II. SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA
Nuestras propuestas van encaminadas a actuar en los grandes ámbitos en los que se gesta y refleja la actual crisis sistémica.
2.1.- Urge un nuevo orden internacional
La globalización neoliberal aumenta la interdependencia y complejidad de los problemas mundiales y está produciendo que la brecha entre ricos y pobres se agrande. Por otro lado, mientras que los mercados son cada vez más globales y
concentrados, disminuye la influencia de las instituciones políticas públicas necesarias para asegurar su funcionamiento democrático, equitativo y eficaz. En este contexto, los socialistas reclamamos unas instituciones públicas internacionales que posibiliten una gobernabilidad democrática de la globalización.
PROPUESTAS:
2.1.1.- Reformas en las instituciones económicas internacionales
• Garantizar la representación y mayor peso de los países emergentes y los que estén en vías de desarrollo en los Órganos Rectores del Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial.
• Establecer en dichas Instituciones nuevas normas de funcionamiento para que sus orientaciones estén al servicio del desarrollo de los pueblos, democratizando sus decisiones y facilitando la fiscalización de la ejecución de sus políticas.
• Incluir en el llamado G-20 la presencia y representación en igualdad de condiciones de Organismos Regionales ya constituidos tales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), y la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), tal y como esta representada la UE.
• Crear un nuevo Foro Social para tratar de armonizar políticas económicas y sociales a nivel global que combine efectividad, legitimidad y rendición de cuentas, formado por representantes de la OCDE, OIT, OMC, FMI, BM y con la representación de organizaciones regionales sindicales (CES, etc.).
• Fijar criterios de competitividad entre los diferentes países de forma que los salarios, los derechos sociales y las condiciones medioambientales se igualen paulatinamente.
• Eliminar la pobreza y promover un desarrollo solidario más equitativo y plenamente respetuoso con la diversidad cultural, natural y de género.
• Buscar la paz y la seguridad mundial, incluyendo la seguridad humana y medioambiental, basada en la justicia y la libertad.
• Fomentar mecanismos de representación directa y participación de los ciudadanos del mundo y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de decisión global.
2.1.2.- Reforma del sistema financiero internacional
• Establecer normas que frenen la economía especulativa que al drenar gran parte de los recursos financieros disponibles impide que la economía real siga produciendo bienes y servicios y generando empleo.
• Implantar una fuerte Banca Pública que defienda los intereses generales y en su caso nacionalizar los “bancos débiles” en lugar de intentar reflotarlos con recursos públicos sin cambiar su titularidad privada.
• Impulsar empresas públicas rentables, principalmente en los sectores estratégicos, dotándolas de condiciones específicas a su función diferenciada de la de las empresas privadas.
• Crear potentes mecanismos fiscales internacionales para combatir las actividades fraudulentas e ilegales en los paraísos fiscales que tendrán que ser eliminados.
• Reformar el modelo actual de la banca privada mediante regulaciones específicas orientadas a prevenir la aparición de burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento crediticio.
• Instaurar un riguroso control de las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras.
• Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y delitos que atenten contra el interés general.
2.1.3.- Por una fiscalidad global
• Establecer impuestos especiales sobre los beneficios de las grandes empresas transnacionales para poder abordar con celeridad y seriedad políticas de desarrollo en el mundo.
• Implantar una Tasa sobre las Transacciones Financieras Internacionales, cuyo fondo, además de facilitar la estabilidad del sistema financiero, permita canalizar importantes recursos para combatir la pobreza, el hambre y la marginación social en los países en vías de desarrollo.
• Avanzar en la armonización a nivel mundial de las condiciones de inversión y trabajo, hasta alcanzar una igualdad en su regulación y el tratamiento de los mismos.
2.2.- Cambiar el actual rumbo de la UE
La deriva neoliberal que los gobiernos conservadores de Europa están imprimiendo al proceso de integración europea, no solo pone en peligro a éste, sino que está hundiendo en la recesión a sus estados periféricos, haciendo pagar a los sectores populares, clases medias y trabajadores los durísimos ajustes en términos de empleo, pérdida del poder adquisitivo y severas restricciones en el estado del bienestar. Si después de la segunda guerra mundial la integración europea ha garantizado una cierta forma de paz, hoy necesitamos cada vez más una Europa política que permita construir una Europa social.
No queremos una Europa que se limite a ser un área de libre comercio sin reglas ni protección social. No queremos el dumping social y la ruptura de los servicios públicos impuestos por los gobiernos de derecha a la Comisión Europea.
Los socialistas somos internacionalistas. Desde esa perspectiva proponemos la dinamización de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo. Las injusticias no tienen nacionalidad y la desigualdad no tiene fronteras. En un mundo globalizado como el de hoy la acción política a nivel internacional es esencial para hacer frente a los poderes conservadores y ultraliberales. Los socialistas hemos de ser los primeros defensores de los derechos humanos en España y en el mundo.
PROPUESTAS:
2.2.1.- Mayor desarrollo democrático y más participación
• Elección democrática de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo y revisión de las competencias que el Tratado de Lisboa le atribuye.
• Ampliación de las competencias actuales del Parlamento Europeo hasta convertirlo en un legítimo poder legislativo democrático europeo.
• Profundo respeto a los Derechos Humanos a la hora de legislar normas relativas a la libre circulación de las personas por el espacio europeo común.
• Eliminación de aquellas directivas que restringen los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de la Unión.
• Revisión profunda de las directivas que en nombre de la competitividad y la libre competencia, destruyen los servicios públicos, impiden la creación de bancos, empresas públicas y cooperativas y limitan la participación de los trabajadores en los procesos de decisión.
• Estimular la democracia participativa creando Consejos Informativos en los Parlamentos nacionales, con representación de la sociedad civil organizada, para informar a la ciudadanía de cuestiones relevantes relacionadas con el proceso de construcción europea (directivas, acuerdos importantes, presupuesto comunitario, etc.)
• Impulsar la capacidad de convocar referéndums con carácter vinculante para cuestiones de importancia estratégica.
2.2.2.- Contar con una política económica común democráticamente adoptada
• Modificación del estatuto del Banco Central Europeo en el sentido de atribuirle, además de las competencias para fijar los tipos de interés y el control de la inflación, las de crecimiento económico y el pleno empleo.
• Creación del Tesoro de la Unión Europea Monetaria con todas las atribuciones propias de su alta función (emisión y adquisición de bonos soberanos).
• Creación de un Banco Público Europeo y estructurar Empresas Publicas europeas en sectores prioritarios.
• Creación de un Fondo Monetario Europeo y de una Agencia Europea Pública de evaluación de riesgos crediticios.
• Incremento del presupuesto de la Unión para situarlo en el entorno del 2,5% del PIB comunitario.
• Armonización fiscal que elimine competitividad tributaria.
• Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de cada país, dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico y del estado general de sus economías.
• Establecimiento de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
• Políticas de estímulo de las economías europeas para el fomento de actividades de I+D+I y para el desarrollo de energías renovables.
• Política de ayudas comunitarias orientadas al mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos que los estados prestan a la ciudadanía para su desarrollo personal integral y eliminación de la legislación que propicia la privatización de estos servicios.
• Políticas de rentas tendentes a mejorar el poder adquisitivo de los salarios mediante una amplia negociación con los sindicatos europeos.
• Defensa de la libre circulación de personas en el seno de la UE. Establecer Leyes de inmigración y extranjería desde el mas escrupuloso respeto a los derechos humanos universales
2.3.- Un programa de izquierdas para sacar a España de la crisis
La actual crisis del sistema neoliberal ha puesto de manifiesto cosas ya sabidas y demasiadas veces olvidadas:
• en el actual capitalismo financiero sólo dos grupos toman las decisiones: los inversionistas y la élite de los intermediarios financieros.
• los gobiernos democráticos, olvidando su legitimidad popular y a quien se deben, aceptan las desregulaciones impuestas por los mercados.
• el incremento de la demanda durante las tres décadas pasadas ha venido estimulada por la facilidad en la obtención de créditos baratos y con escaso control, dando así lugar al incremento del poder adquisitivo de los consumidores sin que este respondiera a un aumento real de su riqueza.
• la soberanía del consumidor queda fuertemente mediatizada, cuando no condicionada, por el marketing y la publicidad.
• los servicios públicos fundamentales, cuya calidad y extensión dependen de los ingresos del Estado, se ven amenazados, por la tendencia creciente de los gobiernos a reducir tanto los gastos como los impuestos.
• los trabajadores están totalmente alejados de los centros de decisión de las propias empresas.
• muchas decisiones de inversión y gasto que realizan ciertas Administraciones Públicas se adoptan al margen de las preferencias y necesidades reales de la mayoría de la población.
Con todo ello quedan desvirtuados los fines esenciales de los sistemas democráticos. Se excluye a la mayoría de la población del proceso de intervención y fiscalización de las principales decisiones que determinaran los niveles de bienestar y, especialmente, en aquellas que afectan a la justa distribución de la riqueza y su utilización.
Por otro lado, las relaciones entre el binomio capital-trabajo se han visto profundamente modificadas por la aceleración técnico-científica producida en la segunda mitad del siglo XX. Los nuevos instrumentos puestos al servicio de la producción, en la mayoría de los casos, han servido básicamente para beneficiar al capital y no al trabajo. Ello se ha visto reflejado en la disminución del porcentaje de la renta salarial en la distribución del PIB, en la brecha creciente entre la evolución del sueldo de los trabajadores y la evolución de los beneficios de las empresas, en la casi inexistente reducción de los horarios laborales, en el incremento de la vida laboral y en el efecto negativo de todo ello sobre las tasas de desempleo.
Es necesaria una nueva política económica y social formulada desde la izquierda.
PROPUESTAS:
2.3.1.- Otra política económica y social por la izquierda
• Planteamiento riguroso de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas, con apoyo publico condicionado siempre a la creación y el mantenimiento de empleo.
• Erradicación de la economía sumergida y cambio de modelo productivo con potenciación de nuevos sectores: TICs, turismo sostenible, producción biotecnológica, agroindustria, energías renovables, industrias culturales, etc.
• Refuerzo de la incorporación de las TIC en el tejido empresarial, priorizando el sector social de la economía.
• Coordinación federal de políticas de urbanismo y vivienda, avanzando hacia la dación de vivienda para la cancelación de hipotecas.
• Atención intensiva a emprendedores, cooperativas y PYMES. Lucha activa contra la deslocalización empresarial y potenciación de la internacionalización de empresas españolas, con criterios de “comercio justo”.
• Medidas de democracia económica para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Potenciación del diálogo social, con apoyo a la actividad sindical y defensa de la representatividad y legitimidad de los sindicatos de trabajadores.
• Protección de los derechos laborales y apoyo a la negociación de convenios colectivos. Medidas de reducción de la jornada laboral.
• Refuerzo de la formación profesional (especialmente de jóvenes) y la formación continua de los trabajadores.
• Integración de población inmigrante en el mercado laboral.
• Defensa del sistema público de pensiones.
• Defensa de los servicios públicos, limitando las externalizaciones, subcontratas y demás pseudo-privatizaciones, recuperando lo público para una gestión directa efectiva y real.
• Implantación de empresas públicas sobre todo en los sectores estratégicos, manteniendo la titularidad del Estado, en particular cuando son rentables. Dar los medios funcionales y normativa específica para su eficacia en función de sus objetivos de interés general.
• Aplicación de una Renta Básica de Ciudadanía, asegurando que cualquier familia tenga unos ingresos mínimos que le permitan vivir con dignidad.
• Fomento en todos los ámbitos de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género y de la igualdad de trato. Incorporación y presencia igualitaria de la mujer en el mercado de trabajo
• Refuerzo de las medidas para la erradicación de la violencia machista y la efectiva equiparación en derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
• Avanzar en la ayuda al desarrollo, poniendo al día las medidas acordadas por las Naciones Unidas, toda vez que el 0,7 en su momento aprobado. se ha quedado manifiestamente desfasado.
2.3.2.- Fortalecer el papel del Estado en la economía
La progresiva liberalización de los sectores económicos estratégicos del país así como la privatización y desregularización del sistema financiero han propiciado una situación de debilidad del Estado frente a los poderes empresariales y financieros (nacionales e internacionales). Se ha limitado seriamente la capacidad estatal de intervención en la economía para poder garantizar su función social. Al ser gestionados los sectores estratégicos de la economía por empresas privadas, regidas por el derecho privado, disminuye la capacidad del Estado para hacer valer los principios constitucionales que establecen que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Para contrarrestar esta situación, planteamos desarrollar el artículo 128 de la Constitución Española de 1978 que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general.”
Hemos de vencer el estereotipo que afirma que el sector público de la economía es ineficiente y deficitario por naturaleza, y que solo debe estar presente donde no lo está el sector privado. Las empresas y los servicios públicos abordan temas esenciales, estratégicos, para la vida de la sociedad. El falso dilema de la competencia desleal entre lo público y lo privado, fomentado por la ideología integrista del capitalismo neoliberal, no nos debe hacer renunciar a nuestro objetivo de una sociedad más justa y equitativa. Objetivo que requiere para poder ser alcanzado de la fuerza reguladora y transformadora de un potente sector publico de la economía.
PROPUESTAS:
• Intervenir desde el Estado en ámbitos empresariales o financieros para corregir las perversiones del sistema económico actual.
• Legislar sobre la necesaria adquisición por parte del Estado de acciones y participaciones de las empresas que reciban ayudas públicas, en la justa proporcionalidad que la ley establezca.
• Creación de empresas públicas o mixtas en sectores de futuro y reforzar los servicios públicos esenciales.
2.3.3.- Banca Pública
En las Jornadas Federales de IS de 2009 ya propusimos: “Avanzar hacia una regulación efectiva del sistema financiero internacional y hacia un sistema financiero nacional mejor articulado y más eficaz en cuanto al crédito a PYMES, familias e individuos, erradicar los paraísos fiscales en todas sus variantes y poner en práctica un impuesto sobre las transacciones financieras, recuperando formas nuevas de banca pública, operativas y eficaces, más allá del ICO".
Con ello, y a la luz de lo que está sucediendo, hoy formulamos las siguientes
PROPUESTAS:
• Recuperación y puesta en marcha de una banca pública articulada a través de mecanismos de gestión y participación democrática.
• Incorporación al sector publico de la economía de las Cajas de Ahorro que hayan sido (o sean) refinanciadas por el Estado.
• En los casos en que sea necesaria la intervención estatal en ayuda de la banca privada, esta comportará la adquisición de participaciones de la misma, en pro de su nacionalización.
2.3.4.- Cooperativismo y Economía Social
Como socialistas es fundamental aplicar nuestros principios y los de la Constitución Española de 1978 que establecen la función social de la economía y las vías para el acceso de los trabajadores al control de los medios de producción.
En marzo del 2011 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía Social. Para su desarrollo reclamamos tener en cuenta el Art. 129.2 de la Constitución que dice: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
PROPUESTAS:
• Fomento desde las administraciones y la banca publicas de cooperativas para el autoempleo de los trabajadores que lo planteen y los parados.
• Regulación del cierre patronal de empresas en pro del acceso a la propiedad de los medios de producción por parte de sus trabajadores bajo la forma de empresa cooperativa.
• Apoyo a los proyectos de banca ética cooperativa en una clara línea de reforzar y empoderar a los trabajadores y ciudadanos frente a los poderes financieros privados.
• Establecer recursos financieros para apoyar a las cooperativas, así como medidas de apoyo fiscal y creación del Fondo de los asalariados.
2.3.5.- Fiscalidad
Planteamos un sistema tributario más justo, equitativo y solidario.
PROPUESTAS:
• Reforzar el principio de progresividad fiscal.
• Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo.
• Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo.
• Recuperar el impuesto sobre sucesiones.
• Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, (Fondos, SICAV, etc.), tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.
• Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal.
• Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios teniendo en cuenta que su interés no es el bien público. Fijar una nueva imposición sobre los beneficios bancarios.
• Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.
• Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria. Impuesto sobre solares sin edificar, locales y pisos sin ocupar.
• Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro.
• Establecer un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital.
• Incrementar el último tramo del IRPF del 48% al 56%.
• Control fiscal sobre las Unit Linked y los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas.
• Incremento de los impuestos sobre las ventas de alcohol y tabaco.
• Suprimir la asignación tributaria del 0,7 % a la Iglesia Católica, así como la exención del IBI.
2.4.- Defender, mantener y ampliar el Estado del Bienestar
El Estado de Bienestar considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar. Cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se intenta ponen en marcha por parte de las administraciones públicas mecanismos correctores para solucionar esta situación. Así, es comúnmente aceptado que se intervenga para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida si son negativas o perjudiciales para determinados grupos humanos. Se actúa sobre las necesidades y sobre todos aquellos aspectos que las generan. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan a grupos y comunidades. También se considera que es fundamental la participación activa de los ciudadanos.
De tal manera que las instituciones públicas diseñan actuaciones generales tendentes a mejorar la situación colectiva en aspectos como el empleo, la distribución de los recursos, etc. Igualmente son las administraciones públicas las que mediante actuaciones específicas tratan de resolver determinados problemas concretos (pobreza, exclusión social, marginalidad,...) y organizar la satisfacción de necesidades básicas como la educación, la sanidad, la vivienda, etc.
España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo. Es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España. Las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escaso poder adquisitivo. Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. En España los recortes de gasto público también están contribuyendo al estancamiento de la economía.
2.4.1.- Educación
Este año se cumplen 80 años de la proclamación de la Segunda República y 75 años del Golpe de Estado del 18 de julio 1936. Se sabía que la educación era el único modo de sacar a España del atraso secular en la que estaba sumida. La sublevación militar acabó con los logros educativos alcanzados en poco tiempo por la Republica: una Escuela Pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana; el mejor Plan Profesional de Formación de maestros que haya existido nunca; un respeto profundo a la diversidad de las lenguas y de las culturas de España; la creación de más de 27.000 escuelas en lo que era un coto privado de unos cuantos; una escuela auténticamente laica sin privilegios ni imposiciones para nadie; una escuela democrática; una enseñanza pensada en el quehacer protagonista del alumno.
España es hoy una democracia. Desde la muerte del Dictador el país ha cambiado profundamente. Pero quienes creemos en el auténtico valor de la democracia republicana y queremos salvaguardarla, pensamos que aún hay un largo camino por recorrer.
La actual sociedad capitalista, desaforadamente consumista y generadora de amplias bolsas de pobreza y exclusión, no hace sino aumentar las desigualdades sociales y fragmentar cada vez más la sociedad entre los que pueden y no pueden económicamente.
La educación ha de aportar una profunda carga de valores que encamine a las personas a transformarse ellas mismas y a transformar a la sociedad en la que viven. La importancia de la educación se ve acentuada en medio de la crisis.
PROPUESTAS:
• Educación pública, democrática, laica y de calidad como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad, desde las escuelas infantiles a las Universidades o a la educación de las personas adultas.
• Fomento de planes de enseñanza donde la solidaridad, el civismo y el respeto prevalezcan frente a la rivalidad, competencia e individualismo.
• Creación de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años.
• Las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.
• Construcción de centros educativos públicos, a todos los niveles, suficientes para la población actual y planificación de la estructura de centros y número de plazas de alumnos para albergar todas las necesidades y previsión futura del alumnado, participando en la elaboración los agentes sociales, con el fin de reducir la ratio por clase tanto en los C.E.I.P como en los I. E. S. y acabar con los “barracones”.
• Garantizar que en suelo público sólo se construyan centros educativos públicos, con gestión pública.
• Dotar a los C.E.I.P. del profesorado necesario: profesores de apoyo para educación infantil, profesores de pedagogía terapéutica, logopedia, inglés, educación física, música y educadores que refuercen a los tutores de alumnos con necesidades educativas especiales
• Adoptar las medidas necesarias, en las comunidades con lengua propia, para que cuando el alumnado termine la educación primaria tenga las competencias básicas para poder expresarse correctamente en las dos lenguas oficiales y poder comunicarse en una lengua extranjera
• Defensa de escuela inclusiva, igualitaria e intercultural
• Garantizar que en todas las autonomías se tenga un ordenador por alumno, junto con las pizarras digitales necesarias para el centro. Toda dotación informática debe funcionar con Software Libre, que será promovido y potenciado.
• Diseño, ejecución y evaluación de la eficacia de todos los programas que sean necesarios para compensar las deficiencias del alumnado, con la finalidad de que no abandonen el sistema educativo durante las etapas obligatorias y obtengan el título de Graduado.
• Actuar para que el alumnado con titulación de graduado en ESO continúe realizando estudios post-obligatorios, sobretodo, los de formación profesional de Grado Medio y Superior, necesarios para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad.
• Potenciación de la formación profesional.
• Postgrados de especialización para tarea docente y formación continua del profesorado.
• Defensa del principio de autonomía universitaria.
2.4.2.- I+D+I
El actual modelo de desarrollo conduce a la tercerización de la economía en detrimento de los otros sectores productivos, del medio ambiente, del empleo y de la calidad de vida. Hoy, para avanzar hacia un crecimiento más sostenible y equilibrado, ha de producirse una redimensión de los componentes sectoriales del PIB y del VAB en favor de incrementar el peso de la economía industrial, de la economía del conocimiento (I+D+I), del sector de las energías alternativas (3ª revolución energética), de determinados subsectores emergentes con potencial y de distintos servicios avanzados.
Todo ello para fomentar la economía productiva, el capital humano y social, el desarrollo endógeno (territorios inteligentes) y la “economía de proximidad”. Será necesaria la activa intervención del Estado en la orientación y desarrollo de las políticas económica e industrial, frente al actual predominio del capitalismo especulativo y depredador o de intereses de grandes megacorporaciones.
PROPUESTAS:
• Desarrollo y aplicación de la Ley de la Ciencia.
• Medidas para el retorno y la inserción de becarios de investigación.
• Apoyo a proyectos y grupos transdisciplinares e internacionales de investigación.
• Defensa de las instituciones públicas en la producción y transferencia de conocimientos.
• Propiciar que los logros y beneficios en I+D+I beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas y no solamente a las empresas.
2.4.3.- Sanidad
La Sanidad Pública, universal, de calidad y gratuita, ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad.
En los últimos años se observa una campaña generalizada y sistemática para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del capitalismo neoliberal, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Los grandes perdedores de estas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos de salud y sanitarios son los ciudadanos. La calidad de los servicios empeorará, además de tener los modelos privatizados unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitarios.
Nos oponemos:
• a la implantación de sistemas de copago, tasas o tickets moderadores,
• cualquier fórmula de privatización, por medio de fundaciones o tipos de gestión privada,
• denunciamos el llamado "modelo Alcira", fórmula de privatización radical de la atención médica, que externaliza a una empresa privada con ánimo de lucro todo el servicio sanitario público de la población de un territorio, en régimen de monopolio, a través de una concesión administrativa.
PROPUESTAS:
• Impulsar una política sanitaria al servicio de la cultura democrática de servicio público, con rendición de cuentas y participación profesional y ciudadana en los aspectos que les afectan.
• Aumentar la financiación y el control del gasto sanitario, con criterios de suficiencia y eficiencia: gestión honrada y eficaz; control del elevado absentismo; prohibición de conductas abusivas, como que en horario pagado por la sanidad pública se trabaje en la sanidad privada; crear dispensarios de medicamentos en los Centros de Atención Primaria.
• Poner al día la red hospitalaria y potenciar los centros de atención primaria, dotándolos de los equipos y personal especializado necesario.
• Reforzar la aplicación de la Ley 39/2006 para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sobre todo en lo que afecta a los pagos de las prestaciones económicas y de servicios, así como al procedimiento: retroactividad, compatibilidades, resoluciones, desarrollo del catálogo de servicios y fomento del empleo.
• Desarrollo y aplicación de la Ley del aborto y de la Ley de muerte digna.
• Mantener la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
2.4.4.- Vivienda
Uno de los factores más importantes para la gestación de la actual crisis, con su especial virulencia en España, ha sido la especulación urbanística ilimitada. La burbuja inmobiliaria ha arrastrado en su estallido al resto de la economía y, además, durante su avance ha conculcado el derecho constitucional a una vivienda digna, convirtiendo un bien necesario para la vida de las personas en un recurso para la especulación extrema. Nos encontramos ante la hiriente paradoja de disponer en todo el territorio de millones de viviendas vacías y que, debido a su exorbitante precio, no son accesibles para la mayoría de la población. Es exigible a los poderes públicos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
PROPUESTAS:
• Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías.
• Intervención directa del Estado en el sector de la vivienda para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Se necesita una gran reserva de vivienda pública destinada al alquiler social, a un precio tasado en función de las necesidades y posibilidades del destinatario. Las ayudas públicas al sector inmobiliario empresarial o bancario ha de ser condicionado a permitir y garantizar el acceso de las personas a su parque de viviendas.
• Las empresas de la construcción, como herramienta de gran importancia para la consecución de un bien básico como la vivienda, podrán ser intervenidas por el Estado según la necesidad en pro del bien común.
• Impulso y apoyo, desde las Administraciones Públicas, a las cooperativas de viviendas.
2.4.5.- Políticas medioambientales
Los elementos necesarios para la vida de las personas, aire, agua, tierra y fuego (energía) son bienes comunes, no, pueden ser objeto de apropiación o negocio, de ahí la necesidad de que los poderes públicos regulen el uso de estos elementos, limitados, que deben ser accesibles a todos los ciudadanos como un derecho inherente a la persona.
La conjunción del trabajo, el capital y los recursos naturales, son los medios para la creación de riqueza y obtener los bienes y servicios necesarios para la vida. Si bien en la teoría clásica solo el capital y el trabajo se contemplaban como elementos de desarrollo, presuponiendo que los recursos naturales eran inagotables, actualmente sabemos que estos son limitados y que merecen una atención especial, para que su capacidad de renovación permita la continuidad de la vida del planeta y asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones.
El desarrollo sostenible es uno de los objetivos que emana de los valores del socialismo: distribución de la riqueza y los recursos, desarrollo humano, progreso social y profundización de la democracia. Es urgente el cambio del modelo de desarrollo actual a otro más sobrio, más eficaz y justo. Ello implica una revolución en los métodos de producción y también en el comportamiento del consumidor.
PROPUESTAS:
• Gestión racional de los recursos existentes, como patrimonio público.
• Ordenación racional del territorio y las actividades que se desarrollan en el mismo.
• Gestión integral del ciclo del agua como recurso publico estatal.
• Lucha contra el cambio climático.
• Continuada apuesta por las energías renovables y compromiso firme de abandono de la energía nuclear.
• Criterios de sostenibilidad para actividades económicas, urbanismo y núcleos de población, construcción de viviendas, explotaciones agropecuarias y actividad pesquera.
• Reforzar las políticas de mantenimiento y creación de espacios naturales y de reforestación.
• Medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y acústica.
• Transportes eficientes, suficientes y medioambientalmente limpios. Optimización de los servicios de transportes públicos.
• Decidida protección de las costas con la aplicación de la Ley de Costas.
• Desarrollo de la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
2.4.6.- Cultura libre, cultura popular
Por un lado las nuevas tecnologías están ampliando la difusión de la cultura y, por otro las poderosas industrias vinculadas al mundo de la cultura reaccionan de manera virulenta ante el cuestionamiento social de lo que consideran su propiedad privada sobre los bienes culturales. Así ha sucedido en todas las polémicas relacionadas con la SGAE y sus habituales excesos. En este sentido, la reacción social contra los excesos en materia de propiedad intelectual ha sido clara, así como el rechazo a las posiciones mantenidas por el gobierno del PSOE, caracterizadas por la falta de adecuación ante la realidad social y el quizá excesivo seguidismo de las industrias comerciales vinculadas a la cultura.
Ahora bien, desde sectores comprometidos y concienciados de la sociedad, hace tiempo que se ha producido, fomentado y desarrollado una respuesta creativa y en positivo a las estrecheces del capitalismo en cuanto a propiedad intelectual. Se ha puesto en marcha lo que se conoce como licencias libres, licencias copyleft, licencias creative commons, inspiradas en los principios cooperativos, colaborativos, horizontales, democráticos, del software libre y sus licencias GPL.
En este sentido, como socialistas, valoramos las licencias libres como una nueva forma de socializar la propiedad y la cultura, así como de poner en tela de juicio las concepciones liberales de la propiedad.
PROPUESTAS:
• Redefinición de los derechos de autor clásicos, bajo nuevos parámetros que primen la digna retribución y bienestar de los creadores culturales y el valor social de la creación cultural por encima del afán lucrativo de las industrias capitalistas.
• Potenciación del uso de las licencias libres (en sus diversas concepciones) para la producción cultural e intelectual mediante medidas de apoyo fiscal y económico a los creadores y creadoras culturales o autores/as que se decanten por su uso. También mediante el uso de cuotas en los medios públicos (radio, tv) y en programaciones culturales de las Administraciones Públicas, destinadas a su promoción y representación (con los debidos controles de calidad y profesionalidad).
• Impulso de la promoción e información sobre estas nuevas formas de propiedad en los centros de formación cultural de titularidad pública, reforzando la asistencia técnica para los creadores culturales que opten por las licencias libres.
• Apoyo de la autogestión popular de la cultura, mediante el impulso por parte de las Administraciones Públicas de redes de centros cívico-sociales que alberguen iniciativas culturales de base, fuera de las lógicas de mercantilización de la cultura.
• Inclusión de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos efectivos de participación democrática, en la gestión de la cultura y programación cultural de las Administraciones Pública, así como del Patrimonio Cultural. Reforma de la Ley de Patrimonio para consolidar y ampliar la protección del patrimonio inmaterial, industrial y etnológico, estableciendo medidas de protección adecuada para los paisajes culturales o históricos y para el patrimonio popular.
• Fomentar las artes escénicas, según modelos descentralizados y en interacción con las comunidades locales y la sociedad civil organizada, buscando una difusión social capilar de sus beneficios sociales, culturales y económicos.
• Desarrollar un Plan de Coordinación de políticas culturales para la puesta en valor y gestión de elementos o conjuntos patrimoniales compartidos por varias autonomías, para la prevención y combate del expolio, para la difusión de la producción cultural local, y para la difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.
• Refuerzo de las sedes del Instituto Cervantes, en lugares con posibilidades de mayor proyección y abriendo líneas de difusión en el extranjero de la riqueza lingüística de España, difundiendo adecuadamente y junto al castellano las demás lenguas oficiales.
2.5.- Política internacional
Defendemos una política exterior para España de no subordinación, autónoma y multilateral. Con los ejes europeo, mediterráneo y latinoamericano como prioridades. Una política de paz, a favor de los desheredados de la tierra, de cooperación seria y rigurosa. Una política de compromisos reales, verificables. De tolerancia cero a la explotación, al genocidio, a la tortura, a la impunidad, al racismo y a la violación de los DD.HH.
Propugnamos una Europa social y de derechos. Con una economía social de mercado que desarrolle el alma progresista y de izquierdas de Europa. Preconizamos una política exterior y de defensa europea inteligente, autónoma, tendente a evitar las derivas imperiales. Que ayude a resolver graves problemas como el de Oriente Medio.
El PSOE debe situarse a la cabeza de un amplio movimiento de la izquierda europea para construir la Europa Social, la Europa de los derechos y las responsabilidades, la Europa de la cultura y del respeto a la diversidad. Hay que dinamizar, democratizar y llenar de contenido tanto la Internacional Socialista como el Partido de los Socialistas Europeos.
PROPUESTAS:
• Apoyo a las transiciones democráticas en el mundo árabe y países musulmanes.
• Clarificación del calendario y misión de FFAA españolas en Afganistán
• Proponer en la UE el bloqueo de las relaciones comerciales con Israel en tanto en cuanto no se aborde definitivamente un proceso de paz.
• Reconocimiento del Estado palestino.
• Apuesta por el diálogo multilateral para alcanzar la autodeterminación del pueblo saharaui.
• Apoyo a los procesos de integración en América Latina y reforzamiento de las relaciones bilaterales con todos los países de la región.
• Reforzamiento de la AECID y de las políticas de cooperación internacional al desarrollo, especialmente en el Mediterráneo, África subsahariana y América Latina.
(Mañana publicaremos el apartado III.- UN ESTADO FEDERAL, LAICO Y PARTICIPATIVO.)
