A continuación publicamos el texto de la enmienda presentada en la Asamblea de Campanillas el pasado viernes, que trata sobre el programa alternativo que aportamos al debate congresual a la Ponencia Marco:
ENMIENDA A LA PONENCIA MARCO DEL CONGRESO.
(PRESENTADA POR IZQUIERDA SOCIALISTA –PSOE)
PÁGINA 10:
ADICIÓN: FINAL DEL PÁRRAFO 25
(Continuación al
párrafo 24.1.4 titulado: NECESITAMOS UN NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO)
25. A) POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA QUE ROMPA CON
LA DICTADURA DE LOS MERCADOS
Nuestro
partido, el Partido Socialista Obrero
Español tiene que realizar un cambio de rumbo programático, un verdadero giro
hacia la izquierda, para ofrecer una
salida a la clase trabajadora, que sea asumida como propia y que restablezca el
apoyo y la confianza de la mayoría de la sociedad.
Nacionalizar
el sistema financiero bajo el control democrático de los trabajadores y sus
organizaciones
Es
urgente cambiar la política económica y
monetaria practicada hasta ahora. No es posible salir de la crisis
utilizando los mismos mecanismos liberales que han llevado al colapso a la
economía, por lo que la única política correcta sería utilizar todos los
recursos financieros disponibles para la creación de un “BANCO PÚBLICO ESTATAL
ÚNICO”, (con la unificación de las Cajas de Ahorros), es decir nacionalizar el
sistema financiero bajo control democrático de los trabajadores y sus
organizaciones, y poner la economía al servicio de la producción y ésta al
servicio de los seres humanos.
Es
completamente inviable que el gobierno intente convencer a la Banca Privada de
que conceda créditos, cuando el sistema está completamente colapsado, porque a
los jefes y amos de la banca privada sólo les interesa obtener gratis los
fondos del Estado para mantener sus insultantes beneficios.
Consideramos
que es urgente en cuanto que el PSOE vuelva a conquistar el Gobierno, que se
decrete la expropiación de los bancos privados, con indemnización solo en caso
de necesidad comprobada, con el objetivo
de concentrar todo el crédito en manos del Estado, para gestionarlos
democráticamente entre el Gobierno, los sindicatos de clase, los propios
empleados de la Banca, y el conjunto de las organizaciones obreras, como la
mejor forma de democratizar los recursos financieros, evitar la corrupción y la
especulación y exigir el desmantelamiento de los paraísos fiscales. Esta
política no significa, ni mucho menos, la expropiación de los pequeños
ahorradores y depositarios, sino todo lo
contrario, pues una vez nacionalizado y democratizado esos recursos
dinerarios, tendrán la garantía del Estado. De esa forma, una Banca Pública
Estatal, al servicio de la producción y gestionada democráticamente, puede establecer condiciones más favorables
para otorgar apoyos a los pequeños y medianos empresarios, a los agricultores,
a los pequeños comerciantes, a los pensionistas, a los ahorradores, a la vez
que se permitiría la inversión en los gastos sociales, vivienda, sanidad,
educación e infraestructuras públicas tan necesarias dando empleo a millones de
jóvenes y trabajadores.
De
hecho, la nacionalización en la práctica de la banca se está llevando a cabo de
una u otra manera por gobiernos de todo signo político, pero por desgracia, se
está llevando a cabo poniendo los recursos públicos al servicio de la burguesía
y salvando los intereses del capital privado. La consigna, nacionalizar las
perdidas, privatizar las ganancias, es el programa del gran capital. De ahí se
desprende este ataque sin precedentes a los gastos sociales y las conquistas
históricas del movimiento obrero.
Por
una vivienda digna y accesible a toda la población.
Poner
en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas sociales;
municipalización del suelo urbano para liberar suelo barato. Nacionalización de
las grandes empresas constructoras, fuertemente endeudadas, para gestionarlas
democráticamente bajo control obrero. La Vivienda es un Derecho de la
ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos. Impuestos progresivos a
los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías, para forzar a
sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la vivienda sea un medio de
especulación.
El
Gobierno debe desconocer el valor actual de las deudas hipotecarias de las
familias obreras, que están ligadas al valor artificial del suelo originado en
el boom inmobiliario, que se derrumbó.
Paralización inmediata de los embargos por hipotecas de viviendas y
bienes de las familias trabajadoras.
Ninguna familia obrera debe pagar más del 10% de su Salario Familiar en
vivienda. Plan de alquiler estatal con ofertas habitacionales que no sobrepasen
el 10% del Salario familiar.
El
Estado procederá a la expropiación de todos los inmuebles y viviendas
abandonados, o no ocupados durante un año, o que estén fuera de uso, para que
puedan alojarse las familias sin viviendas y sin recursos, o/y para que puedan
ser usadas socialmente como centros culturales y de ocio. La entrega y el uso
de cada inmueble deberá estar controlado por la Asambleas de peticionarios
correspondientes de cada zona, con representación de Asociaciones Vecinales,
Sindicatos de clase y Vecinos que tengan solicitada vivienda social.
En
defensa de la enseñanza pública
En
defensa de una red de enseñanza pública de calidad, gratuita, laica y
científica. Incorporación de los centros
concertados a la Educación Pública. Ninguna subvención estatal a la enseñanza
privada. Incremento del presupuesto educativo hasta el 7 % del PIB. Por una
universidad pública y gratuita para los hijos de los familias trabajadoras.
En
defensa de la sanidad pública: No a la privatización, no al copago
Incremento
de un 20 % de los presupuestos de la Sanidad Pública, con el objetivo a corto
plazo de eliminar las listas de espera y mejorar la atención sanitaria global.
Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios. No a la privatización de
la sanidad pública, al recorte presupuestario y el despido de trabajadores del
sector. No al copago. Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de
los puestos de trabajo del personal dedicado a la salud pública para atender
dignamente a todos los enfermos.
Luchar
contra la especulación y la corrupción
Que
no se cubran las pérdidas de las empresas privadas con dinero público.
Nacionalización sin indemnización de todos los especuladores que ahora declaran
pérdidas y presentan Expedientes de Regulación de Empleo, poniendo en peligro
miles de empleos entregando esas empresas en manos de los trabajadores con
apoyo financiero y técnico por parte del Estado. Fuerte impuesto progresivo a
las grandes fortunas. Lucha contra el fraude fiscal: expropiación de los grandes
capitales que defrauden a Hacienda. Los representantes del Partido en las
Instituciones no deberán cobrar más de la media del sueldo de un trabajador
cualificado.
Un
plan de choque de inversiones públicas
Contra
la huelga de capitales y la caída brusca de las inversiones privadas y dado que
los capitalistas españoles no invierten, se procederá a incrementar la
inversión por parte del Estado. Plan de construcción de viviendas públicas,
hospitales, centros de estudio y universidades, para dar empleo a los millones
de parados existentes y satisfacer las necesidades sociales. Inversión en I+D+i. Introducción de la
robótica y las nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en
cada empresa que lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y
bajo control democrático de la gestión por los trabajadores.
Cuando
el empresario presente un ERE o el expediente para cierre, se le exigirá que se
abran los Libros de Contabilidad de la empresa o grupo de empresa al que
pertenezca. Se ejercerá el control social para evitar el vaciamiento de los
recursos financieros y demás bienes de la empresa y se fiscalizará el
funcionamiento correcto evitando los fraudes, robos y boicoteo a la producción,
que será puesta bajo control estatal.
En
defensa del empleo y contra el paro
Jornada
laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial con el objetivo de
repartir el trabajo como un bien escaso.
Para
dar paso a la juventud y combatir el desempleo juvenil, jubilación a los 60
años, con contratos de relevo y fomento del contrato de aprendizaje.
Contra
la eventualidad y la precariedad, fijo a los 15 días en puestos fijos y
contratos de fijos discontinuos en puestos eventuales.
Lucha
firme contra la discriminación de la mujer, exigiendo el cumplimiento por Ley
de "a igual salario, igual trabajo", sin excepción con fuertes
sanciones para los patronos que infrinjan esa legislación.
Plenos
derechos laborales iguales como ciudadanos, tanto para los inmigrantes como los
nativos, por lo que es necesario derogar la actual Ley de Extranjería,
introduciendo también cambios que favorezcan el asilo político.
Nacionalización
de las empresas en crisis para defender todos los puestos de trabajo.
Como
apoyo social de urgencia, el Estado
entregará de forma obligatoria a todo trabajador en paro que no perciba
prestación económica alguna, ayudas de
emergencia en alimentos, ropas y bonos de transporte indispensables para tener
una vida digna, comprometiéndose el trabajador a prestar servicios sociales a través del Municipio
al que sea asignado provisionalmente mientras no se le oferte otra alternativa
laboral.
El
trabajo social prestado será proporcional al valor de la ayuda recibida y se
ejercerá un control público mediante la Asamblea de barrio o zona, en
colaboración con las Asociaciones Vecinales y los sindicatos y Comités de
Parado, que deberán realizar un censo para saber exactamente las familias o
personas que necesiten dichos servicios sociales básicos, que deberán ser
solicitados mediante votación positiva
de la Asamblea a la que estén inscrito, con el objetivo de erradicar de
inmediato los casos de pobreza extrema y solamente estarán exentos de prestar
ese trabajo social sustitutorio los niños, los ancianos y los impedidos por
enfermedad, mediante baja médica u hospitalaria.
Es prioritario
la legalización inmediata de todos los trabajadores que son explotados en la economía sumergida
con el mero requisito de proceder al alta de oficio a toda persona que esté
prestando servicios y no se encuentre en nómina, pasando a contrato fijo de
plantilla, con el único requerimiento de comunicar el alta al sindicato, a la
patronal y a la inspección de trabajo
por parte del trabajador afectado.
Por
los derechos sociales y el fomento de la actividad productiva
Mantenimiento
de los servicios de empleo dentro del Estado. No a las ETTs. Por un puesto de
trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual a un Salario Mínimo
Interprofesional de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años y salario máximo
de altos cargos públicos y privados que no superen cuatro veces el salario
mínimo, regulados a través del IRPF a través de una reforma impositiva
progresiva y justa.
Subida
automática de los salarios igual a la subida de coste de la vida con la
introducción de la escala móvil precios-salarios, con subidas y revisiones cada
3 meses bajo control de comités sindicales, asociaciones de consumidores y
gobierno para evitar la inflación descontrolada.
Poner
la economía al servicio del ser humano y no del lucro de una minoría, para lo
cual es preciso decretar la nacionalización de la banca y los monopolios, indemnizando a los pequeños
accionistas necesitados y poniendo estos recursos productivos bajo control
democrático de los trabajadores para impulsar la economía productiva. Con estas
palancas económicas fundamentales en poder de la sociedad, pueda llevarse a
cabo un verdadero plan que incremente la producción, cuya capacidad productiva
instalada está estrangulada en los momentos actuales en torno al 68 %.
Con
el objetivo de solucionar las necesidades
de las familias de los jornaleros, campesinos pobres y clase trabajadora
en general y fomentar la creación de puestos de trabajo, el Estado expropiará,
con indemnización en casos de necesidad comprobada, los latifundios de más de
200 Ha, para realizar una explotación en régimen cooperativo, con apoyo técnico
y financiero estatal que permitan reformar y modernizar las estructuras
agrarias, encaminadas a la industrialización y distribución social.
Para
luchar con firmeza contra el paro forzoso y cierre de empresas, se decretará la
expropiación sin indemnización por el Estado de todas las fábricas y empresas
cerradas por sus dueños o que estén con
expedientes y litigios de despidos que tengan reivindicaciones en marcha por parte de los
trabajadores, para que sean puestas en funcionamiento bajo control democrático
de sus propias plantillas, para lo cual, el Estado deberá garantizar el salario
fijado en convenio y prestarle ayuda,
apoyo técnico, financiero y
plantear una democracia real bajo control obrero.
ORGANIZAR LAS
FUERZAS PARA LUCHAR POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIALISTA DE LA SOCIEDAD
Este
programa a favor del pueblo y de las familias trabajadoras, es evidente que no
lo van a aplicar los empresarios y la burguesía
por las buenas. Solamente con la lucha y la movilización de masas
podemos arrancar una gran parte de estas demandas. Para que sean efectivas y
llevadas a la práctica es necesario un gobierno de los trabajadores, un
gobierno PSOE-IU y otros partidos de izquierdas, que responda de verdad a su
base social, con la colaboración plena de las fuerzas sindicales y asociaciones
progresistas de consumidores y usuarios.
Para
ello es preciso un reagrupamiento de
toda la izquierda, que movilice a los ciudadanos, que organice las
asambleas de barrios, al sindicalismo de clase, a la juventud, a la mujer, al
ecologismo y otras fuerzas de progreso a las que les pedimos que participen,
apoyen y exijan la aplicación y la gestión de este plan de acción. Un
movimiento que haga realidad la exigencia de Democracia Real Ya, que confluya
con las fuerzas que ha movilizado el 15-M a través de una acción sostenida de
masas.
Para
ganar a la mayoría de la clase obrera para este programa, un auténtico programa
socialista, las organizaciones en su conjunto, tanto sindicales y la izquierda
en general deberían unificar sus luchas y reivindicaciones, como insistentemente
están demandando miles de activistas obreros, juveniles, de consumidores y
vecinales, que vienen tomando las calles y plazas cada vez con más
insistencia. En primer lugar, es preciso
hacer un esfuerzo por caminar hacia la unidad del movimiento de los
trabajadores por la defensa de un programa de acción común, con plena libertad
de cada organización y colectivo para defender sus planteamientos y propuestas,
y que las decisiones se tomen democráticamente en asambleas generales de cada
pueblo, distrito o comarca. En segundo lugar, los activistas de izquierda
deberían desarrollar un trabajo sistemático, de concienciación y
encuadramiento, para difundir este programa en el seno de las organizaciones
sindicales y en defensa de una acción sindical de clase, combativa y
democrática.
Mientras
que tengamos el derecho de opinar y quejarnos pero sean otros, como los grandes
empresarios y banqueros nacionales y extranjeros, los que decidan en contra de
nuestros intereses, jamás habrá auténtica democracia ni podremos avanzar hacia
la superación del capitalismo: soportaremos esta “fachada” de democracia que no es otra cosa
que “la dictadura del gran capital”. Necesitamos una democracia auténtica, una
“democracia obrera”, “una democracia socialista”, una “Democracia Real
Ya”, basada no en funcionarios y
burócratas corruptos sino en el control y la gestión directa de la población de
todos los aspectos de la economía, la cultura y la sociedad; una democracia de
los trabajadores basada en la participación y el control de la población por
medio de Comités y asambleas en los centros de trabajo y en los barrios,
coordinados en el ámbito local, provincial y nacional, donde cualquier
representante o funcionario sea elegido y revocado en cualquier momento por la
población y que, en ningún caso, perciban un salario superior al salario medio
de un obrero cualificado; donde las tareas de administración y gestión no estén
confiadas exclusivamente a “especialistas” separados del pueblo sino que sean
ejercidas por el conjunto de la población.
El
Socialismo es internacional o no es nada, por lo que es preciso compartir y
extender estos métodos de lucha a los países hermanos de Europa, de
Latinoamérica y resto del mundo. Los socialistas marxistas defendemos el
internacionalismo no como una buena idea sino como una necesidad para
defendernos de la crisis de capitalismo. Frente a la UE del gran capital,
abogamos por los Estados Unidos Socialistas de Europa como primer paso para una
Confederación Socialista Mundial, que en un plano de igualdad, colaboración y
apoyo mutuo entre todos los pueblos del planeta, supere la actual pesadilla a
la que nos enfrentamos.
Con
la participación activa y democrática de la mayoría de la población en lucha
por estos objetivos, estaríamos en condiciones de avanzar hacia una sociedad
verdaderamente democrática, donde, liberados de la lucha cotidiana por la
supervivencia y con los medios de producción bajo control de la mayoría de la
sociedad, los trabajadores y nuestras familias podríamos participar conscientemente
en todas las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de una
sociedad basada en la ética, poniendo al ser humano en el fundamento de la
economía, y ésta al servicio de la humanidad. Consideramos que sí existe una
alternativa, así como los medios para utilizar toda la creatividad maravillosa
de la que es capaz el género humano y esa alternativa se llama SOCIALISMO.
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