BORRADOR DE PONENCIA POLÍTICA A DEBATE. (Parte 4)

  

Propuestas para una Enmienda a la Totalidad que presentará I.S. de Málaga al debate de:

 IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE DE ANDALUCIA.

 (Continuación de la Parte 3 de ayer)  …/…

 165.- La manipulación contable que se ha producido, junto con las contra-reformas laborales impuestas por los gobiernos (que entre otras cosas han servido para rebajar salarios, y por tanto cotizaciones, así como las exenciones patronales, etc.) han llevado a la situación actual, amplificada interesadamente desde diferentes ámbitos que hablan continuamente del «déficit» de la Seguridad Social y de la supuesta insostenibilidad del sistema público que obliga según esto a nuevas “reformas». «Déficit» en todo caso provocado por el saqueo realizado desde hace años.

 166.- Ante esta situación, los pensionistas, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a saber dónde han ido a parar y como se han utilizado las cotizaciones después de años de trabajo. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social pertenecen al conjunto de trabajadores y cotizantes.

 167.- En respuesta a las reivindicaciones de diferentes plataformas en defensa del sistema público de pensiones, debe realizarse una auditoria de los fondos de la Seguridad Social, que esclarezca la gestión y demuestre la viabilidad del sistema.

 168.- La política de precarización y de deducciones de las cuantías de cotización a las empresas, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, han traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos de la Seguridad Social, que han sido insuficientes para financiar los gastos contributivos, generando de esta forma unos déficit crecientes cubiertos a través del recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A lo que hay que sumar el fraude generado por la economía sumergida o la brecha salarial entre hombres y mujeres, que no solo restan ingresos a la SS sino que, acaban derivando en pensiones más bajas a las mujeres.

 169.- El déficit de la SS no es consecuencia solo del desempleo que ha generado la crisis económica, sino que en el mismo ha jugado un papel destacado: la devaluación salarial que ha propiciado una bajada de las bases de cotización de los trabajadores y las empresas. La reducción de la tasa de cobertura por desempleo y la supresión como beneficiarios de los trabajadores entre 52 y 55 años que llevan implícita la cotización a la SS y la supresión de los convenios de cuidadores/as por dependencia. También el incremento de bonificaciones en la cotización de las empresas que son asumidas por la propia SS en vez de serlo por los PGE.

170.- En definitiva, las políticas en materia laboral, económica y social que han propiciado los sucesivos gobiernos, especialmente las aplicadas por el Gobierno del PP han precipitado un desequilibrio y un déficit estructural mil millonario en las arcas de la SS y fundamentalmente en su Fondo de Reserva que inquieta al futuro de las pensiones con el único propósito de hacer crecer la conciencia de insostenibilidad del Sistema Público para favorecer los Planes de Pensiones Privados, en lo que subyace un claro sesgo ideológico que convierte una vez más, un derecho de los trabajadores en una oportunidad de negocio capitalista.

 171.- Salvo que se rescaten las sendas del diálogo y del consenso en el contexto del pacto de Toledo en torno a garantizar el derecho a una pensión digna en un mundo cambiante, con un mercado vivo y una evolución tecnología y robótica en pleno desarrollo y se apliquen políticas previsioncitas en esa dirección, nos encontramos ante un escenario de déficit estructural en el tiempo que se verá agravado con la incorporación al derecho de nuevas generaciones de trabajadores a las que hay que dar solución, y, que no pasa por equilibrar las cuentas y acabar con el déficit por el lado del gasto recortando pensiones y empobreciendo a los pensionistas que irán perdiendo poder de compra y aminorando el nivel de las pensiones de entrada o, incluyendo como factor de sostenibilidad del Sistema a los Planes privados de jubilación, sino mejorando y ampliando los ingresos del sistema.

 172.- La solución a la sostenibilidad de la Seguridad Social pasa por compensar el Fondo de Reservas, equilibrar el sistema incrementando los ingresos y racionalizar otros gastos propios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, marcando como objetivo de forma progresiva alcanzar hasta el 15% del PIB (174.332 millones de euros/año) desde el 12,2% actual, por lo que el debate público nos parece interesante pero insuficiente porque considera estructural el déficit de la SS desde la única perspectiva de los indicadores actuales, sin tener en consideración la evolución potencial de los ingresos y del desarrollo tecnológico, robótica e inteligencia artificial que sustituirá mano de obra humana por maquinas inteligentes.

 

173.-  Para compensar el déficit del Fondo de Reservas. 

 174.- acto para regular el uso del Fondo de Reservas de la SS, con el objetivo de limitar y restringir su utilización arbitraria. Hemos de aprender la etapa del gobierno del PP, que ni ha podido ni querido poner fin a los problemas de déficit, abusando del Fondo de Reserva sin pausa durante más de seis años.

 175.- Impuesto de coyuntura a la banca, para que de forma solidaria y progresiva inyecte al Fondo de Reserva, el equivalente de la diferencia entre el importe del rescate (77.702 millones de euros) y la recuperación de este que se estima sobre 15.000 millones, lo que supone una inyección económica de 62.702 millones de euros.

 176.- Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Estas prácticas son insolidarias siempre y, en especial, en momentos de dificultad financiera del sistema público de pensiones. 

 

177.- Para equilibrar el sistema.    

 178. Para equilibrar el sistema de pensiones en el marco de la estabilidad presupuestaria de la Seguridad Social es preciso actuar en dos direcciones: Por una parte, sobre las cotizaciones tanto de las empresas como de los trabajadores y por otras, desde la perspectiva presupuestaria (PGE) para hacer frente a los gastos que no son atribuibles a la SS. (“tarifas planas” y demás reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo que deberían financiarse vía PGE -Recomendación 1a del Pacto de Toledo de 2011-), así como los gastos de gestión y personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión de los Organismos de la Seguridad Social, que también deben financiarse con los PGE.

 

179.- Cotizaciones de empresas.

180.- Incrementar en 0,20% las cotizaciones de entidades financieras y empresas de alta espectro tecnológico cuyo desarrollo expulsa del mercado laboral activo a miles de trabajadores/as y no solo por razones económicas, sino por ajustes estructurales para garantizar los objetivos económicos previstos. Trabajadores que se incorporan a la labor pasiva del Sistema generando un gravamen de los presupuestos mientras que las entidades mejoran sus beneficios al reducir significativamente la masa salarial. Esta medida posibilita un incremento anual a la SS en torno a 215 millones.

181.- La robótica y la inteligencia digital y artificial van a revolucionar el modelo productivo y por ende, del mercado laboral desde el paradigma de un modelo capitalista sin alma, desanimado y construido exclusivamente para el consumo. Miles de trabajadores, los más precarios y menos cualificados serán sustituidos por máquinas y tecnología inteligente incrementando la ya de por sí enorme brecha de desigualdad, que contrasta con suculentos incrementos de los beneficios del capital y un bajo rendimiento del trabajo por su desaparición (no habrá demanda suficiente para tanta oferta de empleo en el mercado). La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo garantizar una vida digna a estos trabajadores sin trabajo? Por una parte, gravar a las empresas con una imposición solidaria sobre las cotizaciones sociales que corresponderían a los trabajadores sustituidos, directa e indirectamente. Por otra, por puestos de trabajo mecánico y por el valor añadido de la productividad de estos.

 182.- Esta misma lógica proyecta la necesidad de establecer un nuevo modelo de convivencia y nuevas expectativas sociales y económicas, que desde la pedagogía política nos sitúe ante un Pacto Social que garantice la dignidad de las clases trabajadoras y de las familias (renta básica) y que, ponga fin o impida la supremacía de unas relaciones socio-laborales individualizadas donde la competencia entre las clases tajadoras y más vulnerables será feroz, ante la falta de regulación del mercado que persigue el neo- liberalismo.

 183.- Incrementar el SMI, la base de cotización y el nivel de cobertura social de los trabajadores implica incrementar los ingresos, no solo de trabajadores, sino de las entidades pagadoras (Mutuas y Servicios Públicos de Empleo).

 184.- Establecer por Ley la igualdad de salarios a igual trabajo que ponga punto final a la brecha salarial por razones de género.

 

185.- Cotizaciones de trabajadores.  

 186.- La mejor contribución que hacen los trabajadores a la estabilidad presupuestaria de la Seguridad Social es tener un trabajo bien retribuido y estable y una amplia cobertura por desempleo que posibilite el incremento de la base de cotización y por tanto, su cuantía al sistema.

 187.- No establecer bases de cotización máxima a las rentas del trabajo, sino que la cotización se corresponda con la renta real, manteniendo topada la pensión máxima y garantizando una pensión mínima.

 

188.- Por una red de residencias de ancianos 100% pública.

189.- El modelo actual de gestión de las residencias de ancianos favorece escandalosamente a las grandes compañías, que ofertan sus servicios a la baja, y una vez lograda la adjudicación, rentabilizan al máximo su inversión ahorrando costes, aplicando prácticas que se traducen en un mal servicio que las administraciones no se han ocupado de evaluar con suficiente rigor, siguiendo unas mínimas normas de calidad asistencial y desatendiendo años de quejas de usuarios y familiares.

 

190.- En 2020 había 636 centros de tercera edad, con un total de 43.383 camas geriátricas disponibles, con un importante número de proyectos tanto públicos como privados en marcha, esto sumaría casi un 8% más de camas, con la peculiaridad de que el peso del sector público es del 37% de camas disponibles (de las que el 14% son concesiones administrativas de obras y explotación), seguido por el tercer sector, que dispone del 32% de las plazas y el sector privado con el 31%, con gestores locales y nacionales. (Inforesidencias.com).

 191.- En Andalucía según el IECA (datos a fecha de febrero 2021), han fallecido 3.536 mayores en residencias de la tercera edad, el 11,33% de los fallecidos en España por COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad.

 192.- A finales del pasado año Amnistía Internacional, en el informe, titulado "Abandonadas a su suerte: La des-protección y discriminación de las personas mayores en residencias” denunció la situación en las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia, que calificó de "alarmante" ya que no se derivaron a los pacientes a hospitales, no se garantizaron las visitas de familiares, ni se reforzó el personal. Las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia en estos centros socio-sanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado "al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores residentes, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores.

 

193.- Propuesta: 

 194.- Es necesario apostar por la implantación de una red de residencias 100% públicas, que garantice la calidad del servicio, con mecanismos permanentes de evaluación asistencial socio-sanitario, incrementando los controles laborales, y endureciendo las sanciones. Diseñar un nuevo modelo asistencial para nuestros/as mayores:

 195.-Que dé respuesta a tanta frustración y sufrimiento, siendo imprescindible depurar todas las responsabilidades, de la gestión pública y privada, de la pandemia en las residencias y centros sanitarios, actuando ejemplarmente.

 196.- La administración central debe tramitar una ley estatal que establezca un modelo residencial garantizando los derechos de las personas residentes en todo el Estado, entre los que se encontrarían un contacto regular entre residentes y familiares; y la atención socio-sanitaria de calidad que requieren nuestros mayores, intensificando los mecanismos de control del gasto que las comunidades destinan a la atención sanitaria y asistencial.

 197.- Los/as mayores deben poder elegir. Es necesario que los servicios sociales pongan en manos de las familias que así lo necesiten, ayudas suficientes de dependencia y conciliación familiar, para que nuestros mayores puedan ser atendidos en sus propias casas y en el seno familiar.

 198.- Hay que revertir la salvaje tendencia privatizadora del sector de las residencias de mayores, y en general de los servicios públicos que cubren los derechos reconocidos en la Constitución: calidad de vida de los/as mayores, servicios sociales, sanidad universal y educación. El lucro empresarial, el malentendido ahorro en las administraciones autónomas, y las políticas partidistas, con casos de corrupción sentenciados, no pueden seguir marcando la calidad de los servicios públicos, como trágicamente ha sacado a la luz la pandemia en la Residencias de mayores.

 

199.- Nueva relación de derechos y de protección de las capas más  vulnerables de la sociedad.

200.-  La pandemia de la COVID 19 nos sitúa ante una realidad de fragilidad del Estado de Bienestar, ya cuestionado durante la crisis de 2008 donde padeció un profundo retroceso como consecuencia de las reformas neo-liberales de los gobiernos del PP.

 

201.- Pese a los esfuerzos del Gobierno de Coalición para construir un escudo social que proteja a las clases trabajadoras y a la ciudadanía, las políticas aplicadas por el gobierno de las derechas y el auge de la ultra-derecha en Andalucía no auspician una orientación hacia el fortalecimiento de los derechos sociales y mucho menos, blindar los servicios públicos. Lo que nos sitúa ante un momento histórico y político que sugiere una revisión constitucional, con necesidades específicas y diferentes a las de 1978.

 202.- Existen nuevas demandas que exigen una revisión del pacto constitucional que afectan directamente al catálogo de derechos, especialmente a los derechos sociales, y se refieren, por un lado, a la necesidad de otorgar a los derechos sociales ya reconocidos la consideración de fundamentales con todo lo que ello conlleva; y por otro, a la necesidad de crear nuevos derechos.

 203.- Ante el presumible aumento de personas necesitadas de cuidados, la escasez de servicios públicos para su asistencia, el tipo de cuidado informal prestado casi exclusivamente por mujeres que tienen que afrontar problemas y dilemas personales que afectan al libre desarrollo de la personalidad y también al derecho a la igualdad, pero, sobre todo, la falta de una ética de la solidaridad y de la responsabilidad extendida socialmente exigen el reconocimiento de un derecho al cuidado.

 204.- Un derecho al cuidado que debe entenderse desde la perspectiva de género, entendida como un análisis crítico de la realidad para transformar la situación de mujeres y hombres en la sociedad en aras a la igualdad real y, partiendo de la función transformadora que defiende el Derecho Constitucional.

 205.- La ética del cuidado, como forma de aproximarse a los problemas morales, sirve para señalar la importancia del cuidado como precepto ético básico y por tanto, debería guiar la nueva configuración del catálogo de derechos para una futura revisión de la Constitución.

 206.- El cuidado ha sido tradicionalmente una función de las mujeres (hijos, menores, enfermos, dependientes, etc), sin embargo, esta función tan encomiable y necesaria para disfrutar de una vida digna, las ha colocado en una situación de desventaja y desigualdad respecto al hombre que les ha negado la igualdad de oportunidades.

 207.- Los derechos del cuidado a las personas desde esta perspectiva ética, constituye una necesidad básica para una vida digna, que debe formularse en un contexto de cambio legislativo para reconocerlo y aplicarlo en la doble vertiente, la de ser cuidado y la de cuidar, lo que implicaría, entre otras, suspender la actividad laboral o disfrutar de condiciones especiales mientras dura el periodo de la necesidad, lo que supondría una situación más igualitaria de los hombres en el cuidado.

 208.- El pilar europeo de los derechos sociales consiste en dar a la ciudadanía unos derechos sociales nuevos y más efectivos y que están estructurados en tres categorías: Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. Condiciones de trabajo justas. Protección e inclusión social.

 

6.- UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA ANDALUCÍA.

 

209.- Los efectos de Cambio Climático son nocivos, no solo para la salud y el Medioambiente, sino para el propio desarrollo socio-económico de los territorios y para el género humano, lo que pone en evidencia la grave situación del modelo capitalista de explotación de los recursos naturales solo orientados a sacar rendimiento económico de ello y ejercer control sobre la economía mundial en forma de monopolios privados ya que, anteponen e imponen su lucro personal a la mayoría social del planeta.

 

210.- Este sistema de explotación opresor pone en peligro la vida y las condiciones de trabajo de la ciudadanía en nombre del crecimiento económico y el empleo, sin tener en cuenta los derechos laborales y de ciudadanía conquistados durante todo el periodo democrático. Lo que hace indispensable establecer fórmulas de intervención socio-política para hacer posible confluir los intereses económicos, sociales, laborales y medioambientales en todo el planeta, mediante una ordenada transición ecológica orientada a satisfacer las necesidades reales de los seres humanos para hacerlas compatibles con el mantenimiento del entorno natural y la conservación de la vida del planeta, para un progreso más justo, sostenible, seguro y duradero.

 

211.- La década recientemente comenzada va a ser decisiva para generar un nuevo modelo de desarrollo socio-económico que vendrá de la mano de la transición ecológica. La transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, una economía para un progreso justo, seguro y duradero, precisa de la implicación de todos los actores implicados, Gobiernos, empresarios, trabajadores y usuarios, donde los gobiernos tienen un papel gestor imprescindible.

 

212.- Según diversas agencias de opinión y organizaciones sin ánimo de lucro, el 80% de las empresas europeas son conscientes de la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático, muchos inversores están interesados en productos financieros sostenibles basando sus decisiones de inversión en factores relacionados con aspectos sociales y medioambientales. Lo que supone un cierto consenso en la necesidad de afrontar de forma definitiva la transición ecológica de todo el desarrollo y progreso Socio-económico.

 

213.- La transición a una sociedad más sostenible y pos-consumista sólo será posible si es justa y se reparten los costes entre toda la sociedad y no sólo sobre los más desfavorecidos. Se trata de construir entre todos una sociedad más igualitaria y sostenible. Avanzar en esta dirección es una necesidad, pero habrá no pocos obstáculos. Nuestro futuro depende de que seamos capaces de sortearlos y tengamos éxito en el empeño.

 

214.- Transición ecológica para un progreso más justo, seguro y duradero.

 

215.- Vivimos mundialmente tiempos revueltos para que el mundo se ponga patas arriba, no solo por la asolación que produce la pandemia COVID-19 o la irrupción de la ultra-derecha y del negacionismo del cambio climático, sino por la acción humana que genera guerras por el agua, hambre, pobreza, cambio climático, migraciones, contaminación, obsolescencia programada, consumismo, residuos, etc., todo ello como consecuencia de las avariciosas políticas neo-liberales del mundo capitalista. El cambio climático es, ante todo, un desafío en términos de equidad global, una colosal injusticia para la ciudadanía. Y es en estos tiempos revueltos, en los que de nuevo todas las miradas se vuelven hacia el planeta, su estado de conservación y los efectos sobre la especie humana; en los que la ciudadanía vuelve a pensar en verde y los problemas ambientales se hacen más acuciantes que nunca; son en los que no va a quedar más remedio que repensar el verdadero compromiso político hacia estos temas, porque aquellos que lo hagan estarán reescribiendo la historia de la humanidad.

 

216.- A medida que la sociedad toma conciencia de la acción humana en la transformación del clima, la preocupación por el medio ambiente fue cobrando relevancia, primero en ámbitos científicos y académicos y más adelante en la esfera política y social, el PSOE fue incorporando una sensibilidad ecológica como parte sustantiva de su discurso y de su acción política.

 

217.- El PSOE siempre ha estado a la vanguardia de progresos sociales, siendo determinante en la consecución de los primeros derechos laborales, el establecimiento del sufragio universal y en la aprobación del voto femenino como requisitos democráticos, y en la asunción política y social de los valores republicanos con la proclamación de la II República, la ley del divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo o el reconocimiento de la identidad sexual que supuso la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. y ahora, lo es en la construcción de la cultura ecológica.

 

218.- Fueron gobierno socialistas los que aprobaron importantes leyes medioambientales como, Ley de Aguas, Ley de Costas, Ley de Montes, etc., Ley de Economía Sostenible o la derogación del trasvase del Ebro, entre otras y actualmente, está en trámite la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como garante de progreso más justo, seguro y duradero y sitúa la transición ecológica en una de las prioridades de España para alcanzar en 2050 la neutralidad climática y las medidas para avanzar en una hoja de ruta que debe generar nuevos empleos y fortalecer el tejido industrial.

 

219.- Debemos pues repensar todas y cada una de las políticas públicas , desde la política del agua a la agrícola y a la industrial, desde la energética a la movilidad y al urbanismo, desde la fiscalidad a la educación y la ciencia…, para incorporar la perspectiva de las transformaciones de nuestro entorno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de los asentamientos humanos, en el medio rural y en las ciudades, en particular en los países y regiones más vulnerables.

 

220.- Para alcanzar estos objetivos necesitaremos actuar ya en la transformación de las propias costumbres y hábitos de la ciudadanía, de nuestros sectores económicos, y, cómo no, de los propios partidos políticos, en coherencia con las exigencias de la ciudadanía, cada día más implicada, especialmente los jóvenes, herederos de un mundo que será aún peor, para lo que los socialistas andaluces proponemos establecer y profundizar en medidas complementarias a la Ley y proyectos contenidos en Andalucía New Generations, como:

 

221.- Planes de educación ambiental como herramienta para el desarrollo sostenible. No se trata solo de aportar conocimientos y criterios de acción, sino como invitación a pensar globalmente y actuar localmente para transformar el entorno, donde cohabite el equilibrio ambiental, la equidad social y la viabilidad económica. Una formación de la ciudadanía responsable, crítica y solidaria que piensen en el futuro como legado de los más jóvenes. Para ello, la participación de la población local, como protagonista real de la acción educativa, es fundamental para alcanzar la transformación.

 

222.- Incrementar la inversión pública en I+D+i hasta converger con la media europea del 3% del PIB, establecer una estrategia de desburocratizar los procedimientos de créditos para que las empresas puedan acceder y establecer una estrategia de patentes públicas que contrarreste las presiones y chantajes de las patentes privadas.

 

223.- Concluir el ciclo integral del agua, reincorporando las aguas depuradas a un nuevo circuito para uso urbano, industrial y agrícola.

 

224.- Aprovechamiento energético de la biomasa de Andalucía y apoyo financiero a la investigación para la producción de biocarburantes de primera generación y biocombustibles de segunda generación, con el objeto de reducir la emisión de gases invernadero.

 

225.- Establecer una red de conectividad tecnológica mediante conexión de banda ancha y radial ferroviaria, que garantice la igualdad de oportunidades acabando con la brecha digital entre territorios y la conexión entre todo el territorio de Andalucía con las grandes redes del transporte ferroviario, a la vez que, es una forma de transporte sostenible reconocido en el Pacto Verde Europeo. Es el modo de transporte más eficiente si tenemos en cuenta las toneladas transportadas con la energía consumida y el modo de moverse que más fácilmente puede alcanzar la neutralidad climática.

 

226.- Debe garantizarse la protección de las condiciones de trabajo de los trabajadores en un marco de relaciones igualitarias y equilibrada con los empleadores, con independencia del tipo y la duración de la relación laboral, tener acceso a la protección social y formación. Debe fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido, así como formas de trabajo innovadoras que garanticen unas condiciones de trabajo de calidad y un salario digno. Fomentar nuevos nichos de empleo aspirando al pleno empleo desde una planificación social de la economía.

 

227.- Asumir un compromiso ético con el trabajo decente y las  relaciones laborales, incorporando en los pliegos de adjudicación de servicios y subvenciones, clausulas de salvaguarda de las condiciones y garantías laborales de trabajadores y trabajadoras…/…

 

Continuará mañana con la parte 5)

·             Pobreza energética en Andalucía.

·      Acceso al Bono Social Eléctrico y Térmico no es sencillo lo que lo hace prácticamente inaccesible.

·             Eficiencia energética en hogares en situación de pobreza energética.

·             Propuestas para paliar la pobreza energética en Andalucía.

·             Apuesta por el auto-consumo energético.

·            ANDALUCÍA PARA LA IGUALDAD, LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR.

·             Vivienda.

·             Renta Mínima por hogar familiar.

(Agradeceremos toda enmienda, sugerencia,  crítica o comentario que serán siempre bienvenidos. Los afiliados y simpatizantes que quieran participar en este debate abierto “DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HORIZONTAL” y deseen disponer del texto completo de este borrador de Ponencia Política,  pueden solicitarlo al correo de abajo poniendo en asunto):

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