...QUE NO GARANTIZA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, INCLUSIVA Y SIN RECORTES.
Dejar de regalar miles de millones a la concertada.
• Fuera la religión de la escuela pública.
• Asegurar una enseñanza digna para los jóvenes de familias trabajadoras.
La LOMLOE ha sido finalmente aprobada en el parlamento el jueves 19 de noviembre con la oposición estruendosa de la derecha. Puestos en pie, los diputados del PP, de Vox y de Ciudadanos montaron una escandalera al grito de ¡Libertad y libertad! La misma derecha que apoyó la ley Wert, la vuelta a las reválidas franquistas y arrasó la enseñanza pública con recortes sangrantes mientras incrementaban obscenamente las subvenciones multimillonarias a la privada y concertada, ahora pone el grito en el cielo.
Que la derecha y la Iglesia católica —que sigue disfrutando de un enorme poder en la enseñanza— hayan mantenido esta posición tan virulenta, ha permitido al Gobierno sacar pecho y presentar la ley Celaá como un gran avance. Sin embargo, desde el Sindicato de Estudiantes decimos con rotundidad que esta nueva ley no servirá para poner fin a los recortes ni rescatará a la enseñanza pública de la situación catastrófica en que se encuentra.
Siendo conscientes de la posición que ocupamos en la comunidad educativa, habiendo encabezado movilizaciones masivas en los últimos años enfrentándonos a las contrarreformas educativas del PP, igual que hicimos en el curso de 1986/87 cuando derrotamos al Gobierno de Felipe González y logramos la gratuidad de la enseñanza secundaria y las becas de universidad para las familias trabajadoras, no nos conformamos sólo con echar atrás la LOMCE, queremos una ley educativa que garantice el derecho a la educación pública para los jóvenes de las familias trabajadoras. Y esta ley dista mucho de cumplir con este objetivo irrenunciable.
Decimos alto y claro al Gobierno del PSOE-UP que no repita los errores del pasado, que apruebe un plan de rescate urgente a la escuela pública, garantizando su gratuidad y calidad, y acabe de una vez por todas con el chorro de dinero público a la privada y concertada, y a los privilegios de la Iglesia Católica conseguidos bajo la dictadura franquista.
Las mentiras de la derecha
El circo mediático de la derecha no puede ocultar su descarada hipocresía, ni el hecho de que sus intenciones no son las de defender la libertad sino los privilegios de una minoría elitista que se enriquece con el negocio educativo y las subvenciones públicas.
Detrás de la histeria manifestada por plataformas como Más Plurales, se esconden organizaciones reaccionarias y elementos ultraderechistas y religiosos variopintos: desde la Concapa (la asociación de padres y madres católicos), las patronales de la educación privada y concertada CECE (fundada por Ángel Martínez Fuertes, un alto cargo del franquismo) y Escuelas Católicas (el brazo de la Iglesia en la educación), o portavoces como Gema María Carballo López, dos veces candidata de la Falange.
Si todas las acusaciones que la derecha hace sobre esta ley fueran ciertas, sería un gran motivo de celebración. Lamentablemente, nada más lejos de la realidad. Esta ley deja los puntos clave del sistema educativo tal y como estaban, y no reconoce ninguna de las reivindicaciones fundamentales que desde el Sindicato de Estudiantes hemos defendido sin descanso en las calles.
1 - El negocio de la privada-concertada continúa a buen recaudo.
El ruido organizado en torno a la LOMLOE ha colocado a la escuela concertada en el foco del debate, pero las mentiras con las que ha bombardeado la derecha no consiguen ocultar que esta ley seguirá consintiendo la escandalosa financiación de la que disfruta a costa del erario público.
En los últimos años, los recursos públicos dedicados a la concertada y a subvenciones directas a la educación privada ha crecido a un ritmo mucho mayor que el gasto en la red pública. En 2018, el gasto público total de las CCAA y el Estado en educación ascendió a 50.800 millones, por detrás de lo que se gastaba en 2009, 53.374 millones. Mientras tanto, el dinero público dedicado a la concertada y a la privada bate récords desde 2014, sobrepasando desde 2016 los 6.000 millones anuales.
Según cifras del propio Ministerio de Educación, desde 2007 a 2017 la escuela concertada ha ganado un 25% de financiación y la pública se queda atrás con un miserable 1,4%, que en términos reales descontando la inflación y el incremento de la población escolar significa un tajo presupuestario de enormes dimensiones.
Algunas Comunidades Autónomas muestran el nivel intolerable que se ha alcanzado en el proceso de privatización de la educación. Según datos de 2017, la Comunidad Autónoma Vasca dedicaba el 23,9% de todo el presupuesto educativo a los conciertos, la Comunidad de Madrid el 19,7%, la Comunidad Foral de Navarra el 19,5% y Catalunya el 18,2%. De esta manera, en la CAV la educación concertada representa el ¡¡48,1% del total!!
Por si no fuera suficiente, a pesar de todos los recursos públicos que reciben más del 96% de los centros concertados cobran cuotas obligatorias, e ilegales, que rondan los 159 euros de media.
La ley Celaá mantiene este estado de cosas intacto, y tampoco es cierto que ponga fin a los conciertos de los centros escolares que segregan por sexo. Tal como señala el texto de la ley, se “priorizará en las subvenciones” a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual, es decir, que los que segreguen también tendrán derecho a ellas y no quedan excluidos de ninguna manera.
Lo cierto es que el Gobierno PSOE-UP deja intacto el negocio de la educación concertada y privada y da luz verde a las CCAA para que puedan legislar a su favor tal como vienen haciendo los Gobiernos del PP y del PSOE desde hace muchos años. Un negocio que también se protege desde la justicia, tal como ha hecho recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia abominable en la que dictamina que la renovación de los conciertos es automática en todas las etapas educativas si se cumplen los requisitos que determinaron la aprobación del mismo. A su vez, el Tribunal Constitucional dictaminó en 2018 que segregar por sexo “no es discriminatorio” y es “respetuoso con la Constitución”, a lo que se agarrarán las escuelas del OPUS y de los Legionarios de Cristo para seguir recibiendo el maná público.
Las únicas novedades sobre el fabuloso negocio de la educación concertada privada, al menos sobre el papel, es que se elimina “la demanda social” para la creación de plazas concertadas que recogía la LOMCE, sustituyéndolo por una redacción que es completamente continuista: “la programación de la red de centros debe asegurar la existencia de plazas públicas en todas las áreas de influencia”. Respecto a que no se ceda más suelo público para la construcción de centros privados, es una declaración de intenciones que, como la experiencia ha demostrado, es soslayada mediante múltiples mecanismos administrativos y legales.
2 - Los privilegios de la Iglesia católica siguen siendo intocables
La Iglesia Católica sigue ejerciendo un control absoluto dentro de la educación concertada. Según la secretaria de Enseñanza Privada de UGT, alrededor del 75-80% de los centros de esta naturaleza son centros católicos, y es la patronal religiosa la que se embolsa las jugosas subvenciones públicas.
La LOMLOE deja intacto el poder de la Iglesia no solo en la privada concertada, también en la pública. La Conferencia Episcopal sigue con un privilegio que le concedió la dictadura por los buenos servicios prestados, y que ningún Gobierno de la democracia ha sido capaz de eliminar. Nada igual ocurre en Francia, Gran Bretaña, Alemania o los países del norte de Europa.
El Gobierno PSOE-UP mantiene la asignatura de religión dentro de los planes de estudio y de la educación pública, hincando la rodilla nuevamente ante el Concordato firmado con el Vaticano en el año 1979. En lugar de poner punto y final a la presencia de la religión dentro de la educación pública, y garantizar la laicidad del sistema tratando la religión como un asunto privado, lo que el Ejecutivo aprueba es volver al viejo sistema y a la humillación ante el poder eclesial que conlleva: que la asignatura de religión sea optativa y que su calificación no se tenga en cuenta en la nota media para becas o para entrar a la universidad.
Pero en el acuerdo del Estado español con el Vaticano se establece que los planes educativos “incluirán la enseñanza de la Religión Católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” y eso continúa vigente. Por tanto, el Estado tendrá que continuar pagando los gastos que esta asignatura conlleva, como las nóminas de los profesores de religión que suponen más de 100 millones de euros al año. Es decir, que el dinero público seguirá financiando a quienes utilizan la educación no sólo para hacer dinero sino también para adoctrinar en su oscurantismo reaccionario, anticientífico, machista, homófobo y tránsfobo.
3. La LOMLOE no garantiza que los estudiantes catalanes, vascos y gallegos podamos aprender nuestra lengua en condiciones dignas en la pública.
Después de escuchar cómo PP, Cs y Vox denuncian la “supresión” del castellano como lengua vehicular, y que las escuelas catalanas se convertirán en “fábricas de independentistas”, cualquiera podría pensar que las niñas y niños catalanes serán obligados a olvidar el castellano o que las y los que viven en Andalucía, Extremadura o Madrid serán obligados a estudiar en catalá, euskera o galego.
Sin embargo lo único que recoge la LOMLOE al respecto es que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Es decir, que lo único que varía respecto a la LOMCE es que modifica que “el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, para reconocer una realidad: que existen distintas lenguas oficiales. Pero en cambio, en la ley no se habla en ningún momento de cómo garantizar que los estudiantes de los territorios donde existan lenguas cooficiales puedan aprenderlas con garantías y recursos dentro de la educación pública.
4. No queremos una ley para que todo siga igual ¡Rescatar a la enseñanza pública ya con medios materiales y humanos!
Una vez aclaradas las mentiras de la derecha respecto a la concertada, la Iglesia y el castellano, tenemos que señalar que esta ley es completamente decepcionante y una gran oportunidad perdida.
Una de las primeras cosas que llama la atención es que a pesar de aprobarse en el punto álgido de la segunda ola de la Covid 19, no hace ni una sola mención a la pandemia ni a los efectos dramáticos que ha tenido en un sistema público ya destruido tras años de recortes de la derecha. Mientras era debatida en el Congreso, millones de estudiantes de la pública somos puestos en cuarentena, vemos rebrotes diarios en nuestros centros y estamos siendo privados de nuestro derecho a una educación de calidad.
¿Cómo es posible que el Gobierno del PSOE-UP obvie la situación concreta que padece la educación pública? Una ley de tanta trascendencia no puede redactarse en una burbuja al margen de la realidad, sino que tiene que responder a las necesidades concretas del sistema educativo. Pero no sólo no se tiene en cuenta la situación que viven los centros educativos, aplastados por los recortes y por necesidades urgentes, sino que, en el fondo, la LOMLOE no es más que la vuelta a la LOE de 2006 aprobada por Rodríguez Zapatero y que en su momento dio el pistoletazo de salida a la ola de privatizaciones y a una escasez de medios sangrantes, que obviamente se agravó aún más con los Gobiernos de Rajoy.
Arrastramos un modelo educativo basado en la memorización de contenidos, currículos inabarcables, horas lectivas y dedicadas al estudio que superan cualquier jornada laboral y que han dado como fruto un fracaso escolar espantoso, exámenes y notas finales que no reflejan nuestros conocimientos, una selectividad elitista y una asignación de recursos materiales y humanos indecente con la que es imposible acabar con el estado de coma de nuestro sistema educativo. En definitiva, un sistema sin espacio para la reflexión, el debate ni la experimentación, donde las habilidades, las competencias y la atención individualizada son una utopía.
La nueva ley hace numerosas referencias a la necesidad de adoptar un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación efectiva de hombres y mujeres, que busca reducir el abandono escolar y la repetición –ahora mismo situados en un 17,9% y 28,7% respectivamente, las mayores tasas de toda la UE–. Sin embargo, nos preguntamos sinceramente qué medidas concretas adoptará el Gobierno PSOE-UP para conseguir todo esto. Porque los objetivos hay que materializarlos: una cosa son las palabras y los artículos de un papel y otra muy distinta lo que ocurra en la práctica.
Esta nueva ley educativa era una gran oportunidad para recoger la reivindicación que desde el Sindicato de Estudiantes hemos defendido mediante la lucha y la huelga general: incorporar en todas las etapas educativas una materia de educación sexual, inclusiva y en libertad, obligatoria y evaluable. Sólo así se puede educar en el respeto, la diversidad y la solidaridad y acabar con el machismo, la cultura de la violación, el acoso sexista, homófobo y tránsfobo en nuestras aulas, y que quedan reflejados lamentablemente en numerosos reglamentos de régimen interno
Pero no hace falta ser abogado ni jurista para ver que los curas y obispos, y todos aquellos que adoctrinan en el machismo, la homofobia, la LGTBIfobia… continuarán esparciendo sus ideas retrógradas en el sistema educativo. Por eso, para educar en igualdad de género y respeto a la sexualidad de todos los y las estudiantes, es necesario romper con los privilegios de la Iglesia católica en nuestras aulas, algo que lamentablemente el Gobierno no está dispuesto a hacer.
El debate de la LOMLOE ha coincidido con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que han sido descritos como los PGE con “mayor inversión social pública” de la historia.
En los presupuestos que continúan vigentes la inversión total educativa entre CCAA y el Estado es de 50.800 millones, es decir, casi 3.000 millones de euros por debajo de lo que se dedicaba en 2008. El Gobierno PSOE-UP ha presentado una subida global del presupuesto en educación de 2.000 millones, al que hay que sumar los recursos de cada CCAA, que todavía no están cerrados. Pero incluso de esos 2.000 millones, 1.803 dependen directamente de los fondos europeos, y aumenta, en un 5,6%, la partida presupuestaria destinada a la concertada respecto al presupuesto pasado.
Lamentablemente la LOMLOE vuelve a aprobarse sin ninguna memoria financiera, sin una asignación de recursos para garantizar el cumplimiento de los “deseos” que en ella se incluye. Es el método de siempre. Brindis al sol. Aunque uno de los objetivos de la LOMLOE sea destinar el 5% del PIB para educación (ahora mismo se encuentra en un raquítico 4,23%), la situación catastrófica que vive la escuela pública, y más tras la crisis de la Covid19, demanda de mucho más.
Teniendo en cuenta que se han regalado 100.000 millones al Ibex35 durante la pandemia y que en los PGE lo destinado al cambio de modelo productivo I+D+i (del que se beneficiarán fundamentalmente grandes multinacionales) asciende a 23.000 millones, un aumento de 2.000 millones no recupera ni de lejos el dinero que se ha robado a la educación pública, y que asciende a más de 20.000 millones de euros en 10 años.
Si este Gobierno quiere cumplir con sus promesas y blindar el derecho a una enseñanza pública digna, debe invertir inmediatamente al menos el 7% del PIB en educación y acabar con las subvenciones a la concertada y la privada.
Y esto lo decimos sin ningún ánimo de exagerar, sino por lo que la propia experiencia está poniendo de relieve. Un ejemplo: la LOMLOE afirma que es necesario “tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades” y que desarrollará “la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas”. La crisis de la Covid-19 ha evidenciado la brecha de clase que existe dentro el sistema educativo y que miles de estudiantes se han visto en la práctica fuera del mismo por no tener acceso a internet o a dispositivos electrónicos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio encabezado por la ministra Celaá para “desarrollar la competencia digital”? Prometió en junio entregar en el primer trimestre del curso 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a los centros educativos, pero no hay ni rastro de ellos ni se estima que lleguen a hasta el curso 2021/22.
Lo mismo podemos decir de los planes incumplidos en cuanto a contratación del profesorado que han provocado ya un agujero estructural en el sistema, o la masificación de nuestras aulas en unas circunstancias de inseguridad sanitaria y que alientan la propagación del virus.
Sin recursos económicos ni se acabará con la brecha digital, ni con el abandono y fracaso escolar, ni se podrán reducir las ratios, ni contratar a los profesores que necesitamos. Es imposible de este modo llevar a cabo ninguna medida progresista de forma efectiva. La educación pública necesita una revolución, tanto económica como pedagógica, y es la responsabilidad del Gobierno “más progresista de la historia”, según se denominan públicamente, llevarla a cabo. ¡Y debe hacerlo urgentemente!
La experiencia nos enseña que la forma de conquistar nuevos derechos y proteger los ganados es con la organización y la movilización más contundente. Los aspectos más positivos que la LOMLOE recoge, como la eliminación de las reválidas franquistas, los itinerarios en la ESO… los conquistamos anteriormente en las huelgas generales estudiantiles que vaciaron las aulas y llenaron las calles, y que fueron organizadas por el Sindicato de Estudiantes frente a viento y marea.
El Gobierno, y especialmente los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, no pueden seguir haciendo oídos sordos y repetir los errores del pasado. La situación de la educación pública es insostenible. Ahora es cuado hay que demostrar que se gobierna de verdad con políticas de izquierdas, y se rompe con el legado nefasto de la derecha. Solo así podremos garantizar una escuela pública de calidad, laica, científica y democrática.
SINDICATO DE ESTUDIANTES.
