El 15 de octubre de 2017 se cumplieron
40 años de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.
Tomando una de las principales reivindicaciones de la oposición antifranquista,
que buscaba sacar de las cárceles a miles de presos políticos, los herederos de
la dictadura, con el apoyo de los grandes partidos de la izquierda (PCE y
PSOE), aprovecharon para aprobar una ley que garantizaba que no se juzgaría a
ningún responsable, torturador o asesino de la dictadura.
La lucha por la amnistía.-
Durante los años de la dictadura
franquista, una de las principales consignas del movimiento obrero y
estudiantil que luchaba en las calles contra un régimen de terror, era la
amnistía para los presos políticos. Mientras el régimen franquista se
resquebrajaba, el lema “Libertad y Amnistía” era uno de los más coreados en las
manifestaciones, todas ellas reprimidas brutalmente por la policía.
Aunque ciertos historiadores intentan
endulzar la etapa del tardofranquismo como una época “de bonanza económica”,
“alejada de la represión de la posguerra”, o que “nos trajo la democracia”, eso
es una auténtica falacia. Durante los últimos años de la dictadura, el aumento
de la lucha de jóvenes y trabajadores, la proliferación de huelgas, y la
respuesta en las calles hizo que el régimen incrementara aún más su represión.
Se cerraban periódicos, se detenía a personas por repartir propaganda o ir a
una manifestación, a través del famoso Proceso 1001, dirigido contra
CCOO, dirigentes del movimiento obrero como Marcelino Camacho fueron condenados
a 20 años de cárcel, se torturaba en la Dirección General de Seguridad en la
Puerta del Sol, e incluso se ejecutaba legal o ilegalmente a activistas
antifranquistas, como el caso de Puig Antich (por garrote vil), o los cinco
últimos fusilados, ¡sólo dos meses antes de la muerte del dictador!
Juan Carlos I, nombrado por Franco como
su sucesor, mantiene el régimen completamente intacto. Es la lucha en las
calles, las huelgas y las manifestaciones, la lucha revolucionaria en todo el
Estado lo que obliga a que la monarquía y parte del régimen se vean obligados a
ceder, para no perderlo todo, ante las demandas democráticas, entre ellas, la
libertad de los presos políticos. Pero todo ello en un contexto en el que
seguía habiendo detenidos, torturados y asesinados, como en el caso de Vitoria
el 3 de marzo de 1976, cuando la policía, dirigida por Martín Villa y Fraga,
irrumpe a tiros en la Iglesia de San Francisco, donde los trabajadores
celebraban una asamblea, matando a 5 trabajadores y dejando heridos a más de
100. Sólo gracias a la lucha y tras muchos sacrificios, entre 1975 y 1976,
salieron en libertad 117.746 presos políticos a través de diferentes indultos y
decretos-ley.
Una ley de Amnistía al servicio del aparato
franquista.-
El aparato franquista veía día a día
como se resquebrajaba su poder y autoridad. Para poder poner a salvo sus
privilegios, necesitaban establecer cambios cosméticos, reconociendo libertades
y derechos democráticos, a cambio de mantener las estructuras económicas y
políticas prácticamente intactas y, por supuesto, sin que se abriera proceso
alguno para juzgar y castigar a cualquier responsable de la dictadura.
Con la excusa de la “reconciliación
nacional” y alegando la existencia del “ruido de sables” tanto Felipe González
como sobre todo Santiago Carrillo y el PCE aceptaron todas las condiciones que
pusieron sobre la mesa aquellos mismos que habían apoyado la brutal represión
contra sus militantes y activistas: se aceptó la monarquía, la bandera y la
sagrada “unidad de la patria”, el poder de la Iglesia y de los militares, los
Pactos de la Moncloa (un auténtico plan de ajuste que empobreció a los
trabajadores), una Constitución que apuntaló el régimen capitalista y, por
supuesto, la impunidad de los crímenes franquistas mediante la Ley de Amnistía.
La Ley de Amnistía se aprobó con 296
votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 nulo. PCE y PSOE votaran a
favor de la misma. De hecho, sin este férreo apoyo su aprobación hubiera sido
imposible. El propio Marcelino Camacho, máximo dirigente de CCOO y miembro del
PCE, la defendió en el Congreso de los Diputados así: “Para nosotros, tanto
como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de
dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única
consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas.
Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa;
queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas
tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros
rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la
libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.
Una declaración que aceptaba olvidar y
mantener a las víctimas del franquismo en el ostracismo. Una ley que no fue
votada ni debatida por el pueblo. Ahora que PP, PSOE y C´s se llenan la boca de
“democracia” y de “legalidad”, ¿qué legalidad es esa que permite que no se
juzguen crímenes de lesa humanidad, asesinatos o torturas, o que impide que ni
siquiera hoy los familiares de los fusilados puedan recuperar los cuerpos de
las víctimas? La legalidad de una dictadura fascista, que fue amnistiada en el
artículo segundo de dicha ley:
“En todo caso están comprendidos en la
amnistía:
a.
e) Los delitos y faltas que pudieran
haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con
motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en
esta Ley.
b.
f) Los delitos cometidos por los
funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de
las personas”.
Verdad, justicia y reparación. ¡Basta de
impunidad!
Una ley que ha impedido durante 40 años
juzgar ni un solo crimen del franquismo, que permitió a la “democrática”
justicia española rechazar e impedir en 2008 que se juzgasen los crímenes de
la dictadura, y que permite a día de hoy que torturadores y ministros
franquistas ni siquiera puedan ser extraditados y juzgados en Argentina, como
consecuencia de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La
propia ONU ha señalado al Estado español como el segundo país del mundo con más
fosas comunes después de Camboya, exigiendo que se acabe con esta situación.
El propio Partido Popular, fundado por
ministros de Franco, se ha negado reiteradamente a condenar la dictadura
franquista y, por supuesto, ha combatido a cualquier intento de restaurar la
memoria de las víctimas del franquismo. Y todo ello siempre con la colaboración
del PSOE que durante los muchos años que gobernó, incluso cuando decidió
impulsar una Ley de la Memoria Histórica con Zapatero, nunca se planteó derogar
la Ley de Amnistía para que se pudiera juzgar a los torturadores y reconocer a
las víctimas. Esta ley ha servido incluso para que los propios franquistas,
como la Fundación Francisco Franco, puedan beneficiarse de subvenciones
públicas, cumpliendo supuestamente con el objetivo de la reconciliación
nacional.
Nunca se ha depurado el aparato estatal,
ni los tribunales, ni la policía ni los militares, manteniéndose así vivas las
raíces del franquismo, e impidiendo también que pueda señalarse a las grandes
fortunas, muchas en el Bies-35, que se levantaron sobre el trabajo esclavo y la
represión.
Una política de Memoria Histórica que de
verdad quiera acabar con la impunidad del franquismo requiere derogar la Ley de
Amnistía, acabar con la Ley de Secretos Oficiales, que no se utilice la Ley de
Protección de Datos para impedir cualquier investigación sobre la represión
franquista y depurar el aparato del Estado de elementos reaccionarios.
Escrito por Pablo Alcántara.
(Prensa obrera EM nº 320, nov/2017)
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