PROGRAMA MÍNIMO
NECESARIO: (Parte B)
(Recomendable leer antes la parte 2) de ayer
en este mismo blog)
…/… Recuperar y reconstruir
servicios públicos que fueron privatizados y que son esenciales para la
economía familiar desde el plano de un modelo económico equitativo, igualitario
y justo. En este sentido: Se hace preciso disponer de una comercializadora energética
pública que garantice el derecho a la libre disposición de todo tipo de
energía, más allá de la fluctuación de precios de los mercados energéticos.
Banca pública de servicio financiero
donde puedan operar las empresas y familias en uso de sus niveles de renta,
donde el reparto de beneficios adquiridos revierta directamente en las cuentas
públicas para el bien común de la sociedad.
Es prioritario y urgente potenciar
los sectores claves de la economía, mediante la elaboración de un plan
centralizado con las nacionalizaciones democráticas que sean necesarias, como
la Banca Pública, el control de Monopolios y Latifundios.
La aplicación de ese plan puede
requerir algunas indemnizaciones en caso de necesidad comprobada, para poner la
economía al servicio y bajo el control democrático de la sociedad, avanzando
hacia la autogestión y la economía social y cooperativa, con una
lucha firme y abierta contra la corrupción y los despilfarros.
Campaña de lucha firme contra la
corrupción, con Tolerancia CERO, para lo
cual es urgente aumentar las plantillas con 5.000 Inspectores de Hacienda,
5.000 Inspectores de Trabajo y 5.000 Jueces para juicios rápidos, elegidos
democráticamente entre los trabajadores cualificados, para desarrollar un plan
que combata la economía sumergida, el fraude fiscal y la evasión de capitales,
desmantelando los Paraísos Fiscales y publicando la lista de los más de 2.000
defraudadores que ocultó el ministro Montoro, por acuerdo del Gobierno
Rajoy.
Combatir cualquier tipo de corrupción
y despilfarro es una tarea muy necesaria y justa que reclama toda persona
honesta, por lo que el combate contra la economía sumergida y el fraude empresarial y laboral deben ser una
constante.
Es
preciso elaborar una legislación inmediata que legalice todos los contratos de
los trabajadores que son explotados en economía sumergida, con el único
requisito de denunciar ante la Inspección de Trabajo por parte del
afectado. Ningún trabajador es ilegal;
la corrupción e ilegalidad viene de parte de los patronos corruptos que no los
declaran, para obtener más beneficios por lo que es urgente un nuevo Estatuto
de los Trabajadores.
Otro de
los objetivos de este planeamiento tiene que ser trabajar en mejores
condiciones, producir más pero para repartir mejor, con justicia equitativa,
donde la riqueza y los beneficios se generen también con el esfuerzo de los
empresarios autónomos, pequeñas cooperativas y pymes, no solo con el esfuerzo
de los trabajadores, lo que sería visto por todos como un verdadero programa
socialista a favor del pueblo y las familias trabajadoras, atacando la
corrupción y los despilfarros. Para ello tenemos la necesidad del control
social en todos los aspectos, tanto en el Sector Público como en el Sector
Privado.
Un verdadero plan
de inversiones públicas es más necesario que nunca. Contra la huelga de capitales y la caída brusca de
las inversiones privadas y dado que los capitalistas españoles no invierten lo
suficiente, se procederá a incrementar la inversión por parte del Estado en I+D+i.
La
Inspección Laboral requiere un nuevo impulso financiero para combatir la
corrupción empresarial. Las
empresas que presenten "concurso de acreedores", lo que anteriormente
se llamaba suspensión de pagos, bancarrota, ERTE o ERE, se les exigirá que
abran los Libros de Contabilidad al control de los trabajadores y el Estado.
Para
llevar un control e impulsar las medidas antes enunciadas, se elegirán de
inmediato comités de trabajadores de la propia empresa que entre en crisis y
los sindicatos que estén representados, mediante votación libre, secreta y
democrática entre todos los trabajadores de la plantilla. Su cometido debe ser
la lucha por el mantenimiento de la producción y los salarios, para mantener
los puestos de trabajo con acortamiento de la jornada, si así lo pide la
demanda.
Estos
comités actuarán como mecanismos de control para impedir el vaciamiento de
recursos, fugas de capitales y fiscalizar las cuentas, que serán controladas
con carácter firme por un Comité de Empresa o delegados de personal y un
representante del Gobierno Central y otro de la CCAA respectiva.
Gobierno,
Sindicatos y la ciudadanía debemos implicarnos en una lucha común contra el
paro. No a la destrucción de empleo: Las empresas que planteen cierre patronal ilegal, deberán ser incautadas
por el Estado, sin indemnización y ponerlas a funcionar bajo control de los
trabajadores.
Para
luchar claramente contra los abusos de los patronos y acometer una verdadera
lucha contra el paro forzoso, una de las medidas más eficaces es la
confiscación y expropiación, sin indemnización por parte del Estado de las
fábricas y empresas cerradas por sus dueños o que despidan masivamente a
trabajadores, para que sean reabiertas bajo control de sus propias plantillas.
El Estado debe garantizarles el salario fijado por convenio y prestarles ayuda
financiera y técnica para incrementar la producción.
Uno de los objetivos prioritarios de este
programa es luchar por el pleno empleo,
diciendo no a los despidos y aplicando medidas de fomento y planificación de la
economía social para que las mejoras sociales sean alcanzables.
Es preciso plantear decididamente la
Reforma de la Jornada Laboral y legislar de inmediato, para implantar la
jornada de trabajo de 32 horas semanales por Ley, sin pérdida salarial. Para defender los salarios es
preciso implantar la Escala Móvil precios-salarios con subidas salariales
automáticas cada tres meses, igual al IPC.
Las
subidas salariales tienen que ser superiores al IPC, ya que en otro caso, aún
no habiendo pérdida adquisitiva, el crecimiento salarial será igual a cero, al
igualarse con la carestía de la vida,
El
Salario mínimo interprofesional será de 1.200 euros al mes, para acercarnos a
Europa. La Jornada laboral por Ley no sobrepasará las 32 horas semanales, sin
reducción salarial, con el objetivo inmediato de repartir el trabajo existente
entre el mayor número de trabajadores, ocupados y desocupados de cada localidad
y sector de producción, sin reducción salarial.
En
Sanidad es necesario atender las reivindicaciones de este sector que lo ha dado
todo en la lucha contra el Covid-19, que ha venido siendo muy mal tratado, por
lo que la subida de los Presupuestos de ese sector debe alcanzar el 20
%.
El Sector Sanitario Público se
merece una recuperación de los ataques y los recortes de RAJOY que representó
en torno a una bajada de 15.000 millones, la inversión en dicho sector estaba
en 2019 todavía en el 15.28 %, habiéndose comprobado con la Pandemia que los
recursos son totalmente insuficientes, por ello reclamamos dotaciones adecuadas
en el aspecto humano y material.
La Sanidad debe tener un presupuesto
suficiente con el objetivo a corto plazo, de eliminar las listas de espera,
mejorar la atención sanitaria, que se ha demostrado carente de inversiones en
prevención en esta Pandemia y por lo cual es urgente mejorar la atención sanitaria
global, con la dotación de personal sanitario, en especial enfermeras y
médicos, a todos los Centros de Salud y Atención Primaria, así como Hospitales
deficitarios.
Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios.
Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de los puestos de trabajo
del personal dedicado a la salud pública para atender dignamente a todos los
enfermos, cambiando la orientación de la Política aplicada por el PP en la
Junta de Andalucía, que favorece a la Privada y perjudica a la Pública.
En el
sector de la Enseñanza se incorporarán los centros concertados a la Educación
Pública, que será única, gratuita, laica, de calidad y científica con un
período transitorio en el que se sacarán de la concertación a aquellos colegios
concertados que segreguen pos sexos.
Para
mejorar y defender la Enseñanza Pública, Gratuita y de Calidad planteamos un
incremento presupuestario hasta alcanzar el 7 % del P.I.B. en las inversiones
dedicadas a este sector para fomentar una enseñanza moderna y de calidad.
El Gobierno Socialista ofrecerá el
compromiso de defender claramente el Derecho para todos los mayores de 16 años
a unos estudios gratuitos, o un puesto de trabajo, o en su defecto
una renta básica de supervivencia garantizada por el Estado. Para las familias que carezcan de ingresos,
el Estado les garantizará un INGRESO MÍNIMO VITAL efectivo y real del 80 % del
Salario Mínimo Interprofesional.
La Jubilación voluntaria será a los
60 años con contrato de relevo y el 100 % del salario, para empezar a
redistribuir el trabajo, con el objetivo de trabajar todas y todos, producir
más y repartir mejor, siendo garantizada por el Estado, junto a las demás
pensiones, con la revalorización de acuerdo con el incremento del Índice de
Precios al Consumo.
Para poner freno a la inflación que ataca insolidariamente
a los salarios, hay que decir no a las subidas de precios que no sean
autorizadas previamente por el Estado. Las empresas que aleguen que no pueden
asegurar la calidad de los servicios o la producción, que el Estado las
intervenga, o las nacionalice bajo control obrero, garantizando o incrementando
el nivel medio de producción.
Las
prestaciones de la Seguridad Social serán gratuitas, con el objetivo de poner freno al agravio comparativo
de los jornaleros y otros sectores, por lo cual serán asimilados y pondría ser
incluidos al Régimen General de la Seguridad Social a todos los efectos.
(Continuará mañana con la Parte C) del "Programa Mínimo Necesario" que defendemos.
(*) La persona, sea
afiliada o simpatizante socialista que quiera conocer el documento completo,
puede solicitarlo al correo de abajo poniendo en asunto: "Documento a
Debate":
ispsoeandalucia.malaga@gmail.com
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