentando a los
trabajadores como privilegiados e inflexibles. A partir de ahí las
presiones se elevaron. El Gobierno central intervino ofreciendo todo su
apoyo al alcalde cuando éste amenazó con recurrir al ejército
(Tribunamunicipal.es, 16/01/13) para solucionar el problema de la
basura.
Pese a ello, ese mismo día la asamblea de trabajadores votó
no a la nueva propuesta de la empresa: reducción salarial del 2,5% y
congelación salarial hasta 2015. Finalmente, el 20 de enero, los
trabajadores aceptaron la firma de un acuerdo muy similar al anterior.
Había fuerza para ganar.-
Si los trabajadores aceptaron esta
oferta no fue porque “se ha explicado con más detenimiento para que todo
el mundo conozca las pérdidas, pero también las ventajas de ese
acuerdo”, como lamentablemente afirmó Martín Ángel Ruiz, de la dirección
de UGT en Inagra. Si se ha aceptado este acuerdo se debe a que los
dirigentes sindicales han renunciado a mantener la lucha hasta el final.
En lugar de llegar a un acuerdo lesivo para los intereses de los
trabajadores, el comité de empresa tenía que, basándose en la demostrada
determinación de luchar de la plantilla, haber planteado un plan de
lucha llamando a la solidaridad del resto de trabajadores, formando
comités de apoyo en todos los barrios, realizando asambleas en los
barrios, en otras empresas en lucha y en la universidad, repartiendo
masivamente hojas explicativas al conjunto de la población, y
finalmente, organizando una huelga general provincial de todos los
servicios de limpieza, que incluyera entre sus reivindicaciones la
municipalización sin indemnización de estas empresas bajo control de los
trabajadores. De esta manera se habría podido contrarrestar toda la
campaña de intoxicación informativa lanzada por el ayuntamiento y la
patronal, y se habrían sentado las bases para una victoria.
Escrito por Manuel Abelleira.-
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