(Recomendable leer partes 1 a
4 anteriores).
228.-
Pobreza energética en Andalucía.
229.- Según un estudio elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona (UB) que analiza la pobreza energética en España entre 2011 y 2017 teniendo en cuenta la renta disponible, señala que a finales de 2019 Andalucía era la sexta comunidad autónoma con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética, con más de 770.000 afectados.
230.-
En abril de 2019 se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética dando así respuesta al mandato establecido en el artículo 1 del
Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores estableciendo
por primera vez una definición oficial
de pobreza energética y de consumidor vulnerable.
231.- El Bono Social Eléctrico, el Bono Térmico y
la prohibición de des-conexión de la electricidad aplicable a la
figura de consumidor en riesgo de exclusión social, son las principales medias
llevadas a cabo en España para abordar la pobreza energética.
232.-
El acceso al Bono Social Eléctrico y Térmico no es sencillo
lo que lo hace prácticamente inaccesible.
233.-
La condición de propietario de la vivienda y la obligatoriedad de una relación
contractual con una de las ocho comercializadoras
eléctricas de referencia, junto a la complejidad de los mecanismos establecidos para acceder a los bonos, la falta de
información y la necesidad de aportar documentos expedidos por distintos organismos públicos, hace que
este proceso de solicitud resulte, en muchos casos, farragoso y un claro impedimento para que lleguen
a un mayor número de hogares
vulnerables.
234.-
A demás la concesión no tiene en cuenta las necesidades térmicas de la vivienda
dependiendo de la situación
geográfica, ni los consumos reales de los hogares más vulnerables, generalmente
superiores a la media debido
a la utilización de
aparatos eléctricos poco eficientes (más caros) y viviendas mal aisladas.
235.-
Actualmente el bono social eléctrico español sólo se puede tramitar
directamente a través de alguna de los ochos
comercializadores de referencia (o sus matrices), y de acuerdo con el Real Decreto- ley 7/2016, éstas asumen la financiación del
bono social eléctrico, y el reparto de dicho coste se realiza proporcionalmente en función del número de clientes. A diferencia del Bono
Térmico que es financiado con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, la gestión como el pago de las prestaciones económicas son competencia de las CCAA
que, a su vez, pueden ampliar la cantidad de la ayuda concedida con cargo a sus propios
presupuestos, debiendo especificarse el porcentaje de cofinanciación de las Administraciones.
236.-
Desde la aparición en 2017 de la figura de consumidor vulnerable en riesgo de
exclusión social, los Ayuntamientos y
Autonomías pasan a tener un papel más activo costeando al menos el 50% de la
factura eléctrica dentro
de este colectivo.
237.-
Eficiencia energética en hogares en situación de
pobreza energética.
238.- En España no existen medidas públicas de eficiencia energética específicas para personas vulnerables en situación de pobreza energética. La cátedra de sostenibilidad energética de la Universidad de Barcelona, en el informe ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo’ constata que actualmente: “las políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia energética no llegan a los colectivos con una mayor vulnerabilidad energética haciendo necesario un enfoque más específico a su realidad para ganar con éxito la batalla de la pobreza energética a través de un doble ahorro energético y económico”.
239.-
Propuestas para paliar
la pobreza energética en Andalucía
240.-
Debido a la incidencia de la pobreza energética en nuestra comunidad, y al
empeoramiento de la situación que va
a provocar la incidencia del COVID-19 en la economía andaluza hacemos las
siguientes propuestas para luchar
contra la pobreza energética en Andalucía, entre ellas algunas recomendaciones recogidas
en el informe ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo”.
241.- Incorporar consideraciones ambientales
en las actuaciones vinculadas a las mejoras de
eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y cambios
conductuales. Fomentar el
cumplimiento de estándares de máxima eficiencia energética y promover el auto-consumo y las comunidades energéticas en los edificios.
242.-
Evitar que las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética sean una carga económica
más para los hogares vulnerables estableciendo mecanismos de
financiación viables adaptados a las circunstancias. Las medidas deben ser lo más adecuadas posibles al tipo de vivienda y a
la realidad socio-económica para lo cual es necesario incrementar la participación de agentes sociales
de proximidad en las medidas de ingreso y gasto.
243.-
Promocionar la creación de un parque de viviendas de titularidad pública de
alquiler para jóvenes y colectivos vulnerables eficientemente energéticas, dotadas
de equipamiento para
generar energía de auto-abastecimiento.
244.-
Traspasar la financiación y la gestión de los bonos a entidades públicas de
ámbito municipal, que son las que mejor conocen la situación
socio-económica de las familias en situación de vulnerabilidad,
estableciendo un reparto de los costes en proporción al número de familias
en riesgo de exclusión social
o a la tasa de paro de la localidad.
245.-
Poner especial atención y establecer mayor cantidad de recursos informativos
dirigidos a los colectivos
vulnerables, en las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos en las provincias con renta media más baja de Andalucía.
246.-
Para acceder al bono Social eléctrico, revaluar los colectivos que se incluyen
como vulnerables; la normativa
vigente incluye ciertos colectivos independientemente de su poder adquisitivo (como las familias
numerosas), siendo este un requisito básico el no poder hacer frente al
gasto.
247.-
Mejorar la comunicación entre organismos públicos, privados y sociales para lograr un - tratamiento homogeneizado de la información. Reducir
los procesos administrativos de solicitud
complejos por aquellos de mayor simplicidad. Es necesario que las ayudas se concedan
mediante mecanismos lo más ágiles
posible.
248.-
Mejorar los hábitos de consumo
energético, promoviendo campañas
de concienciación y divulgación que ayuden a los hogares
a no malgastar la
energía, específicamente diseñadas y dirigidas a los colectivos vulnerables.
249.-
Fomentar la creación de una
Comercializadora Eléctrica Pública de ámbito regional o estatal, que rompa con el monopolio que actualmente ejercen las
grandes compañías eléctricas, que
garantice un suministro económico a los sectores de la población más vulnerables, y ejerza un papel protagonista en la implantación de energías renovables.
250.-
Impulsar, a través de sociedades
públicas la creación
de cooperativas ciudadanas
de auto- consumo fotovoltaico, con el objetivo de que las familias que
formen parte de la cooperativa generen tanta electricidad verde de cercanía
(kilómetro 0), equivalente a todo el consumo eléctrico de su hogar,
como ya se han puesto
en marcha en Euskadi.
251.-
Apuesta por el auto-consumo energético.
252.-
En julio de 2019 el Banco Mundial presentaba el informe “Mini-redes para 500
millones de personas: Perspectivas
del mercado y manual para los encargados de tomar decisiones”. El objetivo de
éste es proporcionar a los encargados
de formular políticas, los inversores y los desarrolladores inmobiliarios distintas ideas sobre cómo pueden
ampliarse las mini/redes. El informe evalúa el mercado y la industria globales,
analiza costos e innovaciones tecnológicas y demuestra la importancia de las microfinanzas y del uso rentable
de la electricidad.
253.-
Tras aprobarse el RD 244/2019, el auto-consumo compartido ya es posible en
España, y el Gobierno está trabajando
en una normativa para que se pueda poner en marcha otra modalidad, el
“auto-consumo dinámico”. Una medida
más que puede impulsar el desarrollo de comunidades locales de energía, que, según el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, “responde
a una necesidad de electrificar la economía y apostar por la eficiencia energética que va más
allá del ámbito de las viviendas o de la edificación en general, responde
al intercambio local de electricidad”.
254.-
El auto-consumo dinámico
combina eficiencia energética y generación renovable
en edificios. No solo
aprovecha al máximo la generación, sino que además el excedente se puede
distribuir en función de las necesidades de demanda de los participantes, lo que le sobra a uno puede necesitarlo otro. En definitiva, optimizar el uso de la energía
y maximizar la rentabilidad de la instalación.
255.-
En 2019, el 86,5% de los puntos de suministro en el mercado libre es cliente de
las cinco grandes comercializadoras eléctricas, que controlan además prácticamente el 100% del mercado regulado. El Gobierno tiene en su mano abrir la puerta a un nicho de mercado
que podría no ser exclusivo de las comercializadoras.
Las administraciones socialistas podemos empoderar a los ciudadanos mejorando
sus condiciones de vida.
256.-
Proponemos promover el auto consumo, y comprar el excedente que este genere,
impulsando la creación de
cooperativas energéticas ciudadanas para comercializar electricidad de origen
renovable, con distribuidoras municipales, comarcales, insulares.
7.- ANDALUCÍA PARA LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD
Y EL BIENESTAR.
257.-
El objetivo del PSOE-A estriba en avanzar hacia una sociedad andaluza más
justa, donde toda la ciudadanía goce
de los mismos derechos y las mismas obligaciones y, donde los/as andaluces se
sientan más libres e iguales en oportunidades. Necesitamos construir
un proyecto en esa dirección.
258.-
Con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, toda persona
tiene derecho a la igualdad
de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la
educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público, y particularmente garantizar el acceso a la
vivienda y a una renta mínima incondicionada por hogar, que les permita
desarrollar un proyecto de vida
en condiciones de dignidad y bienestar.
259.-
Vivienda.
260.-
Existe una conexión directa del derecho a la vivienda con otros derechos. El
acceso a una vivienda digna y
adecuada es una condición imprescindible para el ejercicio de muchos derechos
humanos (como el derecho a la vida, a
la intimidad, el derecho a la salud o el derecho a un estándar de vida adecuado)
y, precisamente por ello, entendemos
el derecho a la vivienda como un derecho humano. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho con
implicaciones de gran alcance para la realización de otros derechos y por lo tanto
de nuestra calidad
de vida.
261.-
El enfriamiento del mercado de la vivienda durante 2019, fue acompañado del
hundimiento de las ventas y el
descenso de los precios y alquileres, sin embargo, el hundimiento salarial
sufrido durante el segundo semestre
de 2020 ha hecho más difícil, si cabe, el acceso a la vivienda en alquiler para los jóvenes.
262.-
Los pecios de la vivienda y alquileres de mercado quedan muy lejos de niveles
salariales. La recesión provocada por la pandemia ha acentuado
el problema de acceso a la vivienda
en todo el territorio, donde
apenas se construyen viviendas protegidas de fácil acceso para las
clases trabajadoras y jóvenes. De ahí la importancia de la puesta en marcha de una política de viviendas a escala nacional,
aunque la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyan competencias exclusivas
en materia de vivienda y de ordenación del
territorio a las comunidades autónomas. Sin embargo, esto no es óbice para la
existencia de Planes Nacionales que
fomenten y subvencionen la construcción de viviendas protegidas destinadas
sobre todo a alquiler social.
263.-
La parcial recuperación económica pos-crisis de 2008, se sustentó en unos bajos niveles salariales, el aumento de la contratación a tiempo parcial y la elevación de la contratación temporal. Lo que nos lleva a un presente de escasa solvencia
entre las clases trabajadoras para acceder a préstamos hipotecarios para la compra de una
vivienda y resulta necesario apelar al alquiler privado de una vivienda o
habitación para poder acceder
a un alojamiento.
264.-
El salario medio en Andalucía alcanza los 21.756,78€ brutos al año (en España,
24.009,12€), 14.142 € netos años, lo
que supone un ingreso neto mensual de 1.178,50 euros. En el mismo periodo, el
precio medio del alquiler ascendió a 8,5
euros el metro cuadrado de vivienda, lo que eleva el precio de una vivienda de 75 m2 en alquiler hasta los
637,5 euros, el 54,09% de la percepción monetaria de una familia con un único salario. Además, los salarios
de los jóvenes son muy inferiores al nivel medio citado, con lo que el acceso al disfrute de una vivienda
de alquiler en el mercado se hace compleja en numerosos hogares.
265.-
Existe pues, un exceso de demanda en el mercado de vivienda de alquiler que
sugiere aumentar la oferta mediante planes
de subsidios a los inquilinos y subvenciones a la construcción de viviendas
sociales destinadas preferentemente al alquiler y a la rehabilitación.
266.-
La nueva política de vivienda debe impulsar el volumen de viviendas de alquiler
social accesibles. En primer lugar,
aparece la creación de parques públicos de viviendas de alquiler, que se
formarían a partir de viviendas de
nueva construcción y de viviendas existentes procedentes del sector privado. La
construcción de nuevas viviendas
sociales, que deberían tener la condición de viviendas protegidas de forma
indefinida, para así acabar con la práctica
frecuente de la descalificación y venta rápida de la VPO destinadas al alquiler, se realizaría sobre suelo cedido por los
municipios, procedente de las cesiones de edificabilidad derivadas de los nuevos desarrollos privados, de acuerdo con la
normativa urbanística vigente, estatal y autonómica.
Igualmente, impulsar un Plan para la habitabilidad que de soluciones rápidas a
los problemas de acceso a la vivienda,
para lo que se iniciaría un proceso de municipalización de uso de los inmuebles
y viviendas vacías y cerradas que
lleven 3 años desocupadas, o fuera de uso y que sean propiedad de bancos y/o fondos buitres, respetando así, la propiedad
privada de la ciudadanía, para realojar con urgencia a las
familias sin recursos
y/o para ser puestas
en uso por utilidad
pública y/o social.
267.- Otros aspectos
de la nueva política
de viviendas consistirían, entre
otras:
268.-
Penalizar la existencia de viviendas vacías en las zonas más tensionadas,
mediante impuestos progresivos sobre
la especulación del mercado de la vivienda de los grandes propietarios, para forzar la salida de estas viviendas al mercado del alquiler.
269.-
Desarrollar una nueva legislación en materia de viviendas que posibilite la
declaración de utilidad pública y/o
social, de aquellas viviendas vacías que lleven cerradas un determinado número de años para establecer
el justiprecio que convierta en propietario a
los ayuntamientos, especialmente en los pequeños municipios rurales
donde la sensación de abandono del
municipio frena las posibilidades de desarrollo y de incremento de población. Igualmente, para municipalizar el suelo urbano sin edificar.
270.-
Una verdadera regulación de carácter
estatal de los pisos turísticos.
271.-
Asimilación de la normativa anti-desahucios a la vigente en Europa,
estableciendo una verdadera y cierta segunda oportunidad para las
familias insolventes.
272.-
Renta Mínima por hogar familiar.
273.-
Los pilares europeos de derechos
sociales consisten en otorgar a la ciudadanía unos derechos sociales efectivos y para el PSOE A, toda
persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que
garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y
servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima
deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado
laboral.
274.-
El desarrollo tecnológico está a punto de hacer experimentar otra
transformación histórica de la humanidad.
Empresas como AMAZON o wahtsapp, mueven decenas de miles de millones en
facturación con un volumen muy
reducido de empleo, lo que hace presumir una futura escasez de empleo al ser sustituido multitud de puestos de trabajo por máquinas y robótica.
275.-
El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas y además,
un empleo tampoco garantiza una vida
digna por su escasa retribución, manteniendo a miles de trabajadores/as sobre
el umbral de la pobreza.
276.-
Las políticas económicas con las reformas laborales incluidas, suponen un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y
provoca cada vez más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número
de trabajadores pobres crece.
277.-
Los efectos de estas reformas no son solo económicos. La OMS en 2020 estima que
los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera
causa de enfermedad en el mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y
mercados nos han llevado a unos niveles de desigualdad social inadmisibles, como pone de manifiesto que
el 1% de los más ricos en el mundo tiene tanto patrimonio como el
99% restantes.
278.-
Este modelo económico y político es insostenibles, necesitamos otro camino que
contrarreste las desigualdades y
servidumbres a una vida de pobreza y exclusión, falta de libertad y
oportunidades plenas en condiciones
de igualdad, que para el PSOE A se traduce en un nuevo derecho de ciudadanía
como es la Renta Básica Universal, al
menos, el equivalente al umbral de la pobreza que para una familia compuesta por dos adultos y dos convivientes se
sitúa en torno a un salario medio bruto por familia, que en España es de 24.009,12 euros y en Andalucía
de 21.756,78 euros.
279.-
Bien es cierto, que el actual mercado de trabajo andaluz está lejos de aportar
la demanda de empleo que solicita la
gran oferta de mano de obra existente, lo que hace pertinente garantizar a las
familias andaluzas unos ingresos
mínimos incondicionados y compatibles con otras prestaciones e ingresos, como derecho de familia para la cohesión
social, con carácter transitorio hasta alcanzar la Renta Básica Universal como derecho de ciudadanía.
280.-
En este sentido, los socialistas andaluces apostamos por reconocer como un
derecho de las familias una Renta por
unidad familiar equivalente a 1,75 veces el SMI, complementando la cantidad
precisa de forma incondicionada hasta alcanzar el importe establecido, el equivalente a 14 mensualidades de 1.554,06 euros brutos…/…
(Continuará
mañana con la Parte 6):
* EMPLEO DE CALIDAD Y CON DERECHOS.
*ANDALUCÍA COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA DEL BUEN GOBIERNO Y CONTRA LA CORRUPCIÓN.
* LA ANDALUCÍA RURAL EN EL MARCO DEL NUEVO DESARROLLO ANDALUZ.
* PROBLEMÁTICA DEL MEDIO RURAL ANDALUZ.
* LA ECONONOMÍA Y EL MERCADO DE TRABAJO.
* INNOVACIÓN Y EFICENCIA.
* LA INDUSTGRIA AGRO-ALIMENTARIA..
(Agradeceremos toda enmienda, sugerencia, crítica o comentario que serán siempre
bienvenidos. Los afiliados y simpatizantes que quieran participar en este
debate abierto “DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HORIZONTAL” y deseen disponer del
texto completo de este borrador de Ponencia Política, pueden solicitarlo al correo de abajo
poniendo en asunto):
Borrador Ponencia. Ispsoeandalucia.malaga@gmail.com
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