REVISAR LA POSICIÓN SOBRE EL SAHARA:

REVISAR LA POSICIÓN SOBRE EL SAHARA:

Una visión retrospectiva.

La ocupación definitiva por España del territorio del Sahara Occidental se produce entre 1916 y 1920, como consecuencia de una reclamación española de diciembre de 1884 en base a unas factorías establecidas en la Península de Dajla y otros puntos de la costa tras negociaciones con Francia.

En el ocaso de la dictadura, los altos cargos franquistas incapaces de tomar una acción firme contra las agresiones marroquíes y disuadidas por el tácito apoyo francés y estadounidense, entraron en una negociación con Marruecos y Mauritania, que desembocó en los Acuerdos Tripartitos de Madrid en fecha 14 de noviembre de 1975. En virtud de dichos acuerdos, España renunció a descolonizar el territorio según los parámetros establecidos por Naciones Unidas y transfirió sus responsabilidades a una administración conjunta de Marruecos, Mauritania y la Yamaa, la asamblea tribal del Sáhara Occidental, abriendo el camino a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de sus dos vecinos. En ese mismo momento se inició una larga guerra de resistencia por parte del Frente para la Liberación de Saguiat al Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario.

La Marcha Verde iniciada el 6 de noviembre de 195 por Marruecos con la intención de ocupar el Sahara español y el Tratado de Madrid de 14 del mismo mes, fueron probablemente el mayor reto internacional que afrontó España desde el final de la Guerra Civil y dieron paso a la resolución 3458 B del 10 de diciembre de 1975 de las Naciones Unidas, que ratificaba los planes de la ONU del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Sucedieron, precisamente, en un momento de crisis aguda del régimen, con el tirano agonizante y con la incertidumbre política sobre el futuro que paralizaba toda decisión. La muerte de Franco diez días después, el 20 de noviembre de 1975, abrió paso a una nueva etapa política que heredaría un envenenado dossier saharaui. En febrero de 1976 salían los últimos soldados españoles del Sáhara, que quedaba repartido en dos tercios para Marruecos y uno para Mauritania. Ese mismo mes el Frente Polisario proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo del Gobierno de Argelia, que la reconoció un mes después. Marruecos reaccionó rompiendo sus relaciones con Argelia.

Las negociaciones de Madrid tuvieron lugar en un ambiente de tensión excepcional, y por ello no hay que interpretar que, a pesar de su resultado muy favorable a Marruecos, los elementos fieles al régimen franquista tuviesen una especial simpatía por ese país o por la monarquía alauí. Desde su independencia en 1956, la relación con Marruecos nunca fue fácil para España, y sus constantes reivindicaciones territoriales, así como sus agresivos medios para conseguir cesiones territoriales (Tarfaya y la zona sur del protectorado español en 1958; SidiIfni en 1969), no le habían granjeado ninguna simpatía entre los elementos nacionalistas españoles. Muchos en el Ejército vivieron la apresurada salida del Sáhara como una humillación.

La oposición de izquierdas pronto adoptó una actitud beligerante en esta cuestión: para el PSOE la truncada descolonización del Sáhara era un error que se debía enmendar. Negaba el valor jurídico de los Acuerdos Tripartitos al ir en contra de la legalidad internacional y los principios y pactos asumidos por el Estado español. Esta posición había comenzado desde el mismo momento de la Marcha Verde. Un año después, el 14 de noviembre de 1976, Felipe González visitó los campos de refugiados saharauis en Tinduf, donde prometió que el PSOE estaría con el pueblo saharaui “hasta la victoria final”, mostrando su apuesta por la autodeterminación del pueblo saharaui, su repulsa a los Acuerdos de Madrid y su apoyo al Polisario.

Ni la preocupación por la legalidad internacional ni el reconocimiento del derecho de autodeterminación fueron los únicos elementos que inspiraron a al PSOE a alienar sus posturas con la del Frente Polisario. El propio Felipe González calificó en su discurso del 14 de noviembre de 1976 a los gobiernos marroquí y mauritano de “reaccionarios”, en claro contraste con su positiva percepción del régimen argelino. La identificación ideológica y la influencia argelina fueron decisivas para explicar el apoyo incondicional del PSOE a las tesis del Frente Polisario, y, por lo tanto, su rechazo radical a los Acuerdos de Madrid.

El programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones de 1977 defendía una política de amistad con Argelia en detrimento de Marruecos, en coherencia con los viajes que hicieron tanto Felipe González como Alfonso Guerra en esos años.

España celebró en el 82 las elecciones generales que otorgarían la mayoría absoluta del PSOE. La victoria socialista desató las alarmas en Rabat, a la vez que Argelia esperaba ver al nuevo Gobierno enderezar el rumbo promarroquí adoptado por el Gobierno de Calvo-Sotelo. La llegada de los socialistas al Gobierno marcó un punto de inflexión en su posición hacia el contencioso del Sáhara Occidental, que ya comenzó a verse en plena campaña electoral cuando la victoria parecía posible moderando el discurso.

Ya en el Gobierno, se produjo una moderación sorprendente en sus actuaciones en relación con el Sáhara y la OTAN, primando la continuidad, fiabilidad y estabilidad por encima de la ideología del partido. Así, contrariamente a las exigencias anteriores del propio PSOE, el Frente Polisario no recibió apoyo directo de España, no se reconoció a la RASD y, sobre todo, no se denunciaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, tan denostados con anterioridad por los dirigentes socialistas, con el mismo argumento que dieron los gobiernos de UCD. A pesar de la fuerte presión argelina, se mantuvo el reconocimiento de la Administración marroquí del territorio, aunque no de su soberanía.

El Gobierno socialista contextualizó su giro político en la cuestión saharaui y su acercamiento a Marruecos en el marco de lo que se llamó una nueva “política global” hacia el Magreb: “España está implicada en una política global, no una política de equilibrio; una política de colaboración, no de confrontación, y de no interferencia en los asuntos internos de los otros países”. Se trataría de compatibilizar, respetando la singularidad de cada Estado magrebí, la defensa de la seguridad de España y de sus intereses económicos y culturales con la promoción de la prosperidad económica y la estabilidad política y social en la región, para alcanzar un Magreb próspero, estable e integrado. En la práctica, pues, el PSOE en el Gobierno renunciaba completamente a su lenguaje beligerante con Marruecos, sin renunciar a las posturas de principio ya defendidas por el Gobierno Suárez (exigencia de un referéndum de autodeterminación, no reconocimiento de la soberanía marroquí, apoyo a Naciones Unidas).

Con Zapatero en el gobierno, se pasa de una política de neutralidad pasiva a una diplomacia activa, sin alterar los principios fundamentales de España en la cuestión saharaui (diálogo entre las partes, legalidad internacional, no imposición, respeto al derecho de autodeterminación) y Marruecos decidió retomar la iniciativa diplomática en la cuestión del Sáhara Occidental presentando un plan de autonomía que no contemplaba la autodeterminación del pueblo saharaui. Este plan, que no respetaba las líneas rojas declaradas repetidamente por la diplomacia española, fue presentado en febrero de 2007 al Gobierno español, quien advirtió de la necesidad de incluir una referencia a la autodeterminación.

El plan fue presentado de nuevo, por la parte marroquí en la Reunión de Alto Nivel de Rabat (5 y 6 de marzo de 2007), y fue acogido con ambiguas alusiones a la legalidad internacional. El propio ministro Moratinos calificó más tarde al plan de “elemento novedoso, de indudable interés”, que “podría generar una nueva dinámica de diálogo”. La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, por su parte, consideró que “de momento” el Polisario mantiene “una posición muy cerrada con respecto a lo que pueda ser la propuesta marroquí” de autonomía para la zona. Tales declaraciones fueron muy negativamente acogidas por el Frente Polisario, cuyo delegado en España denunció la adherencia peligrosa del PSOE al plan marroquí.

NUEVA YORK, 15 Oct de 2010.

La Comisión de Cuestiones Políticas Especiales y de Descolonización de la ONU (la Cuarta Comisión) ha declarado, en una resolución aprobada, que el conflicto de Sáhara Occidental es un caso de "descolonización" y que, por tanto, el pueblo saharaui tiene el "derecho inalienable" a la "autodeterminación".

En una resolución aprobada por consenso en Nueva York, la Cuarta Comisión recordó "el derecho inalienable de todos los pueblos a la autodeterminación y la independencia, conforme a los principios enunciados por la Carta de Naciones Unidas en su resolución 1514 de 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y a los pueblos coloniales".

En este sentido, la resolución advierte de "la responsabilidad de Naciones Unidas en lo que respecta al pueblo del Sáhara Occidental". Asimismo, elogia los esfuerzos desplegados por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y por su enviado personal para Sáhara Occidental, Christopher Ross, para buscar una "solución política justa, duradera y aceptable para todos" que "garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".

La cuestión, por tanto, es saber cuáles son las obligaciones de España en el presente caso. Como se declaró en la carta del representante español de 26 de febrero de 1976:

La descolonización del Sahara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente». El problema es: ¿qué puede hacerse si la opinión de la población saharaui no puede expresarse válidamente? Para IS-PSOE, el derecho a la autodeterminación de un pueblo en un proceso de descolonización no puede ser obstaculizado por el hecho de que la potencia administradora no puede celebrar un referéndum para conocer la voluntad libremente expresada de todo ese país.

Podría discutirse si, en tal caso, cuando la parte de ese pueblo que no sufre la ocupación expresa su voluntad de celebrar un referéndum, España tiene la obligación (y no sólo el derecho) de reconocer, incluso provisionalmente, el Estado proclamado por el pueblo que tiene derecho a la independencia y quiere expresar ese deseo. Por el contrario, lo que no es discutible es que en tal caso, las NN.UU. tienen una responsabilidad hacia el pueblo del Sahara Occidental. Y ciertamente las resoluciones de la Asamblea General así lo afirman: «Reafirmando la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sahara Occidental»

El status legal de España en el Sahara Occidental ha conocido tres diferentes etapas. En la primera (hasta noviembre de 1975), fue calificada de forma indubitada como «potencia administradora» tanto de facto como de iure. En la segunda (de noviembre de 1975 a febrero de 1976) su posición legal como potencia administradora quedó difuminada por una «administración tripartita» (España-Marruecos-Mauritania) existente de facto pero con grandes visos de ser ilegal. En la tercera (desde febrero de 1976 hasta hoy) España abandonó unilateralmente su posición de «potencia administradora» pero las NN.UU. no aceptaron este abandono, por lo que sigue siendo considerada como potencia administradora al tiempo que aún ejercer algunas competencias administrativas de facto.(Espacio aéreo y marítimo, …)

Las particulares características del caso hacen que sea altamente recomendable demandar al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva acerca de cómo puede España (u otra potencia administradora si es el caso) cumplir sus obligaciones políticas respecto al Sahara Occidental para facilitar la descolonización del territorio, en cuyo caso, debe volver adherirse al Acuerdo de Justicia Universal del que nos ha sacado el Gobierno del Partido Popular, para entre otras cuestiones, seguir permitiendo la impunidad de los crímenes del Franquismo.

NOTA:  Estas son las tesis defendidas y aprobadas en el debate que estamos manteniendo en las distintas provincias por la corriente Izquierda Socialista de Andalucía, sobre la situación del Sáhara,  cara a la III Conferencia a celebrar en Montilla (Córdoba) el próximo día 28 de febrero. El documento de la Ponencia Marco, que desarrolla una serie de propuestas programáticas, con perspectivas de futuro ante el cambio global, para cambiar el rumbo de la economía con propuestas políticas, económicas y sociales.

Explicamos la necesidad de un nuevo impulso generador, con nuevo modelo de relaciones laborales, para construir un sistema de política de empleo eficiente, con un nuevo modelo productivo. Reforma fiscal para potenciar un servicio y prestaciones público, reforzando la democracia y los  derechos a la participación ciudadana en las tareas de la Administración Pública.

También defendemos la necesidad de abrir el Partido a la sociedad, con absoluta transparencia, para un gobierno de los trabajadores abierto a la comunicación con los ciudadanos y proponer decididamente un camino hacia la III República; se da una alternativa Federal a la cuestión territorial, a la Memoria Histórica, al laicismo, reclamando también una nueva Ley Electoral, el feminismo,  medidas para contrarrestar los efectos del Cambio Climático, etc. (…)

·         SI QUIERES RECIBIR EL DOCUMENTO COMPLETO, PUEDES SOLICITARLO AL CORREO DE ABAJO Y SE TE REMITIRÁ GRATUITAMENTE.

·         (No olvides poner en asunto las palabras “Ponencia Marco".

ispsoeandalucia.malaga@gmail.com

ÁREA DE COMUNICACIÓN.

IZQUIERDA SOCIALISTA MALAGA-PSOE.A