Hace 18 años desapareció en Sudáfrica el
brutal régimen del apartheid, que permitió a una minoría blanca (apenas
un 10% de la población) someter y explotar durante décadas a la mayoría
negra. Además de la ausencia de derechos políticos (voto, libertad de
expresión o reunión), los trabajadores negros fueron utilizados como
mano de obra barata, en condiciones casi de esclavitud, para el
enriquecimiento de la adinerada élite blanca que gobernaba el país.
Cuando por fin la mayoría negra pudo
votar ganó de forma aplastante el Congreso Nacional Africano (ANC), que
gobierna el país desde entonces. Dieciocho años después, el ANC no ha
conseguido solucionar ninguno de los problemas más acuciantes que
padecen los trabajadores y jóvenes sudafricanos. Es verdad que se han
conseguido algunos avances, se ha extendido la electricidad, el agua
potable, los servicios sanitarios, pero las condiciones de vida siguen
siendo tan míseras que la mayoría no puede disfrutar de estos servicios
básicos porque no pueden costearlos.
Cada vez más desigualdad.-
Los indicadores sociales demuestran que
la desigualdad social y económica característica de la época del
apartheid no sólo permanece, sino que se ha incrementado durante estos
últimos años. Un 70% de la población vive bajo el umbral de pobreza, la
tasa oficial de desempleo es del 25%, pero la real está en el 36%. Estas
condiciones económicas y sociales han sido el motor de multitud de
conflictos laborales y sociales. En julio, agosto y septiembre de 2010,
coincidiendo con el mundial de fútbol, estallaron multitud de conflictos
laborales; además 1,3 millones de empleados públicos protagonizaron una
huelga que duró cuatro semanas. 2011 también fue un año de intensas
luchas en sectores como el acero o la minería, con ocupaciones de
fábricas, el ejemplo más destacado se dio en Krugersdorp, cerca de
Soweto, donde los trabajadores ocuparon la empresa para evitar su
cierre. Los conflictos laborales han ido acompañados de rebeliones de
masas en muchos barrios obreros contra la ausencia de servicios básicos y
para evitar desahucios o cortes de electricidad por impago.
La matanza de Marikana.-
El asesinato de 34 mineros a manos de la
policía el 16 de agosto en la mina de platino de Marikana, refleja la
dureza a la que se enfrentan los trabajadores cuando deciden luchar para
mejorar sus condiciones laborales. Aunque al principio se presentó como
una lucha entre los dos sindicatos con presencia en la mina, por un
lado el NUM, el poderoso sindicato minero afiliado al Confederación de
Sindicatos Sudafricanos (COSATU), y por otro lado el AMCU, un sindicato
más combativo surgido de una escisión del NUM. Lo cierto es que el 10 de
agosto hubo serios enfrentamientos entre los dos sectores que
provocaron ocho muertos a manos de la policía. Esto fue aprovechado por
Lonmin, la multinacional británica propietaria de la mina, y por el
gobierno, para enviar a la policía, atemorizar a los mineros y utilizar
la represión para poner fin a la huelga.
La huelga se inició cuando
3.000 perforadores de roca dejaron de trabajar para exigir un aumento
salarial. Las condiciones en las que trabajan los mineros son
espantosas, escasas medidas de seguridad, largas jornadas y bajos
salarios. Los mineros de Marikana exigen que sus salarios pasen de 4.000
(480 dólares) a 12.500 rand. A pesar de la matanza, de las amenazas de
despido que ha hecho la empresa, de los llamamientos de ambos sindicatos
a negociar, en el momento de escribir este artículo la huelga aún
continúa.
Corrupción sindical
El NUM ha jugado un papel lamentable en
este conflicto, aplaudiendo la represión policial y jugando el papel de
rompehuelgas. Durante estos últimos años el NUM ha ido perdiendo apoyo a
favor del AMCU debido a su política colaboracionista con las
multinacionales mineras. Además tiene multitud de intereses económicos
con estas empresas a través del Mineworkers Investment Trust, un fondo
creado en 1995 por el NUM y que posee activos por valor de 2.800
millones de rands en estas multinacionales, entre ellas en Lonmin. Eso
explica que el anterior presidente del NUM, Cyril Ramaphosa, hoy sea uno
de los cincuenta hombres más ricos del país, además de accionista de
Lonmin. La dirección del NUM está totalmente alejada de los intereses de
sus afiliados, sólo basta con saber que su actual secretario general
cobra un sueldo de 105.000 rands, 25 veces más de lo que percibe un
perforador de roca. Eso es lo que explica su pérdida de apoyo y el
incremento de la influencia del AMCU.
Los acontecimientos de Marikana
se han convertido en un catalizador de la lucha de clases y las huelgas
en las minas se están extendiendo como una bola de fuego, la minería es
uno de los principales sectores económicos del país, en él trabajan más
de 800.000 mineros dispuestos a luchar para cambiar radicalmente sus
condiciones laborales. Precisamente la extensión de la lucha y el
peligro de contagio a otros sectores de trabajadores han hecho que el
gobierno retire los cargos contra los 250 mineros detenidos en Marikana y
la fiscalía ha dado marcha atrás en su escandaloso intento de culpar a
los huelguistas de la muerte de los 34 mineros. En las últimas semanas
algunos portavoces del gobierno y de la burguesía sudafricana han
mostrado su temor al contagio de la “primavera árabe” y que lo sucedido
en Marikana, como sucedió con la matanza de Soweto en 1976, se convierta
en el acelerador de ese proceso. La clase obrera sudafricana es una de
las más poderosas del continente africano, como demostró en su lucha
contra el apartheid, una vez irrumpa en la lucha de clases será difícil
detenerla y será un punto de referencia para el resto del continente.
MARIA CASTRO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario