Los jornaleros esclavizados bajo el plástico, (migrantes, refugiados y nativos), están condenados a trabajar durísimas jornadas y para estas personas no hay un horario reglado, o al menos no se cumple. En muchos casos no existen derechos laborales porque son negados por los patronos.
El 86 % de esos invernaderos se concentran en la provincia de Almería, según un informe reciente de 2017, elaborado por la Junta de Andalucía. La industria agrícola de los invernaderos explota entre 110.000 y 150.000 personas según diversas fuentes. Una Encuesta de Población Activa dice: “el número de población ocupada en actividades de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en Andalucía durante 2016 se cifra en unas 246.043 personas.”
En muchos pueblos, ni se paga siquiera el mísero salario base ni los acuerdos de algunos convenios por la reaccionaria contra-reforma de Rajoy. El salario medio de un peón agrícola es de 4,27 € por hora, lo que sale a 34,16 € la jornada de 8 horas. No hay vacaciones y los descansos son a discreción del patrón por “necesidades de la cosecha”. El 70,2 % son varones y el 30,8% son mujeres, que sufren la discriminación de cobrar menos por el mismo trabajo.
Si buscamos las causas que producen estas situaciones de injusticias, las encontramos en el modelo capitalista; principalmente el desigual reparto de la propiedad de la tierra. En Andalucía seguimos viendo al lado de enormes latifundios que siguen insuficientemente aprovechados, una enorme masa de jornaleros, migrantes y nativos, empobrecidos y desposeídos de cualquier medio de producción, mano de obra mal pagada, que malviven hacinados en chozas y barracas de madera y plástico, sin condiciones sanitarias dignas.
También existen miles de pequeñas explotaciones de parcelas de pequeños campesinos que no les producen ni para vivir dignamente. Están angustiados y desmoralizados por la constante caída de los precios de sus productos. Hemos visto manifestaciones de pequeños agricultores avisando de la “muerte del campo andaluz”, por los precios inviables que imponen las grandes comercializadoras.
De esa forma queda demostrada la incapacidad del capitalismo y sus grandes propietarios terratenientes, de garantizar un trabajo digno, por lo que sigue siendo urgente organizarse para continuar la batalla por un programa de Profunda Reforma Agraria, siempre prometida y nunca realizada.
Sigue existiendo en Andalucía una concentración enorme de la propiedad de la tierra, similar a la de los años 30, porque tan solo en torno a un 2 % de los propietarios son dueños del 50 % de la tierra cultivable y esa concentración no para de aumentar. Muchos pequeños propietarios se ven obligados a vender sus parcelas porque se han hecho improductivas por la mecanización y son incapaces de competir con las grandes fincas que las siguen acaparando y concentrando.
En este sector de los jornaleros, los peones agrícolas en general son los más castigados por esa dramática situación, ya que no tienen ninguna propiedad que vender más que su propia fuerza de trabajo, cada vez más devaluada por la competencia impuesta por la liberalización del “mercado de trabajo”, fruto de la ofensiva antisocial de Rajoy y sus leyes recortables.
Mientras tanto, vemos cómo miles de hectáreas de esos grandes terratenientes permanecen ociosas y no son cultivadas, pero SI reciben subvenciones que a veces las utilizan para arrancar árboles o destruir producción excedente desde el punto de vista capitalista, según aplican la Política Agraria Común (PAC).
Tomando datos de Estadística de Huelgas y Cierres Patronales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (año 2017), “se produjeron 729 paros con 225.687 participantes y 594.253 jornadas no trabajadas durante el año, con un aumento en este último de un 52,7% respecto a 2016”. Consultados los datos del primer trimestre de 2018, “las huelgas convocadas provocaron la pérdida de 8.066.392 horas de trabajo, lo que supone un 51 % más que el mismo período de 2017”.
En abril del año pasado cuando el dirigente del S.A.T. Andrés Bódalo cumplía un año de prisión por reclamar tierra y trabajo, un grupo de unos 200 militantes del S.A.T. ocuparon una finca propiedad del BBVA en Jaén, para reivindicar el cumplimiento de la función social de la tierra, como proclama el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Bódalo declaró en su primer permiso carcelario: “no me puedo arrepentir porque no hice daño a nadie”.También continúa ese sindicato la lucha permanente por la liberación de los militantes encarcelados, como Molero y otros sindicalistas por defender la reforma agraria y el derecho a un puesto de trabajo y han sido sancionados por la aplicación de la injusta Ley Mordaza del PP.
Este año 2018 vemos resurgir las luchas obreras y la admirable movilización de los pensionistas, sobre todo en Bilbao, que ha contagiado a todo el territorio. El 8-Msaltó la impresionante movilización Feminista con las jóvenes del colectivo Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes a la cabeza del resto de organizaciones feministas, sociales y sindicales.
El 28-F las Marchas por la Dignidad contra los recortes, movilizaron también a miles y miles a través de SAT, CGT, USTEA, PCA, IU, MDM, CUT, PODEMOS, IZAR, CLIAS y RED ROJA. Los trabajadores de las contratas de los Astilleros de Cádiz hicieron un paro de 24 horas, por la muerte de 2 compañeros en accidente laboral, protestando por las malas condiciones en el tajo. El 13 de Junio hubo una huelga general histórica del Sector del Metal en Cádiz con un éxito rotundo, recibiendo solidaridad de otras zonas del Estado.
Ya en 5 de Julio se convocó por la CGT una Huelga en Airbus Puerto Real. Amazon: Los trabajadores de la primera multinacional del mundo han ido a la Huelga, el 16, 17 y 18/7 en el almacén logístico de San Fernando de Henares (Madrid), siendo brutalmente reprimidos,por luchar por sus derechos. Nueva Manifestación de protesta en el sector Textil el 19/7. La Aerolínea Ryanair cancela 400 vuelos por la convocatoria de Huelga de su personal convocada para el 25 y 26 Julio, etc.
Todos esos ejemplos demuestran un creciente ambiente de luchas sociales en todos los sectores. En el campo, la mejor salida como explican los sindicatos agropecuariospara buscar solución al problema del paro, es la expropiación de las fincas ociosas de los terratenientes y su planificación para la producción en base a las nuevas tecnologías.
Todas las fincas mayores de 200 hectáreas en secano y 50 en regadío deberían ser expropiadas y puestas a disposición de los sindicatos para gestionarlas en plan de cooperativas o colectivos de economía social. La clase dominante y sus potentes aparatos de propaganda afines han venido criticando el experimento del Pueblo de Marinaleda, pero últimamente están bastante callados.
Ese pueblo de Sevilla donde hay trabajo y el paro es solo de un 5,89 % contra el 24,4 % en Andalucía (año 2017) según la EPA, además de haber aumentado los puestos de trabajo en base al movimiento de lucha de toma de tierras y el movimiento cooperativo, los jornaleros llevan adelante la producción con el modelo de Autogestión dirigido por Gordillo, Cañamero y demás luchadores por la Reforma Agraria Integral.
Cientos de años nos demuestran que no hay solución a los problemas de miles de familias en el campo sobre la base de la propiedad privada cada vez más concentrada de la tierra de labor que defiende el liberalismo capitalista. Como hemos venido reivindicando en Asambleas y Congresos anteriores, en concreto en la III Conferencias de I.S. de Andalucía, celebrada en Sevilla en marzo del año pasado, en la tesis 7.11 aprobada por los colectivos asistentes, reivindicamos:
“Para acometer una Reforma Agraria moderna con el objetivo prioritario de poner fin al paro, la miseria y la escasez del trabajo en los pueblos, que permita ofrecer soluciones dando faena a las familias trabajadoras, jornaleras y campesinas, paliando a su vez las necesidades alimentarias de la población, el Estado acometerá la Legislación necesaria para expropiar los grandes latifundios agrícolas y ganaderos de más de 200 Ha comenzando por aquellos que están insuficientemente cultivados o se mantengan improductivos, para ponerlos en explotación con el concurso de los Sindicatos Agropecuarios en régimen de Cooperativas”.
En la tesis 7.13 se aprobó: “Para garantizar los recursos necesarios que hagan efectivo dicho Plan y el resto de medidas antes enunciadas (Texto de 148 tesis), se planificará la nacionalización del sector bancario unificándolo en un solo Banco Estatal Público, con indemnización en casos de necesidad comprobada de ahorradores e impositores con garantía del Estado, y bajo control democrático de los trabajadores. Esta medida, no solamente garantizará controlar los recursos económicos del país en beneficio de la mayoría, sino que permitirá conceder créditos baratos a las familias trabajadoras de los autónomos, pequeños productores, pequeñas empresas, fomentando el cooperativismo y la economía social autogestionaria, de amplios sectores del consumo y la producción. Se garantizará por el Estado los depósitos de los pequeños ahorristas individuales, empresas familiares, Pymes y todos los sectores de economía social de carácter cooperativo, así como se prestará apoyo a todos los emprendedores que garanticen los puestos de trabajo de sus empresas”.
Esas medidas y otros objetivos que se desarrollan en la Memoria de la Conferencia mencionada, podrían servir para acabar con el ocio embrutecedor de la juventud, imbuidos por el sistema capitalista hacia la droga y el alcohol, como la principal distracción en la actualidad, situación que representa un sometimiento a las condiciones durísimas de las jornadas de trabajo, lo que perpetúa la esclavitud e impide tener un mejor futuro. Es necesario desarrollar locales sanos adecuados para que la gente se divierta, donde se puedan reunir y fomentar la cultura y la educación cívica, polideportivos donde pueda practicarse un deporte saludable y una asistencia sanitaria adecuada, porque en la actualidad, las condiciones de asistencia sanitaria son muy deficientes para ese sector muy marginado.
Los jornaleros, los peones del sector agropecuario, los campesinos pobres, de tantos y tantos pueblos, tienen que asumir también la tarea de organizase y luchar por una alternativa: buscar la unidad en la lucha con el resto de la clase trabajadora de las ciudades en una batalla conjunta contra este modelo capitalista que ampara y mantiene en la impunidad a esa casta de banqueros, terratenientes, evasores y corruptos que se han venido enriqueciendo a costa del empobrecimiento mediante la explotación y la opresión de la mayoría de la población trabajadora.
La lucha por la tierra y por la reforma agraria, es la misma lucha por el socialismo que debe ser conjunta de la clase trabajadora de todos los sectores, Agropecuario-Forestal, Industrial, Comercial y Servicios, bajo un enfoque ecologista, para poder controlar democráticamente los medios de producción y financieros que siguen estando en manos de esa minoría de grandes banqueros y capitalistas, como única forma de que se reparta con justicia equitativa la enorme riqueza que se genera y mucha más que se podría generar, para poder conseguir una vida digna a la que tenemos derecho como seres humanos.
Escrito por José Martín Rodriguez y publicado por Diario 16 Mediterráneo el 24-7-18.
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