(Recomendable leer antes la Parte 1) anterior.
../…”La historia del capitalismo español
pronto puso de relieve el carácter profundamente contrarrevolucionario de la
burguesía nacional y su completa renuncia a liderar consecuentemente la lucha
por las demandas democráticas. Como demostró la experiencia del octubre ruso de
1917 y la oleada revolucionaria que sacudió Europa tras las Primera Guerra
Mundial, sólo la clase obrera aliada del campesinado pobre podría llevar a cabo
la solución de las tareas democráticas y la eliminación de este bloque de
poder que impedía el avance social. Y esta solución implicaba la lucha por el
derrocamiento revolucionario de la burguesía reaccionaria y su expropiación
económica: tomar el poder político para iniciar la transición al socialismo.
La estructura
de clases después del 14 de abril.-
“El atraso del capitalismo español se
manifestaba en la posición predominante de la agricultura en la economía nacional: aportaba el 50% de la renta
y constituía dos tercios de las exportaciones. Aproximadamente el 60% de la
población se concentraba en el medio rural, malviviendo en condiciones de
extrema explotación, salarios miserables y sufriendo penurias periódicas entre
cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra cultivable estaban en manos de
grandes y medianos propietarios. En la mitad sur, el 75% de la población tenía
el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%.
“Por su parte, la clase trabajadora, que
superaba los tres millones en todo el país, había dado muestras sobradas de sus
tradiciones combativas y de la potencia de sus organizaciones. No en vano, los
campesinos y trabajadores habían protagonizado tres años de lucha
revolucionaria durante el llamado trienio bolchevique (1918-1920), habían
derrocado a la monarquía, y se agrupaban en grandes sindicatos de masas, la UGT
y la CNT, que pronto sufrieron la radicalización de su militancia de base.
“Enfrentados a una potente clase obrera
y jornalera, la burguesía contaba con firmes aliados en el clero y el ejército.
En 1931, según datos obtenidos de una encuesta elaborada por el gobierno,
existían 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396 monjas que habitaban en
2.919 conventos y 763 monasterios.
“En total, el número de personas que se
englobaba en la calificación profesional de “culto y clero” dentro del censo
general de población de 1930 era de 136.181. El mantenimiento de este auténtico
ejército de sotanas consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída
a la clase obrera y al campesinado. La Iglesia era un auténtico poder económico:
según datos del Ministerio de Justicia de 1931, la Iglesia poseía 11.921 fincas
rurales, 7.828 urbanas y 4.192 censos.
“En cuanto al Ejército, estaba
formado por 198 generales, 16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de
tropa. Los oficiales, seleccionados cuidadosamente de los medios burgueses y
monárquicos jugaban un papel protagonista en los acontecimientos políticos
desde el siglo XIX, y eran la espina dorsal del aparato del Estado burgués, que
los empleaba sistemáticamente en labores de represión del movimiento
revolucionario y en las aventuras colonialistas en el norte de África.
Las ‘reformas’ del gobierno de conjunción
republicano-socialista.-
“Cuando el gobierno de conjunción
republicano-socialista salido de las elecciones de junio de 1931 intentó poner
en práctica sus promesas electorales, pronto se dio de bruces contra la
realidad del capitalismo español. El proyecto de llevar a cabo las reformas
democráticas, manteniendo intacta la estructura social y económica del régimen
burgués, fracasaron mayoritariamente.
“Este gobierno se plegó a las exigencias
de la clase dominante y se enfrentó duramente a su propia base social,
reprimiendo con dureza las movilizaciones obreras y jornaleras en los años
siguientes. Este fracaso general se puede sintetizar en los siguientes puntos:
“La depuración del ejército”.
“El gobierno de conjunción, y su
ministro de la Guerra, Manuel Azaña, a través de toda una serie de reformas
legales favorecieron el retiro de algunos mandos desafectos a la República
garantizando su paga de por vida; pero la mayoría de los militares de carrera,
vinculados a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía, y con un
historial reaccionario acreditado, permanecieron en sus puestos. La República
no depuró el aparato militar y policial de estos elementos, al contrario,
premió y promocionó a los viejos oficiales de la monarquía, como Francisco
Franco, a las posiciones más altas del escalafón militar.
“Las relaciones Iglesia-Estado”.
“La cuestión de la financiación estatal
de las actividades de la Iglesia católica y los límites al monopolio clerical
de la educación fueron una prueba de fuego para el gobierno. Haciendo honor a
su extracción de clase, Alcalá Zamora, futuro presidente de la República, y
Miguel Maura, ministro de Gobernación, ambos reconocidos reaccionarios y
antiguos ministros de Alfonso XIII, presentaron su dimisión en señal de
protesta durante la redacción de la nueva constitución republicana que
pretendía poner coto, muy tímidamente, al poder eclesiástico. La enseñanza
constituyó otro gran frente de batalla con la Iglesia. El mantenimiento del
monopolio eclesiástico de la educación había arrojado un saldo de atraso e
ignorancia: en 1931 la tasa de analfabetismo del país superaba el 40%. En la
primera semana de mayo de 1931, el gobierno de conjunción suprimió la
obligatoriedad de la enseñanza de la religión. A finales de ese mismo mes, para
luchar contra el analfabetismo, se puso en marcha el proyecto cultural de las
misiones pedagógicas. Pero la estrella de las reformas fue el ambicioso decreto
del 23 de junio de 1931, que aprobó la creación de 7.000 nuevas plazas de
maestro y otras tantas nuevas escuelas, como parte de un plan quinquenal con el
que se pretendía paliar el déficit educativo repartiendo más de 27.000 escuelas
por toda la geografía. Sin embargo, todos estos proyectos quedaron muy
cercenados. La construcción de las miles de escuelas prevista en el primer
bienio sólo se llevó a cabo parcialmente debido a la escasez de recursos de las
arcas municipales y al boicot de los caciques de siempre. Posteriormente, el
gobierno derechista del bienio negro arrinconó definitivamente estos planes,
permitiendo de nuevo a la jerarquía católica disfrutar de un amplio control
sobre el sistema educativo y anulando cualquier medida reformista contra su
poder económico. En cualquier caso, muchos de los avances educativos del
periodo republicano fueron el resultado del esfuerzo abnegado de las
organizaciones obreras y de sus militantes más comprometidos. Los ateneos
libertarios, las casas del pueblo o las misiones pedagógicas se convirtieron en
importantes centros de cultura en miles de localidades.
“La reforma agraria”.
“La Ley aprobada finalmente en 1932,
después de constantes concesiones a los terratenientes y a los partidos de la
derecha en el parlamento, establecía un Instituto de Reforma Agraria encargado
de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación mediante el pago de
indemnización; pero este sistema tenía por base la “declaración” hecha por los
grandes propietarios agrarios. Los créditos para esta reforma agraria
procederían del Banco Agrario Nacional con un capital inicial de 50 millones de
pesetas, pero su administración no dependía de los jornaleros ni sus
organizaciones, sino de representantes del Banco de España, el Banco
Hipotecario, del Cuerpo Superior Bancario, del Banco Exterior de España, es
decir del gran capital financiero ligado a los terratenientes. El proyecto,
además, obviaba el problema de los arrendamientos, que esclavizaba a los
pequeños campesinos a las tierras del amo en Castilla la Vieja, Extremadura y
otras zonas. La reforma agraria del gobierno Azaña fue un fiasco en toda regla.
“En 1933, ciento veinte años después de que las Cortes de Cádiz aprobasen las
primeras leyes desamortizadoras —escribe Edward Malefakis— la aristocracia
continuaba siendo una importante clase terrateniente. Sus propiedades que en su
mayor parte eran cultivables (...) representaban más de medio millón de
hectáreas en las seis provincias latifundistas estudiadas (Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo) (...) La nobleza poseía de una sexta a una
octava parte de toda la tierra incluida en el Registro de Badajoz, Córdoba y
Sevilla. En Cádiz y Cáceres la nobleza debía controlar algo así como la cuarta
parte de las tierras incluidas en el Registro”. Y continúa: “A finales de 1933,
solamente había instalados 4.399 campesinos en 24.203 hectáreas. No había una
sola provincia en la que se hubiese distribuido una extensión suficiente de
tierras como para alterar significativamente la estructura social agraria
existente. El Estado se había apropiado de 20.133 hectáreas más, propiedad de
los participantes en el levantamiento de Sanjurjo, por la ley de 24 de agosto
de 1932, pero en ellas se asentaron incluso menos colonos”…/..
(Continuará mañana con la Parte 3 se 5)
(*) Extracto del libro “Revolución Socialista y Guerra Civil (1931-39).
Autor: J.I. Ramos.
Editorial: Fundación de
Estudios Socialistas Federico Engels. La persona interesadas en su adquisición
pueden dirigirse a
Teléfono:
679.990.319.
