El escándalo saltó a las páginas de la prensa burguesa cuando un vocal
denunció ante la fiscalía al presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por cargar al
presupuesto público los gastos de seis viajes de fin de semana a
Marbella, por importe de 3.000 euros. Posteriormente se supo que eran un
total de veinte los viajes, con un gasto total de 13.000 euros,
incluyendo cenas, spa y bebidas, y sin contar los costes de
desplazamiento de cuatro o cinco escoltas junto al presidente.
Sobre el personaje, baste reproducir lo que publicábamos en el número de
mayo sobre la herencia franquista en el aparato del Estado: “Carlos
Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo desde 2008, ejerce como juez desde 1969, escribe habitualmente
en la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos, también peregrina
asiduamente a Tierra Santa y cree que se libró de un atentado de ETA
por obra de la Virgen de Fátima”.
Pero si sorprendente, al menos
para algunos, fue la noticia, más lo fueron los hechos posteriores: el
fiscal archivó el caso ya que “no existe obligación de detallar los
gastos” de estos viajes, que en ningún momento se han negado y ni
siquiera se ha justificado que fueran por motivos oficiales. De hecho,
la misma fiscalía justificó el carácter “reservado” que podía tener este
tipo de viajes así como las personas con las que Dívar, que no se ha
dignado a dar ninguna explicación a los mortales, cenó en restaurantes
de lujo.
Además, el escándalo aumentó cuando sólo cinco vocales
pidieron la dimisión del presidente, mientras los otros siete aplicaban
la doctrina Garzón y lo que pedían era ¡que dimitiera el vocal que había
denunciado los hechos! Dicho sea de paso, quien habría sustituido a
Dívar sería Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de Valencia con
Camps y principal abanderado de la persecución a Garzón. Esta es la
situación de la máxima institución del llamado Poder Judicial, que gastó
90.000 euros en abril en enviar a nueve personas en primera clase a
Buenos Aires a la Cumbre Judicial Iberoamericana, un gasto
imprescindible cuando se eliminan las becas para estudiar idiomas en el
extranjero.
Hechos como éste resultan esclarecedores de la catadura
moral de los máximos representantes del poder judicial, uno de los
“pilares” en los que se asienta la democracia burguesa. Su arrogancia
descomunal, su ostentoso desdén hacia el más mínimo elemento de control,
su afán por el lujo y el derroche (del dinero ajeno) son marcas
inconfundibles de la clase social a la que están íntimamente vinculados,
la burguesía, completamente decadente y parásita.
Uno de los
aspectos más indignantes de toda esta historia son las declaraciones del
propio interesado cuando, sin ningún sonrojo, afirmó que las cantidades
reclamadas eran “una miseria”. Un auténtico insulto cuando decenas de
miles de parados no tienen ingresos o sobreviven con 400 euros al mes y
millones de trabajadores de los de verdad, de los que no tienen fines de
semana “caribeños” de cuatro días, necesitan más de un año para
ganarlo. Pero más pronto que tarde esta misma clase a la que él y los
suyos desprecian, mandarán al basurero de la historia al sistema que
representan, aplicándoles la auténtica justicia: la justicia obrera.
ÓSCAR EGIDO.
7 de junio de 2012
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