CONVENCIÓN FEDERAL DE IS-PSOE (Conclusiones)

Hay que ganar por la izquierda.
Reflexiones y propuestas para un
Programa Socialista.

DOCUMENTO DE POSICIONES


Madrid, 10-11 de septiembre de 2011




Este Documento de Posiciones de IS-PSOE se ha elaborado teniendo en cuenta las diversas propuestas realizadas por compañeros y compañeras de IS desde diferentes federaciones territoriales del partido. Es un documento de síntesis que, tras su enriquecimiento por la Convención, será presentado a la Conferencia Política del PSOE.



Hace 132 años nació el PSOE. Pablo Iglesias y el grupo de socialistas que crearon el partido señalaron como objetivos a alcanzar: la emancipación de la clase trabajadora; la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes.
Aquel ideal, actualizado en el mundo de hoy a la luz de la experiencia y los nuevos conocimientos, ha de seguir guiando nuestra acción. De esta convicción surgió hace 32 años la que hoy conocemos como corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE.


ÍNDICE PAGINA

Introducción 3

I. La crisis global 5
1.1. Nueva crisis del sistema capitalista 5
1.2. La crisis de la socialdemocracia europea 6
1.3.- Los gobiernos de Zapatero 8
1.4.- Construyendo alternativas 9

II. Salir de la crisis global por la izquierda 11
2.1.- Urge un nuevo orden internacional 11
2.1.1.- Reformas en las instituciones económicas internacionales 11
2.1.2.- Reformas en el sistema financiero internacional 12
2.1.3.- Por una fiscalidad global 12
2.2.- Cambiar el actual rumbo de la UE 13
2.2.1.- Mayor desarrollo democrático y más participación 13
2.2.2.- Una política económica común democráticamente adoptada 13
2.3. Un programa de izquierdas para sacar a España de la crisis 14
2.3.1.- Otra política económica por la izquierda 15
2.3.2.- Fortalecer el papel del Estado en la economía 16
2.3.3.- Banca Pública 17
2.3.4.- Cooperativismo y Economía Social 17
2.3.5.- Fiscalidad 17
2.4.- Defender, mantener y ampliar el Estado del Bienestar 18
2.4.1.- Educación 19
2.4.2.- I+D+I 20
2.4.3.- Sanidad 21
2.4.4.- Vivienda 22
2.4.5.- Políticas medioambientales 22
2.4.6.- Cultura libre, cultura popular 23
2.5.- Política internacional 24

III.- UN ESTADO ESPAÑOL FEDERAL, LAICO Y PARTICIPATIVO 25
3.1.- Un Estado Federal 25
3.2. - Un Estado Laico 26
3.3.- Un Estado participativo 27

IV.- MEJORAR LA DEMOCRACIA INTERNA DEL PSOE 29
4.1.- Necesidad de la democracia interna 30
4.2.- Propuestas 31

V.- DOS PROPUESTAS ESTRATEGICAS 32
5.1.- Hacia la Republica 32
5.2.- Hacia la refundación de IS-PSOE 33

VI.- A MODO DE RECORDATORIO 34
6.1.- Programa máximo del PSOE el año 1879 34
6.2.- Algunos principios organizativos del PSOE el año 2008 34



INTRODUCCION

En Europa, la izquierda plural, y en su seno los partidos socialistas y socialdemócratas, atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia. El auge de las derechas (alimentado paradójicamente por las consecuencias de la crisis económica y social generada por sus políticas ultra liberales y desreguladoras), junto con su hegemonía institucional pone en riesgo de regresión el Estado social de Bienestar construido tras la segunda guerra mundial, amenaza las libertades individuales y colectivas tan difícilmente conseguidas y creará fuertes tensiones en el escenario internacional.
Su repercusión en España es evidente. Además, se ve agravada como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y por la presión especulativa y de poder ejercida por los mercados sobre el Gobierno de la Nación. Este ha aplicado políticas impropias de un partido socialista y de naturaleza neoliberal. Algunos han aceptado estos hechos resignadamente como si fuesen ineludibles, otros han tratado de justificarlos como los únicos posibles. La ultima pirueta entorno a la reforma de la constitución no hace sino agravar la cuestión.
Los efectos sociales y electorales de esas políticas en Europa y en España están a la vista: crecimiento del paro y de la precariedad en el trabajo, disminución de la renta de los sectores populares (incluyendo capas de las clases medias), retroceso de los servicios públicos, incremento de las privatizaciones, incertidumbre e inestabilidad social (¿hacia una crisis social global?), desafección de la política, descredito de la democracia construida, aumento de la extrema derecha, debilitamiento de los valores propios de la izquierda y de su fuerza electoral. Hoy la derecha económica, social y política está a la ofensiva en todo el continente europeo y también en España.
Una gran parte de los dirigentes de los partidos socialdemócratas europeos no tienen el coraje de elaborar un discurso coherente y una alternativa válida que justifique su existencia como representantes de los ciudadanos. Los movimientos ciudadanos deslegitiman cada vez con mayor fuerza los comportamientos de los teóricos mandatarios de la ciudadanía, que se aferran a estructuras, modos de representación, formas de control, actuación y privilegios adquiridos que han quedado caducos. Aparece con fuerza un clamor de igualdad, justicia y transparencia fomentado por una información cada vez más transparente, libre y al alcance de los ciudadanos de a pie.
En España, en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo, los socialistas hemos obtenido las cotas más bajas de representación que jamás tuvo nuestro partido después de la dictadura del general Franco. La derecha española, agrupada en su partido único, se apresta ahora a reducir a la mínima expresión las instituciones políticas, sociales y económicas de las Comunidades Autónomas y del Estado, preparando la vía autoritaria hacia la desintegración social, el crecimiento de las desigualdades y la jibarización de la democracia.
Vivimos unos tiempos en los que los valores propios de un proyecto político democrático de izquierdas, universal, ético y coherente, los valores de dignidad y respeto de sí mismo y hacia los demás, la libertad y la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y el reparto equitativo de las riquezas están muy deteriorados. Los socialistas hemos de dar la prioridad a esos valores, y unirnos con las personas que creen en ellos y están dispuestos a practicarlos, sino queremos vernos abocados a los avatares de las circunstancias y a la llamada eficacia política, cuyo objetivo es el poder en sí, y que al final es el poder de los más fuertes, hábiles, o capaces de manipular medios y circunstancias para sus propios intereses.
Los motivos para la preocupación son muchos y bien fundados, pero los socialistas no debemos sucumbir resignadamente ante la siembra de pesimismo que amplifica la derecha desde todas sus tribunas. Hemos de reaccionar con la dignidad que nos enseña nuestra historia. El abandono o el abatimiento no es la respuesta que un socialista ha de dar en momentos difíciles como el actual.
Es menester que reaccionemos asumiendo la responsabilidad ciudadana y colectiva que como militantes tenemos. Es el momento de la firmeza de las convicciones y la inteligencia en la acción. No es tiempo de componendas ni de establecer una democracia de opereta. Es tiempo de más democracia, de más participación, de más respeto a la ciudadanía, a sus derechos, obligaciones y libertades. Llamamos a militantes, simpatizantes y votantes a implicarse seriamente en la solución de los problemas que nos aquejan. La esperanza en el futuro ha de ser colectiva o no será.
Contraponemos la esperanza del socialismo de los ciudadanos frente al pesimismo derramado por las políticas practicadas por las derechas en España, en Europa e internacionalmente. Políticas, lamentablemente, algunas veces seguidas y justificadas desde nuestras propias filas.
Hemos de recuperar la credibilidad perdida, reencontrarnos con los sectores sociales de los que nacen y van dirigidas las políticas pensadas desde la izquierda. Somos parte de la ciudadanía que expresa a gritos o en silencio su desconfianza y su decepción por la ausencia de alternativas al abismo al que nos aboca el neoliberalismo económico y el conservadurismo político. Nos oponemos a la consideración instrumental que los llamados mercados tienen de la democracia, la libertad e incluso los derechos humanos. Para ellos estos valores sirven mientras les son útiles. Para nosotros son los fundamentos de la civilidad en progreso.
Hemos de resolver los problemas planteados con más democracia, no reduciéndola o desvirtuándola. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho, que nadie ha de usurpar, a elegir a sus representantes en las organizaciones políticas y en la sociedad. Tienen derecho a decidir las políticas que estos han de practicar y los dirigentes tienen la obligación de respetar esas decisiones. La dignidad de las personas y la justicia social son irrenunciables. Si una Ley o norma no sirve a las personas hay que cambiar la Ley o la norma, no suprimir a las personas.
Hemos de superar las restricciones impuestas al sistema democrático establecidas hace más de treinta años en las circunstancias de la transición española. Cambiar la legislación electoral y de toma de decisiones haciéndola más democrática y participativa, con limitación de mandatos, segundas vueltas y referéndums vinculantes. Se ha de implantar una tasa para las transacciones financieras, una fiscalidad realmente justa y progresiva -con impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas-, la reforma de las SICAV, la creación de una potente banca pública, la defensa de los servicios públicos básicos como instrumentos de igualdad, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales como bien común. La propia Constitución requiere de una relectura actualizada, en sentido de progreso que no de retroceso.
La crisis se agrava en ausencia de política. Los militantes socialistas con su trabajo y sacrificio, son los depositarios de una tradición histórica de lucha tenaz por la paz, la democracia, la libertad, la solidaridad y la igualdad. Hoy los militantes hemos de tomar la palabra, y con ella romper las barreras internas que restringen la participación. Estamos comprometidos en la defensa de nuestros valores y queremos elegir a dirigentes con convicciones de izquierda, más capaces y más audaces en el diseño de un mundo mejor. Hemos de elegir directamente y a todos los niveles a nuestros dirigentes, de manera ampliamente participativa. Hemos de erradicar las prácticas de la imposición y el oscurantismo. Los trabajadores, los intelectuales, los más desfavorecidos, el pueblo, necesitan más PSOE y solo los militantes y simpatizantes, el pueblo de izquierdas, es el dueño de sus destinos. Hay motivos para la lucha y para la esperanza.
Este es el tiempo de las izquierdas. El partido tiene que preservar, frente al neoliberalismo económico y al rancio neoconservadurismo ideológico, los valores de la paz, la solidaridad, la igualdad y la libertad. Hemos de ser vanguardia en la defensa de los DD.HH., del desarrollo sostenible, de la lucha contra el hambre y la pobreza, en la exigencia de un nuevo orden mundial donde las personas dejen de ser una mera mercancía. Preconizamos una nueva gobernabilidad mundial en la que las Naciones Unidas hagan prevalecer los principios de la democracia, de la resolución pacifica de los conflictos y el respeto al derecho internacional. Estamos contra el pensamiento único y las guerras preventivas.
Por nuestras ideas, por estar organizados en un partido centenario de izquierdas, tenemos la obligación de dar respuestas sociales y democráticas a las demandas y necesidades ciudadanas. Y todo ello, como socialistas de hoy en un mundo globalizado que hay que socializar sacándolo de la deriva hacia la barbarie a la que se dirige en España, en Europa y en el mundo. Alineándonos con un internacionalismo solidario entre los pueblos y los trabajadores de todo el mundo desde nuestros principios y valores fundacionales
Estamos hablando de realizar la utopía posible desde convicciones inclaudicables. Tan solo hemos de proponérnoslo y luchar por ella. Nosotros estamos dispuestos.

I. LA CRISIS GLOBAL

1.1. -Nueva crisis del sistema capitalista

La poderosa minoría que domina el mundo financiero, valiéndose de la desregulación de los mercados consentida y estimulad por los gobiernos democráticos, ha desencadenado la mayor crisis económico-financiera conocida desde la Gran Depresión de 1929. Sus efectos están siendo devastadores: la crisis de liquidez ha generado cierre de empresas, espectacular crecimiento del desempleo, aumento de las desigualdades sociales e incremento de la pobreza. El capitalismo de nuestros días, en su forma más agresiva y depredadora, el neoliberalismo, ha sido el causante de tanto desastre.
Increíblemente, las multimillonarias ayudas públicas utilizadas para impedir el hundimiento del sistema financiero mundial y el colapso de la economía real, no han servido para que los estados emprendieran las oportunas reformas que pudieran evitar en el futuro, desastres semejantes.
Esta crisis no es solo económico-financiera, sino medio-ambiental, social, política y, en definitiva, de valores o de civilización. Sin encontrar un nuevo paradigma que sustituya al ya viejo “productivismo” mediante el que durante décadas se ha buscado la prosperidad, será difícil vencerla. El binomio “crecimiento-bienestar” ha sido superado por la realidad. Necesitamos un nuevo modelo que no deprede los recursos del Planeta ni se sustente en la sistemática explotación de las personas, pues las consecuencias a la vista están.
Ya el 2007, algunas cifras de la economía mundial anunciaban que íbamos por el mal camino. Baste citar algunos ejemplos significativos: una escandalosa concentración de los flujos del comercio internacional en los países más desarrollados, en detrimento de los más pobres e incluso de los emergentes; la enorme desproporción entre las transacciones financieras y las de bienes y servicios (superiores a 10:1 a favor de las primeras) provocando así ese enorme drenaje de recursos desde la economía productiva a la especulativa; el creciente descenso de las rentas salariales en la composición del PIB de los países desarrollados que contrastaba con el progresivo aumento de las del capital en dicha composición del producto bruto; o la escandalosa escalada de las cifras de la pobreza (según NN.UU. más de 985 millones de pobres), datos sin duda premonitores de la eclosión producida en 2008.
La creciente desregulación de los mercados, basada en el falso principio de que éstos se auto-regulaban alcanzando así automáticamente el equilibrio, junto al opaco drenaje de recursos hacia los paraísos fiscales fruto del fraude y de la evasión fiscal, o para refugiar en ellos los beneficios del negocio criminal, ha contribuido a que ésta globalización neoliberal, haya desorbitado hasta el extremo la economía mundial, que en su afán especulativo ha sido capaz de poner en peligro el ahorro de millones de ciudadanos al canalizarlos hacia operaciones de altísimo riesgo. Priorizando la economía especulativa sobre la productiva, se generaron burbujas insostenibles cuya eclosión resultó inevitable. Ahora quedan las consecuencias para las actuales y las futuras generaciones.
La política democrática y socialista es la única capaz de sacarnos de esta insolidaria y dañina “dictadura de los mercados”. Han de ser los poderes democráticos, quienes impongan nuevas normas y refunden nuevos instrumentos (BM, OMC, FMI, NN.UU) capaces de garantizar una gobernanza mundial puesta al servicio del desarrollo de los pueblos, de la justa distribución de la riqueza y de la igualdad de oportunidades para todos los países.

1.2.- La crisis de la socialdemocracia europea

La crisis de los últimos años ha mostrado claramente la debilidad política de la UE. Las instituciones comunitarias y los gobiernos europeos no han sido capaces de articular medidas para salir de ella. Ciertamente contaban con una moneda común, pero carecen de una política económica y fiscal comunitaria, imprescindibles ambas para poder hacerle frente. Además, con poca motivación para diseñar una política social y de equidad para los ciudadanos y un notable desinterés por la democratización y la representatividad de las Instituciones comunitarias.
La UE y los gobiernos europeos han sido incapaces de actuar sobre el sistema financiero para facilitar la liquidez necesaria para que familias y empresas hubieran contado con los recursos suficientes con los que estimular la economía real, bloqueada por la escasez de crédito; al contrario, esta “sequía” financiera ha conseguido cierres empresariales, millones de parados y el destrozo de buena parte de la económica real.
Los efímeros estímulos fiscales con los que los gobiernos europeos intentaron reactivar la economía, junto al incremento del gasto exigido por la crítica situación social, disparó los déficits presupuestarios que fueron cubiertos con más endeudamiento público, que en el caso de las economías más débiles de la eurozona, ya con una excesiva deuda privada, lesionó seriamente la imagen de solvencia de sus respectivos países.
Las tesis neoliberales, impuestas por los “mercados” y consentidas por los gobiernos han conseguido poner fin a los estímulos e impulsar durísimos ajustes para cuadrar las cuentas públicas en apenas cuatro años. La reducción de los gastos sociales y de inversión; la bajada de impuestos directos pero incrementando los indirectos y la reducción de los salarios reales han sido las recetas adoptadas. Se trata de un ataque directo del sistema financiero al estado del bienestar para garantizar así el cobro de sus créditos, impulsando con ello un modelo profundamente injusto que solo persigue incrementar la tasa de ganancia a costa del empobrecimiento de la población actual y la venidera.
Este dominio de las ideas neoliberales de derechas no es casual. Durante decenios, la socialdemocracia europea ha asumido buena parte de las tesis económicas del neoliberalismo, de tal suerte, que en materia económica, la frontera entre izquierda y derecha ha quedado muy diluida. Y ello ha tenido un efecto demoledor para las posiciones progresistas tanto electoral como socialmente, ya que además de fomentar la abstención está facilitando el predominio del pensamiento conservador.
Quizás hoy sea más fácilmente comprensible – a la vista de la situación en la que se encuentra el proceso de construcción europea- que la caída del muro de Berlín –y que acertadamente celebramos en su día – no era tanto el triunfo del capitalismo, sino más bien el fracaso de un intento de construir el socialismo al margen de un verdadero sistema democrático. Es posible que aquel fuera el gran momento de la socialdemocracia para reivindicarse a sí misma como alternativa real al sistema que actualmente seguimos padeciendo.
Hemos de articular un nuevo discurso beligerante con el capitalismo, con el denominado neoliberalismo. Los históricos partidos socialistas o socialdemócratas nacionales van a tener más dificultades en el futuro, si ello no ocurre, y serán las fuerzas, hoy minoritarias a su izquierda, quienes lo intentarán sobre la base de afirmar que ya ha pasado su tiempo. Se corre el riesgo de que la fuerza mayoritaria de la izquierda, la que durante más de un siglo fue la abanderada de la modernidad, deje de serlo, abriendo una amplia brecha por la que el dominio del pensamiento conservador de derechas puede perdurar en el futuro.
Un pensamiento de derechas que sutilmente, en un escenario de grave desempleo e incertidumbre económica, ha exacerbado los sentimientos nacionalistas y antieuropeos e introducido sentimientos xenófobos y neofascistas en nuestros sistemas democráticos, obteniendo importantes representaciones en los Parlamentos de algunos países de la Unión, acelerando aún más si cabe, la derechización de Europa.
Como contrapunto de esperanza, cabría mencionar y saludar, el “nacimiento” de nuevos intentos de avance por la izquierda en América latina, los llamados socialismos del siglo XXI, donde distintas formaciones políticas de inspiración socialista, además de estar sacando de la pobreza a millones de personas, han sido capaces, por el momento, de decir no a las pretensiones de las instituciones más representativas del capitalismo, alumbrando así un futuro prometedor y que desde Europa deberíamos observar con atención.
También, y desde la óptica democrática y de poder popular, hay que saludar y animar los procesos de transición abiertos en los países árabes del Mediterráneo. La caída de algunas de las dictaduras que contaban hasta hace poco con el apoyo de "occidente", y el poderoso empuje ciudadano que recorre las dos riberas de nuestro mar son motivos para la esperanza. Significan una vía distinta a la del "choque de civilizaciones" y las guerras preventivas que han prevalecido las dos últimas décadas, abriendo las puertas de la libertad, la justicia y la paz entre pueblos vecinos. Algunos países de la UE tendrán que seguir "descolonizando" su pensamiento y sus políticas para poder entender y acompañar las exigencias de los pueblos mediterráneos.

1.3.- Reformismo social y neoliberalismo económico en los gobiernos de Zapatero

Afrontar la gran crisis que atravesamos, requiere algunas reflexiones sobre lo realizado durante las dos ultimas legislaturas de gobiernos socialistas. Durante el primer mandato del Presidente Zapatero, la economía española navegaba al pairo de la que después ha resultado una engañosa ola de prosperidad. En ese marco impulsamos reformas en materia de política social, que situaron a nuestro Gobierno en lugar destacadísimo en la conquista por los derechos y libertades civiles.
En aquellos momentos las cuentas públicas mostraban un importante superávit, lo que permitió adoptar medidas que incrementaron los gastos sociales, sin preocuparnos demasiado por mejorar la débil estructura financiera publica de nuestro país. Las necesidades de financiación crecieron a un ritmo muy superior al de nuestro PIB y eso llevó a un endeudamiento de empresas y familias, difícil de digerir. Baste citar que entre 2003 y 2009 dicho endeudamiento crecía a un ritmo anual superior a más del doble de lo que crecía nuestro PIB.
En ese escenario de insuficiencia financiera publica no fue prudente –además de contradictorio con el pensamiento socialista- afirmar que “bajar los impuestos era de izquierda”, sabiendo que nuestra presión fiscal estaba (y está) por debajo de la media de los países del euro. Gran parte de ese endeudamiento se empleo en hinchar la burbuja inmobiliaria, fomentando así un modelo de crecimiento en el que el peso de la construcción subía en detrimento de nuestra industria y otros sectores productivos. Mientras en España el sector industrial suponía algo más del 13% del PIB, en Francia superaba el 20% de su producto bruto y en Alemania sobrepasaba el 30% del suyo. En consecuencia, nuestra productividad quedaba bastante por debajo de la de la UE. Con esas premisas, nuestra competitividad y capacidad exportadora en la economía globalizada, disminuiría como así ha sido.
En ese contexto, ni era razonable aplazar el reconocimiento de la aparición de la crisis -como lo hizo nuestro segundo gobierno a costa de cosechar una considerable pérdida de credibilidad de la que hipócritamente se aprovecho el PP-, ni tampoco consentir que la banca española mantuviera una política crediticia como la que ha practicado, concediendo créditos con escasas garantías de solvencia y por montantes superiores al valor de los bienes hipotecados., que no hacía más que concentrar recursos en una economía especulativa cortoplacista, en lugar de fomentar la producción de bienes y servicios avanzados de alto valor añadido y con mayor recorrido futuro.
Es inadmisible que el sector financiero siga insistiendo en la necesidad de aplicar reformas que abaraten los costes salariales y restrinjan los gastos sociales, al tiempo que mantiene casi cerrado el grifo del crédito y muestra sus reticencias a cualquier medida de regulación que le afecte o que lo implique en políticas de solidaridad. Y es sabido que sin crédito se complica la reactivación económica al enfriar la demanda efectiva, amortiguando con ello el crecimiento y la creación de empleo.
Las “cumbres” europeas han exigido medidas de ajuste duro y el gobierno español no las ha rechazado dada nuestra tremenda debilidad financiera. En esa situación, bien podríamos haber defendido otra política, porque sin políticas de estímulo que fomenten crecimiento, no solo no se sale del atolladero, sino que el estancamiento aún es mayor. El resultado final solo redundará en un aumento de la desigualdad social, una gran perdida de bienestar y, sobre todo, seguir padeciendo altas tasas de desempleo.
Estamos viviendo la aplicación a escala nacional de las medidas impuestas por el neoliberalismo global, sin haber articulado líneas de resistencia nacional e internacional. Así, las medidas de ajuste aplicadas por presión de los mercados, han sido percibidas por amplios sectores de la ciudadanía como injustas por suponer un reparto desequilibrado de las cargas, perjudicial para quienes no han sido responsables de la crisis que padecemos. Pero además, han fortalecido el predominio de las formaciones políticas de derecha y extrema derecha en toda la UE y el mundo capitalista.
Estos días vemos cómo en España se confrontan abiertamente dos dinámicas distintas. Una es la de un capitalismo en crisis, con consecuencias sociales devastadoras. La otra es la dinámica de un sistema democrático con reconocidas insuficiencias y con innegable crisis de la representación política, lo que origina desapego de la ciudadanía y, en sentido inverso, demandas de nuevos cauces de participación democrática. Lo crítico de la situación es que la lógica económica apunta en una dirección y la democrática, en otra.
Los mencionados vectores colisionan en la reforma de la Constitución que se tramita estos días en las Cortes para introducir en aquélla el principio de estabilidad presupuestaria y cláusulas relativas al control del déficit público. Esta propuesta, fuertemente contaminado de la ideología neoliberal capitalista del mercado, exige además que la reforma se haga con urgencia lejos de la demanda de un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre ella. Precisamente esta reivindicación responde a una lógica democrática que eleva el listón de las expectativas en cuanto al propio sistema.
Ésas lógicas contrapuestas, con ventaja para el capitalismo sobre la democracia, son las que hacen que el gobierno socialista con su acuerdo con el PP para reformar la Constitución, se haya visto atrapado en medio de la colisión entre ellas, trasladando los efectos negativos al partido que lo sustenta y al parlamento.

1.4.- Construyendo alternativas

El sistema capitalista atraviesa hoy una de sus más graves crisis. Sabemos que las crisis forman parte de su naturaleza, pero lo nuevo es que no estamos ante una fase más del ciclo económico. Estamos ante una crisis sistémica que no ha escrito todavía las formas políticas y sociales de su final, pero los está anticipando: más desigualdad, más violencia, menos democracia, más injusticia.
En Europa los socialistas y socialdemócratas no han sabido reaccionar. Han sido las fuerzas políticas derechistas, expresión de los poderes reales económicos, ideológicos y mediáticos del sistema capitalista, las que han impuesto su narración, reinventándose en su propia crisis para atacar con más agresividad las conquistas sociales que los sectores populares alcanzaron tras decenios de lucha.
La dirección del PSOE y el gobierno socialista no han sido ajenos a esta falta de respuesta. Hemos pasado de una primera etapa de gobierno en la que impulsamos políticas progresistas en derechos ciudadanos a una segunda etapa donde se están aplicando duras políticas neoliberales de ajuste. La falta de análisis y de previsión de lo que realmente estaba pasando en el sistema económico y de poder nacional, europeo y mundial nos han dejado inermes ante las políticas derechistas, los mercados financieros y los poderes de los grupos de capital transnacional. Poderes estos que, más allá de los sistemas democráticos que conocemos, están por encima de los Estados. De alguna manera, la claudicación en principios y valores de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos, incluido el PSOE, ante el neoliberalismo económico y sus dogmas, ha abierto el camino a que estos últimos sean hoy día hegemónicos y que el conservadurismo político se imponga.
La contradicción entre el discurso político que veníamos sosteniendo y el planteamiento de una dura política de ajuste, plasmada en decisiones con una fuerte contestación social, ha erosionado la credibilidad política de los socialistas y la confianza del electorado en el gobierno por tan desconcertante giro político. Es verdad que se han tratado de salvar las políticas sociales, de defender logros de los trabajadores, pero la asimetría entre medidas como recortes salariales a funcionarios, congelación de pensiones, reforma laboral y del sistema de pensiones, y medidas como las encaminadas a reforzar el sistema bancario han consolidado la imagen de un tratamiento muy desequilibrado entre unas y otras.
La manera de gestionar la crisis ha desdibujado el proyecto socialista ante nuestra base social. Los intentos de recuperar el diálogo social con los sindicatos mayoritarios, los esfuerzos por mantener prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo, el empeño por llevar ciertas propuestas a organismos internacionales (erradicación de paraísos fiscales, tasa por transferencias financieras, coordinación de políticas económicas en UE, eurobonos, etc.), no han servido para generar la necesaria recuperación de nuestra credibilidad.
A la percepción social acerca de un programa socialdemócrata que se desmoronaba, después de las falsas ilusiones de recuperación de políticas keynesianas con los Planes E, se añadía la progresiva conciencia de la ciudadanía sobre la impotencia de la política frente a los poderes económicos del capitalismo financiero que controla los mercados. La constatación de que de nuevo se imponían duras políticas neoliberales quebraba aún más la pretensión de recuperar la fuerza de un proyecto progresista, debilitado por lo demás en el conjunto de Europa.
Además, podemos decir que muchos de nuestros dirigentes y gobernantes han sido contaminados por el liberalismo, por su discurso y lenguaje, tras haber realizado este una larga labor de zapa y derribo del pensamiento y la practica de izquierdas. De tal manera que, llegado el momento de la nueva gran crisis del sistema capitalista, con sus promesas de crecimiento ilimitado rotas, el PSOE se ha visto sin herramientas ideológicas y de acción política propias. Ello ha impedido reaccionar desde la izquierda con alternativas socialmente asumibles y apoyadas.
Con ese telón de fondo, las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de Mayo arrojaron el peor de los escenarios posibles para el PSOE: la severa derrota que hemos conocido y que obliga a iniciar cuanto antes un proceso de reconstrucción en serio de nuestro proyecto político. A eso se suma el malestar ciudadano expresado a través del llamado “Movimiento del 15M”, el cual, aglutinando ciudadanos de diversa procedencia, manifiesta el rechazo a las políticas aplicadas frente a la crisis, el sometimiento a los mercados, la devaluación de nuestra democracia, la crisis de la representación política y un fuerte cuestionamiento de la política al uso, de los partidos y de los políticos. Un conjunto heterogéneo de reivindicaciones emerge de ese movimiento ciudadano de insólita pujanza, las cuales deben ser escuchadas, máxime cuando muchas de ellas también se habían venido manifestando desde hace tiempo por diversas voces en el seno del PSOE, entre ellas por la de la corriente de opinión Izquierda Socialista.
Izquierda Socialista, como corriente de opinión del PSOE, pone todo el acento en la imprescindible recuperación del discurso socialista para sostener nuestro proyecto político y presentar con credibilidad nuestro programa ante la opinión pública, desarrollando a través de todo ello una estrategia consistente de acción política.
Debemos acometer una recuperación ideológica del Partido. Es necesario recuperar tanto algunas de nuestras tradicionales herramientas de análisis como nuestros tradicionales valores y principios, para poder implementar políticas socialistas desde una posición real de transformación de la realidad, de superación del capitalismo y de construcción del socialismo.
No hay futuro sin socialismo y sin democracia. Es necesario ofrecer un programa alternativo ante la actual realidad, un conjunto de propuestas que pese a la inmediatez del calendario electoral, miren más allá, y puedan servir de base para la puesta en marcha de procesos de avance, que permitan reencontrarnos con nuestra propia identidad y con la posibilidad real de cambio y de superación de las injusticias del capitalismo.
Es fundamental construir una salida socialista de la crisis, cambiar el rumbo de Europa, construir otra política económica por la izquierda que tienda hacia la democracia económica y garantizar y ampliar el Estado del Bienestar con los parámetros transformadores de nuestra época.
En esa perspectiva, en el actual contexto de partido único de la derecha y a la ofensiva, conviene impulsar el dialogo y colaboración con todas las fuerzas progresistas de izquierda para encontrar espacios de apoyo y colaboración. Este impulso se debe extender también al ámbito europeo y mundial para hacer posible la regeneración del socialismo democrático y hacer posible que este pueda impregnar con su acción las políticas de las instituciones europeas e internacionales.

II. SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA

Nuestras propuestas van encaminadas a actuar en los grandes ámbitos en los que se gesta y refleja la actual crisis sistémica.

2.1.- Urge un nuevo orden internacional

La globalización neoliberal aumenta la interdependencia y complejidad de los problemas mundiales y está produciendo que la brecha entre ricos y pobres se agrande. Por otro lado, mientras que los mercados son cada vez más globales y concentrados, disminuye la influencia de las instituciones políticas públicas necesarias para asegurar su funcionamiento democrático, equitativo y eficaz.
En este contexto, los socialistas reclamamos unas instituciones públicas internacionales que posibiliten una gobernabilidad democrática de la globalización.

PROPUESTAS:

2.1.1.- Reformas en las instituciones económicas internacionales
• Garantizar la representación y mayor peso de los países emergentes y los que estén en vías de desarrollo en los Órganos Rectores del Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial.
• Establecer en dichas Instituciones nuevas normas de funcionamiento para que sus orientaciones estén al servicio del desarrollo de los pueblos, democratizando sus decisiones y facilitando la fiscalización de la ejecución de sus políticas.
• Incluir en el llamado G-20 la presencia y representación en igualdad de condiciones de Organismos Regionales ya constituidos tales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), y la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), tal y como esta representada la UE.
• Crear un nuevo Foro Social para tratar de armonizar políticas económicas y sociales a nivel global que combine efectividad, legitimidad y rendición de cuentas, formado por representantes de la OCDE, OIT, OMC, FMI, BM y con la representación de organizaciones regionales sindicales (CES, etc.).
• Fijar criterios de competitividad entre los diferentes países de forma que los salarios, los derechos sociales y las condiciones medioambientales se igualen paulatinamente.
• Eliminar la pobreza y promover un desarrollo solidario más equitativo y plenamente respetuoso con la diversidad cultural, natural y de género.
• Buscar la paz y la seguridad mundial, incluyendo la seguridad humana y medioambiental, basada en la justicia y la libertad.
• Fomentar mecanismos de representación directa y participación de los ciudadanos del mundo y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de decisión global.

2.1.2.- Reforma del sistema financiero internacional
• Establecer normas que frenen la economía especulativa que al drenar gran parte de los recursos financieros disponibles impide que la economía real siga produciendo bienes y servicios y generando empleo.
• Implantar una fuerte Banca Pública que defienda los intereses generales y en su caso nacionalizar los “bancos débiles” en lugar de intentar reflotarlos con recursos públicos sin cambiar su titularidad privada.
• Impulsar empresas públicas rentables, principalmente en los sectores estratégicos, dotándolas de condiciones específicas a su función diferenciada de la de las empresas privadas.
• Crear potentes mecanismos fiscales internacionales para combatir las actividades fraudulentas e ilegales en los paraísos fiscales que tendrán que ser eliminados.
• Reformar el modelo actual de la banca privada mediante regulaciones específicas orientadas a prevenir la aparición de burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento crediticio.
• Instaurar un riguroso control de las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras.
• Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y delitos que atenten contra el interés general.

2.1.3.- Por una fiscalidad global
• Establecer impuestos especiales sobre los beneficios de las grandes empresas transnacionales para poder abordar con celeridad y seriedad políticas de desarrollo en el mundo.
• Implantar una Tasa sobre las Transacciones Financieras Internacionales, cuyo fondo, además de facilitar la estabilidad del sistema financiero, permita canalizar importantes recursos para combatir la pobreza, el hambre y la marginación social en los países en vías de desarrollo.
• Avanzar en la armonización a nivel mundial de las condiciones de inversión y trabajo, hasta alcanzar una igualdad en su regulación y el tratamiento de los mismos.

2.2.- Cambiar el actual rumbo de la UE

La deriva neoliberal que los gobiernos conservadores de Europa están imprimiendo al proceso de integración europea, no solo pone en peligro a éste, sino que está hundiendo en la recesión a sus estados periféricos, haciendo pagar a los sectores populares, clases medias y trabajadores los durísimos ajustes en términos de empleo, pérdida del poder adquisitivo y severas restricciones en el estado del bienestar. Si después de la segunda guerra mundial la integración europea ha garantizado una cierta forma de paz, hoy necesitamos cada vez más una Europa política que permita construir una Europa social.
No queremos una Europa que se limite a ser un área de libre comercio sin reglas ni protección social. No queremos el dumping social y la ruptura de los servicios públicos impuestos por los gobiernos de derecha a la Comisión Europea.
Los socialistas somos internacionalistas. Desde esa perspectiva proponemos la dinamización de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo. Las injusticias no tienen nacionalidad y la desigualdad no tiene fronteras. En un mundo globalizado como el de hoy la acción política a nivel internacional es esencial para hacer frente a los poderes conservadores y ultraliberales. Los socialistas hemos de ser los primeros defensores de los derechos humanos en España y en el mundo.

PROPUESTAS:

2.2.1.- Mayor desarrollo democrático y más participación
• Elección democrática de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo y revisión de las competencias que el Tratado de Lisboa le atribuye.
• Ampliación de las competencias actuales del Parlamento Europeo hasta convertirlo en un legítimo poder legislativo democrático europeo.
• Profundo respeto a los Derechos Humanos a la hora de legislar normas relativas a la libre circulación de las personas por el espacio europeo común.
• Eliminación de aquellas directivas que restringen los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de la Unión.
• Revisión profunda de las directivas que en nombre de la competitividad y la libre competencia, destruyen los servicios públicos, impiden la creación de bancos, empresas públicas y cooperativas y limitan la participación de los trabajadores en los procesos de decisión.
• Estimular la democracia participativa creando Consejos Informativos en los Parlamentos nacionales, con representación de la sociedad civil organizada, para informar a la ciudadanía de cuestiones relevantes relacionadas con el proceso de construcción europea (directivas, acuerdos importantes, presupuesto comunitario, etc.)
• Impulsar la capacidad de convocar referéndums con carácter vinculante para cuestiones de importancia estratégica.

2.2.2.- Contar con una política económica común democráticamente adoptada
• Modificación del estatuto del Banco Central Europeo en el sentido de atribuirle, además de las competencias para fijar los tipos de interés y el control de la inflación, las de crecimiento económico y el pleno empleo.
• Creación del Tesoro de la Unión Europea Monetaria con todas las atribuciones propias de su alta función (emisión y adquisición de bonos soberanos).
• Creación de un Banco Público Europeo y estructurar Empresas Publicas europeas en sectores prioritarios.
• Creación de un Fondo Monetario Europeo y de una Agencia Europea Pública de evaluación de riesgos crediticios.
• Incremento del presupuesto de la Unión para situarlo en el entorno del 2,5% del PIB comunitario.
• Armonización fiscal que elimine competitividad tributaria.
• Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de cada país, dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico y del estado general de sus economías.
• Establecimiento de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
• Políticas de estímulo de las economías europeas para el fomento de actividades de I+D+I y para el desarrollo de energías renovables.
• Política de ayudas comunitarias orientadas al mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos que los estados prestan a la ciudadanía para su desarrollo personal integral y eliminación de la legislación que propicia la privatización de estos servicios.
• Políticas de rentas tendentes a mejorar el poder adquisitivo de los salarios mediante una amplia negociación con los sindicatos europeos.
• Defensa de la libre circulación de personas en el seno de la UE. Establecer Leyes de inmigración y extranjería desde el mas escrupuloso respeto a los derechos humanos universales

2.3.- Un programa de izquierdas para sacar a España de la crisis

La actual crisis del sistema neoliberal ha puesto de manifiesto cosas ya sabidas y demasiadas veces olvidadas:
• en el actual capitalismo financiero sólo dos grupos toman las decisiones: los inversionistas y la élite de los intermediarios financieros.
• los gobiernos democráticos, olvidando su legitimidad popular y a quien se deben, aceptan las desregulaciones impuestas por los mercados.
• el incremento de la demanda durante las tres décadas pasadas ha venido estimulada por la facilidad en la obtención de créditos baratos y con escaso control, dando así lugar al incremento del poder adquisitivo de los consumidores sin que este respondiera a un aumento real de su riqueza.
• la soberanía del consumidor queda fuertemente mediatizada, cuando no condicionada, por el marketing y la publicidad.
• los servicios públicos fundamentales, cuya calidad y extensión dependen de los ingresos del Estado, se ven amenazados, por la tendencia creciente de los gobiernos a reducir tanto los gastos como los impuestos.
• los trabajadores están totalmente alejados de los centros de decisión de las propias empresas.
• muchas decisiones de inversión y gasto que realizan ciertas Administraciones Públicas se adoptan al margen de las preferencias y necesidades reales de la mayoría de la población.

Con todo ello quedan desvirtuados los fines esenciales de los sistemas democráticos. Se excluye a la mayoría de la población del proceso de intervención y fiscalización de las principales decisiones que determinaran los niveles de bienestar y, especialmente, en aquellas que afectan a la justa distribución de la riqueza y su utilización.
Por otro lado, las relaciones entre el binomio capital-trabajo se han visto profundamente modificadas por la aceleración técnico-científica producida en la segunda mitad del siglo XX. Los nuevos instrumentos puestos al servicio de la producción, en la mayoría de los casos, han servido básicamente para beneficiar al capital y no al trabajo. Ello se ha visto reflejado en la disminución del porcentaje de la renta salarial en la distribución del PIB, en la brecha creciente entre la evolución del sueldo de los trabajadores y la evolución de los beneficios de las empresas, en la casi inexistente reducción de los horarios laborales, en el incremento de la vida laboral y en el efecto negativo de todo ello sobre las tasas de desempleo.
Es necesaria una nueva política económica y social formulada desde la izquierda.

PROPUESTAS:

2.3.1.- Otra política económica y social por la izquierda
• Planteamiento riguroso de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas, con apoyo publico condicionado siempre a la creación y el mantenimiento de empleo.
• Erradicación de la economía sumergida y cambio de modelo productivo con potenciación de nuevos sectores: TICs, turismo sostenible, producción biotecnológica, agroindustria, energías renovables, industrias culturales, etc.
• Refuerzo de la incorporación de las TIC en el tejido empresarial, priorizando el sector social de la economía.
• Coordinación federal de políticas de urbanismo y vivienda, avanzando hacia la dación de vivienda para la cancelación de hipotecas.
• Atención intensiva a emprendedores, cooperativas y PYMES. Lucha activa contra la deslocalización empresarial y potenciación de la internacionalización de empresas españolas, con criterios de “comercio justo”.
• Medidas de democracia económica para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Potenciación del diálogo social, con apoyo a la actividad sindical y defensa de la representatividad y legitimidad de los sindicatos de trabajadores.
• Protección de los derechos laborales y apoyo a la negociación de convenios colectivos. Medidas de reducción de la jornada laboral.
• Refuerzo de la formación profesional (especialmente de jóvenes) y la formación continua de los trabajadores.
• Integración de población inmigrante en el mercado laboral.
• Defensa del sistema público de pensiones.
• Defensa de los servicios públicos, limitando las externalizaciones, subcontratas y demás pseudo-privatizaciones, recuperando lo público para una gestión directa efectiva y real.
• Implantación de empresas públicas sobre todo en los sectores estratégicos, manteniendo la titularidad del Estado, en particular cuando son rentables. Dar los medios funcionales y normativa específica para su eficacia en función de sus objetivos de interés general.
• Aplicación de una Renta Básica de Ciudadanía, asegurando que cualquier familia tenga unos ingresos mínimos que le permitan vivir con dignidad.
• Fomento en todos los ámbitos de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género y de la igualdad de trato. Incorporación y presencia igualitaria de la mujer en el mercado de trabajo
• Refuerzo de las medidas para la erradicación de la violencia machista y la efectiva equiparación en derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
• Avanzar en la ayuda al desarrollo, poniendo al día las medidas acordadas por las Naciones Unidas, toda vez que el 0,7 en su momento aprobado. se ha quedado manifiestamente desfasado.

2.3.2.- Fortalecer el papel del Estado en la economía

La progresiva liberalización de los sectores económicos estratégicos del país así como la privatización y desregularización del sistema financiero han propiciado una situación de debilidad del Estado frente a los poderes empresariales y financieros (nacionales e internacionales). Se ha limitado seriamente la capacidad estatal de intervención en la economía para poder garantizar su función social. Al ser gestionados los sectores estratégicos de la economía por empresas privadas, regidas por el derecho privado, disminuye la capacidad del Estado para hacer valer los principios constitucionales que establecen que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Para contrarrestar esta situación, planteamos desarrollar el artículo 128 de la Constitución Española de 1978 que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general.”
Hemos de vencer el estereotipo que afirma que el sector público de la economía es ineficiente y deficitario por naturaleza, y que solo debe estar presente donde no lo está el sector privado. Las empresas y los servicios públicos abordan temas esenciales, estratégicos, para la vida de la sociedad. El falso dilema de la competencia desleal entre lo público y lo privado, fomentado por la ideología integrista del capitalismo neoliberal, no nos debe hacer renunciar a nuestro objetivo de una sociedad más justa y equitativa. Objetivo que requiere para poder ser alcanzado de la fuerza reguladora y transformadora de un potente sector publico de la economía.

PROPUESTAS:

• Intervenir desde el Estado en ámbitos empresariales o financieros para corregir las perversiones del sistema económico actual.
• Legislar sobre la necesaria adquisición por parte del Estado de acciones y participaciones de las empresas que reciban ayudas públicas, en la justa proporcionalidad que la ley establezca.
• Creación de empresas públicas o mixtas en sectores de futuro y reforzar los servicios públicos esenciales.

2.3.3.- Banca Pública

En las Jornadas Federales de IS de 2009 ya propusimos: “Avanzar hacia una regulación efectiva del sistema financiero internacional y hacia un sistema financiero nacional mejor articulado y más eficaz en cuanto al crédito a PYMES, familias e individuos, erradicar los paraísos fiscales en todas sus variantes y poner en práctica un impuesto sobre las transacciones financieras, recuperando formas nuevas de banca pública, operativas y eficaces, más allá del ICO".
Con ello, y a la luz de lo que está sucediendo, hoy formulamos las siguientes

PROPUESTAS:

• Recuperación y puesta en marcha de una banca pública articulada a través de mecanismos de gestión y participación democrática.
• Incorporación al sector publico de la economía de las Cajas de Ahorro que hayan sido (o sean) refinanciadas por el Estado.
• En los casos en que sea necesaria la intervención estatal en ayuda de la banca privada, esta comportará la adquisición de participaciones de la misma, en pro de su nacionalización.

2.3.4.- Cooperativismo y Economía Social

Como socialistas es fundamental aplicar nuestros principios y los de la Constitución Española de 1978 que establecen la función social de la economía y las vías para el acceso de los trabajadores al control de los medios de producción.
En marzo del 2011 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía Social. Para su desarrollo reclamamos tener en cuenta el Art. 129.2 de la Constitución que dice: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”

PROPUESTAS:

• Fomento desde las administraciones y la banca publicas de cooperativas para el autoempleo de los trabajadores que lo planteen y los parados.
• Regulación del cierre patronal de empresas en pro del acceso a la propiedad de los medios de producción por parte de sus trabajadores bajo la forma de empresa cooperativa.
• Apoyo a los proyectos de banca ética cooperativa en una clara línea de reforzar y empoderar a los trabajadores y ciudadanos frente a los poderes financieros privados.
• Establecer recursos financieros para apoyar a las cooperativas, así como medidas de apoyo fiscal y creación del Fondo de los asalariados.

2.3.5.- Fiscalidad

Planteamos un sistema tributario más justo, equitativo y solidario.

PROPUESTAS:

• Reforzar el principio de progresividad fiscal.
• Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo.
• Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo.
• Recuperar el impuesto sobre sucesiones.
• Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, (Fondos, SICAV, etc.), tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.
• Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal.
• Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios teniendo en cuenta que su interés no es el bien público. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios.
• Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.
• Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria. Impuesto sobre solares sin edificar, locales y pisos sin ocupar.
• Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro.
• Establecer un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital.
• Incrementar el último tramo del IRPF del 48% al 56%.
• Control fiscal sobre las Unit Linked y los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas.
• Incremento de los impuestos sobre las ventas de alcohol y tabaco.
• Suprimir la asignación tributaria del 0,7 % a la Iglesia Católica, así como la exención del IBI.

2.4.- Defender, mantener y ampliar el Estado del Bienestar

El Estado de Bienestar considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar. Cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se intenta ponen en marcha por parte de las administraciones públicas mecanismos correctores para solucionar esta situación. Así, es comúnmente aceptado que se intervenga para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida si son negativas o perjudiciales para determinados grupos humanos. Se actúa sobre las necesidades y sobre todos aquellos aspectos que las generan. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan a grupos y comunidades. También se considera que es fundamental la participación activa de los ciudadanos.
De tal manera que las instituciones públicas diseñan actuaciones generales tendentes a mejorar la situación colectiva en aspectos como el empleo, la distribución de los recursos, etc. Igualmente son las administraciones públicas las que mediante actuaciones específicas tratan de resolver determinados problemas concretos (pobreza, exclusión social, marginalidad,...) y organizar la satisfacción de necesidades básicas como la educación, la sanidad, la vivienda, etc.
España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo. Es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España. Las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escaso poder adquisitivo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. En España los recortes de gasto público también están contribuyendo al estancamiento de la economía.

2.4.1.- Educación

Este año se cumplen 80 años de la proclamación de la Segunda República y 75 años del Golpe de Estado del 18 de julio 1936. Se sabía que la educación era el único modo de sacar a España del atraso secular en la que estaba sumida. La sublevación militar acabó con los logros educativos alcanzados en poco tiempo por la Republica: una Escuela Pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana; el mejor Plan Profesional de Formación de maestros que haya existido nunca; un respeto profundo a la diversidad de las lenguas y de las culturas de España; la creación de más de 27.000 escuelas en lo que era un coto privado de unos cuantos; una escuela auténticamente laica sin privilegios ni imposiciones para nadie; una escuela democrática; una enseñanza pensada en el quehacer protagonista del alumno.
España es hoy una democracia. Desde la muerte del Dictador el país ha cambiado profundamente. Pero quienes creemos en el auténtico valor de la democracia republicana y queremos salvaguardarla, pensamos que aún hay un largo camino por recorrer.
La actual sociedad capitalista, desaforadamente consumista y generadora de amplias bolsas de pobreza y exclusión, no hace sino aumentar las desigualdades sociales y fragmentar cada vez más la sociedad entre los que pueden y no pueden económicamente.
La educación ha de aportar una profunda carga de valores que encamine a las personas a transformarse ellas mismas y a transformar a la sociedad en la que viven. La importancia de la educación se ve acentuada en medio de la crisis.

PROPUESTAS:

• Educación pública, democrática, laica y de calidad como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad, desde las escuelas infantiles a las Universidades o a la educación de las personas adultas.
• Fomento de planes de enseñanza donde la solidaridad, el civismo y el respeto prevalezcan frente a la rivalidad, competencia e individualismo.
• Creación de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años.
• Las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.
• Construcción de centros educativos públicos, a todos los niveles, suficientes para la población actual y planificación de la estructura de centros y número de plazas de alumnos para albergar todas las necesidades y previsión futura del alumnado, participando en la elaboración los agentes sociales, con el fin de reducir la ratio por clase tanto en los C.E.I.P como en los I. E. S. y acabar con los “barracones”.
• Garantizar que en suelo público sólo se construyan centros educativos públicos, con gestión pública.
• Dotar a los C.E.I.P. del profesorado necesario: profesores de apoyo para educación infantil, profesores de pedagogía terapéutica, logopedia, inglés, educación física, música y educadores que refuercen a los tutores de alumnos con necesidades educativas especiales
• Adoptar las medidas necesarias, en las comunidades con lengua propia, para que cuando el alumnado termine la educación primaria tenga las competencias básicas para poder expresarse correctamente en las dos lenguas oficiales y poder comunicarse en una lengua extranjera
• Defensa de escuela inclusiva, igualitaria e intercultural
• Garantizar que en todas las autonomías se tenga un ordenador por alumno, junto con las pizarras digitales necesarias para el centro. Toda dotación informática debe funcionar con Software Libre, que será promovido y potenciado.
• Diseño, ejecución y evaluación de la eficacia de todos los programas que sean necesarios para compensar las deficiencias del alumnado, con la finalidad de que no abandonen el sistema educativo durante las etapas obligatorias y obtengan el título de Graduado.
• Actuar para que el alumnado con titulación de graduado en ESO continúe realizando estudios post-obligatorios, sobretodo, los de formación profesional de Grado Medio y Superior, necesarios para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad.
• Potenciación de la formación profesional.
• Postgrados de especialización para tarea docente y formación continua del profesorado.
• Defensa del principio de autonomía universitaria.

2.4.2.- I+D+I

El actual modelo de desarrollo conduce a la tercerización de la economía en detrimento de los otros sectores productivos, del medio ambiente, del empleo y de la calidad de vida. Hoy, para avanzar hacia un crecimiento más sostenible y equilibrado, ha de producirse una redimensión de los componentes sectoriales del PIB y del VAB en favor de incrementar el peso de la economía industrial, de la economía del conocimiento (I+D+I), del sector de las energías alternativas (3ª revolución energética), de determinados subsectores emergentes con potencial y de distintos servicios avanzados.
Todo ello para fomentar la economía productiva, el capital humano y social, el desarrollo endógeno (territorios inteligentes) y la “economía de proximidad”. Será necesaria la activa intervención del Estado en la orientación y desarrollo de las políticas económica e industrial, frente al actual predominio del capitalismo especulativo y depredador o de intereses de grandes megacorporaciones.

PROPUESTAS:

• Desarrollo y aplicación de la Ley de la Ciencia.
• Medidas para el retorno y la inserción de becarios de investigación.
• Apoyo a proyectos y grupos transdisciplinares e internacionales de investigación.
• Defensa de las instituciones públicas en la producción y transferencia de conocimientos.
• Propiciar que los logros y beneficios en I+D+I beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas y no solamente a las empresas.

2.4.3.- Sanidad

La Sanidad Pública, universal, de calidad y gratuita, ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad.
En los últimos años se observa una campaña generalizada y sistemática para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del capitalismo neoliberal, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Los grandes perdedores de estas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos de salud y sanitarios son los ciudadanos. La calidad de los servicios empeorará, además de tener los modelos privatizados unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitarios.
Nos oponemos:
• a la implantación de sistemas de copago, tasas o tickets moderadores,
• cualquier fórmula de privatización, por medio de fundaciones o tipos de gestión privada,
• denunciamos el llamado "modelo Alcira", fórmula de privatización radical de la atención médica, que externaliza a una empresa privada con ánimo de lucro todo el servicio sanitario público de la población de un territorio, en régimen de monopolio, a través de una concesión administrativa.

PROPUESTAS:

• Impulsar una política sanitaria al servicio de la cultura democrática de servicio público, con rendición de cuentas y participación profesional y ciudadana en los aspectos que les afectan.
• Aumentar la financiación y el control del gasto sanitario, con criterios de suficiencia y eficiencia: gestión honrada y eficaz; control del elevado absentismo; prohibición de conductas abusivas, como que en horario pagado por la sanidad pública se trabaje en la sanidad privada; crear dispensarios de medicamentos en los Centros de Atención Primaria.
• Poner al día la red hospitalaria y potenciar los centros de atención primaria, dotándolos de los equipos y personal especializado necesario.
• Reforzar la aplicación de la Ley 39/2006 para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sobre todo en lo que afecta a los pagos de las prestaciones económicas y de servicios, así como al procedimiento: retroactividad, compatibilidades, resoluciones, desarrollo del catálogo de servicios y fomento del empleo.
• Desarrollo y aplicación de la Ley del aborto y de la Ley de muerte digna.
• Mantener la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

2.4.4.- Vivienda

Uno de los factores más importantes para la gestación de la actual crisis, con su especial virulencia en España, ha sido la especulación urbanística ilimitada. La burbuja inmobiliaria ha arrastrado en su estallido al resto de la economía y, además, durante su avance ha conculcado el derecho constitucional a una vivienda digna, convirtiendo un bien necesario para la vida de las personas en un recurso para la especulación extrema. Nos encontramos ante la hiriente paradoja de disponer en todo el territorio de millones de viviendas vacías y que, debido a su exorbitante precio, no son accesibles para la mayoría de la población. Es exigible a los poderes públicos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

PROPUESTAS:

• Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías.
• Intervención directa del Estado en el sector de la vivienda para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Se necesita una gran reserva de vivienda pública destinada al alquiler social, a un precio tasado en función de las necesidades y posibilidades del destinatario. Las ayudas públicas al sector inmobiliario empresarial o bancario ha de ser condicionado a permitir y garantizar el acceso de las personas a su parque de viviendas.
• Las empresas de la construcción, como herramienta de gran importancia para la consecución de un bien básico como la vivienda, podrán ser intervenidas por el Estado según la necesidad en pro del bien común.
• Impulso y apoyo, desde las Administraciones Públicas, a las cooperativas de viviendas.

2.4.5.- Políticas medioambientales

Los elementos necesarios para la vida de las personas, aire, agua, tierra y fuego (energía) son bienes comunes, no, pueden ser objeto de apropiación o negocio, de ahí la necesidad de que los poderes públicos regulen el uso de estos elementos, limitados, que deben ser accesibles a todos los ciudadanos como un derecho inherente a la persona.
La conjunción del trabajo, el capital y los recursos naturales, son los medios para la creación de riqueza y obtener los bienes y servicios necesarios para la vida. Si bien en la teoría clásica solo el capital y el trabajo se contemplaban como elementos de desarrollo, presuponiendo que los recursos naturales eran inagotables, actualmente sabemos que estos son limitados y que merecen una atención especial, para que su capacidad de renovación permita la continuidad de la vida del planeta y asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones.
El desarrollo sostenible es uno de los objetivos que emana de los valores del socialismo: distribución de la riqueza y los recursos, desarrollo humano, progreso social y profundización de la democracia. Es urgente el cambio del modelo de desarrollo actual a otro más sobrio, más eficaz y justo. Ello implica una revolución en los métodos de producción y también en el comportamiento del consumidor.

PROPUESTAS:

• Gestión racional de los recursos existentes, como patrimonio público.
• Ordenación racional del territorio y las actividades que se desarrollan en el mismo.
• Gestión integral del ciclo del agua como recurso publico estatal.
• Lucha contra el cambio climático.
• Continuada apuesta por las energías renovables y compromiso firme de abandono de la energía nuclear.
• Criterios de sostenibilidad para actividades económicas, urbanismo y núcleos de población, construcción de viviendas, explotaciones agropecuarias y actividad pesquera.
• Reforzar las políticas de mantenimiento y creación de espacios naturales y de reforestación.
• Medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y acústica.
• Transportes eficientes, suficientes y medioambientalmente limpios. Optimización de los servicios de transportes públicos.
• Decidida protección de las costas con la aplicación de la Ley de Costas.
• Desarrollo de la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

2.4.6.- Cultura libre, cultura popular

Por un lado las nuevas tecnologías están ampliando la difusión de la cultura y, por otro las poderosas industrias vinculadas al mundo de la cultura reaccionan de manera virulenta ante el cuestionamiento social de lo que consideran su propiedad privada sobre los bienes culturales. Así ha sucedido en todas las polémicas relacionadas con la SGAE y sus habituales excesos. En este sentido, la reacción social contra los excesos en materia de propiedad intelectual ha sido clara, así como el rechazo a las posiciones mantenidas por el gobierno del PSOE, caracterizadas por la falta de adecuación ante la realidad social y el quizá excesivo seguidismo de las industrias comerciales vinculadas a la cultura.
Ahora bien, desde sectores comprometidos y concienciados de la sociedad, hace tiempo que se ha producido, fomentado y desarrollado una respuesta creativa y en positivo a las estrecheces del capitalismo en cuanto a propiedad intelectual. Se ha puesto en marcha lo que se conoce como licencias libres, licencias copyleft, licencias creative commons, inspiradas en los principios cooperativos, colaborativos, horizontales, democráticos, del software libre y sus licencias GPL.
En este sentido, como socialistas, valoramos las licencias libres como una nueva forma de socializar la propiedad y la cultura, así como de poner en tela de juicio las concepciones liberales de la propiedad.

PROPUESTAS:

• Redefinición de los derechos de autor clásicos, bajo nuevos parámetros que primen la digna retribución y bienestar de los creadores culturales y el valor social de la creación cultural por encima del afán lucrativo de las industrias capitalistas.
• Potenciación del uso de las licencias libres (en sus diversas concepciones) para la producción cultural e intelectual mediante medidas de apoyo fiscal y económico a los creadores y creadoras culturales o autores/as que se decanten por su uso. También mediante el uso de cuotas en los medios públicos (radio, tv) y en programaciones culturales de las Administraciones Públicas, destinadas a su promoción y representación (con los debidos controles de calidad y profesionalidad).
• Impulso de la promoción e información sobre estas nuevas formas de propiedad en los centros de formación cultural de titularidad pública, reforzando la asistencia técnica para los creadores culturales que opten por las licencias libres.
• Apoyo de la autogestión popular de la cultura, mediante el impulso por parte de las Administraciones Públicas de redes de centros cívico-sociales que alberguen iniciativas culturales de base, fuera de las lógicas de mercantilización de la cultura.
• Inclusión de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos efectivos de participación democrática, en la gestión de la cultura y programación cultural de las Administraciones Pública, así como del Patrimonio Cultural. Reforma de la Ley de Patrimonio para consolidar y ampliar la protección del patrimonio inmaterial, industrial y etnológico, estableciendo medidas de protección adecuada para los paisajes culturales o históricos y para el patrimonio popular.
• Fomentar las artes escénicas, según modelos descentralizados y en interacción con las comunidades locales y la sociedad civil organizada, buscando una difusión social capilar de sus beneficios sociales, culturales y económicos.
• Desarrollar un Plan de Coordinación de políticas culturales para la puesta en valor y gestión de elementos o conjuntos patrimoniales compartidos por varias autonomías, para la prevención y combate del expolio, para la difusión de la producción cultural local, y para la difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.
• Refuerzo de las sedes del Instituto Cervantes, en lugares con posibilidades de mayor proyección y abriendo líneas de difusión en el extranjero de la riqueza lingüística de España, difundiendo adecuadamente y junto al castellano las demás lenguas oficiales.

2.5.- Política internacional

Defendemos una política exterior para España de no subordinación, autónoma y multilateral. Con los ejes europeo, mediterráneo y latinoamericano como prioridades. Una política de paz, a favor de los desheredados de la tierra, de cooperación seria y rigurosa. Una política de compromisos reales, verificables. De tolerancia cero a la explotación, al genocidio, a la tortura, a la impunidad, al racismo y a la violación de los DD.HH.
Propugnamos una Europa social y de derechos. Con una economía social de mercado que desarrolle el alma progresista y de izquierdas de Europa. Preconizamos una política exterior y de defensa europea inteligente, autónoma, tendente a evitar las derivas imperiales. Que ayude a resolver graves problemas como el de Oriente Medio.
El PSOE debe situarse a la cabeza de un amplio movimiento de la izquierda europea para construir la Europa Social, la Europa de los derechos y las responsabilidades, la Europa de la cultura y del respeto a la diversidad. Hay que dinamizar, democratizar y llenar de contenido tanto la Internacional Socialista como el Partido de los Socialistas Europeos.

PROPUESTAS:

• Apoyo a las transiciones democráticas en el mundo árabe y países musulmanes.
• Clarificación del calendario y misión de FFAA españolas en Afganistán
• Proponer en la UE el bloqueo de las relaciones comerciales con Israel en tanto en cuanto no se aborde definitivamente un proceso de paz.
• Reconocimiento del Estado palestino.
• Apuesta por el diálogo multilateral para alcanzar la autodeterminación del pueblo saharaui.
• Apoyo a los procesos de integración en América Latina y reforzamiento de las relaciones bilaterales con todos los países de la región.
• Reforzamiento de la AECID y de las políticas de cooperación internacional al desarrollo, especialmente en el Mediterráneo, África subsahariana y América Latina.


III.- UN ESTADO FEDERAL, LAICO Y PARTICIPATIVO

3.1.- Un Estado Federal

Hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad. Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.
En la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en tres niveles de gobierno. A saber:
• nivel estatal: formado por el Gobierno de España y todas las entidades e instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La Administración Periférica del estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con plazos preestablecidos, dejando como única institución estatal con representación autonómica a la Delegación del Gobierno.
• nivel autonómico: integrado por las Comunidades Autonómicas. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y plurirregional de España.
• nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de España.
Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin necesidad de imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal conformará una buena inserción del Estado y de sus Comunidades autónomas en la Unión Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el municipalismo.

PROPUESTAS:

• Todas las entidades e instituciones publicas han de sustentarse en cuatro principios democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la forma y el tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de sus fines; (2) transparencia informativa: publicación periódica de toda la información producida (balances, evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la apertura de espacios para la participación de los actores relevantes del sector o área en el que esté incardinados; y (4) control permanente: con la acción decidida de los organismos contables y de evaluación para que puedan realizar controles de gestión o evaluaciones.
• La consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata del Senado para ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello en las elecciones generales habría una única circunscripción electoral en la representación al Congreso de los Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían las Comunidades Autónomas.
• Supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia de sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere.
• Incentivar la disminución del número de Ayuntamientos, mediante la agregación o concentración de varios, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de proporcionar a los ciudadanos, servicios básicos de calidad.
• Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera.
• Defensa de la dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados públicos. Impulso de medidas para la mayor presencia y eficacia de las administraciones publicas por vía electrónica.

3.2. - Un Estado Laico

Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al servicio de ninguna confesión religiosa. El mundo de las creencias religiosas tiene sus propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho obligan a todos.

PROPUESTAS:

• Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el Estado Vaticano el año 1978.
• Aprobación y desarrollo de una Ley de Libertad de Conciencia que garantice el derecho fundamental a tener las creencias que se consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona o colectivo.
• Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

3.3.- Un Estado participativo
Ampliar la democratización del sistema político y la participación de la ciudadanía

Hoy el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos, mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales de los gobiernos.
Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil en interacción con la ciudadanía.
Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por iniciativa popular.
La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información, sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más responsables y más solidarios.
Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser pioneros en transparencia, en comunicación veraz y solida, en crear núcleos de exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y honestidad.

PROPUESTAS:

• Reforma de la Ley electoral para una representación más proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias. También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los electores y de los representantes elegidos.
• Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos (un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los ciudadanos.
• Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción política institucional, creando nuevos cauces de participación democrática y control del ejercicio del poder político.
• Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de evaluación, control y modernización administrativa.
• Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y democrática.
• Participación ciudadana en la toma de decisiones mediante procesos de selección de quienes integrarán los órganos de Gobierno a través del sufragio universal o mediante espacios institucionalmente abiertos (Consejos de Participación) para consultas sobre los contenidos de las políticas (Planes de Empleo, PGOU, Presupuestos Participativos, etc.).
• Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización de la sociedad civil.
• Participación en los aportes mediante la evaluación y valoración de la totalidad del esfuerzo social (en ideas, materiales, trabajo y dinero) de modo y manera que permita afrontar desde nuevas perspectivas la participación de la ciudadanía, tanto en la realización de los proyectos que le son propios como en aquellos que por otros motivos, como por ejemplo la solidaridad, une sus capacidades a la de los receptores que demandan la satisfacción de sus necesidades.
• Participación en los beneficios mediante la utilización por el Estado (Administración Central, Autonómica, Local), como eficiente regulador de la redistribución económica y de la justicia social, de los beneficios del esfuerzo social de la ciudadanía. Siendo el destino social de los beneficios consensuado con la ciudadanía que ha realizado los aportes.
• Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político, ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus medidas coercitivas.
• Transparencia y adecuación de las retribuciones de los representantes públicos y cargos de la administración, de forma que su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.
• Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas que ostenten una representación pública han de hacer conocer su situación patrimonial a la ciudadanía.
• Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar nunca más a la ciudadanía, al igual que los políticos judicialmente imputados deben retirarse de su función pública hasta que se resuelva el procedimiento.
• Restablecimiento de la redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985 de 1 de julio, en garantía de la jurisdicción universal sobre delitos de genocidio, terrorismo y otros.
• Todas las Administraciones Públicas deberán ampliar la prestación de sus servicios por Internet.


IV.- MEJORAR LA DEMOCRACIA INTERNA DEL PSOE

4.1.- Necesidad de la democracia interna

El articulo 6 de la Constitución Española, refiriéndose a los partidos políticos, declara que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Ello obliga a que ningún partido debería aceptar, en ningún caso, caudillismos que suplanten a los principios ideológicos y a los principios democráticos. Las “adhesiones inquebrantables” y las fidelidades personales basadas en intereses diversos deberían desaparecer definitivamente de la escena política española.
El PSOE ha dar ejemplo de comportamiento democrático, garantizando la libre expresión de las ideas, la pluralidad interna y la participación democrática en la toma de decisiones. En este sentido conviene recordar la Resolución aprobada en la Conferencia Política del PSOE celebrada en Madrid los días 20-21 de julio de 2001 que, textualmente, dice: “El derecho a expresar el propio pensamiento y proponérselo a los demás compete a cada afiliado individualmente, así como al conjunto de afiliados que, coincidiendo en criterios y opiniones, constituyen una Corriente en el seno del Partido”.
Así pues el debate interno debe girar entorno a ideas, programas y proyectos. El problema del Partido en estos momentos no solo es el ideológico, también lo es, y muy grave el orgánico con una evidente debilidad de su democracia interna y de los mecanismos de participación de la militancia. Un ejemplo preciso lo tenemos en el deterioro de las Agrupaciones Locales en cuanto a actividad, número de militantes y presencia ciudadana.
Nos preocupa especialmente que nuestras carencias internas se hagan extensivas al desinterés y a la desconfianza que muchos ciudadanos sienten hacia las estructuras de los partidos políticos. La mala imagen de los partidos y de la política en general no deja de crecer, suponiendo un déficit democrático insostenible y un peligroso alejamiento entre los ciudadanos y los militantes. Una Agrupación que renuncie a incidir en su entorno más inmediato o que sea percibida con desconfianza por los ciudadanos, no sólo es inoperativa para conseguir nuestros objetivos políticos sino que no tiene sentido estatutariamente en nuestro partido. Se trata de devolver la ilusión en un verdadero proyecto de izquierdas a nuestros militantes, para que éstos vuelvan a sentirse motivados para transmitir nuestras ideas de progreso hacia su entorno más inmediato.
Se necesita una ampliación de la democrática interna, y que todos y cada uno de los órganos de dirección del partido recupere y ejercite plenamente, con todo rigor y ética, la función que tiene encomendada. El Comité Federal, los Comités Regionales o de Nacionalidad y las Asambleas Locales han de ejercer como máximos órganos de dirección del Partido. La función de las Comisiones Ejecutivas no incluye la suplantación de los otros órganos superiores de participación y decisión del partido. La totalidad de los poderes del partido no deben acumularse en la figura de los secretarios generales y sus ejecutivas, al coste de caer en distintas formas de abuso de poder, ausencia de participación y perversión de los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Y menos aun concentrarse en la figura de uno o varios candidatos electorales o personas ya electas, los que de arriba hacia abajo impartirían la "verdad revelada". Las Comisiones Ejecutivas, en sus distintos ámbitos, deben expresar la realidad del verdadero pluralismo interno de la organización, al igual que los otros órganos deliberantes y ejecutivos del partido.
Hay que aplicar los principios federalistas propios de la organización del partido a todos lo niveles, incluido el de subsidiaridad, garantizando que las decisiones y opiniones de los de arriba se vayan conformando con las que surgen libremente desde abajo. La democracia representativa no debe anular a la democracia participativa. Las dos son un todo indivisible.
Hay que acabar con la vieja cultura autoritaria tan practicada de que “el que se mueve no sale en la foto”. Hay que regular de forma racional el sistema de elección por primarias, abriendo las puertas a las aportaciones de aquellos que forman nuestro entorno ideológico, social y electoral más próximo.
Hemos de situarnos en un nuevo paradigma del siglo XXI, con los valores propios del socialismo: el internacionalismo humanista y el respeto de toda la ciudadanía. La articulación de una potente ala izquierda en el PSOE podría reequilibrar esos déficits y motivar a un electorado muy amplio hoy alejado de las posiciones hegemónicas en la dirección del partido.

4.2.- PROPUESTAS:

• Favorecer que los órganos de dirección del partido, a todos los niveles, estimulen el debate democrático abierto a la participación, así como a la necesaria renovación de ideas y de personas.
• Garantizar el pluralismo interno y el respeto a las minorías en todos los órganos ejecutivos, deliberantes y de control del Partido. Para ello se aplicarán formulas de mayoría corregida que permitan integrar la diversidad, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad, para evitar monopolios y exclusiones.
• Correcta actualización de los censos de militantes y transparencia en el uso de los mismos.
• Selección mediante elecciones internas o PRIMARIAS de los candidatos a cargos públicos u orgánicos representativos. Las elecciones primarias se deben utilizar para elegir los candidatos a Secretario General del Partido, Presidente de Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas y Alcaldes de poblaciones de más de 10.000 habitantes, con la posibilidad de una segunda vuelta en caso de presentarse dos o mas candidatos.
• Exigencia de presentar un número de avales entre el 5% y el 20% de la militancia del censo real de cada ámbito que corresponda en cada proceso de primarias.
• Elección de los cargos de representación orgánica e institucional por el sistema de listas abiertas con factor de corrección.
• Aplicar el principio de incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales en los mismos ámbitos evitando la acumulación y concentración de poder en pocas manos.
• Limitación de mandatos, tanto institucionales como orgánicos, a un máximo de 2 mandatos y 8 años.
• Obligatoriedad de que todos los cargos públicos y orgánicos del Partido rindan cuentas de su gestión ante los órganos que los han elegido.
• Establecer y regular la capacidad de la propia militancia para revocar los cargos electos aún dentro del período para el que fueron elegidos.
• Modificar el Reglamento de Asambleas para garantizar la pluralidad, la participación, la información y el control de los militantes.
• Realización de asambleas abiertas y periódicas, para afiliados y no afiliados, sobre temas de actualidad y de interés social general.
• Crear en cada Agrupación Local una asociación cultural que lleve el nombre común de “Casa del Pueblo”, abiertas en miembros a la ciudadanía progresista, para organizar actividades culturales, de formación, con los jóvenes y con la colaboración de movimientos ciudadanos, ONG’s, asociaciones vecinales, culturales o formativas.
• Favorecer la participación de la ciudadanía en la vida del partido mediante un censo de simpatizantes actualizable anualmente. Los simpatizantes tendrían derecho a voto en las elecciones primarias a cargos institucionales y, también derecho a voz para expresar sus ideas, propuestas e inquietudes en el seno del Partido.
• Aplicar una amnistía general para todas y todos aquellos compañeros que han sido represaliados por motivos exclusivamente ideológicos.
• Reintegrar la plenitud del derecho a voz y voto a los miembros de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista a los Congresos y Conferencias del Partido
• Dotarse de un Estatuto de las Corrientes de Opinión del PSOE, en desarrollo del Art 4 de los actuales Estatutos Federales del partido.

V.- DOS PROPUESTAS ESTRATEGICAS

Por su relevancia y gran significado estratégico se consideran singularmente las dos propuestas que siguen:
5.1.- Hacia la Republica Española
5.2.- Hacia la refundación de IS-PSOE

5.1.- Hacia la República Española

Los y las socialistas debemos encabezar la lucha por recuperar la forma republicana de Estado. Hemos de considerar que los conceptos, Estado Federal y Republica, forman parte del genoma político del socialismo en España.
Hoy, tras 33 años de la aprobación de la actual Constitución española, ha llegado el momento de revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que en aquel contexto de la transición se impusieron por parte de los poderes facticos existentes, en un marco de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el momento de que el mando supremo de las fuerzas armadas españolas deje de estar en manos del Rey para pasar al Presidente de la Republica democráticamente elegido.
La configuración de un Estado Español republicano, federal y laico vuelve a estar en la vanguardia de las reivindicaciones de la ciudadanía. El Partido Socialista debe recuperar su naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado, nunca podrá desarrollarse plenamente el sistema democrático de convivencia del que nos hemos dotado. Tampoco podrá ser recuperada en plenitud la soberanía popular.

PROPUESTAS:

• Recuperar los principios republicanos en los Estatutos del PSOE. El Partido debe restablecer en sus Estatutos la defensa de la República como forma de Estado, y como horizonte histórico hacia el que avanzar, desde la evolución y reformas democráticas necesarias del Estado actual.
• Impulsar la recuperación del significado de la II Republica, su memoria y conmemoración. La II República ha de establecerse como precedente y semilla de la democracia española en su plenitud. Los valores y principios republicanos son la garantía del futuro democrático.
• Aplicar la Ley de Memoria Histórica en todos los ámbitos, incluido el de su reforma si procede. La memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo ha de ser plenamente salvaguardada por la democracia española. La apología del franquismo ha de ser considerada un delito homologable al de terrorismo.
• Apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre monarquía y republica. La plena ciudadanía española exige aplicar el derecho a decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El déficit democrático que se arrastra desde los años setenta en los que no se convocó ese necesario referéndum ha de ser superado en la actualidad.

5.2.- HACIA LA REFUNDACIÓN DE IS-PSOE

Con 33 años de vida, parece que ha llegado el momento de que Izquierda Socialista se refunde. Por supuesto que Izquierda Socialista ha tenido muchos aciertos, pero también ha cometido muchos errores. Todo ello le ha impedido ser alternativa real a las posiciones más socioliberales y eclécticas existentes en el seno de partido y que son las que han conformado los órganos de dirección del PSOE desde 1974.
El proceso de refundación debe tener en cuenta: una nueva denominación, unas nuevas formas de articulación y funcionamiento y un nuevo programa.
Desde Las Palmas de Gran Canaria se propone la denominación S.I.I. (Socialistas de Izquierda e Independientes). El término independiente posibilitaría un mayor acercamiento al Partido de personas, que no se quieren involucrar orgánicamente, pero que mediante el reconocimiento de las políticas que llevemos a cabo, si nos podrían apoyar.
El PSOE necesita de un ala izquierda fuerte. Su misión principal sería plantear alternativas a las políticas que ya se confunden con la de algunos partidos de centro-derecha. Esto permitiría un equilibrio o giro a la izquierda. La refundación de IS se plantea como un importante paso para la articulación del ala izquierda del PSOE entorno a la IS refundada.
La deriva de acumulación de poder en pocas personas, un hecho en los partidos de izquierda y centroizquierda clásicos, lleva a no dar respuestas ni ofrecer capacidad de decisión a sus militantes y simpatizantes. Apoyándose en estructuras jerárquicas rígidamente controladas, las cúpulas del poder, sin consideración alguna, deciden por ellas mismas y por el conjunto de la militancia.
Izquierda Socialista refundada debería ser una corriente de opinión con vocación mayoritaria, capaz de dotar al PSOE de un ideario de izquierda, a través del diálogo, el debate y la confrontación respetuosa de ideas y, por medio de la participación, garantizar el efectivo ejercicio de la democracia interna y el derecho a la discrepancia.
Las bases del programa de la nueva corriente refundada se encuentran en este Documento de Posiciones de IS-PSOE.

VI.- A MODO DE RECORDATORIO

Animamos a los compañeros y compañeras del PSOE, a sus simpatizantes y votantes, a conocer la historia del socialismo en España: sus luchas, sus fracasos, sus victorias, sus errores y sus aciertos. Ello nos hará más fuertes en nuestras convicciones.
Por eso transcribimos aquí y ahora dos textos, uno de 1879 año en que se fundo el PSOE, y otro del 2008, año en que se celebró nuestro ultimo Congreso Federal. Se puede constatar la enorme distancia existente entre lo dicho y lo hecho, entre la teoría y la práctica.

6.1.- Programa máximo del PSOE en 1879
Presentado por Pablo Iglesias el 20 de julio de 1879:

"Considerando:
Que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas: una la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada;
Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política;
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al proletariado.
Por otra parte:
Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el estado social que los produce;
Que esto no puede conseguirse sino transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera;
Que la más poderosa arma con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos;
El Partido Socialista declara que tiene por aspiración:
1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.
2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la nación.
3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos.
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes."

6.2. - Algunos principios organizativos del PSOE el año 2008
Estatutos del PSOE aprobados en el 37 Congreso Federal celebrado el año 2008.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES

"Artículo 1. La denominación del Partido es la de Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y sus emblemas son el yunque, el tintero, la pluma y el libro; el puño y la rosa; un cubo rojo con las siglas PSOE en blanco dentro y un cubo rojo con el puño y la rosa en blanco dentro.
Artículo 2. El Partido Socialista Obrero Español es una organización política de la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos. Sus objetivos y programas son los fijados en su declaración de principios y en las resoluciones de sus Congresos.
Artículo 3. La organización del Partido se inspira en los siguientes principios:
1. La democracia como forma de participación y corresponsabilidad de los y las militantes en la vida del Partido.
2. El respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión en el seno del Partido de cada militante. Se garantiza la total libertad de discusión interna, tanto a cada afiliado/a individualmente como a través de las diferentes corrientes de opinión, formadas por el conjunto de afiliados/as que mantengan los mismos criterios y opiniones, que podrán expresarse a través de los distintos ámbitos de la Organización y por los cauces establecidos en estos Estatutos. No se permitirá la formación de tendencias organizadas.
3. El cumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos competentes del Partido.
4. La concepción federal de la Organización, entendida como integración de las colectividades que la componen y basada en la autonomía de sus órganos dentro de las competencias que estatutariamente les corresponden.
5. La unidad del Partido descansa esencialmente en la unidad de pensamiento fundamental que se contiene en su Programa Máximo, en las Resoluciones de los Congresos y en la unidad de acción de sus militantes cara a la sociedad.
6. Entre el Programa Máximo y la acción media el ancho campo de los programas transitorios y sectoriales, así como la definición de estrategias y tácticas para llevarlos a cabo. Sobre todo ello puede y debe recaer el permanente examen y debate en el seno de la Organización a través de los cauces estatutarios establecidos.
Artículo 4. Las Corrientes de Opinión se constituirán exclusivamente en el ámbito Federal. Se considera Corriente de Opinión al conjunto de afiliados y afiliadas que participa de los mismos criterios políticos, dentro del respeto a los Estatutos, Programa y decisiones de los órganos de Gobierno del PSOE, desarrollando su actividad en el seno del Partido. El Comité Federal autorizará la constitución de nuevas corrientes de opinión a propuesta de la CEF. La solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal deberá ser motivada y estar avalada, al menos, por un 5% de militantes pertenecientes, al menos, a 5 Federaciones Regionales o de Nacionalidad.
Las Corrientes de Opinión han de poner en conocimiento de los órganos ejecutivos de su respectivo ámbito sus actuaciones, y en particular la documentación fruto de su reflexión y trabajo para su conocimiento por la Organización. Las reuniones deberán realizarse en los locales del Partido. Los afiliados y afiliadas que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos y a las de los demás órganos de dirección."


IZQUIERDA SOCIALISTA - PSOE