Como eje principal es la pequeña historia de la lucha de un sector tan fragmentado como el de los ladrilleros que se organizó para luchar por un convenio digno a la vez que para acabar con el sindicato franquista, contra las sanciones y despidos por motivos políticos y, cuando el sector entra en crisis, 
indica cómo responder para mantener la unidad de los trabajadores frente a las presiones del sistema franquista y los empresarios y poder mantener todos los puestos de trabajo, demostrando una gran dignidad de clase y una solidaridad admirable. El libro en cuestión escrito por Pepe Martín, miembro fundador de la Fundación Federico Engels y en la actualidad Portavoz de la corriente Izquierda Socialista del PSOE en Málaga, tiene el enorme interés de estar escrito por alguien que participó directamente en la lucha sindical y política del sector de Tejas y Ladrillos de Málaga, como uno de los principales dirigentes de las movilizaciones que se llevaron a cabo.
El libro explica los enfrentamientos con la patronal en las negociaciones de los convenios, la movilización de los trabajadores y sus familias cuando se recrudecía la lucha, cómo se consideraba cualquier ataque a un trabajador un ataque a todos los trabajadores y la respuesta era inmediata, la repercusión de la movilización en los medios
de comunicación, así como una crítica a los errores y concesiones de los dirigentes de izquierdas en los procesos de lucha que dieron una alternativa a la Dictadura, que fue una salida chantajeada que en cierto modo, ha permanecido en algunos sectores claves, que impiden después de 32 años el total cumplimiento de los derechos que sobre el papel están recogidos en la Constitución, como son el Derecho al Trabajo, a la Vivienda, a la Sanidad y otros.
Estos sucesos ocurrieron entre los años 1975 al 1977 y demuestra que la Constitución no fue sólo fruto de los politicos que la redactaron, sino que fue una conquista de clase gracias al tremendo esfuerzo de las luchas de masas que se estaban produciendo en todo el Estado, en los estertores de la dictadura franquista que estaba agotada y tambaleante.
Reproducimos un extracto que expresa un análisis crítico, recogido en el capítulo X de dicha obra:
(...) Los dirigentes de los sindicatos y partidos obreros, en lugar de luchar por forzar la ruptura democrática con el régimen anterior, que era la posición unánime de la mayoría de los partidos de izquierdas en la primera fase, basándose en la firmeza, la fuerza y el alto nivel de conciencia alcanzado por los trabajadores, cambiaron su posición sin un debate a fondo entre las bases, que estaban mucho más a la izquierda que ellos, y optaron por el consenso, aceptando participar en la componenda de “reformar el régimen”, lo que dio lugar a un sistema electoral y una Constitución que ha permitido mantener aspectos regresivos todavía después de veinticinco años. Se continúan dando situaciones no muy democráticas en las estructuras de poder, que conservan rasgos del anterior aparato del Estado, garantizando cierto mecanismo de “primar” a los poderes fácticos; la ley D´Hondt, que favorece a la derecha; el Senado, que sirve de contrapeso por si las aspiraciones del pueblo van más allá de donde las clases dominantes permiten que se vaya, y otros métodos de democracia “orgánica”.
No se llegaron a depurar los cuerpos represivos (Policía, Guardia Civil) ni el Ejército, y todavía hoy, tras veinticinco años de democracia burguesa, está prohibida la libre sindicación de la Guardia Civil (donde existe un sindicato clandestino) y los soldados, derecho reconocido en muchos países de Europa. Y en la práctica tampoco existe
el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios ni muchos de los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, violado a diario por los empresarios.
Es un procedimiento todavía antidemocrático que permanece, que se ha intentado resolver, pero todavía sin conseguirlo, siendo este procedimiento actual bastante regresivo para la democracia, al igual que se impuso la Monarquía y se negó el legítimo derecho de autodeterminación de todos y cada uno de los pueblos del Estado a decidir qué tipo de salida política quería y las relaciones que libremente quisieran tener con los demás pueblos del Estado, de Europa y el mundo, pues el referéndum lógico habría sido “monarquía o república”.
La política del consenso parió un aborto, un híbrido, o sea, una constitución capitalista con algunos arreglos y rasgos sociales. Pero analizada la cuestión bajo el prisma de la teoría marxista, que recoge los intereses del movimiento obrero, el Estado es un aparato coercitivo, un grupo de hombres armados al servicio de la clase dominante,
para defender los intereses capitalistas y someter a la clase obrera.De esto se deduce que no existe ningún Estado neutral, que esté por encima de las clases, que satisfaga la reconciliación total entre clases irreconciliables. Por tanto, un gobierno que mantiene en su ley básica la defensa de la propiedad privada y el libre mercado va a servir
únicamente a los intereses de los capitalistas.
En este sentido, otorgarle al Gobierno, en definitiva a la burguesía franquista, como hicieron los líderes de los partidos mayoritarios del movimiento obrero, poderes para suspender garantías constitucionales,autorización para intervenir en los conflictos laborales, trabas al derecho de huelga y otras cortapisas, significaba que esos resortes del
Poder que permanecían en sus manos podrían volverse contra la clase obrera más tarde. Los máximos
responsables de los partidos de la izquierda parlamentaria no entendieron que doscientos años de historia del movimiento obrero nos enseñan que, en última instancia, la burguesía para mantener su dominación, sus intereses y sus beneficios sólo tiene en cuenta la correlación de fuerzas, y no los papeles, las leyes ni las constituciones, o quizás sí lo sabían, y entonces la cuestión se complica en el análisis, como dejadez consciente de sus funciones de dirección,calificándose esto con un nombre muy concreto. Ésa puede ser la explicación de por qué y cómo la burguesía española pasó sin quebranto alguno del cretinismo dictatorial franquista al cretinismo parlamentario juancarlista, y los partidos obreros tiraron por la borda sus análisis, sus teorías y, con ello, la práctica de la
lucha de clases para poder avanzar hacia la conquista de una sociedad socialista.
Por lo dicho, la conclusión que tenemos que sacar es que la Constitución es un convenio entre fuerzas, que en un momento determinado firmaron los representantes obreros bajo presión del golpe permanente, que beneficiaba mayormente los intereses de la gran patronal, que optó por una Carta Magna con un contenido en teoría progresista —se reconocen los derechos civiles—, para luego, cuando la correlación de fuerzas cambió y las ansias de lucha se fueron apagando, no desarrollarla, negar lo fundamental, no avanzar hacia las conquistas sociales.
Los trabajadores no podemos ser indiferentes a las cuestiones legales y constitucionales. Aunque la posición correcta del movimiento obrero es defender nuestra independencia de clase y luchar como clase por una sociedad más justa, más libre e igualitaria, una sociedad socialista —con todas las libertades para el trabajador y basada
en un régimen de democracia económica, autogestionaria, social y política—, tendremos que seguir luchando para democratizar lo máximo posible el régimen burgués, por medio de la lucha de clases, que, como dicen los clásicos, es el motor de la historia.
Hubiese sido preferible, y todavía no es tarde para luchar por ello, la conquista de un parlamento libre del control del ejército, de burócratas y funcionarios privilegiados y vitalicios, muchos de ellos corruptos y en connivencia con Gescartera, Rumasa, Banesto, Filesa y otras cloacas pútridas del sistema —que dan la imagen de qué significa
el sistema capitalista, basado en la obtención del máximo beneficio “caiga quien caiga”— y que son los mismos que han engordado durante décadas sus bolsillos a costa del pueblo trabajador. Esto significa que sigue siendo necesario la depuración de todas las instituciones donde se refugian los “manijeros” de esas 200 familias de archimillonarios que utilizan el aparato del Estado en su propio provecho.
Un Estado democrático exige la disolución de los cuerpos de represión de los trabajadores y el control democrático directo de todos los estamentos de la administración pública, a través de órganos elegidos democráticamente y compuestos por representantes de los trabajadores, sindicatos, asociaciones de vecinos, amas de casa, pequeños
comerciantes y otros colectivos como ecologistas, pacifistas, organizaciones no gubernamentales, etc., exige la supresión del secreto de Estado, en nombre del cual tantas fechorías se han cometido, lo que es inadmisible en un Estado que se quiera llamar democrático.
Con esas medidas firmes, entonces como ahora, se hubiese conseguido la ruptura democrática, limpiando el sistema de sus anquilosados vicios y eliminando las trabas legales que impiden el triunfo de la libertad, y se hubiese evitado el bochorno de la especie de competición entre los arribistas y oportunistas de los partidos políticos,
a ver quién se cambia la chaqueta con más agilidad y notándosele menos, muchos de ellos para medrar y conquistar enormes patrimonios privados, bajo la falsa excusa de que están desempeñando un “servicio a la sociedad”. Porque, como dijo el rey Salomón, que tenía fama de justo, “aquel que se enriquece muy rápidamente, no será muy inocente”(...)
Fuente: Extracto del Libro "Rebelión Obrera en Tejas y Ladrillos".
Autor: Pepe Martín (Pepito La Huerta)
(Publicado y distribuido por la Fundación Federico Engels.
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