El viernes 29 de mayo el consejo de ministros del gobierno PSOE-UP dio luz verde al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La medida, como no podía ser de otra manera, ha sido bienvenida por una aplastante mayoría de la población: según el CIS tiene el apoyo del 84%. Y es que la situación es desesperada. Con un colapso económico y social similar al que provoca una guerra, la vida de millones de familias está al borde del precipicio.
En dos meses el desempleo se ha convertido en una plaga aterradora: 3,4 millones de trabajadores incluidos en un ERTE, 1,3 millones de autónomos en cese de actividad y 950.000 nuevos parados. En total, 9 millones de trabajadores computan en las estadísticas del paro en estos momentos.
Esta crisis —que los economistas pro capitalistas consideran la peor en 90 años— no ha hecho más que empezar. Pero llueve sobre mojado. Antes del actual estallido uno de cada cuatro adultos, y casi uno de cada tres menores en el Estado español, se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.
La postura escandalosa de la derecha
A pesar de las limitaciones del confinamiento y del dolor por la enfermedad y muerte de nuestros seres queridos, la lucha de clases sigue presente. Tan es así, que el intento de Vox de saltar de la Milla de Oro de Madrid y penetrar en nuestros barrios ha sido abortado gracias a la movilización de los vecinos y vecinas, y de una juventud que se ha colocado en primera línea.
Lo vemos ahora también con el conflicto de Nissan y Alcoa, tan sólo un preludio de lo que está por llegar. La experiencia de estos años es clara: la batalla contra los recortes y la austeridad, de mareas sociales, de luchas pensionistas y movilizaciones históricas del feminismo, y que en el terreno electoral cristalizaron en la formación del actual gobierno de coalición para cerrar el paso a la derecha, sigue muy viva en la conciencia de millones. Y es la lucha de clases y la presión de los trabajadores y la juventud la causa fundamental de la adopción de este subsidio. Por eso la derecha ha reaccionado con tanta histeria al principio, para al final cambiar de tono y opinión de la manera más oportunista.
Recordemos que en un primer momento la reacción desató una orgía de insultos. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, tildó el IMV de “regalo” para crear “dependencia del Estado”. El portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, la denunció como una “medida comunista”, y Macarena Olona, acusó a Pablo Iglesias de querer imponer con él su “régimen totalitario”. Por su parte, el ya ex diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, afirmó que el IMV era “un sueldo Nescafé para toda la vida...”. El clasismo y el desprecio por el sufrimiento de la población se aprecian en cada palabra de estos mamporreros privilegiados.
Con el paso de los días, y ante la evidencia de que con ese discurso sólo profundizaban su aislamiento, la posición de la derecha se fue moderando. Los primeros en romper el hielo fueron el ex ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoso, y el también ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos, consumados representantes del gran capital. Incluso la Fundación FAES se declaró partidaria de alguna ayuda[1], y los fascistas de Vox, tan agresivos en las calles, han retrocedido. Uno de sus portavoces, Jorge Buxadé, que calificó el IMV de “auténtica broma” en abril, dice ahora que su partido “no está en contra del ingreso mínimo vital”[2].
¿Pero qué lleva a estos derechistas —sean verdes, azules o naranjas— a matizar sus opiniones? La mayoría de la burguesía española, no ha olvidado el 15M, las mareas, las marchas de la dignidad, el nacimiento de Podemos… Recordemos que una de sus representantes más casposas, Díaz Ayuso, explicaba que si Madrid llegaba al millón de parados tendríamos “disturbios, un problema de orden público y por supuesto social”[3]. Temen una explosión.
El debate sobre el IMV ¿Acabará realmente con la pobreza?
En estos días la campaña desde el Gobierno celebrando el IMV ha sido muy intensa. Tienen toda la razón en señalar que es la primera vez que un subsidio de este tipo ha sido aprobado por un Ejecutivo, y que nada de esto sucedió en 2008. Pero igual que han hecho en otras ocasiones, muchas de sus declaraciones están teñidas de afirmaciones exageradas.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya hizo lo mismo cuando proclamó que se habían prohibido los despidos durante la pandemia, lo que no era cierto. Ahora insiste en la misma línea. En su twiter oficial podemos leer: “Garantía de libertad es poder llegar a fin de mes. Tener las necesidades básicas cubiertas abre nuevas posibilidades para muchos hogares. El IMV pone en el centro a las personas excluidas, olvidadas durante muchos años. Este país ha cambiado y no las dejará atrás”.
El IMV, hay que decirlo con claridad, es un instrumento completamente insuficiente para que una familia llegue a finales de mes en condiciones dignas. Es un paliativo, pero no acabará con la pobreza.
Según el decreto del Gobierno, este ingreso será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola, cantidad que se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional (adulta o menor), hasta un máximo de 1.015 euros al mes y con un complemento de 100€ para familias monoparentales. La prestación que finalmente se percibirá será la diferencia entre los ingresos mensuales que tenga la persona o la unidad de convivencia y la renta del IMV. Por ejemplo, un hogar con cuatro personas tiene derecho a un IMV de 877 euros. Si tiene otros ingresos mensuales de 300 euros por ejemplo, la prestación mensual del IMV será de 577 euros. Con estas cantidades, es más que evidente que llegar a fin de mes para una familia de cuatro personas sigue siendo harto difícil.
¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo? Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo, cumplir un año de residencia legal en España, haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.[4]
| Renta garantizada €/mes | Adultos | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Menores | 0 | 462 | 600 | 738 |
| 1 | 700 | 738 | 877 | |
| 2 | 838 | 877 | 1015 | |
| 3 | 977 | 1015 | 1015 | |
| 4 o más | 1015 | 1015 | 1015 | |
Según el gobierno, esta iniciativa beneficiará al 5% de la población —2,3 millones de personas— y su coste rondará los 3.000 millones de euros al año. Conocidos los detalles, podemos contrastar el IMV con la realidad que pretende combatir.
Las primeras voces críticas ya se han alzado. Daniel Raventós, experto que comparecerá en la Comisión para la Reconstrucción Económica del Congreso de los Diputados, considera que el IMV puede dejar fuera al 75% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, y declara que será “no insuficiente, sino extremadamente insuficiente”. No está solo. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuestionan que el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios se realice sobre datos de renta de un año antes, lo que hace que la prestación “no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia”[5].
Efectivamente, el número de beneficiarios es escaso. En el Estado español hay 2,5 millones de habitantes en pobreza severa, y otros 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Realmente, este subsidio llegará a las víctimas agudas que ya existían producto de la anterior crisis de 2008, pero las millones de familias que han colapsado económicamente en los últimos meses no cuadran con la propuesta del gobierno. Sin olvidar que estos 3.000 millones de gasto palidecen ante los 100.000 que el gobierno movilizó hace semanas para garantizar los beneficios de quienes desconocen el concepto mínimo y vital en el disfrute de sus vidas: la banca y las grandes empresas.
Por otra parte, quienes reciban este subsidio más que vivir, tendrán que seguir luchando por sobrevivir. Una familia de 6 miembros recibirá 1.015 euros mes, es decir, menos de 170 euros por integrante. Supongamos que forma parte de ese 21% que vive de alquiler o de los miles y miles que pagan una hipoteca. También debe comprar comida, pagar agua, luz y gas, conexión a Internet para los estudiantes, ropa, calzado, probablemente algunas visitas al dentista, a la óptica…
A pesar del IMV, podemos pronosticar que las colas del hambre crecerán, los desahucios continuarán y la desesperación se extenderá. En la medida en que necesidades vitales como vivienda, educación y sanidad siguen sin estar garantizadas, y el desempleo crece exponencialmente el problema de fondo no se soluciona: la clase obrera se sigue empobreciendo. La catástrofe social a la que nos enfrentamos tiene raíces muy profundas y, aunque para los voceros del capitalismo sea tentador culpar a un virus, los responsables son humanos y fácilmente identificables.
Esconder la abundancia de la casta con caridad social no es una alternativa para los trabajadores
Marx explicó que para medir el bienestar de la clase obrera, ni el salario nominal —la suma de dinero de la nómina—, ni el salario real —las mercancías que se puede comprar con ese salario— agotaban el asunto. “El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capitalista: un salario relativo, proporcional.”[6] Marx señaló: “¿Cuál es la ley general que rige el alza y la baja del salario y la ganancia en su relación mutua? Se hallan en relación inversa. La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa.”
Lo cierto es que la validez de una teoría debe medirse al ser contrastada con la realidad y, por más que pese algunos, el marxismo supera la prueba de la práctica.
Respecto al salario nominal, desde la crisis de 2008 los salarios no crecieron, porque un incremento del 0,08% en diez años es realmente un retroceso salvaje si descontamos el aumento de la inflación[7]. En lo que afecta al salario real, el panorama es aún más desolador. Los trabajadores hemos perdido un 20% de poder adquisitivo desde la crisis de 2008[8]. Según la OIT, durante los últimos diez años en el Estado español “64.500 millones de euros anuales han dejado de estar en manos de los trabajadores.”[9] Este es el auténtico resultado de la paz social practicada por las cúpulas de UGT y CCOO. Pero hay más.
Los beneficios empresariales fueron de 475.191 millones de euros en 2016, en 2017 de 499.011 millones y en 2018 se batió un récord con ¡509.687 millones! El saqueo a la clase obrera ha sido de tal magnitud que ha modificado la distribución de la Renta Nacional: “A finales de 2007, la remuneración de los asalariados representaba el 49% del PIB y ahora tan sólo del 47%. Con el excedente de explotación bruto y las rentas mixtas brutas (el excedente empresarial) ha pasado justamente lo contrario: en 2007 su participación era del 41% y ahora es del 43%. Es decir, los dos puntos que se ha reducido la aportación de la masa salarial han ido a parar a las rentas empresariales.”
También hay un retroceso histórico en derechos sociales que, aunque no forman parte de la nómina salarial individual, beneficiaban al conjunto de la clase rebajando las facturas a pagar. El caso de la vivienda, la educación y la sanidad son paradigmáticos.
Según los datos de la PAH, desde 2008 se han producido 1.002.000 desahucios, mientras el precio de la vivienda no ha dejado de aumentar. El Sindicato de Inquilinos denuncia que desde 2013 se acumulan 250.000 desahucios a familias que no han podido hacer frente al pago del alquiler. Este es el balance para la clase obrera. ¿Y para los capitalistas? “La diferencia entre las ganancias brutas y el gasto en salarios del sector inmobiliario solo ha bajado de los 100.000 millones de euros en uno de los últimos ocho años (2015, y solo por 18 millones), con una horquilla que solo cayó por debajo de esa magnitud en los primeros años de la crisis.”[10]
Cuando estalla la Covid-19, el Gobierno PSOE-UP aprueba una serie de medidas que bautiza con el nombre de escudo social. Entre ellas está el decreto del 2 de abril que, en la práctica, garantiza las rentas de alquiler de los grandes tenedores de inmuebles, fondos buitres y banca. Algo que ha sido denunciado por el Sindicato de Inquilinos en los siguientes términos: “Otra vez, la crisis económica vuelve a azotar a las personas con menos ingresos, que en su mayoría, viven de alquiler y tienen que hacer frente a las rentas de un mercado inmobiliario desproporcionado y artificialmente inflado durante los últimos años. Con el Real Decreto 11/2020 del Gobierno da por cerrada la respuesta a la crisis de vivienda que surge con el covid-19. Pero el decreto deja fuera a muchísimas personas que no pueden acogerse a las medidas adoptadas, mientras a otras los micro-créditos les van a llevar a una situación de endeudamiento aún peor.”[11] La moratoria hipotecaria ya ha excluido a 75.000 familias necesitadas de ayuda.[12]
Otro derecho golpeado una y otra vez es la educación pública. En los últimos ocho años se han despedido más de 30.000 profesores a pesar de que el número de estudiantes se ha incrementado en un millón. Mientras tanto, la enseñanza privada concertada —mayoritariamente en manos de la Iglesia católica—, no ha dejado de crecer, llegando a recibir 15.000 millones anuales de dinero público, equivalente a un 12% del total destinado a educación.
Con la pandemia, según CCOO, en un solo mes 53.000 docentes se han quedado sin trabajo y es imprescindible contratar a 165.000 profesores para reiniciar las clases el próximo septiembre si se quiere garantizar la seguridad sanitaria y la educación presencial. Niños y jóvenes, golpeados por problemas económicos gravísimos, por la pérdida de familiares y el largo confinamiento son obligados a participar en clases telemáticas, completamente insuficientes para tener una educación de calidad y que excluyen a decenas de miles de estudiantes de familias trabajadoras. Mientras tanto, el gobierno se niega a adoptar medidas drásticas para rescatar la enseñanza pública, incrementando el gasto educativo público hasta el 7% del PIB, garantizando la gratuidad de la enseñanza pública desde infantil hasta la universidad.
Por una política de clase para combatir la pobreza y la catástrofe capitalista
Podríamos seguir con una interminable lista de datos escalofriantes sobre los recortes en sanidad, la situación de los pensionistas, las consecuencias criminales de la privatización de las residencias de ancianos…, de las que la derecha es la principal responsable, sin olvidar que el PSOE también propició estas políticas y les abrió el paso.
Por eso, la defensa de la unidad nacional que se hace desde el gobierno PSOE-UP, los halagos a los empresarios patriotas, en definitiva, la política de colaboración de clases, no sólo carece de una base real en un periodo de máxima polarización, sino que no es ninguna alternativa para los explotados y los oprimidos. Eso sí, se convierte en la coartada ideológica para prolongar la paz social o, en otras palabras, intentar suspender la lucha de clases en el momento en que es más necesaria. Los hechos son claros.
¿Que hizo Glovo con sus 7.000 trabajadores aprovechando el estallido de la pandemia. ¿Solidarizarse? ¿Mostrar humanidad? Rebajar la tarifa base de 2,50 euros por reparto a 1,25 euros. El empresario bueno existirá en otra dimensión, pero no en la nuestra. Es más, hay un riesgo de rebaja generalizada de los salarios. El mercado laboral es eso, un mercado, que se rige por la oferta y la demanda. Si el número de parados crece vertiginosamente y, si como han insinuado algunos ministros del PSOE y UP, 460 euros al mes es una cantidad que puede permitir llegar a fin de mes, la patronal recurrirá a estos argumentos y a muchos otros en su batalla por deprimir aún más los salarios.
Se está poniendo además de moda una terminología perversa: “los más vulnerables”. Pero, ¿quiénes son? ¿Los trabajadores pobres, los parados sin prestación, los inmigrantes, las familias desahuciadas, los ancianos, las mujeres obligadas a prostituirse…? Se trata de los sectores más oprimidos de nuestra clase, de una única y misma clase que engrandece su fuerza a través de la solidaridad, la lucha y la unidad. No podemos aceptar tampoco esta segmentación falsa e interesada.
La avalancha de ataques que se cierne, seamos más o menos vulnerables según las estadísticas, no se frenará firmando acuerdos con la CEOE para entregar más derechos o para financiar desde el Estado lo que deberían pagar con sus beneficios estratosféricos. Solo les pararemos con la movilización contundente y organizada. Los llamados raiders —repartidores—, ya han protagonizado manifestaciones al grito de “No somos esclavos, somos trabajadores”, porque no cobran el SMI aprobado hace meses. Igual que pasa con cientos de miles de trabajadores precarios y empobrecidos aunque sus jornadas sean de sol a sol. En cuanto los ERTE dejen de salirle gratis a los empresarios, comenzarán los despidos masivos, y serán millones. En Nissan y Alcoa nos reflejamos todos y todas.
El escudo social que se debe y se puede construir, no se puede reducir a la caridad social. Debe pasar por blindar la enseñanza y la sanidad pública con recursos materiales y humanos. Por defender a las familias, a todas las familias trabajadoras, con una medida que significaría evitar la pobreza y la exclusión: un subsidio indefinido para todos los trabajadores y trabajadoras en desempleo, hasta encontrar un puesto de trabajo, de 1.200 euros al mes (equivalente al SMI que debería incrementarse a esta cantidad). Con esta medida sí se garantizarían las palabras de Yolanda Díaz, se aseguraría poder llegar a fin de mes de forma digna.
Los recursos para aplicar este auténtico escudo social existen: los tiene la banca y los grandes monopolios, aunque salen de nuestro trabajo y esfuerzo. Aplicar una política social que acabe con la pobreza pasa ineludiblemente por medidas socialistas genuinas: nacionalizar la banca y las empresas estratégicas, bajo el control de los trabajadores. Planificar democráticamente la economía para rescatar a la gente, defender los servicios sociales, garantizar una vivienda digna y asequible, y atajar de cuajo la pobreza es perfectamente posible. Lo otro, intentar acabar con la exclusión y la pauperización creciente manteniendo la lógica del capitalismo, es una utopía.
Para arrancar mejoras, para frenar los recortes y el desempleo masivo habrá que luchar muy duramente. Al igual que nuestro sustento, nuestros derechos serán reconquistados por nosotros y nosotras mismas. Algunos dirán que los marxistas rechazamos o despreciamos la lucha por las reformas. Falso. Como decía Rosa Luxemburgo, consideramos que las auténticas reformas que hacen avanzar nuestras condiciones de vida y conquistan derechos laborales, sociales y políticos, solo se obtienen mediante la lucha de clases. Cualquier reforma siempre estará amenazada por la burguesía, e intentará eliminarla de un plumazo. Por eso las reformas son una parte del proceso de la revolución socialista, y deben servir para incrementar el nivel de conciencia, organización y combate de los trabajadores contra el sistema, no para adormecerlo y propagar la idea de que las instituciones capitalistas, sus leyes y su Estado son la única opción para mejorar la vida de la gente.
Hay que participar en cada lucha, responder a cada ataque, celebrar cada victoria y estudiar las derrotas para volver a la carga con más fuerza. Entender que es imposible reformar y humanizar el capitalismo; la experiencia de millones de jóvenes y trabajadores en este periodo generalizará esta conclusión. Necesitamos tomar la dirección de la sociedad, expropiar los medios de producción y planificar la abundante riqueza que creamos para ponerla al servicio de la mayoría. Necesitamos socialismo, el capitalismo ya ha demostrado que es un callejón sin salida.
Escrito por Bárbara Areal ·
Comisión Ejecutiva Izquierda Revolucionaria
NOTAS.
[2] https://www.publico.es/politica/renta-minima-covid-19-derecha-cambia-discurso-ingreso-minimo-vital-hilo-encuestas.html
[3] Periódico ABC, Ayuso prevé un millón de parados y disturbios sociales
si no se toman medidas arbitrarias’ de desescalada, 3 de mayo de 2020.
[4] Todos estos datos, incluida la tabla
proceden del Ministerio de Derechos Sociales. https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm
[5] Ambas posiciones se reflejan en el
artículo: https://www.publico.es/economia/emergencia-coronavirus-claves-ingreso-minimo-vital-suficiente-frente-estragos-economicos-coronavirus.html
[6] Salario, precio y ganancia. Trabajo asalariado y capital. Fundación Federico Engels. Madrid-2003. Pg.95
[7] Fuente Instituto Nacional de
Estadística.
[8] https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-espanoles-perdido-20-poder-adquisitivo-crisis-2008-estudio-20200311133712.html
[9] https://www.lavanguardia.com/economia/20200121/473013888161/salarios-espana-informe-oit-pib-datos.html
[10] https://www.publico.es/economia/salarios-devaluacion-salarial-cronifica-ganancias-empresariales-empiezan-superar-sueldos.html
[11] https://sindicatdellogateres.org/es/la-vaga-de-lloguers-lunica-alternativa-davant-un-altre-desastre-economic-com-el-de-2008/
[12] https://www.publico.es/economia/moratoria-condiciones-gobierno-dejan-fuera-moratoria-hipotecaria-75000-familias.html
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