Hola:
“Muy
bueno este artículo, lo voy difundiendo entre mis grupos de whatsApp. Estaría
bien, no sé si será posible, que lo publicase la corriente en su web, para que
se vea que en el PSOE no todos están de acuerdo con esta medida. Una vergüenza
que la medida que más va a beneficiar a
algunos interinos, aunque insuficiente, haya sido arrancada a nuestro partido
por parte de otro partido ERC”.
(Con
estas palabras recibimos una petición que nos llega remitida por un compañero
del PSC-Esquerra Socialista), que una vez analizado dicho artículo por nuestra
C.P., ha sido aprobada por unanimidad su publicación:
LA COMISIÒN PERMANENTE.
IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA.
PSOE DE ANDALUCÍA).
”No al acuerdo
sindicatos-Iceta. Los interinos pagan el precio de un pacto a sus espaldas”.
“El martes 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el llamado “plan
contra la temporalidad en el empleo público”. Este había sido acordado el día
anterior por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel
Iceta, con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
El Gobierno y los sindicatos firmantes insisten en que con este plan, que
se empezará a aplicar a partir de 2022 y que deberá estar resuelto el 31 de
diciembre de 2024, van a reducir la escandalosa tasa de temporalidad en la
Administración Pública (central, autonómica y local), del casi 30% actual, al
8% y se dará un paso adelante muy importante para erradicar la precariedad
laboral entre los empleados públicos.
A la vez defienden que han encontrado una solución justa y satisfactoria
para los casi 800.000 trabajadores interinos y temporales que actualmente
desempeñan su labor en las distintas Administraciones Públicas.
Una vez más, la realidad desmiente contundentemente la propaganda. Nada de
esto es cierto. De hecho, los distintos colectivos en los que están organizados
la mayoría de los trabajadores interinos han mostrado su rechazo unánime al
acuerdo.
800.000 trabajadores temporales e
interinos ven peligrar su puesto de trabajo.
Todas las plazas estructurales ocupadas de forma temporal y de manera
ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020
se verán afectadas.
Cientos de miles de trabajadores que aprobaron en su día una oposición,
muchos de los cuales llevan entre 10 y 25 años cubriendo puestos estructurales
en la sanidad, la educación o los servicios públicos, tendrán que someterse a
procesos de concurso-oposición para poder revalidar su puesto de trabajo, como
si no fuesen más que suficientes los años que llevan cubriendo
satisfactoriamente sus puestos de trabajo para demostrar que están plenamente
cualificados para desempeñarlos.
Los firmantes del acuerdo presentan como un gran logro el hecho de que en
estos procesos, el concurso (años de trabajo, experiencia, etc.), suponga el
40% del cómputo total y la oposición (el examen) el 60%.
Mientras insisten en este punto, se cuidan mucho de no destacar que la
oposición tiene carácter eliminatorio; esta deberá aprobarse para que compute
la parte del concurso.
Miles y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras interinas
concurrirían al concurso con serias desventajas. El 75% de este colectivo ha
superado los 50 años de edad, tienen que seguir desempeñando sus obligaciones
laborales y familiares y no tienen tiempo material para recuperar el hábito de
estudio y prepararse unas duras oposiciones.
Como paliativo a la dramática situación a la que se verán abocados muchos
trabajadores, los firmantes del acuerdo plantean que los interinos que no
superen la prueba y sean despedidos serán indemnizados con 20 días por año trabajado
con un máximo de 12 mensualidades y pasarán a estar incluidos en bolsas de
trabajo de interinos específicas o ya existentes.
Esta supuesta “solución” es indignante e insultante. En primer lugar la
cuantía de la indemnización es absolutamente insuficiente, máxime cuando en un
porcentaje muy alto hablamos de trabajadores de más de 50 años con pocas
posibilidades de poder volver a acceder al mercado laboral, y que este proceso
coincide además con la nueva reforma de las pensiones implementada por el Ejecutivo
PSOE-UP y también pactada con CCOO y UGT, que supone, entre otros retrocesos,
la penalización de la jubilación anticipada.
Por otro lado, a la hora de calcular dicha cuantía solo se considera el
último nombramiento como interino. Un trabajador puede llevar rotando como
interino en distintas plazas 25 años, pero solo cuenta el último contrato que
puede ser de 5, 6 o 7 años, por ejemplo.
Además, para acceder a la indemnización el trabajador tiene la obligación
de presentarse al proceso concurso-oposición.
Pero esto no es todo. Ni siquiera la inclusión en una bolsa de trabajo está
ni mucho menos garantizada.
El texto del acuerdo dice textualmente lo siguiente: “Las convocatorias de
estabilización que se publiquen podrán prever incluir (de entrada no es
obligatorio que se les deba incorporar) a los que no superen el proceso
selectivos en bolsas de trabajo de interinos específicas o ya existentes” y
“pueden integrase en las bolsas de empleo los que no hayan superado el proceso
selectivo pero sí obtenido la puntuación que la convocatoria considere
suficiente”.
El Gobierno con la complicidad de los dirigentes sindicales, en la práctica
castiga y penaliza a los trabajadores que durante años han sufrido la
precariedad laboral poniendo en grave peligro que continúen en su puesto de
trabajo.
El Ejecutivo pretende esconder que durante décadas los distintos Gobiernos
centrales, autonómicos y locales, encabezados fundamentalmente por PP y PSOE,
incluido el actual de PSOE-UP, han venido actuando en fraude de ley, fomentando
la precariedad laboral en la Administración Pública e intenta ocultar su
continua negativa a ofertar las miles de plazas públicas que deberían haber
cubierto.
Todos, año tras año, se han negado a garantizar la necesaria estabilidad en
el empleo a cientos de miles de trabajadores y a mantener los distintos
servicios públicos con el personal necesario para dar un servicio de calidad, y
hubieran seguido sin tomar ninguna medida si no fuese porque las recientes
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo
han declarado ilegal este tipo de contratación precaria en las Administraciones
Públicas.
Aun así, como estamos demostrando, han aprobado un plan para cubrir las
apariencias pero que no cambiará nada.
Con este acuerdo la precariedad seguirá
enquistada en la Administración Pública.
Tras la aprobación del “plan contra la temporalidad en el empleo público”
el ministro Miquel Iceta declaró solemnemente: “Se ha acabado encadenar
contratos e interinidades indefinidas y sine die. Eso no es bueno para la
Administración ni justo para las personas”.Estas declaraciones no son más que
humo y fuegos de artificio.
Para supuestamente conseguir este objetivo, el acuerdo incluye una reforma
del Estatuto Básico del Empleado Público. Con ella se podrán ocupar, por
personal interino, las vacantes que “no sea posible” cubrir con un funcionario
de carrera; los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años,
transcurridos los cuales los trabajadores serán despedidos con una
indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades
y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público.
Gobierno, CCOO, UGT y CSIF argumentan que esta obligación de indemnizar al
trabajador interino tras tres años de contrato, es una eficaz medida disuasoria
que evitará que la Administración continúe abusando de la temporalidad.
Esto también es falso. En primer lugar porque la cuantía de la
indemnización es muy baja para que pueda tener ese efecto disuasorio y por otro
lado porque el acuerdo recoge toda una serie de supuestos a los que las
Administraciones pueden recurrir para evitar el pago de dicha indemnización.
Por ejemplo, la Administración no tendrá que indemnizar al trabajador
cesado si el interino es despedido porque se reincorpora el funcionario de
carrera al que pertenece esa plaza, o si esta es adjudicada en una oposición, o
si desaparecen las causas del nombramiento, o si por razones organizativas
“debidamente justificadas y motivadas” (y aquí puede caber todo) se suprime o
amortiza la plaza o puesto…
Además la Administración tiene los suficientes mecanismos (sin contar con
el fraude de ley, tan utilizado hasta ahora sin que ninguna Administración haya
sido sancionada), para poder seguir haciendo rotar a miles de trabajadores
interinos y temporales, año tras año de puesto de trabajo en puesto de trabajo.
No hay nada que impida que el porcentaje de interinos se mantenga e incluso
siga creciendo, mientras, en cambio, se favorecen las condiciones para que
aumente el número de trabajadores que pasarían por un mismo puesto de trabajo
incrementando exponencialmente la precariedad.
Por último, a la hora de poner en marcha concretamente el marco de
relaciones laborales que plantea este “plan contra la temporalidad en el empleo
público”, serán las comunidades autónomas y las entidades locales las que
establezcan finalmente las condiciones a aplicar en sus territorios, elevando
muchos enteros la incertidumbre y la indefensión en los cientos de miles de
trabajadores que verán su vida condicionada por la implementación de las
directrices marcadas por este acuerdo.
Hay que acabar de verdad con la precariedad
laboral en las Administraciones Públicas.
Con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CCOO, UGT y CSIF, la
precariedad seguirá enquistada en la Administración Pública y las políticas
clientelares seguirán contaminando las relaciones laborales y el funcionamiento
de los organismos de la Administración, sobre todo en el ámbito local y
autonómico.
Detrás de la propaganda hueca con la que intentan vendernos las bondades de
este nuevo “logro” del llamado dialogo social, solo se encuentra una nueva
vuelta de tuerca en el proceso de deterioro de las condiciones laborales de los
trabajadores públicos.
Este nuevo ataque, que cuenta con el apoyo entusiasta de los sindicatos
mayoritarios del sector, proviene de un Gobierno que se autodenomina
progresista y de izquierdas, en el que participan cinco ministros de Unidas
Podemos, dos de ellos con carnet del PCE, que lo avalan sin fisuras. Es un
absoluto escándalo.
"Detrás de la
propaganda hueca de los firmantes del acuerdo, solo se encuentra una nueva
vuelta de tuerca en el proceso de deterioro de las condiciones laborales de los
trabajadores públicos"
Un Gobierno realmente de izquierdas y que de verdad se impusiera acabar con
la precariedad laboral en las Administraciones Públicas reconocería
inmediatamente la condición de fijos e indefinidos a los trabajadores que están
desempeñando tareas de carácter estructural bajo un contrato precario, a la vez
que ofertaría las miles de plazas necesarias para garantizar un servicio de
calidad.
Además, estas reivindicaciones son absolutamente básicas e irrenunciables
para unas organizaciones sindicales que realmente defendieran los derechos de
los trabajadores.
En lugar de esto el Ejecutivo PSOE-UP y CCOO, UGT y CSIF, optan por dividir
y enfrentar a unos trabajadores contra otros, a la vez que señalan con el dedo
a los interinos como si pretendieran ser unos privilegiados.
El Gobierno con la complicidad de los dirigentes sindicales, pretende
esconder su responsabilidad en este fraude y su negativa a ofertar las miles de
plazas públicas que deberían cubrir cada año y que son imprescindibles para
garantizar unos servicios públicos de calidad.
Estas reivindicaciones pueden hacerse realidad incluso amparándose en la
legalidad vigente. Existen sentencias judiciales que avalan el derecho
adquirido a tener estabilidad laboral.
Centenares de miles trabajadores fueron contratados como se pide en el
artículo 103 de la Constitución, cumpliendo los requisitos de igualdad, mérito,
capacidad, publicidad y libre concurrencia en procesos de acceso elegidos por
las Administraciones (oposición, concursos de méritos, examen y entrevista o
prueba física, etc.).
Por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconoce en
su artículo 61.6 que el Gobierno puede optar por convertir plazas de interinos
en fijas valorando solo los méritos “con carácter excepcional”.
Este Gobierno, al igual que los anteriores, incluso ignora sus propias
leyes para seguir manteniendo la precariedad entre los empleados de la
Administración Pública.
Continuar y elevar la lucha y la
movilización es la clave para ganar estos derechos.
La batalla judicial sin duda es importante para dar cobertura legal a las
legítimas reclamaciones del personal interino y temporal.
Pero el factor decisivo para conquistar la estabilidad laboral, es
continuar impulsando la lucha y la movilización, extenderla por todas las
Administraciones e implicar a todos los afectados con una plataforma
reivindicativa que recoja las justas aspiraciones tanto de los interinos y
temporales como de los que aspiran a conseguir una plaza.
Estamos hablando de un potencial enorme, de un ejército de casi 800.000
trabajadores y trabajadoras que pueden paralizar la Administración Pública
uniendo su reclamación de conseguir la consideración de fijos en sus puestos de
trabajo a otras reivindicaciones del personal funcionario y al conjunto de los
trabajadores que aspiran a entrar en la función pública.
No sobran los interinos y temporales que ya están ocupados, faltan nuevas
plazas en sanidad, en educación, en correos y un sinfín de servicios públicos
para evitar que sigan degradándose y privatizándose.
Este es el programa que debe unir al conjunto de trabajadores y
trabajadoras de la administración pública.
COMISIÓN EJECUTICA.
I.R. MOVIMIENTO OBRERO.
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