El transfugismo como corrupción política.

POR si no estuviera suficientemente emponzoñada la vida política de nuestro país, basta observar los casos de corrupción que a diario salen a la luz; aquí en Málaga, más allá de los delitos urbanísticos que nos sobresaltan cada dos por tres, los líderes de los partidos políticos, a falta de imaginación, capacidad o voluntad para aportar soluciones a la crisis o generar nuevos proyectos que ilusionen a la ciudadanía, no tienen otra arma para dignificar el servicio a lo público que reiterarse a lo largo de la geografía provincial en su perverso entretenimiento de cambiar las composiciones de los ayuntamientos, unas veces modificando las alianzas que llevaron a unas determinadas alcaldías y otras violentando el resultado de las urnas a través de la captación de aquellos ediles que se consideran que ya no tienen futuro personal en las opciones políticas en las que adquirieron sus actas y están dispuestos a cambiarse de formación política conservando sus estatus de concejales.


Eso sí, nadie ve la viga en ojo propio y sí en el ajeno. De esta manera, en este cambalache por las alcaldías, causante de estupefacción y desorientación en el electorado, se suceden a diario las acusaciones interesadas que se hacen unos contra otros por apoyarse en tránsfugas para lograr ventajas políticas, utilizando a veces de una forma incorrecta esta acepción. No debe extrañarnos, de forma parecida acontece también con el lenguaje cuando cada dirigente político provincial interpreta, según le afecte o vaya contra el partido de enfrente, otros términos, tales como: la presunción de inocencia o la imputación judicial por atentar a la ordenación del territorio -eufemísticamente osan autocatalogarla de leve falta administrativa- o bien por la falsificación de documentación oficial, también considerada como simple firma inocente de la que ignoran su trascendencia.


Antes de abordar el transfuguismo, aparco los temas espinosos de fondo a los que sólo a la magistratura le corresponde impartir autos. Sin embargo, ello no significa que los actores materiales implicados tengan que estar desde el primer momento incursos en responsabilidades políticas. Y expreso con resignación: "desde el primer momento", sin poder hacer referencia al tiempo anterior a ese instante que sería lo deseable. Y es que estos casos judiciales que salen a la palestra muestran un fracaso de los partidos políticos, incapaces de adelantarse a la acción de la policía judicial por ser nulos a la hora de vigilar, controlar, prevenir o denunciar este tipo de delincuencia que se está dando en sus filas. Carecen de voluntad política para su erradicación porque este fenómeno ha llegado a formar parte intrínseca de los equilibrios orgánicos internamente establecidos, intocables en tanto la justicia no intervenga. Como guinda de esta desafortunada práctica que algunos siguen, hay dirigentes que llegan a ser cómplices intelectuales de esos malhechores, exculpándolos por sus exitosos resultados electorales, sin darnos a entender si son obtenidos por la extensión que ha adquirido la trama mafiosa o por la complicidad de una sociedad que han sabido contaminar.


En este contexto, la figura del tránsfuga, perverso per se, debe adquirir el mayor grado de rechazo ante los votantes. Se trata de un cargo público electo en representación de un partido, o grupo organizado, que es quien le asigna a una lista electoral cerrada a la vez que le monta y financia la campaña por la que saldrá elegido. Pero he aquí que pasado un tiempo, por la causa que sea, abandona, o es obligado a dejar su formación, llevándose consigo el acta de concejal o escaño parlamentario con destino a otra opción política o para sí mismo. Es tanto, como burlarse de las urnas para degenerar el sistema democrático. No se juzga pues la evolución o involución del pensamiento de una persona o de un grupo, lógica y humana, más en una sociedad cambiante, que le lleva libremente a militar o mutar de partido, sino la de traficar con un cargo de representación que no le pertenece.


No obstante, nos encontramos ante una figura -la del tránsfuga- que no está tipificada como delito ni como falta. Es más, cuenta con una jurisprudencia benevolente a revisar porque es incompatible con nuestra constitucional forma de representación a través de los partidos. Ello obligó a un tratamiento severo de corrección mediante un acuerdo de todas las fuerzas políticas que crearon unas reglas contra el tránsfuga para que fuera un apestado, aislado y sin cobijo político y económico alguno. Igualmente, se creó una comisión nacional para vigilar su estricto cumplimiento.


No se está aplicando este pacto en Málaga; tampoco en otras áreas nacionales. Así, en ese siniestro juego que se traen las dos grandes formaciones políticas de nuestra provincia, lejos de aislar al tránsfuga, se cuenta con su voto para deteriorar o reforzar alcaldías (Estepona), cambiarlas de signo (Alcaucín o Sierra de Yeguas), e incluso, a los que dan ese vergonzoso paso, se les abraza y se les permite la entrada triunfal en una nueva militancia para sumar representaciones no obtenidas en las urnas (Ronda y Yunquera).


Toda democracia obliga a un código de normas escritas y de comportamientos que deben respetarse acorde con el dictamen de las urnas, así hasta el siguiente escrutinio. Los atajos conducen a la perversión del sistema y a la prostitución de la condición del líder, más grave aún cuando se practica en un partido político que lleva la ética y el compromiso social con la ciudadanía como valores supremos. Cuando de principios democráticos se trata, no vale el tú más, la excusa de la bisoñez o la de haber perdido la brújula.


Escrito por Ignacio Trillo.

(Economista).