De forma pacifica y ordenada se han mantenido las acampadas que han creado una fuerte polémica entre los intolerantes que exigían su represión, principalmente los más recalcitrantes voceros de la derecha y los progresistas y gentes de izquierdas que hemos visto estas movilizaciones como un resurgir de la lucha ciudadana por una
regeneración democrática que apoyamos y saludamos, aunque críticamente, pero como muy positivas.Está claro que aunque a algunos les pese, la situación está empezando a influir en la escena política, por eso, los líderes de los principales partidos han sido muy cuidadosos con este asunto: El Ministro Rubalcaba, ante la presión de los
periodistas, declaró: “Ante un desalojo, la Policía está para resolver problemas, no para crearlos”. Saludamos eso como positivo porque a veces la violencia de los provocadores o los errores de la policía han sido los causantes de los enfrentamientos. El Presidente Zapatero también ha sido muy sensible y dijo:
“Hay que escuchar las protestas; hay razones para el descontento”. Estamos de acuerdo que tenemos que poner oídos, pero no solamente escuchar es preciso hacernos una autocrítica para ver los errores y rectificarlos en su caso. Cayo Lara, Coordinador de IU declaró: “Estas movilizaciones no tienen nada que ver con el 13-M”, e incluso visitó en Málaga a los concentrados en la Plaza de la Constitución animándoles y apoyando la lucha. Incluso el reaccionario de Rajoy se vió forzado a no ser muy estricto al declarar: “La gente tiene derecho a exigir que se hagan mejor las cosas”, pero una de las portavoces del PP, se hizo un verdadero lío ante la pregunta de un periodista (Cadena Ser), cuando le preguntó si ella mandaría a la policía para desalojar a los concentrados. Primero dijo que no, porque era una concentración pacífica, añadiendo a renglón seguido que “como era ilegal, mandaría desalojar desalojar la plaza”, para en el mismo momento desdecirse y comentar que “ella no dijo nada”. Que si, pero que no, que eso lo decidiría la dirección… En realidad, el discurso del PP es siempre el mismo, dicen una cosa y su contraria y se quedan tan anchos.
La situación se ha tensado cuando la Junta declara ilegal las protestas de fin de semana y ha decidido prohibir todo tipo de manifestaciones en la jornada de reflexión, pero los acampados mantienen sus concentraciones, principalmente en Madrid, donde la concentración convocada por el Movimiento 15-M y la Plataforma “Democraciarealya” mantienen el pulso y aunque han declarado que formalmente no han convocado, la gente dice que estarán en la Puerta del Sol hasta después del 22-M.
Existe un debate entre juristas que dicen que debe prevalecer el derecho a la libre circulación de las personas y la libertad de reunión amparadas por la Constitución sobre una Ley inferior, como es la Ley Electoral, además de que, en realidad, es una de las primeras reivindicaciones planteadas. La Ley D’hont, que incluso nuestra corriente ha cuestionado y criticado desde sus inicios, es injusta y castiga a las minorías, porque el sistema de reparto actual prima a los más fuertes y adjudica injustamente los votos obtenidos, por lo que se reclama el método de reparto proporcional, bastante más justo.
Este movimiento ha expresado un rechazo al funcionamiento de los partidos mayoritarios, sobre todo a los que han tenido responsabilidades de gobierno, exigiendo un cambio en el modelo democrático y una potenciación del poder ciudadano. La lista de reivindicaciones es inmensa, pero todavía no se ha priorizado, ni se ha promovido el cauce por dónde será necesario llevarlas a cabo ya que la amalgama y la atomización de las organizaciones participantes es enorme y sobre todo, el peligro de un llamado inicial al “apoliticismo” que refleja una cierta inmadurez.
Entramos hoy viernes en el sexto día de protesta y pese al mal tiempo, a las prohibiciones y a las dificultades, miles de ciudadanos han vuelto a congregarse junto a los acampados que pasan la noche en situaciones precarias, pero que han organizado perfectamente las comisiones de limpieza, avituallamiento, seguridad y demás, lo que demuestra que es posible la democracia participativa, incluso entre colectivos tan heterogéneos, siempre y cuando exista un respeto a las decisiones tomadas por el colectivo y se ponga en marcha un cierto plan de organización que se puede ir perfeccionando y mejorando.
La extensión y magnitud de estas manifestaciones, que han traspasado las fronteras, siendo un ejemplo que puede ser imitado en otras zonas de Europa, que vienen inspiradas, en cierta forma, por las magníficas luchas de Túnez y Egipto, aunque con la diferencia profunda de que allá no había libertades civiles y aquí si, es sin duda una de las manifestaciones más importantes desde la Huelga General convocada por CCOO y UGT el 29 de Septiembre. Suponen un paso adelante para llenar de confianza a la clase trabajadora y la juventud, demostrándose que si tenemos fuerzas para seguir la lucha pacífica por un mundo mejor.
Es preciso que ampliemos y profundicemos el debate que se ha abierto, al que nosotros saludamos como positivo, porque nos va a permitir intercambiar opiniones y propuestas, canalizando los esfuerzos hacia los partidos y sindicatos que deben estar atentos para, no solo “escuchar” sino incluso “asumir y defender” muchas de las reivindicaciones que plantea este nuevo movimiento social. Por ello, nuestra corriente tiene que abrirse a este debate, como siempre hemos venido haciendo desde el seno del Partido.
En nuestras críticas permanentes, siempre con el ánimo constructivo, hemos venido planteando propuestas que sometemos a la consideración de todos, de la dirección y de las bases, de los afiliados y militantes y de los sindicalistas, de los no afiliados y de los movimientos sociales que están buscando el camino para profundizar la democracia y defender nuestros derechos como ciudadanos, rechazando la dictadura del capital, como tantas veces hemos comentado y avanzar hacia el verdadero socialismo.
Para ello, reproducimos parte de nuestras resoluciones emanadas de la conferencias y Asambleas anteriores donde pedíamos que “el Partido Socialista tiene que facilitar la unidad de las izquierdas con el objetivo de aplicar medidas extraordinarias, pero que vayan en favor de las familias trabajadoras y las capas más desfavorecidas de la sociedad, ayudando a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios que, junto a los asalariados, conforman la aplastante mayoría de la sociedad.
La dirección del PSOE, como partido mayoritario, tiene la obligación de organizar un proyecto social que defienda enérgicamente un programa auténticamente socialista, para iniciar la construcción de una Europa de los trabajadores y los pueblos.
Bajo el estrecho margen que ofrece el sistema capitalista, la salida de la recesión sería lenta y muy costosa para los trabajadores, porque el sistema está lastrado por las deudas y el recorte de la demanda que va a reportar los planes de austeridad propuestos, que van en la línea opuesta a los intereses de los trabajadores.
Por todo ello el PSOE tiene que adoptar una política de izquierdas que sea apoyada por los sindicatos, los trabajadores y las capas medias, que representen claramente una salida de la recesión, con las mejoras sociales y económicas que siguen:
Legalización inmediata de todos los trabajadores que son explotados en economía sumergida, con el único requisito de denuncia ante la Inspección de Trabajo por parte del afectado.
Ningún trabajador es ilegal; la corrupción e ilegalidad viene de parte de los patronos corruptos que no los declaran, para obtener más beneficios.
Reestructuración de las Oficinas de empleo; un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al Salario Mínimo, eliminando los subsidios paulatinamente al ofrecer la Administración un trabajo en base a la creación de empresas públicas. Lucha implacable contra la economía sumergida, la corrupción y los despilfarros.
Escala móvil precios-salarios con subidas salariales automáticas cada tres meses, igual al IPC. Salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes para todos. Renta básica universal para los desocupados igual al 80 % del SMI. Si durante 3 meses no encuentra trabajo pasará a prestar servicio a la Administración Pública.
Jornada laboral por Ley que no sobrepase las 35 horas semanales con el objetivo inmediato de repartir el trabajo existente entre el mayor número de trabajadores, ocupados y desocupados de cada localidad y sector de producción, sin reducción salarial.
Plenos derechos laborales como ciudadanos, para los inmigrantes, por lo que es necesario derogar la actual Ley de Extranjería, introduciendo también cambios que favorezcan el asilo político.
Lucha firme contra la discriminación de la mujer, exigiendo el cumplimiento por Ley de "a igual salario, igual trabajo", sin excepción con fuertes sanciones para los patronos que infrinjan esa legislación.
Las empresas que presenten "concurso de acreedores", lo que anteriormente se llamaba suspensión de pagos o bancarrota, se les exigirá que abran los Libros de Contabilidad al control de los trabajadores y el Estado. Para llevar un control e impulsar las medidas antes anunciadas, se elegirán de inmediato comités de trabajadores en cada empresa que entre en crisis, mediante votación libre, secreta y democrática entre todos los trabajadores de la plantilla. Su cometido debe ser la lucha por el mantenimiento de la producción y los salarios, para mantener los puestos de trabajo con acortamiento de la jornada, si así lo pide la demanda. Estos comités actuarán como mecanismos de control para impedir el vaciamiento de recursos, fugas de capitales y fiscalizar las cuentas, que serán intervenidas con carácter tripartito entre los trabajadores, el Sindicato y el Gobierno.
Las empresas que planteen cierre patronal o "concurso de acreedores", deberán ser nacionalizadas por el Estado, sin indemnización y bajo control de los trabajadores. Para luchar claramente contra los abusos de los patronos y acometer una verdadera lucha contra el paro forzoso, una de las medidas más eficaces es la confiscación y expropiación, sin indemnización por parte del Estado de todas las fábricas y empresas cerradas por sus dueños o que despidan masivamente a trabajadores, para que sean reabiertas bajo control de sus propias plantillas. El Estado debe garantizarles el salario fijado por convenio y prestarles ayuda financiera y técnica para incrementar la producción.
PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS: Contra la huelga de capitales y la caída brusca de las inversiones privadas y dado que los capitalistas españoles no invierten, se procederá a incrementar la inversión por parte del Estado en I+D+i. Introducción de la robótica y las nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en cada empresa social que lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y bajo control democrático de la gestión por los trabajadores.
VIVIENDA: Para dar soluciones al problema de la vivienda, el Estado procederá a la expropiación de todos los inmuebles y viviendas que lleven un año desocupadas, abandonadas o fuera de uso, para realojar a las familias sin viviendas ni recursos, y/o para ser usadas como centros culturales y de ocio, en caso de necesidad social. La solicitud y entrega del uso de cada inmueble deben ser ejercidos y controlados por las Asambleas Municipales que se crearán en cada distrito o pueblo, con representación de Asociaciones Vecinales, Sindicatos de clase y los Ayuntamientos. Poner en marcha un plan de construcción de UN MILLÓN de viviendas sociales; municipalización del suelo urbano para liberar suelo barato. Nacionalización de las grandes empresas constructoras, fuertemente endeudadas, para gestionarlas democráticamente bajo control obrero. La Vivienda es un Derecho de la ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos. Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías, para forzar a sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la vivienda sea un medio de especulación. El Gobierno debe desconocer el valor actual de las deudas hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al valor artificial del suelo originado en el boom inmobiliario, que ahora se está derrumbando. Ninguna familia obrera debe pagar más del 10 % de su Salario Familiar. Mediante Ley se fijará que los alquileres e hipotecas para la primera vivienda no superarán en nungún caso el 10 % de los ingresos familiares. Paralización inmediata de los embargos de viviendas y bienes de las familias trabajadoras, jubilados o pobres que acrediten no tener recursos suficientes para abonar dichas hipotecas.
EDUCACION: Incorporación de los centros concertados a la Educación Pública, que será única, gratuita, laica, de calidad y científica, incrementando hasta un 7 % del PIB los presupuestos.
SANIDAD: Incremento de un 20 % de los presupuestos de la Sanidad Pública, con el objetivo a corto plazo de eliminar las listas de espera y mejorar la atención sanitaria global. Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios. Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de los puestos de trabajo del personal dedicado a la salud pública para atender dignamente a todos los enfermos.
Para poner freno a la inflación, que ataca insolidariamente a los salarios, hay que decir no a las subidas de precios que no sean autorizadas previamente por el Estado. Si las empresas alegan que no pueden asegurar la calidad de los servicios o la producción, que el Estado las intervenga, o las nacionalice bajo control obrero, garantizando o incrementando el nivel medio de producción.
Con el objetivo de poner fin a la situación de agravio comparativo de los jornaleros, se les asimilará al Régimen General de la Seguridad Social. Se acometerá la Reforma agraria expropiando los grandes latifundios ociosos de más de 100 Ha, que sean reclamados por los sindicatos obreros del campo, empezando por los que estén insuficientemente cultivados o se mantengan en estado improductivo y que sean objeto de reivindicación por las fuerzas sindicales agrarias, para ponerlos en explotación en régimen de cooperativas caminando hacia la reforma agraria integral, industrializando y modernizando los procesos productivos agrarios.
Para evitar la huelga de capitales y el boicoteo financiero que estas medidas sociales puedan causar, se procederá a la nacionalización, con indemnización en casos de necesidad comprobada, y bajo control social de los trabajadores, de los grandes monopolios y multinacionales financieras, así como el sector bancario y de seguros, para que con esas palancas económicas fundamentales en poder del Estado, se unifique todo el sector financiero Estatal en una Banca Pública, democrática y socialmente gestionada, para poder llevar a cabo un auténtico Plan Socialista de Producción que pueda hacernos salir de la situación de recesión, superando el estancamiento en el que el sistema capitalista nos ha metido y es incapaz de salir.
Una vez garantizados los recursos financieros necesarios que hagan posible la puesta en marcha de dicho Plan y el resto de las medidas sociales antes anunciadas, esa Banca Estatal Pública tendrá como principal tarea conceder créditos a bajo costo a los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios que lo necesiten, pero la gestión bancaria deberá funcionar bajo control democrático y abierto de la sociedad en su conjunto, eliminando el secreto bancario y el secreto de Estado. Se Decretará de inmediato el monopolio Estatal del comercio exterior, para evitar la fuga de capitales. De esta forma se podría garantizar el control y la utilización de los recursos económicos del país en beneficio de la mayoría, a la vez que permitiría conceder créditos baratos a las familias trabajadoras, para fomentar el cooperativismo y la economía social que tendrían absoluta prioridad ante los demás tipos de empresas privadas.
El objetivo del Plan tiene que ser "trabajar más, producir más y repartir mejor", tanto el trabajo existente como el fruto del trabajo, lo que sería visto por todos como un verdadero programa socialista a favor del pueblo y las familias trabajadoras, atacando la corrupción y los despilfarros, de ahi la necesidad del control social en todos los aspectos, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado. Es evidente que este programa tendría la oposición de los banqueros, los monopolios y los grandes empresarios especuladores. Por ello, y para que todas estas demandas sean efectivas y puedan ser llevadas a la práctica completamente, es necesario un gobierno de los trabajadores, una coalición encabezada por PSOE-IU-ERC-BNG y demás fuerzas de la izquierda, con el concurso imprescindible de los trabajadores a través de sus sindicatos de clase, principalmente UGT y CCOO pero haciendo un llamado a todos los que quieran participar, exceptuando los partidos y sindicatos de derechas.
Este sería un verdadero programa que respondería a las necesidades de las bases sociales y que, en caso necesario, tendría que apoyarse en las movilizaciones de la clase trabajadora y la juventud para llevarlos a cabo. De esta forma tendremos la fuerza mayoritaria abrumadora y suficiente para superar el colapso del sistema e impedir el retorno de los gobiernos corruptos capitalistas que son los responsables de este estado de hundimiento de la economía. Ese modelo unitario de la izquierda nos permitiría comenzar la transformación socialista que tantos luchadores han anhelado durante la dura historia por la emancipación social.
Bajo la pantomima de "democracia burguesa" se ha demostrado que se encuentra la más cruel "dictadura del Capital", por lo que necesitamos una "democracia auténtica", una democracia socialista, una democracia obrera, una democracia del pueblo, para el pueblo y ejercida por el pueblo desde la base. Esa democracia tiene que ser distinta, no puede estar basada en empresarios corruptos, en funcionarios y burócratas ineptos sino que deben ser controlados por la propia ciudadanía, cada vez mejor organizada y unida. Para ello es irrenunciable el introducir los mecanismos de control y gestión directa de la población en todos los aspectos de la economía, de la sociedad y de la cultura, avanzando hacia un modelo participativo, como debe corresponder a un modelo socialista con democracia y libertad.
Esta será una "democracia de los trabajadores" basada en cada vez más participación y control de la población utilizando las nuevas tecnologías, computadoras, Internet, etc...pero sobre todo en Comités y Asambleas en cada centro de trabajo, en cada barrio, cada distrito y cada pueblo, coordinados en el ámbito local, provincial y Federal. El Federalismo será la estructura que mejor conviene al desarrollo de este Plan que avanzará al socialismo, porque el inicio de este plan No será todavía el socialismo, que es un proceso al que habrá que seguir avanzando, con planes de Educación, mejoras en Sanidad y atenciones sociales.
La libertad de elección y revocabilidad de los cargos tiene que ser transparente y constante, donde cualquier representante o empleado público que sea elegido pueda ser también revocado en cualquier momento por los que le han elegido, y que en ningún caso cobren un salario superior al salario medio de un trabajador cualificado, para evitar el desclasamiento y la degeneración. Para una mejor gestión de los asuntos públicos, las tareas de la administración y gestión no deben ser confiadas exclusivamente a "especialistas" que se separan cada vez más del pueblo, sino que deben ser ejercidas por el conjunto de la población.
Estos serían los primeros pasos para luchar contra la degeneración, los malos hábitos, la burocratización y la corrupción que deben ser eliminados en una sociedad socialista, por lo que la democracia constante y la libertad de elección son irrenunciables y deben ser exigida desde las bases en todas las instancias.
Además, como la globalización del capitalismo se ha encargado de demostrarnos cada día, el Socialismo tiene que ser Internacionalista o no será posible. Por lo tanto, en política exterior la tarea principal será luchar por la Unión Socialista de los Pueblos de Europa, como un primer paso para la Confederación Socialista Mundial, que en un plano de igualdad, democracia, colaboración y apoyo mutuo entre todos los pueblos del planeta, iniciemos la andadura con el objetivo final de eliminar las guerras y los enfrentamientos entre naciones que están abocando a la humanidad hacia nuevas barbaries.
Como solía afirmar Pablo Iglesias, la disyuntiva está cada día más clara, "o con los trabajadores y su capacidad de lucha para acometer decididamente la transformación socialista de la sociedad o ceder ante las presiones de los capitalistas poniendo en práctica su política, lo que será igual que preparar el terreno para el ascenso de la derecha".
Con la participación activa y democrática de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora y las capas afines en lucha por estos objetivos, explicados claramente por toda la militancia, estaríamos en condiciones de derrotar masivamente al PP de nuevo en las próximas elecciones. Esto nos permitiría avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática, donde, liberados de la lucha cotidiana por la supervivencia, y con los medios de producción a pleno rendimiento y en manos de la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora y nuestras familias podríamos participar conscientemente en todas las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de una nueva sociedad basada en la Ética, poniendo al ser humano en el fundamento de la economía y ésta al servicio de la Humanidad."
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN.
IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA-PSOE.
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