... QUE ACABE CON LA DICTADURA DE LOS MERCADOS.
Nuestro partido, el Partido Socialista
Obrero Español tiene que realizar un cambio de rumbo programático, un verdadero
giro hacia la izquierda, para ofrecer una salida a la clase
trabajadora, que sea asumido como propio y que restablezca el apoyo y la
confianza de la mayoría de la sociedad.
Para ello defendemos las siguientes medidas:
A) Nacionalizar el sistema financiero bajo el control
democrático de los trabajadores y sus organizaciones.
Es urgente cambiar la política económica
y monetaria practicada hasta ahora. No es posible salir de la crisis
utilizando los mismos mecanismos liberales que han llevado al colapso a la
economía, por lo que la única política correcta sería utilizar todos los
recursos financieros disponibles para la creación de un “BANCO PÚBLICO ESTATAL
ÚNICO”, (con la unificación de las Cajas de Ahorros), es decir nacionalizar el
sistema financiero bajo control democrático de los trabajadores y sus
organizaciones, y poner la economía al servicio de la producción y ésta al
servicio de los seres humanos.
Es completamente inviable para cualquier gobierno
intentar convencer a la Banca Privada de que conceda créditos,
cuando el sistema está completamente colapsado, porque a los jefes y amos de la
banca privada sólo les interesa obtener gratis los fondos del Estado para
mantener sus insultantes beneficios.
Consideramos que es urgente en cuanto que el PSOE
vuelva a conquistar el Gobierno, que se decrete la expropiación de los bancos
privados, con indemnización solo en caso de necesidad
comprobada, con el objetivo de concentrar todo el crédito en manos
del Estado, para gestionarlos democráticamente entre el Gobierno, los
sindicatos de clase, los propios empleados de la Banca, y el conjunto de las
organizaciones obreras, como la mejor forma de democratizar los recursos
financieros, evitar la corrupción y la especulación y exigir el
desmantelamiento de los paraísos fiscales.
Esta política no significa, ni mucho menos, la
expropiación de los pequeños ahorradores y depositarios, sino todo
lo contrario, pues una vez nacionalizado y democratizado esos
recursos dinerarios, tendrán la garantía del Estado. De esa forma, una Banca
Pública Estatal, al servicio de la producción y gestionada democráticamente,
puede establecer condiciones más favorables para otorgar apoyos a los pequeños
y medianos empresarios, a los agricultores, a los pequeños comerciantes, a los
pensionistas, a los ahorradores, a la vez que se permitiría la inversión en los
gastos sociales, vivienda, sanidad, educación e infraestructuras públicas tan
necesarias dando empleo a millones de jóvenes y trabajadores.
De hecho, la nacionalización en la práctica de la
banca se está llevando a cabo de una u otra manera por gobiernos de todo signo
político, pero por desgracia, se está llevando a cabo poniendo los recursos
públicos al servicio de la burguesía y salvando los intereses del capital
privado. La consigna, nacionalizar las perdidas, privatizar las ganancias, es
el programa del gran capital. De ahí se desprende este ataque sin precedentes a
los gastos sociales y las conquistas históricas del movimiento obrero.
B) Por una vivienda digna y accesible a toda
la población.
Poner en marcha un plan de construcción de un millón
de viviendas sociales; municipalización del suelo urbano para liberar suelo
barato. Nacionalización de las grandes empresas constructoras, fuertemente
endeudadas, para gestionarlas democráticamente bajo control obrero. La Vivienda
es un Derecho de la ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos.
Impuestos progresivos a los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas
vacías, para forzar a sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la
vivienda sea un medio de especulación.
El Gobierno debe desconocer el valor actual de las
deudas hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al valor
artificial del suelo originado en el boom inmobiliario, que se
derrumbó. Paralización inmediata de los embargos por hipotecas de
viviendas y bienes de las familias trabajadoras. Ninguna familia
obrera debe pagar más del 10% de su Salario Familiar en vivienda. Plan de
alquiler estatal con ofertas habitacionales que no sobrepasen el 10% del
Salario familiar.
El Estado procederá a la expropiación de todos los
inmuebles y viviendas abandonados, o no ocupados durante un año, o que estén
fuera de uso, para que puedan alojarse las familias sin viviendas y sin
recursos, o/y para que puedan ser usadas socialmente como centros culturales y
de ocio. La entrega y el uso de cada inmueble deberá estar controlado por la
Asambleas de peticionarios correspondientes de cada zona, con representación de
Asociaciones Vecinales, Sindicatos de clase y Vecinos que tengan solicitada
vivienda social.
C) En defensa de la enseñanza pública.
Retirada inmediata de la LOMCE. En defensa de una red
de enseñanza pública de calidad, gratuita, laica y
científica. Incorporación de los centros concertados a la Educación
Pública. Ninguna subvención estatal a la enseñanza privada. Incremento del
presupuesto educativo hasta el 7 % del PIB. Por una universidad pública y
gratuita para los hijos de los familias trabajadoras.
D) En defensa de la sanidad pública: No a la
privatización, no al copago.
Incremento de un 20 % de los presupuestos de la
Sanidad Pública, con el objetivo a corto plazo de eliminar las listas de espera
y mejorar la atención sanitaria global. Plan de inversiones en Hospitales y
medios sanitarios. No a la privatización de la sanidad pública, al recorte
presupuestario y el despido de trabajadores del sector. No al copago.
Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de los puestos de trabajo
del personal dedicado a la salud pública para atender dignamente a todos los
enfermos.
E) Luchar contra la especulación y la corrupción.
Que no se cubran las pérdidas de las empresas privadas
con dinero público. Nacionalización sin indemnización de todos los
especuladores que ahora declaran pérdidas y presentan Expedientes de Regulación
de Empleo, poniendo en peligro miles de empleos entregando esas empresas en
manos de los trabajadores con apoyo financiero y técnico por parte del Estado.
Fuerte impuesto progresivo a las grandes fortunas. Lucha contra el fraude
fiscal: expropiación de los grandes capitales que defrauden a Hacienda. Los
representantes del Partido en las Instituciones no deberán cobrar más de la
media del sueldo de un trabajador cualificado.
F) Un plan de choque de inversiones públicas.
Contra la huelga de capitales y la caída brusca de las
inversiones privadas y dado que los capitalistas españoles no invierten, se
procederá a incrementar la inversión por parte del Estado. Plan de construcción
de viviendas públicas, hospitales, centros de estudio y universidades, para dar
empleo a los millones de parados existentes y satisfacer las necesidades
sociales. Inversión en I+D+i. Introducción de la robótica y las
nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en cada empresa que
lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y bajo control
democrático de la gestión por los trabajadores.
Cuando el empresario presente un ERE o el expediente
para cierre, se le exigirá que se abran los Libros de Contabilidad de la
empresa o grupo de empresa al que pertenezca. Se ejercerá el control social
para evitar el vaciamiento de los recursos financieros y demás bienes de la
empresa y se fiscalizará el funcionamiento correcto evitando los fraudes, robos
y boicoteo a la producción y la empresa será puesta bajo control
estatal para garantizar los puestos de trabajo.
G) En defensa del empleo y contra el paro.
Jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción
salarial con el objetivo de repartir el trabajo como un bien escaso.
Para dar paso a la juventud y combatir el desempleo
juvenil, jubilación a los 60 años, con contratos de relevo y fomento del
contrato de aprendizaje.
Contra la eventualidad y la precariedad, fijo a los 15
días en puestos fijos y contratos de fijos discontinuos en puestos eventuales.
Lucha firme contra la discriminación de la mujer,
exigiendo el cumplimiento por Ley de "a igual trabajo, igual salario",
sin excepción con fuertes sanciones para los patronos que infrinjan esa
legislación.
Plenos derechos laborales iguales como ciudadanos,
tanto para los inmigrantes como los nativos, por lo que es necesario derogar la
actual Ley de Extranjería, introduciendo también cambios que favorezcan el
asilo político.
Nacionalización de las empresas en crisis para
defender todos los puestos de trabajo.
Como apoyo social de urgencia, el Estado
entregará de forma obligatoria a todo trabajador en paro que no perciba
prestación económica alguna, ayudas de emergencia en alimentos,
ropas y bonos de transporte indispensables para tener una vida digna,
comprometiéndose el trabajador a prestar servicios sociales a través
del Municipio al que sea asignado provisionalmente mientras no se le oferte
otra alternativa laboral.
El trabajo social prestado será proporcional al valor
de la ayuda recibida y se ejercerá un control público mediante la Asamblea de
barrio o zona, en colaboración con las Asociaciones Vecinales y los sindicatos
y Comités de Parados, que deberán realizar un censo para saber exactamente las
familias o personas que necesiten dichos servicios sociales básicos, que
deberán ser solicitados mediante votación positiva de la Asamblea a
la que estén inscrito, con el objetivo de erradicar de inmediato los casos de
pobreza extrema y solamente estarán exentos de prestar ese trabajo social
sustitutorio los niños, los ancianos y los impedidos por enfermedad, mediante
baja médica u hospitalaria.
Es prioritario la legalización
inmediata de todos los trabajadores que son explotados en la
economía sumergida con el mero requisito de proceder al alta de oficio a toda
persona que esté prestando servicios y no se encuentre en nómina, pasando a
contrato fijo de plantilla, con el único requerimiento de comunicar el alta al
sindicato, a la patronal y a la inspección de trabajo por parte del
trabajador afectado.
H) Por los derechos sociales y el fomento de la
actividad productiva.
Mantenimiento de los servicios de empleo dentro del
Estado. No a las ETTs. Por un puesto de trabajo o subsidio de desempleo
indefinido igual a un Salario Mínimo Interprofesional de 1.100 euros al mes a
partir de los 16 años y salario máximo de altos cargos públicos y privados que
no superen cuatro veces el salario mínimo, regulados a través del IRPF a través
de una reforma impositiva progresiva y justa.
Subida automática de los salarios igual a la subida de
coste de la vida con la introducción de la escala móvil precios-salarios, con
subidas y revisiones cada 3 meses bajo control de comités sindicales,
asociaciones de consumidores y gobierno para evitar la inflación descontrolada.
Poner la economía al servicio del ser humano y no del
lucro de una minoría, para lo cual es preciso decretar la nacionalización de la
banca y los monopolios, indemnizando a los pequeños accionistas
necesitados y poniendo estos recursos productivos bajo control democrático de
los trabajadores para impulsar la economía productiva. Con estas palancas
económicas fundamentales en poder de la sociedad, pueda llevarse a cabo un
verdadero plan que incremente la producción, cuya capacidad productiva
instalada está estrangulada en los momentos actuales en torno al 68 %.
Con el objetivo de solucionar las
necesidades de las familias de los jornaleros, campesinos pobres y
clase trabajadora en general y fomentar la creación de puestos de
trabajo, el Estado expropiará, con indemnización en casos de necesidad
comprobada, los latifundios de más de 200 Ha, para realizar una explotación en
régimen cooperativo, con apoyo técnico y financiero estatal que permitan
reformar y modernizar las estructuras agrarias, encaminadas a la
industrialización y distribución social.
Para luchar con firmeza contra el paro forzoso y
cierre de empresas, se decretará la expropiación sin indemnización por el
Estado de todas las fábricas y empresas cerradas por sus dueños o que estén
con expedientes y litigios de despidos que
tengan reivindicaciones en marcha por parte de los trabajadores,
para que sean puestas en funcionamiento bajo control democrático de sus propias
plantillas, para lo cual, el Estado deberá garantizar el salario fijado en
convenio y prestarle ayuda, apoyo técnico, financiero y
plantear una democracia real bajo control obrero.
ORGANIZAR LAS FUERZAS PARA LUCHAR POR LA
TRANSFORMACIÓN SOCIALISTA DE LA SOCIEDAD.
Este programa a favor del pueblo y de las familias
trabajadoras, es evidente que no lo van a aplicar los empresarios y la
burguesía por las buenas. Solamente con la lucha y la movilización
de masas podemos arrancar una gran parte de estas demandas. Para que sean
efectivas y llevadas a la práctica es necesario un gobierno de los
trabajadores, un gobierno PSOE e IU y otros partidos de izquierdas, que
responda de verdad a su base social, con la colaboración plena de las fuerzas
sindicales y asociaciones progresistas de consumidores y usuarios.
Para ello es preciso un reagrupamiento
de toda la izquierda, que movilice a los ciudadanos, que organice
las asambleas de barrios, al sindicalismo de clase, a la juventud, a la mujer,
al ecologismo y otras fuerzas de progreso a las que les pedimos que participen,
apoyen y exijan la aplicación y la gestión de este plan de acción. Un
movimiento que haga realidad la exigencia de Democracia Real Ya, que confluya
con las fuerzas que ha movilizado el 15-M a través de una acción sostenida de
masas."
Fuente:
Capítulo VI y VII del documento titulado "Girar a la izquierda para luchar por un nuevo programa", presentado por la COORDINADORA
PROVINCIAL DE IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA-PSOE DE ANDALUCÍA.
* Si quieres recibir el documento, solicítalo al correo de
abajo y te lo remitiremos de forma gratuita:
ispsoeandalucia.malaga@gmail.com
(No olvides poner en asunto la palabra “Programa Alternativo”.
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