14 de abril de 2019

DIA DE LA REPÙBLICA: 14 DE ABRIL. (Parte 2 de 3).


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(…/…Continuación  parte 2)  (Ver parte 1 en día de ayer).

 
Las relaciones Iglesia-Estado.

La cuestión de la financiación estatal de las actividades de la Iglesia católica y los límites al monopolio clerical de la educación fueron una prueba de fuego para el gobierno. Haciendo honor a su extracción de clase, Alcalá Zamora, futuro presidente de la República, y Miguel Maura, ministro de Gobernación, ambos reconocidos reaccionarios y antiguos ministros de Alfonso XIII, presentaron su dimisión en señal de protesta durante la redacción de la nueva constitución republicana que pretendía poner coto, muy tímidamente, al poder eclesiástico.


La enseñanza constituyó otro gran frente de batalla con la Iglesia. El mantenimiento del monopolio eclesiástico de la educación había arrojado un saldo de atraso e ignorancia: en 1931 la tasa de analfabetismo del país superaba el 40%. En la primera semana de mayo de 1931, el gobierno de conjunción suprimió la obligatoriedad de la enseñanza de la religión.


A finales de ese mismo mes, para luchar contra el analfabetismo, se puso en marcha el proyecto cultural de las misiones pedagógicas. Pero la estrella de las reformas fue el ambicioso decreto del 23 de junio de 1931, que aprobó la creación de 7.000 nuevas plazas de maestro y otras tantas nuevas escuelas, como parte de un plan quinquenal con el que se pretendía paliar el déficit educativo repartiendo más de 27.000 escuelas por toda la geografía. Sin embargo, todos estos proyectos quedaron muy cercenados.


La construcción de las miles de escuelas prevista en el primer bienio sólo se llevó a cabo parcialmente debido a la escasez de recursos de las arcas municipales y al boicot de los caciques de siempre. Posteriormente, el gobierno derechista del bienio negro arrinconó definitivamente estos planes, permitiendo de nuevo a la jerarquía católica disfrutar de un amplio control sobre el sistema educativo y anulando cualquier medida reformista contra su poder económico.


En cualquier caso, muchos de los avances educativos del periodo republicano fueron el resultado del esfuerzo abnegado de las organizaciones obreras y de sus militantes más comprometidos. Los ateneos libertarios, las casas del pueblo o las misiones pedagógicas se convirtieron en importantes centros de cultura en miles de localidades.

La reforma agraria.

La Ley aprobada finalmente en 1932, después de constantes concesiones a los terratenientes y a los partidos de la derecha en el parlamento, establecía un Instituto de Reforma Agraria encargado de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación mediante el pago de indemnización; pero este sistema tenía por base la “declaración” hecha por los grandes propietarios agrarios.


Los créditos para esta reforma agraria procederían del Banco Agrario Nacional con un capital inicial de 50 millones de pesetas, pero su administración no dependía de los jornaleros ni sus organizaciones, sino de representantes del Banco de España, el Banco Hipotecario, del Cuerpo Superior Bancario, del Banco Exterior de España, es decir del gran capital financiero ligado a los terratenientes.


El proyecto, además, obviaba el problema de los arrendamientos, que esclavizaba a los pequeños campesinos a las tierras del amo en Castilla la Vieja, Extremadura y otras zonas. La reforma agraria del gobierno Azaña fue un fiasco en toda regla. “En 1933, ciento veinte años después de que las Cortes de Cádiz aprobasen las primeras leyes desamortizadoras —escribe Edward Malefakis— la aristocracia continuaba siendo una importante clase terrateniente. Sus propiedades que en su mayor parte eran cultivables (...) representaban más de medio millón de hectáreas en las seis provincias latifundistas estudiadas (Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo) (...) La nobleza poseía de una sexta a una octava parte de toda la tierra incluida en el Registro de Badajoz, Córdoba y Sevilla. En Cádiz y Cáceres la nobleza debía controlar algo así como la cuarta parte de las tierras incluidas en el Registro”. Y continúa: “A finales de 1933, solamente había instalados 4.399 campesinos en 24.203 hectáreas. No había una sola provincia en la que se hubiese distribuido una extensión suficiente de tierras como para alterar significativamente la estructura social agraria existente. El Estado se había apropiado de 20.133 hectáreas más, propiedad de los participantes en el levantamiento de Sanjurjo, por la ley de 24 de agosto de 1932, pero en ellas se asentaron incluso menos colonos”.

Los derechos democráticos.

Las promesas de poner fin a todo el entramado de leyes reaccionarias heredadas del régimen monárquico, y garantizar de libertad de expresión, de reunión y de huelga habían sido fundamentales para ganar el apoyo de las masas del campo y la ciudad a la causa republicana. Pronto se vio no obstante, que el gobierno republicano-socialista no estaba dispuesto a llevar adelante, en lo referido a las libertades públicas, ninguna política audaz.


El derecho a huelga se siguió rigiendo por la ley de 1909 y tan sólo se modificó parcialmente con el decreto del 27 de noviembre de 1931. Aún así, este decreto limitaba seriamente el derecho a la huelga al establecer que los Jurados Mixtos, que sustituían a los comités paritarios creados por la Dictadura, fueran encargados de intentar la conciliación antes de que se declarase una huelga. Fue un arma legal para reprimir a los sindicatos más combativos, especialmente a los encuadrados en la CNT, aunque también se utilizó contra las huelgas campesinas lideradas por los sectores cada vez más radicalizados de la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de la UGT).


Ante el incremento de la conflictividad laboral y las ocupaciones de tierras, el gobierno aprobó, el 21 de octubre de 1931, la Ley de defensa de la República que incluía la prohibición de promover huelgas políticas y todas aquellas que no hubieran seguido el procedimiento del arbitraje. Bajo el paraguas de esta ley, y alentados por el gobierno de conjunción, los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en el asesinato de cientos de campesinos y trabajadores. Posteriormente, esta ley sería utilizada por la derecha durante el bienio negro para reprimir con saña al movimiento revolucionario de octubre de 1934.


La cuestión nacional.

               En cuanto a la cuestión nacional y las colonias, el gobierno de coalición republicano-socialista concedió a Catalunya una autonomía muy restringida, pero se negó el estatuto de autonomía a Euskadi con el pretexto de no fomentar el nacionalismo vasco, cuyo carácter reaccionario y clerical era evidente. Obviamente, la posición gubernamental ante la cuestión nacional reflejaba, una vez más, las cesiones al nacionalismo español, y no evitó que el PNV recurriera a un discurso demagógico para aumentar su influencia. Por otra parte, el gobierno republicano-socialista siguió gobernando Marruecos como antes había hecho la monarquía: como una potencia colonialista.


El gobierno republicano-socialista frente al movimiento obrero.


La incapacidad de los líderes republicanos y socialistas para satisfacer las demandas de tierra, empleo y buenos salarios —incompatibles con el mantenimiento de las relaciones capitalistas de propiedad—, y sus continuas concesiones a los poderes fácticos, se tradujeron en un constante y violento enfrentamiento con el proletariado urbano y el movimiento jornalero. Para las masas que habían protagonizado el movimiento revolucionario que derrocó a la monarquía, el advenimiento de la República tenía que significar una solución a sus terribles condiciones de vida.


La represión tuvo escenarios sangrientos: Castillblanco, Arnedo, Castellar de Santiago, Casas Viejas, Espera, Yeste... en todos ellos los guardias de asalto y la guardia civil fueron utilizados, por orden gubernamental, para defender la propiedad terrateniente asesinando a decenas de campesinos. Por otra parte, las huelgas obreras en los dos primeros años de régimen republicano fueron acompañadas de una profunda desilusión política de las masas.


Las esperanzas depositadas en la República, la confianza en que los ministros socialistas realizarían reformas progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia y luchas de gran envergadura. Las huelgas generales se extendieron: Pasajes, entre los mineros asturianos, en Málaga, Sevilla, Granada, en la Telefónica… y una gran mayoría terminaron como en el campo: con decenas de trabajadores muertos.



La deriva represiva del gobierno de conjunción era el resultado inevitable de sus posiciones políticas y su negativa a depurar el aparato del Estado. En palabras de Julián Casanova: “Utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía y no rompieron ‘la relación directa existente entre la militarización del orden público y politización de sectores militares’.


El poder militar siguió ocupando una buena parte de los órganos de administración civil del Estado, desde las jefaturas de policía, Guardia Civil y de Asalto, hasta la Dirección General de Seguridad, pasando incluso por algunos gobiernos civiles. Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Muñoz Grandes, Queipo de Llano o Franco, protagonistas del golpe de Estado de 1936, constituyen buenas muestras de esa conexión en los años treinta, como lo habían sido Pavía y Martínez Campos en 1873. La subordinación y entrega del orden público al poder militar comenzó desde la misma proclamación de la República. El 16 de abril llegaba Cabanellas a Sevilla para ponerse al mando de la Capitanía General de la 2ª Región Militar y declaró el estado de guerra. Mantenido inicialmente durante casi dos meses, sirvió para clausurar todos los centros obreros de la CNT, dirigidos, según declaraba el general en un Bando del 22 de mayo, ‘por una minoría de audaces e indocumentados, muchos de ellos antiguos pistoleros, profesionales de la revuelta y del desorden, que en la época de dictadura fueron modelo de mansedumbre y contención’ (...) Ese tono despreciativo y amenazante con los sindicalistas y socialistas era muy típico de los militares encargados de dirigir la represión de los conflictos sociales”.



Cuando el presidente de la República disolvió las Cortes y fueron convocadas nuevas elecciones para noviembre de 1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el 14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y sectores atrasados del campesinado. En este contexto, la reacción agazapada ante los primeros empujes de las masas empezó a levantar cabeza, como demostró el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932. Entre la burguesía española empezaba a tomar fuerza una salida política similar a la que se estaba desarrollando en Alemania. El peligro del fascismo se concretaba.



La lucha contra la amenaza fascista.-


Con una diferencia de varias decenas de miles de votos a su favor, los radicales de derechas de Lerroux junto a la CEDA de Gil Robles se hicieron con la mayoría en el Parlamento. A partir de ese momento la burguesía realizó una amplia labor contrarrevolucionaria endureciendo la legislación laboral, aumentando la represión contra las organizaciones obreras, especialmente contra la CNT y la UGT, y enfrentando militar y policialmente el movimiento huelguístico.


El poder de los terratenientes se fortaleció. En definitiva, la burguesía impulsó todo tipo de medidas, basándose en su mayoría en el parlamento, con el fin de imponer una salida fascista, siguiendo los pasos del triunfo de Hitler en 1933 y de Dolffuss en 1934. Pero la tensión de los acontecimientos obraba también en otra dirección: acelerando la radicalización de las masas y de sus organizaciones. La escisión de la CNT entre treintistas y faistas y el giro de las organizaciones socialistas con el surgimiento de la izquierda socialista liderada por Largo Caballero, con una gran influencia en la UGT, especialmente en su federación campesina, y en las Juventudes Socialistas, eran la prueba más acabada de este proceso.


La reacción del movimiento obrero ante el peligro fascista no se hizo esperar: la formación de las Alianzas Obreras, un intento de frente único proletario, constituyó un ejemplo inédito en la Europa de los años treinta. La amenaza de la entrada de dirigentes cedistas al gobierno de Lerroux desató la insurrección proletaria de octubre de 1934. Sin el levantamiento revolucionario del proletariado asturiano, muy probablemente se hubiera culminado con éxito la imposición de un Estado de corte fascista utilizando la maquinaria del parlamentarismo burgués (…).

(…/…Continuará mañana con parte 3 final).

(*) Extracto del libro “Revolución Socialista y Guerra Civil (1931-39)
Autor: J.I. Ramos. Revista:  Marxismo Hoy nº 3 La Revolución Española. .Editorial: Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels.

https://www.fundacionfedericoengels.net 

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