(Recomendable leer antes las Partes 1 y 2) anteriores).
LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS.
…/…”Las promesas de poner fin a todo el
entramado de leyes reaccionarias heredadas del régimen monárquico, y garantizar
de libertad de expresión, de reunión y de huelga habían sido fundamentales para
ganar el apoyo de las masas del campo y la ciudad a la causa republicana.
Pronto se vio no obstante, que el gobierno republicano-socialista no estaba
dispuesto a llevar adelante, en lo referido a las libertades públicas, ninguna
política audaz. El derecho a huelga se siguió rigiendo por la ley de 1909 y tan
sólo se modificó parcialmente con el decreto del 27 de noviembre de 1931. Aún
así, este decreto limitaba seriamente el derecho a la huelga al establecer que
los Jurados Mixtos, que sustituían a los comités paritarios creados por la
Dictadura, fueran encargados de intentar la conciliación antes de que se
declarase una huelga. Fue un arma legal para reprimir a los sindicatos más
combativos, especialmente a los encuadrados en la CNT, aunque también se
utilizó contra las huelgas campesinas lideradas por los sectores cada vez más
radicalizados de la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de
la UGT).
“Ante el incremento de la conflictividad
laboral y las ocupaciones de tierras, el gobierno aprobó, el 21 de octubre de
1931, la Ley de defensa de la República que incluía la prohibición de promover
huelgas políticas y todas aquellas que no hubieran seguido el procedimiento del
arbitraje. Bajo el paraguas de esta ley, y alentados por el gobierno de
conjunción, los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en el asesinato
de cientos de campesinos y trabajadores. Posteriormente, esta ley sería
utilizada por la derecha durante el bienio negro para reprimir con saña al
movimiento revolucionario de octubre de 1934.
“En cuanto a la cuestión nacional
y las colonias, el gobierno de coalición republicano-socialista concedió a
Catalunya una autonomía muy restringida, pero se negó el estatuto de autonomía
a Euskadi con el pretexto de no fomentar el nacionalismo vasco, cuyo carácter
reaccionario y clerical era evidente. Obviamente, la posición gubernamental
ante la cuestión nacional reflejaba, una vez más, las cesiones al nacionalismo
español, y no evitó que el PNV recurriera a un discurso demagógico para
aumentar su influencia. Por otra parte, el gobierno republicano-socialista
siguió gobernando Marruecos como antes había hecho la monarquía: como una
potencia colonialista.
El gobierno republicano-socialista frente al
movimiento obrero.
“La incapacidad de los líderes
republicanos y socialistas para satisfacer las demandas de tierra, empleo y
buenos salarios —incompatibles con el mantenimiento de las relaciones
capitalistas de propiedad—, y sus continuas concesiones a los poderes fácticos,
se tradujeron en un constante y violento enfrentamiento con el proletariado
urbano y el movimiento jornalero.
“Para las masas que habían protagonizado
el movimiento revolucionario que derrocó a la monarquía, el advenimiento de la
República tenía que significar una solución a sus terribles condiciones de
vida. La represión tuvo escenarios sangrientos: Castillblanco, Arnedo,
Castellar de Santiago, Casas Viejas, Espera, Yeste... en todos ellos los
guardias de asalto y la guardia civil fueron utilizados, por orden
gubernamental, para defender la propiedad terrateniente asesinando a decenas de
campesinos.
“Por otra parte, las huelgas obreras en
los dos primeros años de régimen republicano fueron acompañadas de una profunda
desilusión política de las masas. Las esperanzas depositadas en la República,
la confianza en que los ministros socialistas realizarían reformas progresivas,
que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de
millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia y luchas de gran
envergadura. Las huelgas generales se extendieron: Pasajes, entre los mineros
asturianos, en Málaga, Sevilla, Granada, en la Telefónica… y una gran mayoría
terminaron como en el campo: con decenas de trabajadores muertos.
“La deriva represiva del gobierno de
conjunción era el resultado inevitable de sus posiciones políticas y su
negativa a depurar el aparato del Estado. En palabras de Julián Casanova:
“Utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía y no
rompieron “”la relación directa existente entre la militarización del orden
público y politización de sectores militares””.
“El poder militar siguió ocupando una
buena parte de los órganos de administración civil del Estado, desde las
jefaturas de policía, Guardia Civil y de Asalto, hasta la Dirección General de
Seguridad, pasando incluso por algunos gobiernos civiles. Sanjurjo, Mola,
Cabanellas, Muñoz Grandes, Queipo de Llano o Franco, protagonistas del golpe de
Estado de 1936, constituyen buenas muestras de esa conexión en los años
treinta, como lo habían sido Pavía y Martínez Campos en 1873.
“La subordinación y entrega del orden
público al poder militar comenzó desde la misma proclamación de la República.
El 16 de abril llegaba Cabanellas a Sevilla para ponerse al mando de la
Capitanía General de la 2ª Región Militar y declaró el estado de guerra.
Mantenido inicialmente durante casi dos meses, sirvió para clausurar todos los
centros obreros de la CNT, dirigidos, según declaraba el general en un Bando
del 22 de mayo, ‘por una minoría de audaces e indocumentados, muchos de ellos
antiguos pistoleros, profesionales de la revuelta y del desorden, que en la
época de dictadura fueron modelo de mansedumbre y contención’ (...) Ese tono
despreciativo y amenazante con los sindicalistas y socialistas era muy típico
de los militares encargados de dirigir la represión de los conflictos
sociales”.
“Cuando el presidente de la República
disolvió las Cortes y fueron convocadas nuevas elecciones para noviembre de
1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del
terreno perdido el 14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y
sectores atrasados del campesinado. En este contexto, la reacción agazapada
ante los primeros empujes de las masas empezó a levantar cabeza, como demostró
el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932. Entre la burguesía
española empezaba a tomar fuerza una salida política similar a la que se estaba
desarrollando en Alemania. El peligro del fascismo se concretaba.
La lucha contra la amenaza fascista.-
“Con una diferencia de varias decenas de
miles de votos a su favor, los radicales de derechas de Lerroux junto a la CEDA
de Gil Robles se hicieron con la mayoría en el Parlamento. A partir de ese
momento la burguesía realizó una amplia labor contrarrevolucionaria
endureciendo la legislación laboral, aumentando la represión contra las organizaciones
obreras, especialmente contra la CNT y la UGT, y enfrentando militar y
policialmente el movimiento huelguístico.
El poder de los terratenientes se fortaleció.
“En definitiva, la burguesía impulsó
todo tipo de medidas, basándose en su
mayoría en el parlamento, con el fin de imponer una salida fascista, siguiendo
los pasos del triunfo de Hitler en 1933 y de Dolffuss en 1934. Pero la tensión
de los acontecimientos obraba también en otra dirección: acelerando la radicalización
de las masas y de sus organizaciones.
“La escisión de la CNT entre treintistas
y faistas y el giro de las organizaciones socialistas con el surgimiento de la
izquierda socialista liderada por Largo Caballero, con una gran influencia en
la UGT, especialmente en su federación campesina, y en las Juventudes
Socialistas, eran la prueba más acabada de este proceso.
“La reacción del movimiento obrero ante
el peligro fascista no se hico esperar: la formación de las Alianzas Obreras,
un intento de frente único proletario, constituyó un ejemplo inédito en la
Europa de los años treinta. La amenaza de la entrada de dirigentes cedistas al
gobierno de Lerroux desató la insurrección proletaria de octubre de 1934. Sin
el levantamiento revolucionario del proletariado asturiano, muy probablemente
se hubiera culminado con éxito la imposición de un Estado de corte fascista
utilizando la maquinaria del parlamentarismo burgués.
“La represión contra la Comuna asturiana
a manos de los futuros jefes militares del golpe del 18 de julio fue terrible.
Cerca de dos mil muertos en los combates, cientos de fusilados, miles de
detenidos y torturados, a los que sumar decenas de miles de trabajadores
represaliados y despedidos de sus trabajos…/…
(Continuará mañana con la Parte 4 de
5).
(*) Extracto del libro “Revolución Socialista y Guerra Civil (1931-39).
Autor: J.I. Ramos.
Editorial: Fundación de
Estudios Socialistas Federico Engels. La persona interesadas en su adquisición pueden dirigirse a
Teléfono: 679.990.319.
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