Rajoy miente una vez más intentando
engañar al PSOE, al resto de los
políticos y al pueblo diciendo que con la aplicación del Artículo 155 no se suprime
la autonomía. Dice que la ha “intervenido” para garantizar el “orden
constitucional”. Es el Gobierno Rajoy el
más antiguo “incumplidor” de la C.E. como puede demostrarse por diversos
ejemplos: Tras muchos años después de haberse aprobado la Ley de Memoria
Histórica, al menos “349 pueblos repartidos por todo el territorio nacional
mantienen simbología de exaltación franquista” e innumerables calles con
nombres de torturadores y asesinos,
violando la Ley y la C.E. consentido por el PP, dado que no quieren
dotar de presupuesto suficiente y necesario a esa Ley, ufanándose Rajoy de que
lleva más de 4 legislatura con
“Presupuesto CERO”, violando la
Constitución y aquí no pasa nada.
Ayer saltó la noticia: “La Fiscalía
Anticorrupción ha asegurado (…) ante el Tribunal (… ) encargado de juzgar a los
37 acusados por participar en la Trama Gürtel que en este juicio ha quedado
“plena y abrumadoramente acreditado” que los “papeles de Bárcenas hacían
referencia a la Caja B del PP”. (Europa Press 24-10-17). Esos dos botones de muestra sirven para demostrar
que el PP incumple desde hace tiempo la Ley, desacreditando este sistema tóxico
que sigue velando exclusivamente por los intereses de la clase dominante y ese
partido corrupto, que gana elecciones dopado con dinero sucio procedente de las
mafias del capitalismo, cuyos intereses responden a sus propias tramas
corruptas. ¿En qué país democrático ocurren cosas similares y el Gobierno no
dimite?
Esta pugna virulenta de nacionalismo
burgués españolista contra el nacionalismo de la burguesía catalanista,
está arrastrando a partidos y medios de
comunicación, que defienden los
intereses de la clase dominante
capitalista, a un torbellino
revolucionario pero no es una casualidad.
Esta crisis, que tiene orígenes económicos, ha pasado al plano político,
por la incapacidad de Rajoy de ofrecer una propuesta de diálogo y ahora se
halla ante un movimiento de masas que ha planteado con valentía y determinación
sus aspiraciones democrático-nacionales, que ha ejercido el derecho a decidir
votando mayoritariamente a favor de la república el 1 de octubre y ha tomado
una dinámica propia que pone en jaque al régimen monárquico del 78, al plantear claramente la lucha por una
República Catalana, al negarle Rajoy una salida política.
También vemos claramente que la lucha de
masas del pueblo catalán, por la ineptitud de sus dirigentes, se enfrenta a una
crisis Revolucionaria contestada, no políticamente, sino jurídicamente, por el
Gobierno Central, preparando una
respuesta represiva que encarna la Contrarrevolución.
Dicen muchos doctos constitucionalistas
que el Artículo 155 se redactó como medida “preventiva” para que nunca fuese
aplicado. Está sin desarrollar, por lo cual, la alianza peligrosa de PP, C’s y
PSOE, si se desatan los demonios, podrían verse atrapados en un Frente
Reaccionario, pues la decisión de aplicar el Artículo 155, está suponiendo ya,
entre otras medias, las que se concretan aquí:
“El
Gobierno cesa a los responsables de la Generalitat, incluido el President
Puigdemont: “El ejercicio de sus funciones corresponderá a
los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la
Nación”, reza el documento que aprobó el Consejo de Ministros. Las atribuciones
de Puigdemont quedan en manos de Rajoy, que con un 8% de los votos en Catalunya
pasa a gobernarla con poderes ilimitados, y las de las consejerías en manos de
los ministerios del gobierno central desde Madrid. ¿Y todavía se afirma sin
sonrojo que la autonomía no ha sido eliminada?
“Se
limitan las funciones del Parlament, al punto de que en la práctica no podrá
debatir ninguna medida, ley o resolución, que el “Virrey Rajoy” considere
“contraria a la constitución y el ordenamiento jurídico”. Para empezar, la
orden del gobierno del PP que activa el 155 prohíbe al Parlament presentar
candidato a President y votarlo. Pero hay más: “Los órganos o autoridades
creados o designados por el Gobierno de la Nación [en sustitución de los
cesados] podrán acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal, con
asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos
públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña”.
“El
gobierno del PP, con el apoyo del PSOE (Si no se desliga a tiempo de esa
dinámica), establecerá medidas
inmediatas para hacerse con el control de los Mossos, que serán dirigidos por
mandos de la policía nacional: “Se dictarán instrucciones directas y de
obligado cumplimiento a los Mossos d'Esquadra (…) se acordará el despliegue de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña” y, “en caso de que
sea necesario, los miembros de los Mossos d'Esquadra serán sustituidos por
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Se
intervendrá la hacienda catalana. El Gobierno podrá controlar “la totalidad de
los fondos que corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma”,
además de todos los ingresos de Catalunya. Y, especialmente, el gobierno del PP
se hará con el control de los medios de comunicación públicos, concretamente
con TV3. El argumento para esto último es “garantizar la transmisión de una
información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo
político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como
el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la
Constitución”. ¿¡¡Y esto también lo apoya el PSOE!!? Suena a chiste delirante
si no recordara a la censura franquista más sangrante. ¿O sea que el partido de
la corrupción, la mentira y la manipulación, que ha hecho de TVE un espantajo
de propaganda nacional-españolista a todas horas, va a restablecer la veracidad
en los medios de comunicación catalanes? ¿Y es así como se defiende el “Estado
de derecho” y la democracia? ¿A quién pretenden engañar?
“En
caso de desobediencia, si Puigdemont, Junqueras o cualquier otro miembro de la
Administración catalana, incluidos los funcionarios, incumplen “las
disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio
dictadas por los órganos designados por el Gobierno”, podrían incurrir en un
delito penal. Es decir, quien no acate las órdenes de Madrid se expone a un
régimen de “responsabilidad disciplinaria” “sin perjuicio de las
responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que
pudieran dar lugar”. Si Puigdemont propone en el Parlament la declaración
unilateral de independencia como respuesta a esta agresión, el gobierno ya ha
dado órdenes a la Fiscalía General del Estado para que sea acusado de rebelión,
delito que puede ser castigado con treinta años de cárcel.
Si todo va bien, el gobierno propondrá
la celebración de elecciones en Catalunya en seis meses: “Las medidas
contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta
la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la
celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”. Pero
ese plazo es condicional y voces representativas del PP, como su portavoz
nacional, Pablo Casado, o su presidente en Catalunya, Xavier García Albiol, ya
han manifestado que se puede ilegalizar a los partidos que no acaten todas
estas medidas. ¿No parece esto más bien una declaración de guerra, cuando el
Art.155 no está desarrollado y esas atribuciones podrían violar una vez más la
propia C.E. que dicen defender?
Como
podemos leer en artículos de fondo de todo signo, las acusaciones mutuas de
responsabilizar cada parte a la otra, es abrumadora, como por ejemplo: “Todas
estas medidas ¿qué son, sino, un golpe de Estado contra los derechos
democráticos y las libertades? Hoy se ejecutan contra el pueblo de Catalunya,
pero mañana se utilizarán contra los trabajadores y la juventud de cualquier
parte del Estado si los capitalistas ven amenazado su orden, es decir, sus
privilegios y sus intereses de clase.
Otros analistas advierten que “En este
sentido, los capitalistas catalanes han comprendido mucho mejor que los
dirigentes reformistas de la izquierda el significado revolucionario de los
acontecimientos que se están viviendo. Exigiendo que se dé marcha atrás
inmediatamente en la proclamación de la república, expanden el miedo y
promueven el traslado de las sedes sociales de miles de empresas. La
oligarquía, los banqueros, los grandes industriales de Catalunya, como siempre
han hecho a lo largo de la historia, ligan su destino al de la burguesía
española, esa que se envuelve en la bandera rojigualda, frente a un movimiento
que puede socavar su poder económico y político”.
Ninguna organización política, sindical
o social puede escapar con retóricas o mentiras, ante los hechos actuales, pues
en una coyuntura histórica como la actual, cada cual, más temprano o más tarde,
debe tomar partido ante los dos bloques enfrentados, unos defendiendo a la
contrarrevolución españolista, apoyada por el imperialismo y otros a la
revolución del pueblo catalán que defiende y se juega los Derechos Civiles y la
Democracia, quizás arrastrados también por los errores de su dirección burguesa
catalanista.
Es muy lamentable que las izquierdas hayan naufragado casi todas al
asumir el reto de los “nacionalismos”, que es contrario a la batalla en líneas
de clase, negando un enfoque hacia un Estado Federal, Laico, Democrático,
Solidario y Socialista, que es al final, la batalla que se va a presentar ante
la tensa situación.
Las maniobras y errores cometidos por
las direcciones de las fuerzas “independentistas” han sido garrafales, para
ocultar y desviar la atención sobre las políticas de recortes y alianzas
anteriores entre la antigua CiU y el PP e incluso ahora desde la nueva fuerza
burguesa del PDCAT, heredera directa del “pujolismo” que ocultan sus constantes
viajes a Andorra y otros Paraísos, para financiar su propaganda de ascenso en
defensa de sus intereses.
Dramática es también la posición
seguidista de un partido que se reclama de la revolución, como es la CUP,
atrapado en esa jugada de diluir su “independentismo” en esa “Santa Alianza financiada por la Madre
Superiora”, lo cual encierra varias contradicciones, al ser incapaz de defender a su vez “el
internacionalismo proletario”, que dicen sus estatutos, atrapado en esa
vorágine de pacto con la burguesía degenerada y decadente.
Pero las masas en acción, demuestran
siempre estar mucho más a la izquierda que todas sus direcciones y eso quedó
demostrado con la participación de más de dos millones de personas en la
votación del 1-O, sea un referéndum para unos u otra cosa para otros, pero lo
que sí es cierto es que representó un
triunfo sin paliativos de la voluntad de lucha de un pueblo, que tiene mucha más importancia teniendo en cuenta que se produjo sometido a
enormes tensiones similares a las de un
estado de excepción policial aplicado con saña y rabia por el aparato
del Estado, azuzado judicialmente por Rajoy.
Ese inicio Estatal de aplicar la represión,
produjo el efecto contrario de apaciguar los ánimos y la respuesta del pueblo
catalán fue la jornada de la Huelga general y las luchas estudiantiles, con la
toma de las Universidades y manifestaciones enormes, acelerando la crisis
revolucionaria que se ha iniciado, impulsada por dos factores políticos de
primer orden: Por un lado, la presión judicial opresora impulsada por la torpe
representación de la burguesía “nacionalista” del Estado español, que intenta
dar marcha atrás a la historia hacia el Estado Centralista, negándose a
reconocer que Cataluña y los que se
sienten independentistas consideran que son una Nación, dentro o fuera de la
plurinacionalidad del Estado y que muchos políticos se niegan a reconocer. Por otro lado, el incremento de la conciencia
de clase, dada la frustración
generalizada debido a la crisis capitalista, que ha generado un paro masivo, la
precariedad, salarios más bajos, la lucha contra los desahucios y la situación
dramática de la juventud que ve cómo está en peligro su propio futuro.
Todas esas frustraciones y cabreos
acumulados, han surgido alimentados por el discurso nacionalista contra la
opresión nacional, cuando también tiene un componente de clase bastante
considerable y que va a generar ese potencial revolucionario que está desafiando
las actuales formas de dominación política del caduco régimen capitalista.
En los conflictos nacionales siempre
surgen al menos dos tesis
contradictorias: Unos que defienden el “derecho de los pueblos a la
autodeterminación”. Otros que lo niegan. Existe una tercera vía, que es el
Federalismo, pero que los partidarios de esta última tesis, han llegado tarde
por ahora, a esta cita histórica, pero que podría tomar impulso a corto
plazo. Cualquier izquierda que se reclame del marxismo es
Internacionalista pero debe entender que
“la defensa del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas
puede ser, (como ocurre hoy en Cataluña), prioritario en la batalla por el
socialismo, en algunos caso y lo contrario en otros.
Luchar contra la opresión nacional es
igual de importante que luchar contra la opresión de clase. Por supuesto, en el
movimiento de liberación nacional los partidarios del marxismo nunca se deben subordinar
a la burguesía de la nación oprimida, (en este caso a la burguesía catalana, ni
a su representación política hasta el momento, ni a la opresora), sino que debe
ligarse a un programa de clase para la transformación socialista de la
sociedad.
Al igual que en otras épocas históricas,
la actual crisis en Catalunya abre la posibilidad de conquistar la república
catalana por métodos revolucionarios, basados en la acción directa del pueblo,
la juventud y los trabajadores, incluso intentándolo por mecanismos pacíficos,
si el Estado dominante no utilizara el monopolio de la fuerza de las armas. Eso es lo que aterroriza a la burguesía
catalana, que rápidamente ha dictado un ultimátum a las masas: El PP exige la rendición incondicional de
Puigdemont y del pueblo para que cesen sus pretensiones revolucionarias, bajo
la amenaza de desatar el caos económico, facilitando la Ley para el traslado de
las sedes de las empresas a petición de la patronal y propiciando el
hundimiento en la miseria de los pequeños empresarios, que se verán en la
necesidad de cerrar empresas como cajas de cerillas, si el plan económico
represivo se acompaña con violencia legal o ilegal.
Existen en el Estado muchas fuerzas
políticas, sindicales y sociales de izquierdas que, en teoría, abogan por el
Federalismo, por un nuevo proceso constituyente, y otros modelos como el Estado
Libre Asociado de Cataluña con el resto del Estado, la opción Confederal, el
referéndum pactado, y otras opciones que deberían haberse puesto ya sobre la
mesa, para debatir y llevarlas a la práctica. El problema consiste en la falta de
“honradez y firmeza”, para haber planteado esas opciones con tiempo suficiente
para evitar lo que vienen diciendo desde hace tiempo, el fatídico “choque de
trenes”, que muchos calculaban que se podría producir esta misma semana. Pero, aparte de esos deseos, nadie se atreve
a lanzar una lucha clara de abrir ese proceso constituyente porque la opción de
la República, no solo ha crecido abrumadoramente en Cataluña, sino en el resto
del Estado.
Algunos analistas expresan la opinión
que esos procesos están ya maduros mientras otros quizás tardarán algún tiempo
en comprender en qué estado de maduración nos encontramos, pero si no se
alcanza un armisticio de última hora, se abriría la puerta a un proceso de
lucha de clases que propiciaría, más temprano o más tarde, un gobierno de las izquierdas que tendría como
misión, previa derrotar al PP y sus monaguillos, acabar de inmediato con la
política de recortes y abolir de forma fulminante todas las leyes reaccionarias y antisociales
llevadas a cabo por Rajoy, para lo cual, un gobierno de los trabajadores se
vería enfrentado a los grandes poderes económicos y para llevar a cabo
cualquier política social, tendría que optar por nacionalizar la banca y las
palancas fundamentales de la economía para planificar la economía y salir del
agujero de la recesión en la que estamos ya entrando.
La burguesía española, catalana,
francesa y de todo el mundo saben perfectamente lo difícil de la situación y
por ello intentan aplastar a los movimientos de masas utilizando todos los
medios de los que disponen, pero no se atreverán si les hacemos frente
solidariamente, pero en cuanto que infrinjan una derrota al movimiento social
en Cataluña, la ofensiva a los intereses y condiciones de trabajo del mundo
laboral serán terribles e incluso las ideas de represión que tienen montada,
podrían ser dramáticas, por lo tanto, en legítima defensa, la Unidad de las
Izquierdas y la reorganización para la lucha, son ahora más necesarias que
nunca. Por ahora, la correlación de fuerzas de la izquierda
que lucha sigue siendo favorable a los pueblos, a la juventud y a la clase
trabajadora, que somos la inmensa mayoría y que podrían forzar un rechazo del
155 evitando la represión policial preparada por Rajoy y sus colaboradores.
La aplicación del 155 puede desatar dos
procesos divergentes: Empujar a Puigdemont a someterse a las peticiones del PP
y cavarse su propia tumba, intentando evitar el desastre, o enfrentarse de
nuevo a Rajoy. La primera opción podría
dar un compás de espera a la situación. Pero lo más probable es que las masas
en acción respondiesen, intentando
rechazar lo que interpretarían como una traición de la clase dirigente
“independendista”, porque los ánimos están demasiado cargados.
Solo un incremento de la organización,
la movilización y la lucha constante desde abajo, podría conseguir derrotar al
PP en estas circunstancias y para ello, la solidaridad de la clase trabajadora de
otros pueblos del Estado sería fundamental.
Aparte de la demagogia practicada en estos años por la burguesía
catalana, quedaría en evidencia que éstos solo defienden los intereses de su
oligarquía, pues la “pela es la pela” aunque sean ahora euros.
Si
el Gobierno Central sique cometiendo abusos como las detenciones de los
“Jordis” y demás judicialización de la políticas, encarcelando y sancionando
por “sedición” a los dirigentes, esas actuaciones en situaciones represivas
podrían actuar como acicate para fortalecer las respuestas populares de las
bases y promover potentes movilizaciones masivas de la población en una lucha
por la sus libertades y derechos, que la aplicación furibunda del 155 puede
representar. Por eso muchos socialistas
han pedido a Pedro Sánchez, que se aparte del abrazo del oso del PP, porque
debemos entender que esas son las formas clásicas que desarrollan los pueblos
en defensa de los derechos democráticos cuando tienen la firme voluntad de
ejercerlos y un Estado se los impide.
La
unidad de la clase trabajadora debe ser primordial y antepuesta a los intereses
nacionalistas y tiene la obligación de convertirse en la protagonista principal
del combate contra la represión y en legítima defensa de un cambio de modelo de
estado en forma de República, pero para
ello es preciso ligar la causa contra la austeridad y los recortes, con el
derecho a un empleo digno con salarios suficientes, la lucha por una sanidad, una educación, unos
servicios sociales, unas pensiones y una Ley de Dependencia, suficientes para
vivir dignamente y que este modelo capitalista corrupto y decadente nos niega
al querer llevarnos a la catástrofe.
Los
trabajadores, sobre todo los que estamos afiliados a sindicatos de clase, como
UGT, CCOO, CGT, SE y otros, debemos exigir a nuestras direcciones que en
momentos tan graves no pueden seguir manteniendo una posición pasiva o
equidistante, entre esos dos polos reaccionarios de Rajoy y Puigdemont, sino
que debemos exigir con contundencia que sean respetadas nuestras libertades
democráticas y rechazar a esos gobiernos corruptos que niegan al pueblo catalán
el Derecho a un referéndum legal y pactado.
Es
el momento de que hagan un llamamiento para tomar posiciones y acabar con la
confusión de los nacionalismos que enfrentan a los pueblos. Esta debiera ser la tarea fundamental de
todas las izquierdas, buscar la unidad por encima de todo lanzando un mensaje
claro de lucha contra la reacción explicando claramente que NO estamos
dispuestos a que se eliminen derechos democráticos y nos negamos a admitir
medidas propias de la dictadura, con la deriva que puede desarrollarse de
represión y violencia, porque esas mismas medidas podrían ser utilizadas en el
resto del Estado, contra cualquier trabajador que reivindique sus
derechos. Los que venimos luchando por
un cambio político, económico y social, debemos organizarnos mejor para dar
respuesta a esa brutal ofensiva, y debemos defender los derechos del pueblo
catalán, porque así defendemos los nuestros, los de la clase trabajadora y la
juventud de todo el Estado.
Izquierda Socialista en la III
Conferencia de Andalucía, aprobó un documento que en su apartado 8)
desarrollamos con el título “EL FEDERALISMO Y LA
DEMOCRACIA COMO ALTERNATIVA A LOS CONFLICTOS TERRITORIALES”, (*)
que termina en estos términos: ““(…)debemos
luchar por la que proponemos, porque es más necesario que nunca la lucha
decidida por un Estado Federal, Laico, Republicano, Socialista, Plurinacional,
Democrático y Cooperativo para cambiar la sociedad y caminar al unísono hacia la nueva sociedad
que tenemos que construir entre todos,
porque nuestra alternativa debe ser una Federación Socialista de
Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía y el resto de pueblos que democrática y
voluntariamente se constituyan en Federaciones para unirnos todos juntos y
luchar por la Federación Socialista de Europa, que forme parte de una
Confederación Socialista Mundial de los pueblos libres, a la que aspiramos y
por la que luchamos””.
(El debate sigue abierto; éste es un
análisis más y tuya serán las conclusiones decidiendo si estás por el SI o por
el NO a la aplicación del Artículo 155).
ÁREA DE COMUNICCIÓN.
IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA-PSOE-A.
(*) Si todavía no lo conoces y quieres
recibir el documento completo, puedes solicitarlo al correo de abajo poniendo
en asunto las palabras:
“Estado Federal”.
ispsoeandalucia.malaga@gmail.com
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