El pasado 3 de mayo, las mujeres trabajadoras estadounidenses se
levantaron con una nueva amenaza: el Tribunal Supremo pretende eliminar su
derecho a poder decidir sobre su maternidad. La indignación entre miles y miles
de mujeres no se hizo esperar. Ese mismo día se concentraron ante el edificio
del tribunal en Washington y hubo protestas y manifestaciones en numerosas
ciudades, algunas de ellas duramente reprimidas por la policía: desde Nueva
York a Los Ángeles, pasando por Boston, Minneapolis, Filadelfia, Seattle o
Florida.
Según ha hecho público la web Político, el borrador del Supremo
filtrado está firmado por cinco de los nueve magistrados que integran la máxima
instancia judicial de EEUU (con una mayoría conservadora de seis contra tres,
inédita en décadas) y que están decididos a anular el derecho al aborto en
todos los casos. Un derecho ganado a pulso en 1973 con la histórica sentencia
Roe contra Wade —que reconoció por primera vez el aborto sin restricciones
antes de que el feto sea viable, un límite fijado en las 23 semanas de
gestación— y que, como hemos visto en los últimos años, los sectores más
reaccionarios del aparato del Estado apoyados por Trump no han parado de
atacar.
Los derechos de las mujeres pueden retroceder 50 años
“La sentencia de Roe estaba terriblemente equivocada desde el
principio… Su motivación fue terriblemente equivocada y aquella decisión ha
tenido consecuencias perjudiciales”, “la Constitución no hace ninguna
referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido
implícitamente por ninguna disposición constitucional”... Estos son algunos de
los “argumentos” con los que los cinco jueces ultracatólicos de extrema derecha
—Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Coney Barrett y Neil Gorsuch,
los tres últimos nombrados por Trump— utilizan para tratar de acabar con este
derecho y hacer retroceder cincuenta años las condiciones de vida de las
mujeres trabajadoras de EEUU.
A día de hoy, son 28 los estados que ya han aprobado hasta 300
leyes contra este derecho. Hace poco más de dos años, Alabama derogaba este
derecho constitucional, respaldado por la decimocuarta enmienda de la Carta
Magna, bajo la amenaza de penas de hasta 99 años de prisión para los y las
profesionales que lo practicasen, abocando a las mujeres pobres a arriesgarse a
abortos ilegales y sin garantías donde su vida corre peligro.
Hace apenas unas semanas, la Cámara Baja del estado de Oklahoma
se sumaba a esta escalada machista y reaccionaria aprobando un proyecto de ley
que prohíbe el aborto en todos los casos excepto en los que la vida de la madre
corra peligro, convirtiéndose en la legislación más restrictiva del país. Un
texto promulgado por el gobernador del estado, el republicano Kevin Stitt, que
ha contado con 70 votos a favor y 14 en contra. Este individuo el pasado
septiembre prometió firmar cualquier legislación que llegue a su escritorio en
defensa de la vida. El proyecto de ley además penaliza con hasta 10 años de
cárcel a los médicos que practiquen un aborto y alienta a los particulares a
denunciar a cualquier persona que crean esté ayudando a una mujer embarazada a
abortar con recompensas económicas para el demandante de hasta 10.000 dólares.
El texto aprobado por el Supremo aún debe ser ratificado entre
junio y julio, todo apunta a que saldrá adelante. Si es aprobado serán los
Estados quienes decidan sobre los derechos reproductivos de 166 millones de
mujeres estadounidenses y permitirá en más de 20 estados que las leyes
promulgadas por gobernadores republicanos puedan aplicar inmediatamente el veto
al aborto, incluso si han sido víctimas de una violación. Significará un
durísimo revés para las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, sumiéndolas
aún más en la pobreza. No debemos olvidar que EEUU es el país desarrollado con
la tasa más alta de mortalidad materna, según la OMS; por no hablar de que no
existe el acceso gratuito a la sanidad pública ni mucho menos el permiso de
maternidad. Mientras, los abortos se seguirán produciendo y las mujeres ricas
podrán permitirse viajar y costeárselo.
Esta ofensiva ultraderechista no se detendrá aquí. Es obvio que
si hoy se prohíbe el aborto, el envalentonamiento de estos sectores dentro del
Estado y en las calles crecerá. En su punto de mira están desde la prohibición
de anticonceptivos hasta los derechos del colectivo LGTBI, y de los sectores
más oprimidos de la sociedad. Sin ir más lejos, esta misma semana ya se ha
abierto la veda: Luisiana ha propuesto una ley de defensa del feto desde su
concepción, ilegalizando todos los anticonceptivos, y convirtiendo el aborto en
crimen por asesinato; y el gobernador de Texas va a recurrir ante el Supremo la
decisión que, desde 1982, obliga a los estados a ofrecer educación gratuita a
todos los niños, incluidos los hijos de los emigrantes sin papeles. Así mismo,
unos días más tarde, en el estado de Alabama entraba en vigor una nueva ley que
estipula como “delito muy grave” proporcionar a menores trans terapia hormonal
o cualquier ayuda médica, psicológica, educativa o social que les permita
crecer acorde a su género.
Y mientras esto se fragua, la postura de los demócratas es
completamente pasiva. Joe Biden se limita a decir que por ahora se trata de una
simple “filtración”, y a lo máximo que ha llegado es a pedir a los funcionarios
de la administración que preparen una “respuesta al continuo ataque al aborto y
a los derechos reproductivos”. Pero no moverán un dedo, son un engranaje más
del sistema capitalista. Se escudan hipócritamente en que es muy difícil que el
Congreso consagre el derecho federal al aborto pues cuenta con una escasa
mayoría demócrata. Todas las promesas de programas y derechos sociales que
pregonaba Biden se han mostrado falsas, mientras ha seguido llenando los
bolsillos de los ricos, durante la pandemia y ahora con la guerra. No va a ser
de la mano de los demócratas como consigamos derechos las mujeres ni los
oprimidos.
La lucha es el único camino
Según la última encuesta del Pew Research Center de 2021, el 59%
de los adultos en EEUU cree que el aborto debería ser legal en todos o la
mayoría de los casos, frente al 39% en contra.
Las concentraciones en las puertas del Tribunal Supremo de
cientos de personas en contra de la posible revocación de la protección legal
al aborto fue instantánea, demostrando su rechazo y la rabia que esta decisión
ha provocado. “Si quisiera al Gobierno en mi vagina me acostaría con un
senador” o “Mi cuerpo, mi decisión” eran algunos de los mensajes que podían
leerse en las pancartas que ondeaban frente al tribunal. Pese a que también
confluyeron con un grupo de manifestantes a favor de la abolición del derecho
al aborto, el número de personas en defensa del derecho al aborto lo superó
ampliamente y dominó la concentración, dejando claro que no van a dudar en
salir a las calles para defender su derecho a decidir.
El único camino para enfrentarse a esta ofensiva reaccionaria, a
la jerarquía de la Iglesia católica, a su moral podrida y a sus privilegios, a
la derecha y la extrema derecha y a quienes hacen negocio con nuestra
explotación es luchar por acabar con un sistema que nos condena a las mujeres
trabajadoras a condiciones infrahumanas.
El movimiento de millones de mujeres y jóvenes saliendo a las
calles en EEUU a plantar cara al misógino y racista Donald Trump en 2017 es el
mejor ejemplo en el que tenemos que inspirarnos hoy. Como vimos también en toda
América Latina con el movimiento Ni una menos. La Marea Verde en Argentina
llenado las calles y consiguiendo el derecho al aborto para todas las mujeres,
o en Irlanda con la lucha del movimiento ROSA. El único camino es la
organización y la lucha en las calles por nuestros derechos y por unas
condiciones de vida dignas para las mujeres trabajadoras y el conjunto de la
clase obrera.
ESCRITO POR TERESA PRADOS.
LIBRES Y COMBATIVAS.
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