Pedro Sánchez deja claro que no hará una política de izquierdas.

¡Hay que retomar la movilización masiva contra los recortes!

El rotundo rechazo del PSOE a conformar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos no solo abre la posibilidad de volver a las urnas en noviembre, muestra ante todo que Pedro Sánchez ha pasado el Rubicón cediendo a las presiones del Ibex 35, el aparato del Estado y la Unión Europea (UE) para mantener la agenda de recortes y ataques a los derechos democráticos.

En estos días los dirigentes del PSOE han multiplicado sus comparecencias en los medios de comunicación esgrimiendo todo tipo de argumentos para insistir en un Gobierno en solitario. Aluden a las múltiples reuniones con diferentes colectivos de la “sociedad civil” de las que ha surgido un supuesto programa de 300 medidas “progresistas”. ¿A quién pretenden engañar? Si lo tuvieran tan claro habrían ya derogado las contrarreformas del PP, desde la laboral y la de pensiones, hasta la LOMCE y la Ley Mordaza. Pero no han hecho nada de eso, al contrario, sus ministras en funciones han dejado muy claro que tienen intención de mantenerlas y en todo caso acometer cambios cosméticos sin ningún valor.

Lo único cierto que ha dicho Sánchez en estos días, es que una coalición con Unidas Podemos significaría dos gobiernos en uno. Y es que a pesar de las muestras y promesas dadas por Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos de su fiabilidad y lealtad constitucional, los grandes poderes capitalistas nacionales y extranjeros no se fían. Piensan que una vez Sánchez empiece a llevar a cabo sus exigencias, las presiones de la lucha de clases pueden provocar una crisis de Gobierno que lo haga saltar por los aires, añadiendo aún más inestabilidad y polarización. No temen a Pablo Iglesias, sino a lo que en su día representó Podemos y al movimiento de masas que lo catapultó y que sigue vivo y coleando.

Crisis del régimen y recesión

La dificultad para constituir un Gobierno de coalición entre el PSOE y la formación morada es un ejemplo de la profunda sacudida que vive el Régimen del 78 y de la intensa polarización política y social que recorre la sociedad.

Las elecciones del 28 de abril, como ya dijimos, supusieron un duro golpe para el bloque de la derecha, que perdió por una diferencia de casi 2 millones de votos frente al PSOE, Unidas Podemos y la izquierda independentista. Pero estos resultados no significaron un cheque en blanco a Pedro Sánchez. El mandato de las urnas era muy claro para la base social y electoral de la izquierda: revertir las contrarreformas aprobadas por los gobiernos del PP y poner fin a años de recortes, a los desahucios, a la extensión del trabajo precario y los salarios miserables, al desempleo crónico que empuja a la juventud a la pobreza y el exilio económico. También fue un voto para acabar con la legislación autoritaria, empezando por la Ley Mordaza, y depurar a fondo un aparato del Estado trufado de franquistas reparando moral, política y económicamente a las víctimas de la dictadura. Por supuesto, ese voto a la izquierda manifestó la aspiración de resolver la cuestión nacional en Catalunya sobre bases democráticas.

No es ninguna casualidad que los grandes poderes capitalistas cuenten con la fiabilidad del PSOE y su garantía como partido de “Estado” —probada a lo largo de décadas—. El escándalo del Open Arms es un buen ejemplo de la “lealtad” del Gobierno de Pedro Sánchez a las políticas migratorias racistas y criminales del conjunto de la UE. Las repugnantes declaraciones del ministro Ábalos, al que “le molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar ninguna decisión”, o las de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, afirmando que el Open Arms “no tiene permiso para rescatar”, son un claro indicativo de a qué intereses responden estos individuos.

La socialdemocracia española garantiza el mismo compromiso firme con los dictados de la Unión Europea, quien ya ha puesto encima de la mesa nuevos recortes en los próximos dos años, 15.000 millones de euros exactamente, y ha señalado que hay que “reformar” el sistema público de pensiones, una de las grandes agresiones pendientes contra los trabajadores.

Para ello necesitan de un partido en el Gobierno capaz de garantizar la paz social en un momento en que los vientos de una nueva recesión empiezan a soplar con fuerza, y cuando la inestabilidad política no tiene visos de replegarse sino todo lo contrario: tan sólo el desenlace del Brexit el 31 de octubre, y la próxima sentencia del procés señalan un escenario inédito y lleno de convulsiones.

El freno de la economía española es un hecho. Según el INE, en el segundo trimestre del año el PIB creció un 0,5%, la cifra más baja desde 2014. Las exportaciones ya están sufriendo los efectos: en junio retrocedieron un 6,6% y si tenemos en cuenta que casi un 25% van a Alemania, Italia y Reino Unido —tres países al borde de la recesión y con una grave crisis política— el impacto no será pequeño. La inversión también se ha ralentizado: con un descenso del 0,2% en el segundo trimestre del año, especialmente acusado en maquinaria y bienes de equipo (2,5% trimestral).

La producción manufacturera sin haber compensado aún un desplome del 21% desde el estallido de la crisis en 2007, se enfrenta ahora a un nuevo retroceso que está teniendo efectos en el empleo con cierres empresariales importantes, La Naval, Alcoa o Vestas, despidos masivos en el sector del transporte aéreo y EREs a la vista en la automoción. El índice de producción industrial cayó en junio un 0,2% y solo el sector de automóvil retrocedió un 5,6% en el primer semestre, mientras las ventas de coches se han desplomado en julio y agosto. Las consecuencias sociales y en la lucha de clases de estos acontecimientos no se harán esperar.

Los capitalistas dictan la línea al PSOE

Con este horizonte, los círculos decisivos de la clase dominante, que no quieren verse sacudidos por nuevas turbulencias, han vuelto a imponer el veto a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, como ya lo hicieron en 2016 y a pesar de las constantes cesiones de Pablo Iglesias y sus esfuerzos por aparecer como un hombre de Estado.

Esto es lo que está detrás de la intensa campaña de sectores de la burguesía, de la CEOE y la banca a favor de configurar un Gobierno estable entre el PSOE y Ciudadanos, y que se ha concretado en las dimisiones de diferentes dirigentes del partido de Albert Rivera que censuran su giro a la “extrema derecha”. Se trataba de convertir el “con Rivera no”, que cantaban los militantes socialistas en Ferraz la noche electoral, en “con Rivera sí por la estabilidad de España”.

Sin embargo, la dinámica de la lucha de clases ha impedido esta solución, con un Rivera en decadencia cada vez más escorado a la derecha en su permanente competición con PP y Vox. A pesar de todo, Sánchez sigue sin escatimar esfuerzos pidiendo tanto al PP como a Ciudadanos su abstención para evitar depender de Unidas Podemos y gobernar en solitario utilizando pactos parlamentarios a la carta.

Es sintomático que Sánchez, el mismo que reconoció públicamente las presiones de los poderes económicos y mediáticos sobre él para impedir un gobierno del PSOE y Podemos en 2016, que dio la batalla contra el aparato y que fue forzado a dimitir por no transigir con la abstención en la sesión de investidura de Rajoy, ahora suplique a la derecha que le facilite la llegada a La Moncloa. Un signo más que evidente de cuáles son sus intenciones al frente del nuevo gobierno, y que le ha valido la reconciliación con Felipe González.

En una reciente entrevista publicada por El País, Sánchez afirmaba que “necesitamos un Gobierno fuerte” que “sea coherente, consistente, tenga una única dirección y sea eficaz en la respuesta a los desafíos que tienen la sociedad española y la sociedad europea en su conjunto”, por eso no puede haber “dos gobiernos en uno”. El mensaje es cristalino: hay que prepararse para llevar adelante una política no de gestos y guiños “progresistas”, sino “realista” y acorde a los intereses de los capitalistas españoles y europeos.

Cerrar el paso a la reacción con la movilización y un programa socialista

La estrategia de Podemos, que lo apostó todo a entrar en el Consejo de Ministros, se ha convertido en un callejón sin salida. Las decisiones trascendentales y que determinan la vida de millones no se toman ni en el parlamento ni en los ministerios, sino en los consejos de administración de los bancos y las grandes empresas, en los Estados Mayores y en los altos órganos judiciales que velan por sus intereses. Asumir, como ha hecho Podemos, que basta con el juego parlamentario y la habilidad negociadora para cambiar las cosas, no sólo es un error garrafal, sino que certifica su abandono de la lucha de clases y una perspectiva seria de transformación social.

Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos se encuentran atrapados en el juego del parlamentarismo renunciado a organizar a millones de trabajadores y jóvenes de cara a tener una palanca con la que sí poder hacer frente a los poderosos.

Que el bloque reaccionario del PP, Cs y Vox pudiera llegar a La Moncloa después de los resultados del 28A sería un retroceso que no tiene justificación alguna. Esta es la única razón por la que Unidas Podemos no tiene que impedir que Sánchez forme su Gobierno, pero facilitar su investidura no implica su participación en el Ejecutivo del PSOE ni su sumisión a Pedro Sánchez y su demagogia.

Lo fundamental es rectificar toda esta estrategia para transformar a Unidas Podemos en el baluarte de una oposición de izquierda consecuente, que entienda que sólo se pueden conquistar reformas si se ganan en la calle con la movilización. Frente al cretinismo parlamentario hay una alternativa: la organización y movilización de la clase obrera y de la juventud bajo un programa de lucha que rompa con la lógica del capitalismo y levante la bandera del socialismo.

Muchos considerarán esta posición política “utópica” o una renuncia sectaria a cambiar las cosas “realmente posibles”. Pero este tipo de pragmatismo es el que ha destruido a organizaciones de la izquierda antaño poderosas, que renunciaron al marxismo revolucionario en su programa y acción, y terminaron plegándose a las exigencias del sistema hasta ser fagocitados y convertidos en formaciones inocuas.

Si los dirigentes de Unidas Podemos en lugar de votar la investidura de Sánchez para liderar inmediatamente una oposición de izquierda en las calles y en el parlamento, contribuyen al adelanto electoral, pagarán un precio: serán responsabilizados por toda la armada mediática de abrir el paso a la derecha en los comicios de noviembre, a pesar de que esto sólo sea propaganda y luz de gas.

Esa es la intención que se esconde tras las maniobras y declaraciones de Pedro Sánchez insistiendo en que no es necesario “ni coalición, ni elecciones” sino que “hay una tercera vía: un programa común progresista”. El último conejo sacado de la chistera socialdemócrata con el fin de obtener un cheque en blanco para un Gobierno en solitario manejable por los capitalistas.

La única forma de segar la hierba bajo los pies de la socialdemocracia, en este caso del PSOE, y desenmascarar los intereses ocultos a los que Pablo Iglesias se refiere constantemente, es luchar efectivamente por el cumplimiento del programa por el que estamos luchando hace años y por el que millones fuimos a votar el pasado 28 de abril:

- Derogación inmediata de todas las leyes reaccionarias aprobadas por el PP (reforma laboral, de pensiones, ley Mordaza, LOMCE…) y reversión de todos los recortes sociales.

- Devolución inmediata de los más de 60.000 millones de euros regalados por el Estado a los bancos en los planes de rescate, y nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía.

- Incremento drástico de las partidas de sanidad y educación públicas en los próximos presupuestos, y fin de todas las medidas y leyes privatizadoras.

- Prohibición por ley de los desahucios y un plan de choque para crear en cuatro años un parque público de dos millones de viviendas con alquileres sociales asequibles.

- Nacionalización inmediata de las grandes empresas eléctricas y de la energía para acabar con la pobreza energética y defender el medio ambiente

- Incremento del SMI y de la pensión mínima a 1.200 euros.

- Depuración de fascistas del aparato del Estado, policía ejército y judicatura. Por la reparación política, social y económica de las víctimas del franquismo.

- Luchar con medios materiales y humanos suficientes contra la violencia machista y la justicia patriarcal.

- Reconocimiento del derecho a la autodeterminación y anulación del juicio a los presos políticos catalanes.

Cumplir con este programa, arrancar estas conquistas, no dependerá de estar o no estar en el Consejo de Ministros, sino del movimiento en las calles, rompiendo en primer lugar con la estrategia de paz social impuesta por los grandes sindicatos.

Las lecciones de este periodo son claras. No podremos asaltar los cielos desde los despachos, o renunciando a combatir a la “casta” asumiendo los planteamientos del régimen del 78 y su Constitución. Para transformar la sociedad necesitamos volver al espíritu del 15M, de las mareas, de las marchas de la dignidad, de las huelgas generales, y construir una izquierda combativa y revolucionaria. No hay otro camino. 

Fuente: Prensa de I.R. "El Militante" núm 340 del  3/9/19.