No voy a entrar en este artículo en este
tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que
el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional
sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y
continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del
subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento
en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias,
Anagrama. 2006.
En este artículo quiero centrarme en la
existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del
Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el
expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e
industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo
el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo
al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás.
Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda
España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos
haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están
dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la
mayoría de la población en general y de las clases populares en particular,
tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio
Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia.
Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este
expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al
Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central,
sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más
importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas,
primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de
la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital
que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los
burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre
el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos,
paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son
los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines
concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de
la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios
más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad
del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca
y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del
cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los
ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se
iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado
de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos
procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%),
pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado
recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699
millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más
(5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones.
Estos fondos procedentes de tales
impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y
consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y
clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han
aumentado. Ahora bien, si analizamos
qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes
componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y
compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes
corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías,
entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva
sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular
(-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en
otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En
realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones
de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas
del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo
(14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos,
que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como
consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es
decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han
ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a
los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han
evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes
del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban
el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí,
lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho
menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de
estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar
tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios,
resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello
no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de
la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal
descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente
acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el
descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo
que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos
sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas
del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un
5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes
empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan
menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las
multinacionales.
El significado de estos datos y otros
aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las
empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital)
declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421
millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la
Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera
ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más,
unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es,
por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos
han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para
compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del
capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas
veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es
sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y
los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a
las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments
políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y
no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene
sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso,
descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel
Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital
se gravaran como las rentas del trabajo
a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos
han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está
imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios
y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del
país.
Créanme que en España, incluyendo
Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su
entorno. Así de claro.
Vicenç Navarro.
(Es Catedrático de Políticas Públicas.
Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University).
Diciembre de 2012.
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