La Junta de Andalucía viene creando desde finales de los años 80 lo que denomina Entes Instrumentales. Entre estos entes se encuentran Egmasa y DAPsa, dos empresas públicas de apoyo y auxilio en algunas labores a las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca.
Entre el objeto social de las mismas se incluye la realización de cualquier obra…, por lo que gradualmente comienza a hacerse un uso indiscriminado de las mismas como “medios propios” en la contratación pública. Así se hace innecesaria la licitación pública. Amen de esta función, la Junta le realiza un encargo de ejecución de competencias que realizaba la Consejería respectiva y que ahora la realiza el personal de estas empresas. Creo que es innecesario comentar que al ser empresas, tanto la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos, como la contratación del personal, no está sometido a ningún tipo de control de legalidad ni oportunidad, como la Intervención General realiza para las Consejerías.
El político va conociendo poco a poco las posibilidades ilimitadas que ofrece esta falta de control y así hemos pasado de una empresa de apoyo, a que las empresas públicas controlen de forma directa un tercio del presupuesto, unos 11.000 millones de pesetas, y en total el 68% del presupuesto de la Junta acaba pasando bajo su control en algún momento.
Con respecto al personal, el apoyo supera en volumen de personal a la matriz, ya que frente a unos 22.000 empleados públicos y bajando, las empresas representan en torno a 27.000 personas y subiendo.
La Unión Europea, harta de los españoles en general y del Gobierno Andaluz en particular por violar sistemáticamente la libre competencia y el libre acceso de las empresas a la contratación pública mediante la fórmula de realización con medios propios, empieza a demandar a nuestro gobierno y el Tribunal Europeo a fallar en contra. Ya no pueden utilizarlas como se venía haciendo.
Por otro lado, el TSJA ha declarado ilegales ya varios encargos de ejecución de los realizados a estas empresas, y dicen las malas lenguas que está reteniendo la publicación de una sentencia ya redactada y que sería el apuñalamiento final de este sistema.
Creo que comprenderá que en la nueva contingencia que se plantea, las empresas públicas pierden su razón de existir por falta de objeto, con lo que habría que liquidar las mismas y despedir al personal que presta en ellas sus servicios. De ahí la repetida frase de varios miembros del Gobierno achacando al PP que su solución sería despedir. El despido es la única solución legal al problema creado por el Gobierno Andaluz al intentar evitar los controles de legalidad, tanto en ejecución de gasto como en personal.
¿Qué hace pues? Como casi siempre emprende una huida hacia adelante cometiendo nuevos atropellos e ilegalidades. En vez de despedirlo me reúno con el sindicalismo amarillo y diseño un plan para meterlos en la administración pública haciéndolos laborales fijos de la misma, sin haber pasado por los sistemas de selección del personal laboral. Y, para rematar la faena, la incorporación de 27.000 personas la vendo como un ahorro y una mejor utilización de los medios públicos (que hay que tener aplomo para decirlo sin descojo…)
La realidad va más allá, no va a ser una incorporación, sino una absorción de las Consejerías por las empresas, por lo que la Administración Pública reconocida en la Constitución pasa a ser controlada por personal externo a la misma mediante “Personal Directivo” próximo a partidos o sindicalistas del lejano oriente.
Por otra parte, si duplico, en realidad algo más, mis efectivos de una sola tacada, lógico es pensar que durante un largo periodo de tiempo no voy a necesitar ningún tipo de personal, ni funcionario ni laboral, por lo que las espectativas laborales de miles de personas que han invertido tiempo y dinero en su formación se ven truncadas en favor de personas próximas al régimen establecido y sin mérito ni capacidad alguna demostrada objetivamente.
Esta es la raiz y la explicación del problema.
P.D.: Que UGT y CCOO firmen un acuerdo para la Administración General de la Junta de Andalucía, tiene el mismo valor que el que hubiera firmado SATSE, ANPE o cualquier otro sindicato de las Administracíones Estatutarias, sea Sanitaria o Docente, que es donde tienen representación. En la Administración General, y soy consciente de que es muy fuerte lo que voy a decir, han conseguido los cuadros de estos sindicatos ganarse el odio irreparable del conjunto de los empleados públicos. No sólo no representan, se les expulsa como sindicato de cualquier acto convocado en defensa de los derechos del empledado público.
Ambas partes firmantes del Acuerdo eran plenamente conscientes de todo lo que aquí te escribo. La calificación mínima que encuentro es burla, hacia los empleados públicos y hacia los ciudadanos.
Cosas quedan en el tintero, pero creo que muchas de ellas ya te las han transmitido.
JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
MÁLAGA.
23 de noviembre de 2010
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Lo claras en todo, se privatizar servicios públicos fundamentales como agua, dependencia, protección de menores. Siguiendo esta línea que CCOO y UGT hayan firmado el acuerdo apoyando a la Junta, los condena a que en los próximos años no pasen de ser marginales en la estructura básica de la junta. Lo más penoso es que han abierto la puerta al desmantelamiento total del sector público. Permitiendo que sí el PP llegué al poder sólo tenga que llegar hasta el final y aplicar la ley que ellos mismos aprobaron.
ResponderEliminarPero bueno, no lo entiendo si estais dentro del partido, como no protestais ante vuestros lideres y les haceis entender que se estan equivocando y lo van a acabar pagando en las urnas. Se va a repetir la historia de siempre en España, el partido de la oposición no va a ganar las elecciones, las va a perder el PSOE.
ResponderEliminarMe parece compañero que no estás viendo las cosas con perspectiva y si con un rencor hacia algo que no termino de entender. Dicho esto, coincido contigo en algunas de las cosas que relatas.
ResponderEliminarUn saludo ugetista
Mira compañero ugetista, yo tengo nombre y apellidos y cuando quieras hablamos de enchufes echos por ugt, cc.oo y psoe, en detrimento de el resto de los ciudadanos de Andalucía.
ResponderEliminarEstoy a tu disposición!!
Es todavía más grave de lo que estáis contando. En un primer momento, en la Administración se crearon las empresas públicas para meter a amigotes y familiares, pero una vez metidos y cuando llegaron los fondos de la Unión Europea, no les pareció suficiente, entonces empezaron a subcontratar con las empresas de sus amigotes y familiares a través de las empresas públicas que hacían de pantalla, de ahí las famosas encomiedas de gestión que luego a su vez servían para subcontratar y externalizar servicios, y ahora que ven que se les cerraba el grifo porque por un lado se les acaba el dinero y por otro ya no pueden dar encomiendas, ahora quieren saltarse todos los trámites. Daros cuenta que en relidad dejar fijos a los de EGMASA y FAFFE en la práctica ya lo tenían, ahora consiste en saltarse los controles y subcontratar sin más trámites (lo que supondrá más externalización+privatización) y dejar también fijos a los de las empresas subcontratadas, y claro está, blindar a los de EGMASA Y FAFFE por si hay un cambio de gobierno, y con el tiempo a los de las demás empresas públicas.
ResponderEliminarUna pregunta, alguién podría aclarar quién es el autor José Jiménez Jiménez? Pertenece al Psoe? A la corriente Izquierda Socialista? Corresponde este texto con una postura suya personal o con la de toda la corriente? Lo digo porque si todos piensan así, llegaré a la conclusión de que todavía hay vida y esperanza en el Psoe andaluz...
ResponderEliminarSomos muchos los funcionarios que lamentamos especialmente la actitud de UGT, CCOO y PSOE porque nos sentimos de izquierdas. Se nos insulta llamándonos del PP, franquistas e incluso fascistas. Lo último especialmente UGT en comunicaciones que están a la vista de todos en su página oficial. Y todo por manifestarnos para reclamar derechos ciudadanos, democráticos, reconocidos en nuestra Constitución como es el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y transparencia por mérito y capacidad, la separación de poderes y la independencia de los funcionarios públicos. Y somos un colectivo que no está acostumbrado a manifestarse, y lo hacemos de forma pacífica, compañeros policias nos han aconsejado que seamos más agresivos, que cortemso carreteras, quememos neumáticos. No nos gusta eso. Algunas compañeras son entrañables abuelas, otras madres jóvenes que se manifiestan con su hijo en su sillita, este esfuerzo para ellas es mucho y lo soportan porque saben que es su deber. De igual forma como no fuimos a la huelga general porque pensamos que debiamos estar trabajando ayudando a sacar el pais de la crisis y no nos hemos quejado del que nos recorten nuestro reducido sueldo. El poder y sus acólitos sindicalistas en Andalucía han pérdido el norte completamente. Ojala todo se arregle pues sino veo un futuro muy negro. Cuando en una crisis económica tan grave se insulta a los que defienden lo público, el derecho y la democracia, llamándolos fascistas, se da alas a que lleguen los verdaderos fascistas. El problema es que el poder político y sindical está copado por gandules e inútiles.
ResponderEliminar¿y nadie comenta la venta de patrimonio a esas dos Sociedades Anónimas de ambos decretos leyes el 5 y el 6? Pero si esto es una venta total; de patrimonio personal y material que ya empezó hace unos añicos. Porque en la web de cada consejería están los accesos de las fundaciones, empresas etc. En definitiva, que esta telita de araña ha sido tejida muuuu requetebien y los funcionarios tenemos la cortadora adecuada pero tenemos que ser persistentes, constantes y efectivos en esta laborcilla extra que nos ha salido. Pero que poder estamos pudiendo.. eso está a la vista. Vamos a llegar hasta el final y el final está en devolver a la Administración Pública a su normalidad, es decir, a despolitizarla.
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