REFORZAR
LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA:
Al desafecto ciudadano a la
clase política y a las instituciones en general y particularmente, a aquellos
partidos y políticos/as que provienen de las organizaciones tradicionales,
sumamos el proceso de liquidación de las conquistas sociales, los derechos y
libertades de ciudadanía y los instrumentos democráticos que se perciben al
servicio del poder establecido y que, van en detrimento del respeto efectivo a
los valores, normas y reglas de convivencias alcanzados.
Se precisa un nuevo impulso
democrático más democracias y más participación ciudadana- que empodere a la
ciudadanía y potencie el tejido asociativo como actores indispensables para la
acción política, que fortalezca las Instituciones y las estructuras sociales de
participación democrática como mejor opción para renovar la confianza ciudadana
en la política, por lo que todas las
medidas que se planteen deben sustentarse en construir un nuevo concepto de
participación ciudadana regulado a través de un Reglamento innovador para una
ciudadanía plena que garantice los derechos fundamentales y de ciudadanía que
se están viendo amenazados por las decisiones regresivas y unilaterales del
gobierno del Partido Popular, generando una involución inaceptable. Sin este
nuevo impulso democrático, la mejora del orden económico y social del Estado en
la situación actual difícilmente se alcanzará.
Hay que aproximar la
política a la ciudadanía, hacerla más cercana y comprensible, facilitar la
participación en la gestión de los asuntos públicos y convertirla en una acción
transparente y desarrollada de manera ética.
Garantizar el ser oídos en
el marco democrático representativo reaviva el sentido de pertenencia a la
sociedad en la que viven los diferentes actores y la implicación favorable, así
como los principios que rigen el funcionamiento de la vida social en democracia,
“los derechos y obligaciones de aquellos a cambio de ser reconocidos como
miembros de una comunidad determinada y la naturaleza de los actores que
intervienen en la vida política de la sociedad”, lo que genera un modelo
sostenible y cohesionado social y territorialmente.
Medidas:
1 Restituir y garantizar los derechos fundamentales y de
ciudadanía conquistados a lo largo de muchas décadas de democracia por la
sociedad española, y que están siendo atacados con las actuaciones del gobierno
del PP, como los sexuales y reproductivos de las mujeres, de libertad de
expresión, reunión, manifestación y huelga.
2 Promover e impulsar alianzas con sectores y colectivos
sociales con intereses compartidos, para la defensa de nuestro Estado de
Bienestar y sus servicios públicos e Impulsar con estos actores sociales
espacios estables de diálogo, que conduzcan a la elaboración de propuestas
consensuadas, ámbitos de diálogo común con los poderes públicos o
movilizaciones conjuntas cuando sea necesario.
3 Promover una reforma constitucional para incluir mecanismos
extraordinarios de consulta ciudadana cuando se trate de aspectos de decisión
pública de especial relevancia, así como la fijación de instrumentos de control
democrático ante los excesos de una actuación abusiva de los gobiernos.
4 Apuesta por un modelo territorial de Estado federal y republicano, que sirva para promover de forma
simultánea mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social y
territorial.
5 Concertar con los sindicatos un nuevo Estatuto de los
Trabajadores y una nueva LOLS, dirigidas a fortalecer el carácter
representativo de las clases trabajadoras en las empresas y las Instituciones,
que eleve a rango de norma la NC, fortalezca el diálogo social, vincule el
contrato de trabajo a la afiliación sindical y garanticen los derechos y
libertades de las trabajadoras y trabajadores y sus representantes.
ABRIRSE
A LA SOCIEDAD:
Transparencia
La construcción
participativa del bien común y el entendimiento de toda autoridad como un
servicio en el contexto de una sociedad democrática, exigen por parte de
quienes ejercen responsabilidades públicas -o aspiran a hacerlo- honestidad,
transparencia y una buena gestión que facilite la participación ciudadana y
canalice eficientemente sus esfuerzos y aportaciones.
La transparencia hoy día es
una de las principales exigencias de la ciudadanía, en relación a las
responsabilidades políticas, a los actores y gestores económicos y al funcionariado público. El gran desafío para
todo esto, es el encontrar un equilibrio entre lo que debe ser informado, lo
que puede ser informado y lo que no vale la pena hacerlo porque no es relevante
por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones de
interés general.
La transparencia debe ser
una característica inalienable a una práctica social guiada por la ética, la
sinceridad y por la accesibilidad a toda la información que concierne a la
opinión pública. IS-PSOE reafirma su absoluta identificación con las normas de
respeto de la ética en la acción política, como signo identificador del PSOE
desde su nacimiento. El patrimonio más importante del socialismo es, sin
ninguna duda, el valor moral de quienes lo representan y la confianza de sus
representados y de toda la ciudadanía. Ambas claves sustentan la legitimación
necesaria para hacer frente, con el trabajo cotidiano, a las estructuras,
instituciones y grupos privilegiados que quieren degradar los derechos sociales
y ciudadanos, perjudicando a los trabajadores y a las clases más desfavorecidas
de la sociedad, a las instituciones democráticas y al Estado de Bienestar.
Por ello, consideramos de
vital importancia, promover en el PSOE, en las Instituciones y en el conjunto
de las organizaciones sociales representativas, los cambios necesarios para modernizar
sus estructuras y modos de actuación, y en especial los destinados a propiciar
una mayor apertura de la organización a las clases trabajadoras y a la sociedad, y a extremar
las cautelas, controles y evaluaciones en la financiación y en la utilización de fondos públicos.
Medidas:
1 Con carácter general limitar por Ley a dos, el número de
mandatos en las organizaciones públicas y de carácter representativas.
2 Reforzar el comportamiento ético de quienes representan al
PSOE, en coherencia con el Código Ético de la Organización y cuya vulneración
debe conllevar las responsabilidades
políticas pertinentes, con independencia de las administrativas o penales que
se deriven.
3 Impulsar la transparencia en su gestión orgánica e
institucional, extremando el control en la rendición de cuentas y el uso
correcto de los recursos económicos disponibles, especialmente en lo que se
refiere a fondos públicos y, se promoverá un consenso para el desarrollo de una
nueva Ley de Transparencia desde tres vertientes, la lucha contra la corrupción
(tolerancia cero), el derecho a la información y el reglamento de
incompatibilidades de los representantes públicos.
4 Entre otras medidas, actuar con diligencia y contundencia
contra los casos de corrupción, propiciar la dimisión inmediata de cualquier cargo público imputado
en una instrucción judicial y, crear un Consejo de Estado independiente para la
Transparencia, que vele por su cumplimiento y que garantice el control y
supervisión de las contrataciones públicas, subvenciones, etc, se hace
indispensable.
5 Poner fin al agravio salarial que privilegia a la clase
política, de forma tal, que una vez concluida su representación, pasará a cobrar
el subsidio – salario especial de representante público que se determine en
función al rango de su representación, y por el tiempo máximo equivalente al
que se establezca en los reglamentos de incompatibilidades para poder
desarrollar una actividad profesional por cuenta propia y/o privada, si no es
la de procedencia con anterioridad a su elección como representante público.
GOBIERNO
ABIERTO Y COMUNICACIÓN:
El mejor de los resultados
que se podría esperar de la implantación de una estrategia de gobierno abierto
es el desempeño responsable por parte de la ciudadanía de su papel en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; así como en el
ejercicio de control de la gestión pública.
Es necesario aplicar
estrategias de gobierno abierto para paliar la generalizada falta de confianza
en la práctica política y en las instituciones democráticas.
El gobierno abierto es la
doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración
pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a la
transparencia, esto debe ir unido a la creación de espacios permanentes de
participación ciudadana y colaboración ciudadana. Pero el reto actual en la
concepción del gobierno abierto incorpora la rendición de cuentas y asunción de
responsabilidades. De esta forma se completa el ciclo de la toma de decisiones
en materia de gestión pública, devolviendo a la ciudadanía una deuda contraída
en respuesta a su involucración y retroalimentando una acción de gobierno
democrática y deliberativa. Así, los tres pilares básicos de una estrategia de
gobierno abierto serán:
1. Datos abiertos y
transparencia.
2. Participación y
colaboración ciudadana.
3. Rendición de cuentas y
asunción de responsabilidades.
La práctica de la democracia
deliberativa apoyada en las nuevas tecnologías, es una herramienta para la
movilización de la ciudadanía y la vuelta a la confianza en la gestión pública
honesta y responsable. De esta forma la e-participación se presenta como un
balón de oxígeno para la democracia. Pero debemos tener claro que, si bien las
TIC pueden ser un acicate para iniciar dinámicas transformadoras, estas
tecnologías son un mero instrumento y el cambio real está en la utilización que
se haga de ellas, al servicio de unos objetivos sólidos que incorporen a la
ciudadanía en la toma de decisiones.
Desde Izquierda Socialista
entendemos que, desde la administración se deben poner los medios necesarios
para estimular e involucrar a la ciudadanía en la gestión de los espacios
comunes. Estos medios aglutinan los espacios participativos presenciales y los
virtuales. Pero el primer paso es facilitar información veraz y el acceso a la
misma. La información es el alimento de la ciudadanía comprometida. Sólo
aquellos gobernantes que se responsabilizan y rinden cuentas a los gobernados,
como parte de la comunidad y elegidos por ella, están en disposición de
integrar plenamente la gestión pública y el ejercicio de la democracia
deliberativa.
Los flujos de información a
través de las redes sociales y los medios de comunicación de masas abren una
nueva era a la gestión del poder. La ciudadanía debe poder controlar a sus
gobernantes y participar directamente en las tomas de decisiones. Las
estructuras de gobierno deben estar obligadas a dejar accesible toda la
información que sobre su actuación afectan a su financiación, organización y
funcionamiento.
El gobierno local es el foro
ciudadano por excelencia, como institución democrática próxima a la vecindad y
lugar de toma de decisiones públicas en primera instancia. En consecuencia el
gobierno local tiene la oportunidad de empoderarse en la red y, empoderar al
mismo tiempo, a la ciudadanía en la causa pública.
Medidas:
Acciones formativas acordes
al principio de inclusividad:
1 Alfabetización digital.
2 Alfabetización mediática (desarrollo de actitudes críticas
y valoración objetiva de los medios de comunicación digitales)
3 Escuelas de Participación Ciudadana. Creación de espacios
para la participación y la colaboración on line.
4 Plataformas para la colaboración con el gobierno local, en
la identificación de puntos conflictivos o susceptibles de mejora (espacios
públicos, alumbrado, basuras y residuos reciclables)
5 Plataformas para la construcción de mapas colaborativos.
6 Plataformas de construcción colectiva de conocimiento,
habilitando mecanismos de participación
digital en todas las fases de la gestión pública (información, deliberación,
toma de decisiones y evaluación).
7 Creación de un órgano permanente para la participación
ciudadana y un reglamento que establezca las normas y el procedimiento para
esta actividad, contemplando los foros presenciales y los virtuales. Estos
deben concebirse atendiendo a los criterios de influencia, inclusividad y
deliberación.
8 Suministro a la ciudadanía de la información, como elemento
imprescindible para la colaboración y para la evaluación de la gestión pública,
mediante la adaptación o creación, en su caso, de las páginas web de gobierno
local a los estándares de gobierno electrónico (e-gobierno, e-administración,
administración electrónica, administración 2.0) acorde a la normativa vigente;
y del mismo modo en materia de transparencia pública.
HACIA
LA III REPÚBLICA ESPAÑOLA:
Un modelo de Estado federal,
laico y participativo como el que propone el PSOE conlleva a replantear y
recuperar la forma republicana del Estado. Tengamos en cuenta que los conceptos
de Estado laico y República forman parte del acervo del Partido Socialista.
Hoy, tras 35 años de la
aprobación de la actual Constitución española, ha llegado el momento de
revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que en
aquel contexto de la transición se impusieron por parte de los poderes fácticos
existentes, en un marco de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el
momento de que el mando supremo de las fuerzas armadas españolas deje de estar
en manos del Rey para pasar al Presidente de la República democráticamente
elegido.
La configuración de un
Estado Español republicano, federal y laico vuelve a estar en la vanguardia de
las reivindicaciones de la ciudadanía. El Partido Socialista debe recuperar su
naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección libre y
democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado,
además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse
plenamente el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía
popular.
Por ello, el Partido
Socialista Obrero Español debe colaborar con los partidos políticos de
izquierdas y con las asociaciones y plataformas que buscan dichos objetivos, en
especial con la Plataforma 14 de abril que agrupa a la inmensa mayoría de este
tipo de organizaciones a nivel estatal, para unificar los esfuerzos en pro de
la consecución de la III República.
Medidas:
1 Recuperar los principios republicanos en los Estatutos del
PSOE. El Partido debe restablecer en sus Estatutos la defensa de la República
como forma de Estado, y como horizonte histórico hacia el que avanzar, desde la
evolución y reformas democráticas necesarias del Estado actual.
2 Impulsar la recuperación del significado de la II
Republica, su memoria y conmemoración, tanto con la colaboración con partidos
de izquierda y asociaciones y plataformas como la Plataforma 14 de abril, así
como con iniciativas propias.
3 Integración de los municipios gobernados por el PSOE en la
red de municipios por la III República.
4 Aplicar la Ley de Memoria Histórica en todos los ámbitos,
incluido el de su reforma si procede. La memoria y la dignidad de las víctimas
del franquismo han de ser plenamente salvaguardada por la democracia española.
La apología del franquismo ha de ser considerada un delito homologable al de
terrorismo.
5 Apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre
monarquía y republica. La plena ciudadanía española exige aplicar el derecho a
decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El déficit democrático
que se arrastra desde los años setenta en los que no se convocó ese necesario
referéndum ha de ser superado en la actualidad.
LA
CUESTIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:
El antagonismo entre las clases
sociales se produce en todos los ámbitos de la sociedad, también entre
nacionalidades y regiones donde históricamente la burguesía en general no ha
sido capaz de asumir ni defender con propiedad los derechos y las aspiraciones de los pueblos que componen el Estado
español, y se ha situado en última instancia, al servicio de los intereses de
la oligarquía centralizadora.
La clase trabajadora debe,
pues, ponerse a la cabeza de la lucha por la liberación de las nacionalidades y
regiones oprimidas, en la que sólo desde una perspectiva de clase puede hacer
coincidir sus intereses con las aspiraciones de los pueblos, y vincular estas
aspiraciones con una estrategia internacionalista. El análisis histórico nos
dice que, en la actual coyuntura, la lucha por la liberación de las
nacionalidades y regiones oprimidas no se opone al internacionalismo de la
clase trabajadora, sino que lo complementa.
El PSOE es plenamente consciente de que el
proceso al que presta su concurso en el seno del Estado español, está íntimamente
relacionado con la lucha por la conquista de las libertades de los pueblos que
componen España, y que el logro de este objetivo prioritario permitirá la
concentración de esfuerzos imprescindibles para el establecimiento del
socialismo democrático, momento en el cual se desarrollará en su máxima
amplitud el ejercicio real de las libertades antes dichas, sin que en ningún
caso esto suponga su postergación.
En el camino hacia la
libertad de los pueblos España, el PSOE
coordinará sus esfuerzos con aquellas organizaciones cuyos planteamientos
coyunturales sean coincidentes con los intereses de la clase obrera, sin que
esta confluencia suponga en ningún momento, confusión ni hipoteca de su
programa político.
La autonomía, en cuanto
supone para el Partido socialista un profundo incremento del acervo cultural y
material de los pueblos, continuará siendo firmemente apoyada por éste en las
diversas nacionalidades del Estado español, y será, asimismo, profundamente
alentado en todas las regionalidades existentes, de forma que el paulatino
ejercicio de las libertades autonómicas no lesione directa ni indirectamente
los intereses de cualquiera de las áreas territoriales diferenciadas.
En esta línea, el PSOE
propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la
totalidad de las nacionalidades y regionalidades, las cuales compondrán, en pie
de igualdad, el Estado Federal que preconizamos.
Para los socialistas, la
autonomía debe atender en cualquier caso a la coordinación permanente de
esfuerzos entre los trabajadores de los distintos pueblos del Estado español.
Los movimientos nacionalistas y regionalistas, asumidos por la clase obrera y
el campesinado, elevan cualitativamente sus objetivos con la dialéctica
marxista.
Desde esta perspectiva, los
socialistas asumimos plenamente las reivindicaciones autonómicas,
considerándolas indispensables para la liberación del pueblo trabajador, que ve
confluir en este proceso dialéctico, sus reivindicaciones peculiares de clase
en la lucha por la autonomía de su pueblo, objetivo prioritario a cuya
consecución afectará positivamente la lucha unitaria de la clase obrera por
objetivos tales como la reforma agraria, la eliminación del capitalismo
monopolista y la expulsión de las manifestaciones del poder imperialista de
nuestro suelo.
El PSOE, dentro de su
perspectiva autogestionaria, estima necesario poner en práctica una estrategia
tendente a prefigurar las instituciones políticas que van a ser el medio de
gestión de la sociedad socialista. En este sentido, la lucha por las libertades
de las nacionalidades y regiones se inserta dentro de nuestra política para la
autogestión de la sociedad. Estos planteamientos son los que llevan al PSOE,
como organización de clase, a incrementar sus esfuerzos para conjugar el principio
socialista de la libre autodeterminación de los pueblos con el de la
imprescindible acción coordinada y unitaria de la lucha que la clase obrera ha
mantenido, desarrolló y reforzará en el camino hacia su total emancipación.
TESIS
BÁSICAS SOBRE ESTRUCTURA FEDERAL:
1.- El PSOE propugna la
instauración de una República Federal, integrada por todos los pueblos del
Estado español.
2.- El PSOE propugna que un
parlamento constituyente, elegido por todos los ciudadanos, elabore una
Constitución de carácter Federal en la que se garantice a todos los pueblos del
Estado español, el principio de autonomía, en uso del cual pueden crear sus
propias instituciones, dentro de un marco constitucional abierto. La
constitución garantizará el derecho de la autodeterminación.
3.- El PSOE propugna que,
con el pleno ejercicio de las libertades democráticas, se reconozca el hecho
histórico de los estatutos de autonomías que fueron establecidos
constitucionalmente, y se restablezcan las instituciones representativas
previstas en dichos estatutos, de forma que puedan ser cauce de expresión de la
voluntad de los respectivos pueblos; que, del mismo modo, se consideren las
restantes formulaciones autonómicas surgidas democráticamente en otros entes
territoriales del Estado, así como que se abra un proceso mediante el cual,
todas la nacionalidades y regiones que lo deseen, puedan dotarse de sus propios
regímenes de autonomía, sin perjuicio de lo que en definitiva resulte de la
Constitución y del ejercicio del derecho de la autodeterminación.
ASPECTOS
INSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN FEDERAL:
1.- Esfera federal del poder
público.
La adopción por el Estado
español de una estructura federal requerirá, en primer lugar, la delimitación
de las tres esferas en las que se articulará el conjunto del poder público,
que, por el hecho de la nueva estructura, va a resultar redistribuido en la
esfera federal, la federada y la local. Las mismas corresponden a tres
diferentes tipos de colectividad territorial autónoma, de diverso ámbito o
extensión.
El planteamiento efectuado
supone que, junto al ente autónomo local, se reconocerá, con sustantividad
propia, aquella instancia intermedia cuya existencia caracteriza a los sistemas
políticos de tipo federal. De este modo
tendremos la esfera federal, cuyas dimensiones serán las de la unidad política
soberana “responsable del orden nacional e institucional”, la esfera federal,
correspondiente a las áreas territoriales, y la esfera local, que representa la
unidad primaria de la organización política. Toda otra dimensión territorial
que pudiera substituir o establecerse en razón de nuevas necesidades, tendría
un carácter puramente instrumental o adjetivo.
2.- Descripción del sistema
institucional.
El sistema institucional del
Estado federal comprende las instituciones del poder federal, las de las
entidades federadas y las del poder local.
INSTITUCIÓN
DEL PODER FEDERAL. PODERES DEL ESTADO:
PODER
LEGISLATIVO ESTATAL.-
El poder legislativo es
bicameral, con una Primera Cámara y elección directa, representativa del
conjunto de los ciudadanos, y Segunda Cámara representativa de las
colectividades de los entes federados.
La Primera Cámara, además de
su función legislativa, tiene por misión controlar al poder ejecutivo, que es
responsable ante ella. Se elige por sufragio general y directo de todos los
ciudadanos mayores de dieciocho años, aplicando la representación proporcional.
La Segunda Cámara tiene por
misión la representación de las entidades federadas, y su pronunciamiento es
preceptivo en cualquier materia que afecta al estatuto de aquellas.
PODER
EJECUTIVO ESTATAL.-
El Gobierno es
representativo y responsable.
Se adoptarán los mecanismos
constitucionales para evitar la inestabilidad gubernamental, sin mengua del
control que deben ejercer sobre el gobierno los representantes de los
ciudadanos.
PODER
JUDICIAL ESTATAL.-
Institución judicial
independiente, entre cuyas atribuciones figura el control de la
constitucionalidad.
Institución del poder de las
entidades federadas. Algunas instituciones del poder de las entidades federadas
serán comunes a todas ellas: otras expresarán las peculiaridades propias de
cada una.
En cuanto a las primeras, se
señala:
• La Asamblea, o parlamento, con funciones legislativas y de
control del ejecutivo: se elige en la misma forma que la Primera Cámara
Estatal:
• Consejo o Gobierno, responsable ante la Asamblea.
• Tribunales de Justicia.
Además, la vida cultural y
social, y por otro lado, la actividad económica, financiera tributaria, pueden
dar lugar a diversas instituciones y formas de organización que sean expresión
y reflejo de las características propias de cada entidad.
El PSOE reconoce el derecho
de los distintos pueblos del Estado español al restablecimiento inmediato o, en
su caso, al establecimiento de la cooficialidad de los distintos idiomas que
les son propios dentro de su ámbito geográfico.
INSTITUCIONES
DEL PODER LOCAL:
La idea directriz en este
campo es la potenciación de la autonomía de la colectividad local a los
distintos niveles, dotándola de auténticos órganos de autogobierno. (Este
apartado V responden a las Tesis
aprobadas en el XXVII Congreso del PSOE.
MEMORIA:
Los socialistas no
concebimos que la libertad, la justicia social y la solidaridad no sean valores
que impregnen la acción política para que cada individuo pueda vivir una vida
plena desarrollando su personalidad y sus capacidades, y en el que los derechos
humanos y civiles estén amparados en el
marco de una sociedad democrática, lo que supone para el socialismo democrático
un profundo compromiso con la justicia social contra el olvido y con ello, la
restitución de la identidad y la verdad de los miles de hombres y mujeres aun
desaparecidas desde nuestra Guerra Civil.
IS-PSOE, en el marco de la
“Ley de Memoria”, compromete su esfuerzo por garantizar la difusión para que la
ciudadanía conozca, recuerde y comparta la memoria de la historia de España, lo
que forma parte de su propia realidad e identidad.
Medidas:
1 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática, y promover la revocación de los acuerdos de
apoyo directo o indirecto a ideologías fascistas o a personas que actuaban como
tales (nominaciones de calles, plazas, espacios públicos, centros culturales,
educativos, sanitarios, deportivos, etc. Nombramientos municipales o comarcales
de hijos predilectos, hijos adoptivos o cualquier otro tipo de reconocimientos
personales o de grupo.)
2 Eliminación de cualquier símbolo fascista que aún
permanezca en las instituciones públicas, o cualquier lugar de los municipios,
como placas, leyendas, pinturas, esculturas, relieves, etc.
3 Facilitar la acción investigadora de los historiadores de
la memoria democrática y de las asociaciones de Memoria Histórica
Democrática en los correspondientes
archivos, promoviendo entre todos convenios de colaboración mutua para ello.
4 Promover la investigación sobre la Memoria Histórica
Democrática, su publicación y su inclusión en los programas escolares para su
conocimiento.
5 Promover la señalización e itinerarios culturales de
lugares de Memoria Democrática.
LAICISMO:
El socialismo español y
particularmente el PSOE, responde a una tradición cultural laica y, por ello
debe apostar por la promoción de los valores del laicismo encarnados en la
defensa del pluralismo ético, moral y religioso, y por la libertad de conciencia,
la laicidad y la neutralidad del Estado, máxime cuando la nueva diversidad
cultural y religiosa de España y la normalización democrática de lo religioso
reclaman una nueva interpretación.
Los y las socialistas,
frente a quienes responden a los desafíos con menos derechos, menos democracia
e imposición ideológica, perseguimos con carácter general la igualdad, la
solidaridad, el respeto a la libertad de conciencia y religiosa y la
convivencia en libertad para desde la diversidad construir más ciudadanía y más
igualdad.
Sin la cultura laica del
PSOE no hubieran sido posibles los avances en derechos sociales y civiles que
se han producido en España: La ley de adopción, la de reproducción asistida, la
del divorcio, la de interrupción voluntaria del embarazo, la de matrimonio
igualitario, la de identidad de género, las políticas públicas en defensa de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres… Pero tendríamos que preguntarnos, si
realmente existe una cultura laica asumida por las socialistas y los socialistas
españoles, o por contra, los avances en derechos sociales es como consecuencia
exclusiva de la búsqueda de la igualdad?
Dar una respuesta clara y
concluyente en este sentido, es para IS-PSOE fundamental, porque un Estado que
no define con claridad la libertad de conciencia y de religión, es un Estado
que permite desequilibrios, desigualdades, privilegia a una parte de la
ciudadanía y renuncia a la igualdad plena y a la libertad de conciencia, de ahí
que apostamos por la nitidez en la construcción de un Estado laico.
Medidas:
1 Para el socialismo el laicismo es neutralidad y no es, en
sí mismo, ni antirreligioso ni anticlerical y se muestran absolutamente
respetuoso con todas las confesiones religiosas y defienden que el Estado
garantice que puedan ser practicadas en libertad. Por eso, apostamos por el
laicismo como movimiento de progreso social y cultural, y por la laicidad como
un proyecto basado en la igualdad ante la ley, la solidaridad y el respeto a la
libertad de conciencia, porque las convicciones de las personas son diversas y
no todas de carácter religiosa, por lo que debe promoverse una Ley amplia de
Libertad de Conciencia, en lugar de una de
Libertad religiosa y de culto.
2 Derogar y revisar los actuales acuerdos entre España y el
Vaticano y definir un nuevo marco de relaciones entre el Estado español y la
jerarquía de las distintas religiones con un instrumento jurídico adecuado.
3 Regular la sujeción a las leyes tributarias de las
diferentes administraciones, las distintas confesiones religiosas, de forma tal
que tributen el IBI y se supriman todos los beneficios fiscales en los
diferentes ámbitos territoriales del Estado.
4 Apostar por la autofinanciación de todas las Confesiones
Religiosas, suprimiendo la financiación de la Iglesia Católica a través del
impuesto de la renta, las subvenciones directas a otras confesiones y la cesión
de suelo público para sus lugares de culto.
5 Defender una educación pública, universal y laica para
IS-PSOE significa, que la red de centros públicos de enseñanza no reconozca
ninguna asignatura confesional y obligatoria de religión dentro del currículo
oficial y del horario escolar, se retire de forma progresiva la financiación de
escuelas de ideario religioso, tenga como finalidad el formar personas libres,
independientes y consecuentes con sus actos. Una escuela para la igualdad entre
mujeres y hombres, que apueste por la coeducación y no por la segregación.
6 Eliminar como delito del Código Penal las ofensas a los
sentimientos religiosos, que todavía es considerado la blasfemia como delito. Y
a los efectos civiles, los matrimonios religiosos y la funcionarización de los
capellanes.
7 Modificar con carácter retroactivo, el reglamento de la
actual Ley Hipotecaria que permite el registro y por tanto la apropiación, de
bienes públicos por parte de los obispos diocesanos.
8 Dejar de considerar a las religiones como Entidades sin
ánimo de lucro, cuando en la práctica son corporaciones privadas con ánimo de
lucro hasta en los lugares de culto, lo que les propicia enormes beneficios
fiscales. Entre otros, el mantenimiento por parte del Estado del Patrimonio
Histórico propiedad de la Iglesia.
9 Suprimir toda simbología religiosa de los lugares y ámbitos
públicos, para erradicar la perpetuación de privilegios frente a la neutralidad
del Estado en materia de convicciones.
10 Rescatar las concesiones de servicios sociales y sanitarios a
Entidades Religiosas y de caridad, cuando corresponde su gestión a la
Administración, con lo que se está privatizando la red pública.
NUEVA
LEY ELECTORAL:
La Ley electoral española
basada en la formulación D´Hont,
favorece a las mayorías como consecuencia del reparto de los restos y fortalece
el bipartidismo que, si bien ha posibilitado consolidar el sistema democrático
español generando estabilidad política y social, no es menos cierto, que no
representa fidedignamente la voluntad popular y tiene un efecto perverso sobre
las minorías cuantitativas y cualitativas.
Desde un plano de estricta
democracia, libertad y participación el hecho de que la Ley electoral favorezca
a las mayorías desechando la voluntad minoritaria de la ciudadanía, además de
injusta, falta a la certeza democrática verad y, al favorecer y potenciar el
bipartidismo, a la larga define un
modelo social conservador, conformista y resignado a que el cambio de
rumbo en la gestión política transformadora del País no es posible, lo que
devalúa la democracia y la perjudica.
En IS-PSOE apostamos por una
ley electoral que refleje sustancialmente la voluntad de la ciudadanía porque
con ello, se enriquece la calidad democrática y participativa de la sociedad
española.
Medidas:
1 Compartimos la idea de realizar una profunda reforma de la
Ley Electoral que acerque los resultados cualitativos de la representación a la
realidad cuantitativa de los votos, lo que sin duda alguna enriquecerá el
carácter democrático de nuestro sistema de representación, para lo cual
proponemos una ley electoral basada en listas abiertas por circunscripciones
provinciales.
REVISAR
LA POSICIÓN SOBRE EL SAHARA:
Una
visión retrospectiva.
La ocupación definitiva por
España del territorio del Sahara Occidental se produce entre 1916 y 1920, como
consecuencia de una reclamación española de diciembre de 1884 en base a unas
factorías establecidas en la Península de Dajla y otros puntos de la costa tras
negociaciones con Francia.
En el ocaso de la dictadura,
los altos cargos franquistas incapaces de tomar una acción firme contra las
agresiones marroquíes y disuadidas por el tácito apoyo francés y
estadounidense, entraron en una negociación con Marruecos y Mauritania, que
desembocó en los Acuerdos Tripartitos de Madrid en fecha 14 de noviembre de
1975. En virtud de dichos acuerdos, España renunció a descolonizar el
territorio según los parámetros establecidos por Naciones Unidas y transfirió
sus responsabilidades a una administración conjunta de Marruecos, Mauritania y
la Yamaa, la asamblea tribal del Sáhara Occidental, abriendo el camino a la
ocupación del Sáhara Occidental por parte de sus dos vecinos. En ese mismo
momento se inició una larga guerra de resistencia por parte del Frente para la
Liberación de Saguiat al Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario.
La Marcha Verde iniciada el
6 de noviembre de 195 por Marruecos con la intención de ocupar el Sahara
español y el Tratado de Madrid de 14 del mismo mes, fueron probablemente el
mayor reto internacional que afrontó España desde el final de la Guerra Civil y
dieron paso a la resolución 3458 B del 10 de diciembre de 1975 de las Naciones
Unidas, que ratificaba los planes de la ONU del derecho del pueblo saharaui a
la autodeterminación. Sucedieron, precisamente, en un momento de crisis aguda
del régimen, con el tirano agonizante y con la incertidumbre política sobre el
futuro que paralizaba toda decisión. La muerte de Franco diez días después, el
20 de noviembre de 1975, abrió paso a una nueva etapa política que heredaría un
envenenado dossier saharaui. En febrero de 1976 salían los últimos soldados
españoles del Sáhara, que quedaba repartido en dos tercios para Marruecos y uno
para Mauritania. Ese mismo mes el Frente Polisario proclamaba la República
Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo del Gobierno de Argelia, que la
reconoció un mes después. Marruecos reaccionó rompiendo sus relaciones con
Argelia.
Las negociaciones de Madrid
tuvieron lugar en un ambiente de tensión excepcional, y por ello no hay que
interpretar que, a pesar de su resultado muy favorable a Marruecos, los
elementos fieles al régimen franquista tuviesen una especial simpatía por ese
país o por la monarquía alauí. Desde su independencia en 1956, la relación con
Marruecos nunca fue fácil para España, y sus constantes reivindicaciones
territoriales, así como sus agresivos medios para conseguir cesiones
territoriales (Tarfaya y la zona sur del protectorado español en 1958; SidiIfni
en 1969), no le habían granjeado ninguna simpatía entre los elementos
nacionalistas españoles. Muchos en el Ejército vivieron la apresurada salida
del Sáhara como una humillación.
La oposición de izquierdas
pronto adoptó una actitud beligerante en esta cuestión: para el PSOE la
truncada descolonización del Sáhara era un error que se debía enmendar. Negaba
el valor jurídico de los Acuerdos Tripartitos al ir en contra de la legalidad
internacional y los principios y pactos asumidos por el Estado español. Esta
posición había comenzado desde el mismo momento de la Marcha Verde. Un año
después, el 14 de noviembre de 1976, Felipe González visitó los campos de
refugiados saharauis en Tinduf, donde prometió que el PSOE estaría con el pueblo
saharaui “hasta la victoria final”, mostrando su apuesta por la
autodeterminación del pueblo saharaui, su repulsa a los Acuerdos de Madrid y su
apoyo al Polisario.
Ni la preocupación por la
legalidad internacional ni el reconocimiento del derecho de autodeterminación
fueron los únicos elementos que inspiraron a al PSOE a alienar sus posturas con
la del Frente Polisario. El propio Felipe González calificó en su discurso del
14 de noviembre de 1976 a los gobiernos marroquí y mauritano de “reaccionarios”,
en claro contraste con su positiva percepción del régimen argelino. La
identificación ideológica y la influencia argelina fueron decisivas para
explicar el apoyo incondicional del PSOE a las tesis del Frente Polisario, y,
por lo tanto, su rechazo radical a los Acuerdos de Madrid.
El programa electoral con el
que el PSOE concurrió a las elecciones de 1977 defendía una política de amistad
con Argelia en detrimento de Marruecos, en coherencia con los viajes que
hicieron tanto Felipe González como Alfonso Guerra en esos años.
España celebró en el 82 las
elecciones generales que otorgarían la mayoría absoluta del PSOE. La victoria
socialista desató las alarmas en Rabat, a la vez que Argelia esperaba ver al
nuevo Gobierno enderezar el rumbo promarroquí adoptado por el Gobierno de
Calvo-Sotelo. La llegada de los socialistas al Gobierno marcó un punto de
inflexión en su posición hacia el contencioso del Sáhara Occidental, que ya
comenzó a verse en plena campaña electoral cuando la victoria parecía posible
moderando el discurso.
Ya en el Gobierno, se
produjo una moderación sorprendente en sus actuaciones en relación con el
Sáhara y la OTAN, primando la continuidad, fiabilidad y estabilidad por encima
de la ideología del partido. Así, contrariamente a las exigencias anteriores
del propio PSOE, el Frente Polisario no recibió apoyo directo de España, no se
reconoció a la RASD y, sobre todo, no se denunciaron los Acuerdos Tripartitos
de Madrid, tan denostados con anterioridad por los dirigentes socialistas, con
el mismo argumento que dieron los gobiernos de UCD. A pesar de la fuerte
presión argelina, se mantuvo el reconocimiento de la Administración marroquí
del territorio, aunque no de su soberanía.
El Gobierno socialista
contextualizó su giro político en la cuestión saharaui y su acercamiento a
Marruecos en el marco de lo que se llamó una nueva “política global” hacia el
Magreb: “España está implicada en una política global, no una política de
equilibrio; una política de colaboración, no de confrontación, y de no
interferencia en los asuntos internos de los otros países”. Se trataría de
compatibilizar, respetando la singularidad de cada Estado magrebí, la defensa
de la seguridad de España y de sus intereses económicos y culturales con la
promoción de la prosperidad económica y la estabilidad política y social en la
región, para alcanzar un Magreb próspero, estable e integrado. En la práctica,
pues, el PSOE en el Gobierno renunciaba completamente a su lenguaje beligerante
con Marruecos, sin renunciar a las posturas de principio ya defendidas por el
Gobierno Suárez (exigencia de un referéndum de autodeterminación, no
reconocimiento de la soberanía marroquí, apoyo a Naciones Unidas).
Con Zapatero en el gobierno,
se pasa de una política de neutralidad pasiva a una diplomacia activa, sin
alterar los principios fundamentales de España en la cuestión saharaui (diálogo
entre las partes, legalidad internacional, no imposición, respeto al derecho de
autodeterminación) y Marruecos decidió retomar la iniciativa diplomática en la
cuestión del Sáhara Occidental presentando un plan de autonomía que no
contemplaba la autodeterminación del pueblo saharaui. Este plan, que no
respetaba las líneas rojas declaradas repetidamente por la diplomacia española,
fue presentado en febrero de 2007 al Gobierno español, quien advirtió de la
necesidad de incluir una referencia a la autodeterminación.
El plan fue presentado de
nuevo, por la parte marroquí en la Reunión de Alto Nivel de Rabat (5 y 6 de
marzo de 2007), y fue acogido con ambiguas alusiones a la legalidad
internacional. El propio ministro Moratinos calificó más tarde al plan de
“elemento novedoso, de indudable interés”, que “podría generar una nueva
dinámica de diálogo”. La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE,
Elena Valenciano, por su parte, consideró que “de momento” el Polisario
mantiene “una posición muy cerrada con respecto a lo que pueda ser la propuesta
marroquí” de autonomía para la zona. Tales declaraciones fueron muy
negativamente acogidas por el Frente Polisario, cuyo delegado en España
denunció la adherencia peligrosa del PSOE al plan marroquí.
NUEVA YORK, 15 Oct de 2010.
La Comisión de Cuestiones
Políticas Especiales y de Descolonización de la ONU (la Cuarta Comisión) ha
declarado, en una resolución aprobada, que el conflicto de Sáhara Occidental es
un caso de "descolonización" y que, por tanto, el pueblo saharaui
tiene el "derecho inalienable" a la "autodeterminación".
En una resolución aprobada
por consenso en Nueva York, la Cuarta Comisión recordó "el derecho
inalienable de todos los pueblos a la autodeterminación y la independencia,
conforme a los principios enunciados por la Carta de Naciones Unidas en su
resolución 1514 de 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre
la Concesión de la Independencia a los países y a los pueblos coloniales".
En este sentido, la
resolución advierte de "la responsabilidad de Naciones Unidas en lo que
respecta al pueblo del Sáhara Occidental". Asimismo, elogia los esfuerzos
desplegados por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y por su enviado
personal para Sáhara Occidental, Christopher Ross, para buscar una
"solución política justa, duradera y aceptable para todos" que
"garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".
La cuestión, por tanto, es
saber cuáles son las obligaciones de España en el presente caso. Como se
declaró en la carta del representante español de 26 de febrero de 1976:
La descolonización del
Sahara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya
expresado válidamente». El problema es: ¿qué puede hacerse si la opinión de la
población saharaui no puede expresarse válidamente? Para IS-PSOE, el derecho a
la autodeterminación de un pueblo en un proceso de descolonización no puede ser
obstaculizado por el hecho de que la potencia administradora no puede celebrar
un referéndum para conocer la voluntad libremente expresada de todo ese país.
Podría discutirse si, en tal
caso, cuando la parte de ese pueblo que no sufre la ocupación expresa su
voluntad de celebrar un referéndum, España tiene la obligación (y no sólo el
derecho) de reconocer, incluso provisionalmente, el Estado proclamado por el
pueblo que tiene derecho a la independencia y quiere expresar ese deseo. Por el
contrario, lo que no es discutible es que en tal caso, las NN.UU. tienen una
responsabilidad hacia el pueblo del Sahara Occidental. Y ciertamente las
resoluciones de la Asamblea General así lo afirman: «Reafirmando la
responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sahara Occidental»
El status legal de España en
el Sahara Occidental ha conocido tres diferentes etapas. En la primera (hasta
noviembre de 1975), fue calificada de forma indubitada como «potencia
administradora» tanto de facto como de iure. En la segunda (de noviembre de 1975
a febrero de 1976) su posición legal como potencia administradora quedó
difuminada por una «administración tripartita» (España-Marruecos-Mauritania)
existente de facto pero con grandes visos de ser ilegal. En la tercera (desde
febrero de 1976 hasta hoy) España abandonó unilateralmente su posición de
«potencia administradora» pero las NN.UU. no aceptaron este abandono, por lo
que sigue siendo considerada como potencia administradora al tiempo que aún
ejercer algunas competencias administrativas de facto.(Espacio aéreo y
marítimo, …)
Las particulares
características del caso hacen que sea altamente recomendable demandar al
Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva acerca de cómo puede
España (u otra potencia administradora si es el caso) cumplir sus obligaciones
políticas respecto al Sahara Occidental para facilitar la descolonización del
territorio, en cuyo caso, debe volver
adherirse al Acuerdo de Justicia Universal del que nos ha sacado el Gobierno
del Partido Popular, para entre otras cuestiones, seguir permitiendo la
impunidad de los crímenes del Franquismo.
UN
NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA ESPAÑA:
Vemos, como aprovechando la
coyuntura de crisis, las actuales políticas neoliberales y de austericidio impuesta por la TROIKA
incrementan las desigualdades, la exclusión social, el mayor empobrecimiento de
las clases trabajadoras que son las que, con su consumo, sostienen la demanda,
y una pérdida de dinamismo económico y de capacidad para generar empleo, lo que
eleva el desempleo, la precariedad laboral que afecta especialmente a los
jóvenes, y una creciente desilusión por la política, las instituciones y el
propio modelo de Estado Social y de Derecho, que aumenta preocupantemente
el nacionalismo, el racismo y la
xenofobia y pone en riesgo el modelo social del bienestar que nos otorgamos en
la constitución de 1978, sustentado en el modelo social europeo de posguerra..
Este modelo social único,
hoy en riesgo, siempre ha reportado considerables beneficios para la ciudadanía
y las clases trabajadoras y nos ha permitido superar, no solo en España, sino
en Europa, las diferentes crisis y asentar la prosperidad.
En IS-PSOE, pensamos que los
derechos sociales fundamentales deben tener prioridad sobre las libertades
económicas y la prevalencia del pago de la deuda que propugna el art. 135
reformado de la constitución Española y la reducción del gasto público que se
está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la crisis sino justamente
lo contrario, es una de las causas de la crisis porque genera desigualdad y
limita las posibilidades de creación de actividad económica. Además,
lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y personal. Ese es el
espíritu de la Carta de Derechos Fundamentales que debería destacarse en un
Protocolo de Progreso Social.
Consideramos igualmente, que
el bienestar es un factor de competitividad económica en contra a lo que
establecen las teorías económicas neoliberales dominantes, tal como reconoce el
propio Foro de Davos, nada sospechoso de transgresor, al reconocer que los
países con mayor eficiencia económica (Norte) y que han sido gobernados durante
décadas por partidos con sensibilidad social, gozan de un bienestar bien
financiado y con un elevado gasto público por habitante, en contraposición a
los países del sur de Europa, especialmente España, con un retraso social
acentuado respecto a Europa como consecuencia a su escasa financiación y a la
excesiva influencia de las fuerzas conservadoras y neoliberales sobre el
Estado. Igualmente, compartimos que la unión monetaria debe contribuir al
proceso de integración europea, basado en los principios de paz, democracia y
solidaridad, así como de cohesión económica, social y territorial. Es el camino
para garantizar un futuro para los ciudadanos en un mundo globalizado.
Los servicios públicos han
de ser protegidos como derechos esenciales de la ciudadanía, y como tales han
de ser protegidos de la especulación privada, garantizados constitucionalmente
y financiados vía impuestos progresivos, por lo que se derogarán las normas que hayan supuesto la privatización
directa o indirecta de los servicios públicos esenciales.
Centrase en el desarrollo de
políticas que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, que garanticen el
empleo de calidad, los salarios justos, la igualdad de trato, un verdadero
diálogo social, los derechos sindicales y otros derechos humanos, servicios
públicos de calidad, la protección social –incluyendo sistemas de pensiones y
de atención sanitaria sostenibles y justos –,... contribuirán a construir la confianza de la
ciudadanía en su futuro común.
Desarrollar políticas
económicas coordinadas con la UE, así como el objetivo de cuentas públicas
saneadas no deben amenazar los logros sociales de las últimas décadas, ni
ahogar el crecimiento sostenible, la recuperación económica y el empleo, ni
destruir los servicios públicos pero lamentablemente las políticas neoliberales
del Gobierno de PP y las medidas de gobernanza económica puestas en
marcha, lo amenazan, siendo como es un bienestar muy poco financiado y
desarrollado. Solo el 21% del PIB, sobre el 27% de inversión media en la UE-15
y, el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del
Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por ciento, mucho más bajo que en
Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez trabaja en su Estado del
Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.
Apostamos por el respeto
escrupuloso de los instrumentos europeos e internacionales como los convenios
de la OIT, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la
Jurisdicción Internacional y la Carta
Social Europea revisada, así como a sus
protocolos.
Por todas estas razones,
promulgamos un nuevo contrato social
para España que debía contener:
1.-
Otra fiscalidad.
La reactivación de la
actividad y reforzamiento del sistema de protección social al que aspiramos, no
podrán ser efectiva si España no elimina el déficit de recursos públicos que
mantiene respecto de la media de la eurozona, y que se cuantifica en 9,2 puntos
de PIB (unos 90.000 millones de euros anuales). Por eso la reforma fiscal debe
entenderse como una apuesta estratégica
ineludible.
Ya casi nadie cuestiona la
necesidad de una reforma fiscal, otra cosa es la orientación que cada
planteamiento político quiera otorgarle. Para IS-PSOE, la fiscalidad debe
propiciar una imposición justa y progresiva que no haga caer el mayor esfuerzo
sobre las rentas del trabajo en lugar de las rentas del capital, que garantice
la financiación del modelo social, que mejore la calidad de vida de la mayoría
de la ciudadanía, esos deben ser los objetivos de cualquier gobierno
democrático y, que sea universal y persiga la enorme bolsa de fraude y economía
sumergida para que avance en justicia, suficiencia y equidad. Si el nivel de
fraude y elusión fiscal son causas fundamentales de la escasa capacidad
recaudatoria de la imposición en España, el desequilibrio de los impuestos y de
la configuración del sistema no lo es menos.
Tenemos un sistema fiscal
insuficiente, puesto que los ingresos no dan para cubrir los gastos, incluso a
pesar de los recortes en estos últimos; pero la insuficiencia proviene
principalmente:
• Del elevado fraude fiscal:
operaciones que no abonan el IVA, elusión de facturas, economía sumergida, etc.
• De la renuncia a
perseguirlo, que se refleja en la amnistía fiscal, tanto como en la reducción
de medios, y en la demostración reciente tras los últimos acontecimientos en la
AEAT de que no hay intención de atajar el fraude de grandes contribuyentes,
donde está más extendido.
• De la elevada elusión
fiscal: SICAV donde se amparan las grandes fortunas, que pagan el 1%;
exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales, que reducen las bases
imponibles de las rentas empresariales y, en particular, del impuesto de
sociedades, el denostado pero permanente sistema de módulos, que reduce
considerablemente la carga fiscal sin atender la capacidad real.
Todas estas circunstancias
colaboran a la desafección ciudadana y desincentivan el pago de impuestos.
Además, es un sistema injusto, donde las grandes fortunas y las grandes
corporaciones pagan impuestos inferiores a los trabajadores con un sueldo
medio, y se ven beneficiadas por un sinfín de exenciones, bonificaciones y
deducciones, así como por la desaparición o minoración de impuestos sobre la
riqueza (tanto el patrimonio, prácticamente desaparecido, como el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en manos de las Comunidades Autónomas, que no
han dudado en utilizarlo para practicar el dumping fiscal) o por la existencia
legal de tipos impositivos ridículos (el 1% de las SICAV, donde se amparan las
grandes fortunas).
Y además cuenta con la mayor
inequidad posible, al depender más de la fuente de procedencia de la renta que
del nivel de renta, privilegiando las rentas de capital y empresariales sobre
las rentas del trabajo en el principal impuesto de tarifa progresiva que queda
realmente en vigor.
En definitiva, ciertamente
el sistema fiscal español adolece de insuficiencia, injusticia e inequidad,
pero los impuestos españoles no son altos en comparación con los de nuestro
entorno, representan sólo el 32% del PIB, un nivel mucho más bajo que el
promedio de la UE-15, 44%, aunque sí es mucho más baja su capacidad recaudatoria.
Por ello, lo primero y más importante, que debe acometerse es la lucha contra
el fraude como disfunción previa y mayor, tarea que puede iniciarse ya, sin
necesidad de esperar a la necesaria modificación de la legislación impositiva
que dote de mayor equilibrio al sistema. Solo con eso, según todas las
estimaciones, España podría recaudar esos puntos de PIB que la separan de la
media europea.
Además, las actuaciones de
ingreso y gasto público influyen decisivamente sobre el modelo económico y de
sociedad del país. No sólo tiene un papel determinante como motor de
crecimiento económico y creación de empleo, sino que constituye la principal
herramienta para lograr una redistribución justa y equitativa de la renta y
hacer nuestra sociedad más cohesionada y equitativa.
Medidas:
1 Del lado de los gastos, reclamar una dotación de cuantía
adecuada y su correcta asignación y gestión, con dos destinos prioritarios: de
un lado, las inversiones en partidas que activen selectivamente el crecimiento
económico, especialmente las que incentiven las actividades de mayor proyección
y promuevan empleos más productivos y estables (el llamado cambio de modelo
productivo); de otro, la preservación y reforzamiento del sistema de protección
social y la prestación de servicios públicos de calidad.
2 Por el lado de los ingresos, una reforma integral de
nuestro sistema fiscal, que tenga como objetivos la mejora de los principios de
suficiencia, equidad, progresividad, y que contemple modificaciones de todas
las figuras tributarias, de modo que los resultados de cada una de ellas y los
globales del sistema diseñado sean coherentes con los objetivos referidos.
3 La lucha contra el fraude fiscal, que hay que situar en el
centro de la actuación política. Porque esta es la principal fuente de
inequidad e insuficiencia de nuestro sistema de ingresos públicos, y supone un
lastre intolerable de insolidaridad e injusticia. Debe poner en el centro de la
fiscalidad la tolerancia cero con este tipo de conductas en todas sus
expresiones.
4 Incrementar los grados de evaluación de la política fiscal
en sus dos vertientes (gasto e ingreso), para evitar despilfarros, malos usos e
ineficiencias en su ejecución, así como calibrar su eficacia en el logro de los
objetivos planteados.
5 Por otro lado, seguimos reclamando la retirada de la
reforma constitucional del artículo 135, en la medida en que el principio de
estabilidad presupuestaria que introduce supone un dañino corsé para las
actuaciones que requiere nuestro país, y en concreto una seria amenaza sobre
los sistemas de protección social. Por eso, mientras no se modifique este
precepto, hay que reclamar el reconocimiento constitucional de un suelo de
gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección
suficientes en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección
por desempleo y pensiones, de manera que España pueda progresivamente converger
con los niveles europeos de protección social más elevados.
2.-
RENTA BÁSICA:
Cuando hablamos de Renta
Básica, debemos hablar de “vida digna” de toda la ciudadanía, y solo puede
hacerse desde el plano de los derechos en un Estado que se define Social,
Democrático y de Derechos como consagra la Constitución del 78. Por tanto,
estamos ante un nuevo derecho que tiene el mismo valor que el derecho a la
propiedad. Es ahí, donde ponen los frenos burgueses y reformistas, olvidándose
de que los derechos se han de conquistar y es lo que IS-PSOE propone, la
conquista de un nuevo derecho de ciudadanía.
Por tanto, estamos ante una
relación de fuerzas entre ideologías y entre clases entre quienes apostamos por
la igualdad en toda su extensión más allá de las posibilidades individuales que
cada persona y, quienes entienden los derechos como primigenio a una élite
minoritaria. Lo que hace de la Renta Básica un derecho democrático que el
neoliberalismo burgués no quiere conceder y habrá que conquistar desde la razón
de la justicia.
Solo si las condiciones
materiales de toda la ciudadanía están cubiertas, se podrá hablar de una sociedad
justa.
La Renta Básica es una renta
garantizada incondicionalmente a todos por igual y de forma individual, sin que
esté vinculada a los recursos propios ni a la obligación de trabajar, lo que
ataca a los fundamentos del capitalismos como modo de producción por
desmercantilizar la fuerza del trabajo. Las trabajadoras y trabajadores
mediante una Renta Básica por encima del umbral de la pobreza, no tienen
necesidad de aceptar cualquier trabajo asalariado. Convirtiéndose en un
instrumento de emancipación y de lucha de las clases trabajadoras ante las
distintas burocracias empresariales e institucionales, tal como determinan los
principios fundamentales del PSOE.
Junto a la Renta Básica, que
no es un fin en sí mismo, debe desarrollarse una nueva política económica
acompañada de distintas medidas como la consecución de las 35 horas de trabajo
semana, una profunda reforma fiscal, tal como siempre ha defendido el
socialismo democrático.
A) Proponemos la
implantación de forma progresiva, de una Renta Básica para toda la ciudadanía
por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral
de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. No reemplaza al
Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica.
Y, apostamos con carácter transitorio hasta su total implantación, por la
instauración como derecho subjetivo que asegure a la población unos recursos
mínimos hasta su reincorporación
sociolaboral y evite el deterioro social.
3.-
POLÍTICA MIGRATORIA:
En su informe a la Asamblea
General en octubre de 2013, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló
que “La migración es una expresión de la aspiración humana por la dignidad, la
seguridad y un futuro mejor. Es parte del tejido social, de nuestra condición
como una familia humana”.
El flujo migratorio hacia
España y el de España hacia el exterior, aspira precisamente a eso, a la
dignidad, a la seguridad y a un futuro mejor.
Por primera vez desde hace
muchos años, la población española disminuye porque nuestro país no ofrece ya
oportunidades de empleo, ni una protección social suficiente, porque las
desigualdades económicas y sociales han crecido en mayor medida que en los
países de nuestro entorno, lo que agrava el problema demográfico y sus consecuencias,
y porque el actual contexto de crisis propicia situaciones de abusos,
explotación y trata de seres humanos.
Por todo ello, IS-PSOE está
convencida de que otra política es posible y necesaria, tanto en España como en
la Unión Europea, respecto a la inmigración, la emigración y la libre
circulación de personas y trabajadores en el entorno comunitario.
Medidas:
1 Consensuar con los interlocutores sociales, un Plan de
lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y sean
consultados en todas las cuestiones que tengan que ver con el empleo de los
migrantes, a emprender acciones específicas para atender a los emigrantes
españoles en el exterior, a defender las libertades de circulación de
trabajadores y personas en el entorno de la UE y a que el flujo de inmigración,
a través de las fronteras, se someta a normas estrictamente respetuosas con los
derechos humanos.
2 Que las políticas española y europea deben dejar de basarse
en la concepción utilitarista de las migraciones y los migrantes como
instrumentos para resolver problemas estructurales o puntuales de un país. Esta
concepción es el primer obstáculo para la integración y el reconocimiento de la
igualdad de derechos.
3 Que las políticas de inmigración y de libre circulación no
pueden convertirse en vías rápidas, sin requisitos, para quienes posean
recursos económicos y para las grandes empresas y, en un futuro, de expulsión,
de restricciones y de ausencia de protección social para quienes carecen de
recursos.
4 Que es preciso abordar las causas de la migración, tanto en
España, como en el entorno de la Unión Europea, porque las consecuencias de la
pérdida forzada de
población, inmediatas y
futuras, tienen unos costes gravísimos para el conjunto de la sociedad.
5 Que tanto la política de inmigración, como la de
emigración, no pueden basarse exclusivamente en la regulación de los flujos
migratorios. Es preciso que ambas, de forma integral contemplen, en el caso de
la inmigración, la integración en igualdad de los migrantes que residen o que
llegan a España, y en el caso de la emigración, las acciones específicas para
atender a los emigrantes españoles en el exterior y la acción política para
defender, en el entorno de la Unión, las libertades de circulación de
trabajadores y personas.
6 Que el control del flujo de inmigración a través de las
fronteras, tiene que estar sometido a normas estrictamente respetuosas con los
derechos humanos. La legalización en curso en España de las “devoluciones en
caliente”, es el ejemplo más extremo de una política de migración que olvida
obligaciones internacionales fundamentales.
4.-
VIVIENDA:
El modelo de economía
especulativa que impone criterios económicos, políticos y sociales ha hecho que
un bien de primera necesidad y un
derecho social como la vivienda, se haya convertido en un bien de lujo que ha
propiciado la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a las familias y a
la economía española.
La brecha entre el
crecimiento del precio de la vivienda (106%), respecto al incremento de los
salarios (8%) refleja cómo sólo las rentas más adineradas se han permitido el
lujo de adquirir viviendas en condiciones que no requerían la firma de
contratos abusivos con los bancos,
impidiendo, no solo el acceso a una vivienda digna de las familias mas
desfavorecidas, sino la perdida de las mismas por no poder hacer frente a los
compromisos contraídos.
A esta situación totalmente
artificial y especulativa generada por las grandes corporaciones inmobiliarias
y la complicidad culposa de las entidades financieras, hay que sumar la pérdida
de empleo, la pérdida de poder adquisitivo y capacidad de renta y la
precarización de las condiciones de vida de miles de trabajadoras y
trabajadores, han generado un auténtico drama social dejando en la calle a familias
completas. Se estiman que a mediados de
2011 podrían estar en curso un millón de expedientes de desahucio que se
unirían a los 250.000 que se han realizado desde el inicio de la crisis.
Medidas:
1 Considerar la vivienda como un bien de primera necesidad
gestionado por el Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público
disponga de un Plan de vivienda basado
en la creación de un parque de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a
precios progresivos (en función de la renta de las familias), y eso lo puede
conseguir utilizando el impresionante excedente de viviendas que tienen los
bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
2 Reformar la legislación hipotecaria y de enjuiciamiento
civil en lo relativo a la dación en pago, paralización de desahucios, alquiler
social y a su aplicación retroactiva, de tal forma que se eviten la exclusión
social de la población trabajadora afecta, mecanismos de arbitraje que permita
establecer acuerdos de prorrogas o reestructuración de la deuda hipotecaria,...
3 Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras
viviendas y de locales de pequeñas empresas.
4 Fomento del alquiler frente a la adquisición de propiedad,
otorgando subsidios familiares de vivienda en función de la renta.
5 Establecer impuestos progresivos a las viviendas vacías.
6 Establecer un techo de coste no superior al 10% de la renta
familiar, por el uso o adquisición de viviendas de promoción pública.
7 Desarrollo de normativas que posibiliten los usos públicos
y sociales de viviendas e inmuebles vacíos y no ocupados por sus propietarios
y, que puedan ser puestas a disposición de familias sin recursos y para la
acción económica de la economía social.
5.-
SANIDAD:
Los derechos sociales en
España se han forjado desde la lucha de las clases trabajadoras y populares, y
han supuesto todo un éxito colectivo, en las que el PSOE ha tenido mucho que
ver, sin embargo las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno del PP
sustentadas en la excusa de la crisis económica han dañado gravemente nuestro
Estado de Bienestar. El resultado es un fuerte aumento de las desigualdades, de
los niveles de pobreza y de la desprotección ante las diversas contingencias
que afectan seriamente a la vida personal y familiar (enfermedad, pérdida del
empleo, pérdida de recursos). La corrección de estas situaciones es una
prioridad para IS-PSOE, y apuesta por revitalizar la intervención pública en la
cobertura y prestación de los servicios y garantías esenciales, especialmente
en lo referente a la sanidad. Ninguna persona residente en España debe quedar
sin protección social pública.
El Gobierno del PP en
cambio, ha introducido modificaciones que rompen la garantía de universalidad,
de equidad y calidad del sistema de salud, favoreciendo una sanidad privada de
difícil acceso para las clases trabajadoras y populares. Para justificar tales
prácticas consideran que el sistema público es insostenible y que el usuario
español y residentes abusan del sistema, tomando como referencia de su
argumento el elevado número de visitas médicas sanitarias por habitante. Pero
lo que no se dice es que muchas de ellas pueden ser atendidas por enfermeras/os
o personal administrativo para reducir la sobresaturación médica. Ello no
quiere decir que el/la usuario/a abuse, pues en otros países las enfermeras
tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo.
Además los que generan la
demanda que ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son
los usuarios sino los médicos. Es decir, el sistema no es insostenible pero sí
necesita reformas, aunque deben ser reformas que avancen en el fortalecimiento
del sistema público y no en su deterioro o su desaparición.
Solo si España invirtiera en
salud pública lo que corresponde por su nivel de desarrollo y se equiparara a
la media de inversión de la UE, estaríamos hablando de su sostenimiento
económico y su mayor desarrollo.
Medidas:
1 Reforzar el carácter público y de acceso universal y
gratuito de la sanidad. Que nos permita abordar los retos a los que enfrentar
soluciones al envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades
crónicas, el control del gasto, la sostenibilidad del Sistema, como en
cualquier país avanzado.
2 Restituir el Presupuesto sanitario recortado con el objeto
al corto plazo, de de eliminar las listas de espera y mejorar la atención
sanitaria global.
3 Desarrollar la legislación necesaria para que sean
devueltos al sector público todos los centros y hospitales privatizados y
volver a la situación previa al copago farmacéutico.
4 Concertar con la ciudadanía un modelo sanitario financiado
a través de impuestos directos, gestionado públicamente, con una organización
transparente y eficaz, y basado en la integración y la coordinación entre la
Atención Primaria de Salud y la Atención Especializada, y entre los servicios
de Salud Pública y los Servicios Sociales. Que contemple la interrupción
voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita y el derecho a una
muerte digna, dentro de la red pública.
6.-
EDUCACIÓN. CIENCIA Y CULTURA:
La mejor herramienta para la
igualdad, es contar con una ciudadanía formada, culta, libre e independiente en
sus decisiones, por ello para IS-PSOE la educación y el Sistema Educativo
público, superior y la investigación científica son la expresión más
definitoria de la igualdad de
oportunidades, de la equidad y del progreso. Sin ciencia no hay futuro.
Sin embargo los actuales
recortes presupuestarios, la negativa de servicios básicos y complementarios,
la práctica desaparición de ayudas que creíamos consolidadas han dibujado un
escenario donde muchas familias y alumnos/as quedan excluidos, incrementando
las desigualdades entre la ciudadanía en virtud a su capacidad de renta, de
forma tal que aquellos niños y niñas de niveles socioeconómicos más elevados
gozan de mayores habilidades y actitudes que les permiten acercarse a las
instituciones educativas con mayor familiaridad y comodidad. Estos niños serán,
por lo tanto, más proclives a ser exitosos académicamente. Por el contrario, los/as
niños/as que crecen en ambientes violentos, vulnerables y/o pobres suelen
presentar un déficit de capital cultural, directamente relacionado con el hecho
de que las necesidades de tipo económico exigen que los/as niños/as abandonen
la escuela a edades muy tempranas para ponerse a trabajar.
El desarrollo de sus
capacidades de interacción social también se ve minado: las calles representan
un espacio peligroso, obligándolos a pasar la mayor parte del tiempo dentro de
casa, y como sabemos, la socialización es uno de los factores que incrementan
el capital cultural de una persona pues el capital social y el capital cultural
se enriquecen entre sí.
La comunidad científica ha
sufrido la perpetuación de una peligrosa pendiente que está provocando la
asfixia del tejido universitario e
investigador del Estado español. No se puede olvidar que la mala política del
PP llevó a que a mediados de 2013 el Gobierno tuviera que aprobar una partida
presupuestaria extra de 104 millones para poder hacer frente a las acuciantes
necesidades del sector científico (situación de quiebra técnica del CSIC,
imposibilidad de lanzar las convocatorias del Plan Estatal de Investigación,
etc.). Mientras, un número creciente de organismos se unen a la crisis de
supervivencia: Universidades, CNIO, ESS-Bilbao,… Y de no corregirse de modo sustantivo el
escenario presupuestario situará a la I+D+i española en la escasez de recursos
de décadas atrás.
Para el socialismo,
fortalecer un sistema educativo público es garantía de éxitos y de oportunidades,
por ello, es imprescindible que en plena crisis se haga una apuesta por la
educación pública como la más eficaz y eficiente en términos de calidad,
igualdad, libertad y conocimientos frente a la falsa competitividad y la
supuesta eficacia de la ideología conservadora, a todas luces ideologizante.
Hemos de ser igualmente
consecuentes con que el nuevo modelo de garantías sociales y derechos
fundamentales, que se pretende crear requieren de una importante inversión, por
ello, compartimos que la red concertada debe entenderse como subsidiaria
respecto de la escuela pública, debiéndose limitar los conciertos a aquellos
centros no religiosos ni segregadores, que atiendan necesidades reales de
escolarización y tengan la calidad exigible.
Los gobiernos socialistas,
por tanto, tienen la responsabilidad de desarrollar políticas educativas,
culturales y científicas que permitan la adquisición de conocimiento y capital cultural preciso para acceder al
mundo laboral y a la integración social, poniendo en marcha acciones que
compensen la desigualdad que nos viene impuesta desde la cuna y que se
consolida mediante la reproducción de un sistema que favorece a las clases
dominantes, quienes perpetúan esa organización social desde la escuela.
Desde este propósito, apostar
decididamente por la financiación en exclusiva de una red pública de enseñanza
debe ser un objetivo prioritario, dejando el modelo de concierto para
situaciones complementarias y justificadas en las que lo público no pueda
extenderse.
Por lo tanto exigimos una
apuesta firme por la Educación Pública universal y gratuita y una Investigación
de Excelencia que garantice la permanencia de los Grupos de Investigación y las
personas que lo integran.
La cultura para el
socialismo es un elemento fundamental de cohesión social y de dinamización de
la economía, es por ello que necesita una protección especial contraria al
incremento del 130% de subida de coste y al IVA del 21% que ha propiciado el
Gobierno del PP, lo que la pone en clara contraposición con los derechos
culturales contenidos en la Declaración de Friburgo: El acceso a la cultura
debe garantizarse sin discriminación alguna por motivos de color, sexo, idioma,
religión, convicciones políticas o de cualquier otra índole, ascendencia,
origen nacional o étnico, origen o condición social, nacimiento o cualquier
otra situación a partir de la cual la persona define su identidad cultural.
Medidas:
EDUCACIÓN:
1 Ley Orgánica de financiación del sistema educativo que, con
carácter básico, establezca un mínimo de inversión que nos sitúe en la media de
los países avanzados y garantice el derecho al conocimiento, la formación
académica y una educación pública, laica, gratuita y universal.
2 Retirada inmediata de la LOMCE.
3 Paralización de los procesos de privatización de la
educación y servicios escolares, incorporación de los centros concertados a la
red pública cuya gestión deben estar integradas dentro de la comunidad
educativa, y retirada progresiva de los conciertos con colegios de orientación
religiosa y segregadora. Promover un amplio consenso en torno al modelo
educativo que de sostenibilidad en el tiempo al Sistema. Implementación en los
planes educativo, de herramientas que fomenten la innovación, el pensamiento
crítico, los procesos creativos y la educación profesional, y que garanticen la
defensa de las lenguas minoritarias autóctonas.
4 Plan de choque para el mejoramiento de la condición laboral
y social de maestros y profesores.
5 Plan de choque para la mejora de las enseñanzas de
bachillerato y formación profesional y para combatir el fracaso y el abandono
escolar en esos niveles.
6 Normas que garanticen que en los planes de estudios de
economía se introduce un estudio serio, riguroso y plural de las diferentes
corrientes de pensamiento y no solo el pensamiento neoliberal.
7 Plan de choque para aumentar el número y la atención de las
escuelas infantiles.
8 Plan de inmersión lingüística para la educación primaria y
secundaria.
9 Los centros educativos (edificios de titularidad municipal)
han de permanecer un mayor número de horas abiertos (lo suelen hacer los
concertados) y realizar una oferta educativa complementaria adecuada a la
demanda de la zona, con actividades educativas, culturales y deportivas.
10 Como referente cultural del barrio y a fin de descentralizar
las actividades culturales, utilizar los centros para otros fines que no sean
meramente educativos y que reactiven la actividad cultural en los barrios, por
ejemplo: Proyecciones, charlas, exposiciones. Y aprovechar los recursos que
ofrecen los edificios municipales, así como su mantenimiento, usándolos como
sedes sociales.
11 Fundamental es también la implicación del vecindario en la
puesta en marcha de las diferentes actividades, así como el mantenimiento de
los centros, siendo el personal contratado vecinos/as de los mismos lo que
conlleva la creación de puestos de trabajo en la zona.
CIENCIA:
1 Aumento presupuestario significativo que palíe el descenso
de hasta un 31% en lo que va de legislatura.
2 Modificar el límite del 10% a la tasa de reposición de
personal, que en la práctica está diezmando las plantillas y que teniendo en
cuenta el contexto demográfico de las instituciones de I+D del país, está
provocando un pérdida dramática de potencial humano e imposibilitando la
inserción de los recursos mínimos necesarios para la continuidad del sistema.
3 Mostrar nuestro apoyo al colectivo “Luto por la ciencia”
integrado por COSCE, CRUE, Plataforma Investigación Digna, Federación de
Jóvenes Investigadores, CCOO y UGT
4 Incremento de la financiación dedicada a la investigación
científica hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
5 Plan urgente para dignificar la actividad y el salario de
los investigadores jóvenes para recuperar talentos que actualmente se
encuentran fuera de España e insertarlos en el sistema español de ciencia y
tecnología.
6 Plan de estímulo de la investigación y la innovación en el
seno de las empresas privadas vinculando y condicionando otros tipo de ayudas y
subvenciones al desarrollo de actividades de esta naturaleza.
7 Plan de emergencia para consolidación de los grupos de
investigación.
8 Garantizar un sistema de financiación para las estructuras
investigadoras (Universidad-CSIC).
9 Revisión y control público de los sistemas de evaluación de
la actividad académica e investigadora (CNAI, ANECA)
CULTURA:
1 Bajada del IVA al 2% para la actividad cultural que no esté
catalogada como artículo de lujo. Con un aumento progresivo del 2% anual hasta
alcanzar el 8% previo a la subida del impuesto.
2 Subida al 21% de IVA a aquellos artículos dentro de la
industria cultural catalogados como artículos de lujo.
3 Serán catalogados como artículos de lujo todos aquellos
cuyo valor supere el salario mínimo interprofesional anual, del año en curso.
(Ejemplo: 650 € * 12 Meses = 7.800 €)
4 Limitar la solicitud de acceso de los profesionales a
subvenciones públicas a no más de dos años consecutivos, dando así oportunidad
a emprendedores del sector.
5 Habilitar zonas públicas técnicamente en espacios
permanentes para que los profesionales que lo deseen puedan exponer su trabajo
al público, adquiriendo así un compromiso con la sociedad.
6 Eliminación de tasas municipales por el uso de espacios
públicos para rodajes de Cine y TV.
7 Todas aquellas obras artísticas que sean adquiridas por el
Estado quedaran libres del IVA
8 Creación de nuevos circuitos provinciales, regionales y
nacionales exclusivos para emprendedores y compañías con una antigüedad igual o
inferior a un año y para todas las disciplinas artísticas.
9 Creación de un gran espacio multicultural, que albergue salas
de teatro, espacio para exposiciones, y centros educativos del sector.
7.-
PENSIONES:
Son las pensiones las que
con mayor virulencia están padeciendo las políticas neoliberales en lo
económico y ultraconservadoras en lo social que está aplicando el Gobierno del
PP. Por una parte, las reformas impuestas unilateralmente y que certifican la
pérdida de renta de las pensiones al no estar vinculadas el IPC, a lo que
sumado al medicamentazo, los incrementos de los precios energéticos, la subida
del IRPF, la pérdida de empleo de hijos/as y nietos/as a quienes han tenido que
acoger en torno a sus retribuciones, …han generado una enorme bolsa de pobreza
que a su vez, y junto a la asunción errónea de que la evolución demográfica (el
envejecimiento de la población) es el único factor que importa a la hora de
valorar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando en realidad hay
muchas otras variables que influyen en
dicha sostenibilidad, el neoliberalismo las utiliza como excusa para
privatizarlas.
Acciones que no pasan
desapercibidas a la banca, a los planes de inversiones y entidades
aseguradoras, quienes desde un particular ataque al Estado de Bienestar ponen
en riesgo el Sistema Público en favor del negocio privado de sus planes de
pensiones. Todo ello aderezado con una amplia campaña mediática que
continuamente recomiendan reformas profundas en el sistema para evitar su
colapso a base de argumentaciones falsas.
Ante la encrucijada
unilateral y trascendente al que el Gobierno del PP está llevando el Sistema
Público de Pensiones, desde IS-PSOE apostamos por:
Medidas:
1 Consensuar un modelo basado en el diálogo y en lo que fue
el Pacto de Toledo, única fórmula que ha sido capaz de ir adecuando de forma
sostenible el Sistema a las circunstancias.
2 Garantizar y adecuar el volumen del Fondo de Reserva en
relación a la pérdida de ingresos y restitución de lo sacado.
3 Retirada de la reforma del sistema y garantizar la
capacidad de renta de las pensiones vinculando su revalorización al incremento
del IPC.
4 El cobro de la pensión debe ser excluido del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque no es un rendimiento del
trabajo. Las pensiones se generan durante la vida laboral por lo tanto ya
estuvieron sometidas a la imposición tributaria y volver a aplicarle el IRPF es
una doble retribución que no tienen las y los trabajadores. Tendría sentido
contemplar las pensiones como rendimiento de capital mobiliario ya que el
jubilado/a fue acumulando su capital durante toda la vida laboral, por tanto la
figura a aplicar sería la de una fiscalidad sobre el capital mobiliario que
tributa menos.
8.-
JUSTICIA:
Apuntes
jurídicos.
El artículo 1.1 de la CE
establece: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Así comienza el Texto
Constitucional, y no es casual. Como es su situación en el propio Texto,
iniciando el desarrollo de su Título Preliminar.
Más adelante, en el mismo
Título, el artículo 9.1 de la CE señala una obligación de inexcusable
cumplimiento: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
La justicia, por tanto, es
uno de los valores superiores que, constitucionalmente, han de informar el
ordenamiento jurídico español.
Sería un esfuerzo que
excedería con mucho los fines de un documento marco hacer un estudio profundo y
prolijo de todos los ejemplos de la quiebra del primer párrafo de la
Constitución que podrían advertirse en la actualidad política y social que
vivimos, muchos de los cuales pasan inadvertidos por la voluntad expresa de los
gobernantes, toda v3ez que la preocupación ciudadana se encuentra volcada en la
más elemental lucha por la supervivencia. Pero no sería posible esa
supervivencia si no se preservaran los derechos que son imprescindibles para
ello. Por ello, con una simple enumeración –nada exhaustiva- de las quiebras de
los derechos y libertades individuales que vienen produciéndose, sería bastante
por el momento. Qué duda cabe que esta relación está abierta a la suma de más
quiebras jurídicas.
Otra advertencia que es
preciso hacer en este momento es la de que la imprescindible división de
poderes sobre la que se sustenta el pacto constitucional también está en
peligro, si no ha sido ya violentada. El poder ejecutivo siempre ha tenido, más
aún desde que la complejidad de la sociedad se ha hecho mayor, una vocación de
invadir el ámbito del poder legislativo, lo que ha conseguido con su abuso del
decreto-ley. Pero su voracidad no se ha saciado con su casi sometimiento y ha
dirigido sus ojos hacia el poder judicial, su ámbito, que vemos con alarma que
comienza a amortizar. La justicia es la última trinchera, el único ámbito en el
que detener el exorbitante poder del ejecutivo, en el que frenar las veleidades
autoritarias de los gobernantes.
Tras esta breve exposición,
conviene entrar al detalle, no exhaustivo, de las quiebras de los mandatos
constitucionales que, en el marco de la justicia, de las libertades y de los
derechos individuales, pueden verse en la actualidad de este país:
1º La facultad de sancionar
es propia y exclusiva del poder judicial. En particular en lo que se refiere a
las conductas individuales. Incluso es revisora del procedimiento
administrativo sancionador en cuanto a las facultades que éste tiene, además de
der de aplicación subsidiaria. Se le están arrebatando estas facultades
mediante la aprobación de normas claramente inconstitucionales.
2º El acceso a la justicia,
naturalmente gratuito, ha sido gravado de tal forma que, al cabo, se hace
imposible.
3º El ejercicio de los
derechos individuales recogidos en la CE se ha limitado de tal forma que tal
ejercicio resulta imposible sin la exposición a una sanción.
4º El ejercicio de los
derechos colectivos, también recogidos en la CE, se ha limitado igualmente. Su
ejercicio supone, en la misma medida que los anteriores, el riesgo de sanción.
5º Se utiliza el Código
Penal como instrumento autoritario de gobierno, creando tipos penales
inconstitucionales, con penas vindicativas y no rehabilitadoras, y pisoteando
la dignidad humana.
6º Se promulgan normas, o se
amplían otras ya existentes, que permiten a los proveedores de servicios
públicos básicos especular con las necesidades ciudadanas, bien permitiendo que
se constituyan en monopolios, bien facultándoles para expoliar a los ciudadanos
de su patrimonio, bien para suprimirles impunemente esos servicios.
Desde luego, esta relación
no es cerrada, tanto porque cabe profundizarla más, cuanto porque es de esperar
que aumente dada la actitud de los gobernantes. Pero ha de bastar para tomar
conciencia cabal de lo que se juega en este envite, que es el regreso a una
situación de pobreza en derechos comparable a la de países que aún no han
podido acceder a su plena democratización.
8.-
CUARTO PILAR. DEPENDENCIA Y BIENESTAR SOCIAL:
El subdesarrollo histórico
social de España lo ha determinado siempre el poder de clase y la naturaleza
del propio capitalismo, que en momentos de crisis como el actual desregula el
sistema de reajuste económico que debía garantizar el bienestar. Son las élites
pues, las que con su influencia están devastando el modelo de garantía social
que promulga la Constitución Española, particularmente las que más están
vinculadas a las familias.
En este escenario, en el que
las políticas de bienestar debían ser las garantes de un reparto equilibrado de
la renta per-cápita propio de países desarrollados, es cuando se trasladan los
costes de la crisis a la ciudadanía en forma de recortes del bienestar.
La insuficiente financiación
de los servicios de cuidados, de bienestar y de los que pueden permitir la
adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de
cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa
corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del
trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que atiendan a
toda la población residente en el domicilio familiar, además del trabajo que el
52% de ellas tiene en el mercado laboral.
Esta sobre explotación de
las mujeres y de las familias, sin duda alguna, tiene importantes costes
sociales con una bajísima tasa de fecundidad. Sanitarios, porque la sobrecarga
de trabajo y el estrés hace que las mujeres españolas tengan más enfermedades
que el hombre y económicos, porque impide que más mujeres están incorporadas al
mercado de trabajo.
Es verdad que con la Ley de
dependencia se ha avanzado mucho en este sentido y ha supuesto una auténtica
revolución de los Servicios Sociales al otorgar nuevos derechos a la ciudadanía
y todo ello, ha generado una serie de leyes y normas autonómicas en materia de
Servicios sociales, pero sin embargo, teniendo las personas dependientes tanta
vinculación con la salud y el Sistema Sanitario Público, carece de vinculación
administrativa y gerencial que optimice los recursos puestos a disposición del
cuarto Pilar del Bienestar.
Medidas:
1 Integrar la dependencia en un amplio sistema
socio-sanitario vinculado al Sistema Público de Salud, para lo que habría que
redactar un marco normativo estatal que de estabilidad y garantice el derecho
de forma universal, impidiendo de esta forma que las comunidades autónomas,
según qué signo político la gobierne pueda disponer d elos derechos de la
ciudadanía.
2 Puesta en marcha de escuelas de infancia de 0 a 2 años,
residencias, centros de cuidados y lavanderías públicas, entre otras medidas
para facilitar la conciliación laboral y familiar a las mujeres cuidadoras.
3 Establecer programas de transición a la vida independiente
para aquellas personas que tengan más dificultades, desarrollando políticas de integración laboral efectivas
para personas con discapacidad y con un empleo normalizado.
4 Reforzar suficientemente un sistema de prestaciones y
ayudas técnicas a los tratamientos de rehabilitación que son continuados en
personas dependientes.
10.-
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIÁLOGO SOCIAL:
La construcción del modelo
social europeo y español se ha sustentado en el diálogo social y la negociación
colectiva libre, lo que en sí mismo supone un factor de desarrollo de
incalculable valor, que para IS-PSOE es preciso preservar y fortalecer.
Medidas:
1 Creemos que el derecho al trabajo consagrado por la CE no
está suficientemente protegido ni reconocido como valor sustancial para un
desarrollo socioeconómico y humano con dignidad. De ahí, que sea indispensable
universalizar el derecho de las clases trabajadoras a sindicarse vinculando la
actividad laboral con la filiación a las organizaciones democráticamente
reconocidas.
2 Una sociedad democráticamente avanzada no puede permitirse
intervencionismo unilateral de las autoridades en un proceso democráticamente
dialogado y concertado, debiendo respetarse la autonomía de los interlocutores
sociales, así como el papel que deben jugar y su lugar en la construcción del
Estado, porque su implicación efectiva es esencial para la gobernanza de la
economía y los Planes de reformas que se precisen.
3 La negociación colectiva del ámbito que fuere, es la norma
suprema y democrática que establece la forma de relación de las clases
trabajadoras con sus patronos y como tal, debe respetarse y universalizarse
porque de lo contrario, generaría desigualdades entre unos ciudadanos y otros.
11.-
GOBERNANZA ECONÓMICA PARA UN CRECIMIENTO Y EMPLEO SOSTENIBLES:
Medidas:
1 Es preciso dotarse de medidas para poner fin a la crisis de
la deuda soberana y otorgar al BCE el papel de prestamista de último recurso,
permitiéndole así emitir Eurobonos.
2 En colaboración con los interlocutores sociales se deben
examinar, aprobar y controlar programas de crecimiento adaptados a cada país;
políticas europeas para la industria y la inversión para responder a los
desafíos económicos y medioambientales; darse prioridad a las inversiones en
infraestructuras sostenibles, investigación y desarrollo, tecnología climática
y recursos renovables. Estas inversiones no deberían estar incluidas en el
cálculo de los déficits públicos; normas para garantizar un sector financiero
regulado, sólido y transparente al servicio de la economía real.
3 Deberían dedicarse a fines sociales y medioambientales,
recursos extras generados a partir de una mejor utilización de los fondos
estructurales europeos, del Banco Europeo de Inversiones, de bonos para
proyectos, y de un impuesto sobre las transacciones financieras diseñado
adecuadamente. Poner fin a la presión de la UE para la liberalización de los
servicios públicos que son responsabilidad nacional; establecer salarios
decentes para todos, para contribuir al crecimiento y a la demanda interna; Una
“garantía para jóvenes” para que todos los jóvenes en Europa tengan acceso a un
empleo decente, o a formación adecuada, en un plazo de cuatro meses a partir
del momento en que se inscriben en el desempleo o de haber abandonado la
escuela; Medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir el empleo
precario; luchar contra los abusos en materia de contratos a tiempo parcial,
contratos temporales y de duración determinada; Políticas activas del mercado de
trabajo incluyendo iniciativas para apoyar a las personas con pocos, o ningún
vínculo con el mercado laboral.
12.-
JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL:
Una fiscalidad gradual y
redistributiva sobre los ingresos y la riqueza, y el fin de los paraísos
fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo
no declarado; Una actuación decidida contra la especulación; Medidas eficaces
para garantizar la igualdad salarial y la igualdad de derechos por un trabajo
de igual valor para todos; los acuerdos colectivos y de salarios iguales
deberían aplicarse para todos con independencia del tipo de contrato, en
particular en el caso de un mismo lugar de trabajo; Puesta en marcha de
políticas para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres; El
establecimiento de los salarios debe seguir siendo competencia nacional y debe
abordarse según las prácticas y los sistemas de relaciones laborales
nacionales. Las negociaciones entre los interlocutores sociales al nivel
correspondiente son el mejor instrumento para garantizar buenos salarios y
condiciones de trabajo correctas; el salario mínimo legal, en aquellos países
donde los sindicatos lo consideren necesario, debería incrementarse de manera
sustancial. De cualquier manera, todos los mínimos salariales deben respetar
las normas del Consejo de Europa relativas a salarios justos; La armonización
de la base imponible de las empresas y los tipos mínimos de imposición para las
empresas, con una posible introducción de un tipo mínimo del 25%, que es el
nivel impositivo medio actual en Europa.
13.-
CAMBIO CLIMÁTICO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE:
“Cuando en 1916 la
extraordinaria dirigente socialista alemana Rosa Luxemburgo planteó que la
humanidad se veía abocada a escoger entre Socialismo o Barbarie expresaba con
enorme clarividencia cuál era la dinámica interna del capitalismo, y cómo las
contradicciones internas de este sistema, contradicciones que hunden sus raíces
en el corazón mismo de este modo de producción, conducen, si no triunfa la
revolución socialista, a crear las condiciones de un retroceso del género
humano a las épocas más oscuras y primitivas de su historia.
En 1916 la Primera Guerra
Mundial estaba en su apogeo. Esta orgía de destrucción, que provocó más de 10
millones de muertos, fue el resultado del enfrentamiento entre las grandes
potencias capitalistas. No se trató, ni mucho menos, del primer conflicto
bélico directamente provocado por los intereses de la burguesía. Todo el siglo
XIX está salpicado de guerras, represión y matanzas, fundamentalmente en
África, Asia y América Latina, cuyo objetivo era consolidar y extender la
dominación de los capitalistas y su control sobre las riquezas de los países
coloniales.
Pero la Primera Guerra
Mundial trajo al corazón mismo de Europa, a la cuna de la “civilización
occidental”, a las tierras donde se desarrollaron las formas más avanzadas de
la ciencia, la filosofía, el arte, la música… el horror y la destrucción más
implacable, demostrando así que bajo el capitalismo hasta las manifestaciones
más sublimes del espíritu humano pueden convertirse en cenizas si los intereses
de la burguesía así lo demandan.
Desde 1916 hasta el día de
hoy han pasado muchas cosas, pero la naturaleza intrínsecamente destructiva del
capitalismo se mantiene intacta, e incluso se ha profundizado. No sólo la
guerra, provocada por los capitalistas, sigue marcando la vida cotidiana de
millones de personas en Irak, Afganistán, Congo, Pakistán, etc., y amenaza con
extenderse a otros países, como Yemen. No sólo la miseria y el hambre, producto
de la incapacidad de la burguesía para seguir desarrollando las fuerzas
productivas, atenazan a un número creciente de seres humanos. Ahora, una nueva
amenaza, aún más terrible, surge de la decadencia del sistema capitalista: la
destrucción de las frágiles condiciones que hacen del planeta Tierra un lugar
habitable.
Espoleados por el auténtico
motor del sistema capitalista, la búsqueda incansable del beneficio, las
empresas tratan los recursos naturales como un factor más de la producción. Se
trata de conseguir consumir los recursos naturales que el proceso de producción
requiere (agua, aire, árboles, etc.) con el menor coste posible, para maximizar
los resultados de las inversiones. Que esos recursos sean o no renovables, que
su consumo incontrolado deje secuelas terribles en forma de contaminación,
deforestación, envenenamiento del agua y del aire o desertificación, eso no
entra en los cálculos de los cuentas de Pérdidas y Beneficios de las empresas.
Las consecuencias a largo
plazo de la degradación ambiental traen sin cuidado a los capitalistas. Pero
¿por qué habrían de preocuparles? ¿Acaso alguna vez los capitalistas se han
sentido afectados por la destrucción causada por sus guerras? ¿Recuerda alguien
que las empresas que se beneficiaron, y se siguen beneficiando, de la
explotación inhumana de los países del llamado Tercer Mundo hayan pedido perdón
por los millones de muertos de hambre o enfermedades fácilmente evitables?
Claro que no. El capitalismo avanza implacable, incluso en su actual etapa de
decadencia senil, en medio de la destrucción que él mismo provoca, y cualquier
esperanza en despertar su “conciencia” o su “responsabilidad social” en
pomposas cumbres mundiales, como la recién fracasada Cumbre de Copenhague, está
condenada a la esterilidad y al fracaso.
Las páginas que siguen
explican detalladamente la necesidad de responder a la crisis ecológica creada
por el capitalismo con una alternativa netamente socialista. La degradación de
nuestro planeta, las amenazas que penden sobre el clima, la destrucción creciente
del medio natural, son una consecuencia inevitable del funcionamiento del
sistema capitalista, y sólo poniendo fin a este sistema ya obsoleto, sólo
sustituyéndolo por un sistema socialista, basado, como planteaba la Declaración
de Principios del PSOE, en “la transformación de la propiedad individual o
corporativa de los instrumentos de trabajo ( la tierra, las minas, los
transportes, las fábricas, etc.) en propiedad común de la sociedad entera”, sólo con un sistema basado en la
planificación económica, será posible un desarrollo armonioso del sistema
productivo, orientado a la satisfacción de las necesidades reales de los
hombres y compatible con el mantenimiento de nuestro entorno natural(…)
MEDIDAS:
1 Fuerte incremento de los presupuestos destinados a
financiar fuentes de energías alternativas.
2 Nacionalización, sin indemnización salvo en casos de
necesidad comprobada, bajo control obrero de los grandes monopolios
energéticos.
3 Plan anticontaminación estatal para eliminar la
contaminación producida por la industria. Las inversiones a cargo de los
propietarios y, en caso de que se nieguen, nacionalización bajo control obrero.
4 Control de todos los planes de urbanización y obras
públicas por parte de organizaciones obreras y ecologistas para evitar la
destrucción del medio ambiente.
5 Programa estatal que, en fases sucesivas, a corto (cinco
años), medio (diez años) y largo (veinte años) plazo planifique una masiva
transformación del entorno natural, concretado en una repoblación forestal
basada en estudios científicos, regeneración total de las aguas, etc.,
observando un esfuerzo especial en aquellos temas más acuciantes: especies en
peligro de extinción, zonas desérticas.
6 No a las centrales nucleares! ¡Cierre inmediato
garantizando un empleo alternativo a sus trabajadores! No al pago de
compensaciones por la moratoria nuclear.
14
FEMINISMO ES SOCIALISMO:
IS PSOE Andalucía apoya la
lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en todo el
mundo. En algunos países se ha avanzado en este campo, mientras que en otros la
lucha por la igualdad acaba de empezar. La igualdad y la justicia para la mujer
son factores esenciales para lograr un mundo justo y en paz. La ONU ha
desempeñado un papel muy importante para facilitar la formación de una
conciencia feminista global, creando un vínculo entre las mujeres del Norte y
del Sur.Las mujeres son algo más de la mitad de la población de nuestro
planeta. La justicia y la igualdad para ellas son condiciones necesarias para
que exista justicia e igualdad a nivel internacional.
Medidas:
1
legislación y programas de acción positiva
para garantizar la igualdad plena de hombres y mujeres.
2
programas para impulsar la educación, la
formación y la integración profesional de las mujeres y las jóvenes.
3 Legislación que garantice una remuneración igual por
trabajo de igual valor.
4 Difusión de la información y la asistencia práctica para la
planificación familiar.
5 Buenos servicios de cuidado y atención infantil
6 Respaldo oficial para una participación plena y en términos
de igualdad de la mujer en las actividades sociales y políticas de cada país,
mediante la adopción de medidas positivas para garantizar la representación de
la mujer en todos los ámbitos de toma de decisiones.
REFORMAS
PARA UN PSOE ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA DE LA MILITANCIA Y AL DEBATE POLÍTICO:
La búsqueda de la adaptación
a la sociedad, al momento concreto, por parte de una formación política, la que
sea, equivale al marcaje de un rumbo directo hacia la mediocridad. Si se trata
de un partido progresista, de izquierdas, para más inri, supone una clara
renuncia a la propia esencia, una traición a su ser, en la medida en que, si
bien no supone una conversión total al conservadurismo, al no abogar por el
retroceso y la abolición de las conquistas, sí entraña un viraje hacia él,
porque se hace cómplice cobarde en la asunción de ese silencio de quien se
limita a dejarse llevar por la marea. Cuando el timón es el conformismo, sin
duda, se disipa la utilidad, pues poco o nada aporta a la felicidad de la
ciudadanía. La consecuencia, la pérdida de la capacidad de liderazgo en esa
guerra constante por erradicar la desigualdad y, con ella, la paulatina
desaparición de la confianza de un pueblo que se siente engañado, que, en su
decepción, se sumerge en la incredulidad y acaba por dar la espalda en las
urnas. Ése ha sido el error histórico del PSOE contemporáneo, su torpeza, la
acomodación a lo que hay, el ensimismamiento, la romántica contemplación de la
obra del pasado, el estado del bienestar, pero pretérita.
La meta del socialismo
siempre, no puede ser otra, es la transformación del mundo, para hacerlo mejor,
más habitable, más soportable, más justo, más solidario, más libre. Nunca la
mera adaptación al contexto, menos al actual, el de un capitalismo que no sólo
prioriza, sino que persigue como fin único el beneficio, a costa de lo que sea,
caiga quien caiga, aunque sea sobre el cadáver de los derechos sociales e,
incluso, humanos. La aceptación de este sistema, por consiguiente, es la
derrota, el sometimiento del vencido, la entrega del pueblo como rehén, como
esclavo, al vencedor, la infidelidad a la clase trabajadora a la que
representa. En ello incurrió el PSOE y en ello descansa su caída en picado. El cenit,
la modificación del artículo 135 de la sagrada Constitución Española, en la
que, bajo la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero, se plegó a los intereses
especuladores de los poderes financieros, a la ‘troika’, la colocación de la
estabilidad presupuestaria por encima de las personas. Una losa, una apostasía,
por inexplicable o, al menos, inexplicada, que ha dejado a las siglas del puño
y la rosa tocadas, muy tocadas, y ante la que su regenerada dirección tendrá
que remar con vehemencia para que no acaben hundidas.
Ésa es la tarea, difícil,
que debe tener por delante el PSOE, el retorno a sus orígenes obreros y de
clase, a la apertura de las casas del pueblo, a la salida a la calle de cada
dirigente socialista para, en asambleas abiertas a la participación de todos,
escuchar a la gente, aunque grite, para que grite, y darle calor y soluciones a
su sufrimiento. Huir, para siempre, de las aguas de ese aburguesamiento al que
le ha conducido esa conquista de mínimos que conlleva la adaptación a un medio
impuesto por las minorías, los poderosos, hostil para las mayorías, para las
clases obreras y, por tanto, inaceptable para quienes las defienden o aspiran a
hacerlo.
Retomar la voluntad
transformadora que define al socialismo desde su cuna, que le otorga su razón
de ser y su papel de elemento imprescindible para la sociedad. Eso es hacer
PSOE, y tiene que hacerlo, con el avance firme hacia la materialización de esa
utopía de la igualdad y sin renunciar, por el camino, a ninguno de sus
principios.
Medidas:
1 Incrementar los niveles de democracia interna en los
procesos de elección y toma de decisiones. Los procedimientos que hemos venido
aplicando tendrán que ser más participativos a la hora de conformar posiciones,
elegir a las direcciones, a los/as candidatos/as y a las candidaturas.
2 Ampliar y mejorar los espacios para la participación. Para
lo que se promoverá y fortalecerá la creación de corrientes de opinión y
sectoriales entre nuestros militantes y simpatizantes y de asambleas abiertas
convirtiéndolas en instrumentos para la participación y el debate político
dentro del Partido. Integrarse en las plataformas e instrumentos de
participación social e institucional y promover alianzas ciudadanas en defensa
del interés general.
3 Hay que desarrollar instrumentos de “buen gobierno” y de
política abierta en el seno del Partido para reforzar el comportamiento honesto
y ético de todos los/as socialistas, sin dejar espacio para la impunidad e
incompatibilidad de retribuciones, indemnizaciones, …, limitaciones de los
cargos públicos y orgánicos.
4 Buen gobierno y política abierta para
ser una organización inclusiva, participativa y diversa, donde en lo interno,
la militancia y simpatizantes, elijan libremente a la secretaría general y
representantes a los órganos de dirección y gestión del Partido, garantizando
la presencia de todas las agrupaciones locales, sin necesidad de que las
personas candidatas necesiten avales. Y en lo externo, promover listas abiertas
para elegir a los representantes institucionales elegibles.
5 La formación política y en valores socialistas es una
necesidad estratégica para la organización y sus cuadros. Para lo que es
preciso contar con programas estratégicos integrales, que pasan por reorganizar
la actividad política de las Casas del Pueblo.
6 Promover la elección y revocabilidad de los cargos desde
las asambleas de base.
7 Ser contundentes contra el fraude y la corrupción política.
Tolerancia cero para ello, exigiendo un comportamiento ético de acuerdo con los
principios del socialismo democrático.
8 Blindaje de la necesaria transparencia y ética política,
obligándose a dar cuenta ante la militancia y la ciudadanía del cumplimiento de
sus compromisos y de la labor de sus cargos y cuadros.
NOTA:
Se recuerda a las y los adheridos a la corriente y a los simpatizantes que quieran participar en este debate, que mañana DIA 13-2 a las 19 horas, celebraremos la asamblea provincial de Izquierda Socialista de Málaga-PSOE ANDALUCIA.
El lugar será en la sede de la Agrupación Socialista Carretera Cádiz Sur, Avenida de Velázquez 8 MALAGA.
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