Hace ya más de dos años que venimos explicando nuestras tesis, defendidas en la I Conferencia celebrada en Antequera, en las que, entre otras cosas decíamos que “es necesario, por tanto, sobre todo bajo un gobierno socialista como el del PSOE, que tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad, constituir un sistema único de créditos e inversiones, siguiendo una planificación científica y racional que corresponda a la defensa democrática de los intereses de la inmensa mayoría de la población y de los pequeños y medianos ahorradores e impositores de la banca. Para ello, es urgente cambiar la política económica y monetaria practicada hasta ahora. No es posible salir de la crisis utilizando los mismos mecanismos liberales que han llevado al colapso a la economía, por lo que la única política correcta sería utilizar todos los recursos financieros disponibles para la creación de un “BANCO PÚBLICO ESTATAL ÚNICO”, (con la unificación de las Cajas de Ahorros), para poner la economía al servicio de la producción y ésta al servicio de los seres humanos”. Continuábamos diciendo que “es completamente inviable que el gobierno intente convencer a la Banca Privada de que conceda créditos, cuando el sistema está completamente colapsado. A los jefes de la banca privada sólo les interesa obtener gratis los fondos del Estado para mantener sus insultantes beneficios”. (casi 18.000 millones a final de 2008 repartidos en su mayor parte entre sus accionistas a pesar de la insolvencia que ellos saben de sobra que padecen. En 2009, los beneficios netos de los dos bancos más importantes sumaron 21.351 millones de euros, es decir, 12.308 millones el BBVA y 8.943 millones el BSCH. “Nota actual del autor”). “Por ello, es urgente decretar asimismo la expropiación de los bancos privados con el objetivo de concentrar todo el crédito en manos del Estado, para gestionarlos democráticamente entre el Gobierno, los sindicatos de clase, los propios empleados de la Banca, y el conjunto de las organizaciones obreras, como la mejor forma de democratizar los recursos financieros, evitar la corrupción y la especulación”.
“De hecho, la nacionalización en la práctica de la banca se ha estado llevando a cabo de una u otra manera por gobiernos de todo signo político en todo el planeta. Desgraciadamente, se está llevando a cabo poniendo los recursos públicos al servicio de la burguesía y salvando los intereses del capital privado con los dineros de toda la población. Nosotros defendemos el paso de estos recursos al servicio democrático de la ciudadanía y bajo su control. Esta segunda modalidad, no significa ni mucho menos la expropiación de los pequeños ahorradores, depositarios, ni clientes de la banca. Es más bien al contrario, para los clientes del banco, una vez nacionalizado y democratizado esos recursos dinerarios, todos los depositantes de la Banca Pública tendrán la garantía del Estado y podrán crearse las condiciones necesarias más favorables que incluso tienen hoy y que pueden ofrecer los bancos privados que tienen totalmente atascado el funcionamiento de la economía”.
“De esa forma, una BANCA PÚBLICA ESTATAL ÚNICA, puede establecer condiciones más favorables para otorgar apoyos a los pequeños y medianos empresarios, a los agricultores, a los pequeños comerciantes, a los pensionistas, a los ahorradores, a la vez que se permitiría la inversión en los gastos sociales, vivienda, sanidad, educación e infraestructuras públicas tan necesarias dando empleo a millones de jóvenes y trabajadores”.
Desde Izquierda Socialista de Málaga, PSOE-A, hemos venido ofreciendo año tras años, propuestas alternativas a la actual dirección, explicando y defendiendo la necesidad de un giro a la izquierda que contemple verdaderas reformas sociales, como pueden ser, acometer un Plan de Inversiones públicas y mejoras sociales. Este plan debería en primer lugar desarrollar un programa de construcción de un millón de viviendas sociales, municipalizando el suelo urbano para liberar suelo barato. Para ello habría que contemplar la nacionalización de las grandes empresas constructoras, fuertemente endeudadas, para gestionarlas democráticamente bajo control obrero. La Vivienda es un Derecho de la ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos. Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas vacías, para forzar a sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la vivienda sea un medio de especulación. El Gobierno debe desconocer el valor actual de las deudas hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al valor artificial del suelo originado en el boom inmobiliario, que ahora se está derrumbando. Ninguna familia obrera debe pagar más del 20% de su Salario Familiar, para lo cual se implantará un. Plan de alquiler estatal con ofertas habitacionales que no sobrepasen el 20% del Salario familiar.
La reforma profunda que está necesitando la Educación tendría que acometerse incorporando los centros concertados a la Educación Pública, que será única, gratuita, laica, de calidad y científica, incrementando hasta un 7 % del PIB los presupuestos. Asimismo en Sanidad es urgente plantear el incremento de un 20 % de los presupuestos de la Sanidad Pública, con el objetivo a corto plazo de eliminar las listas de espera y mejorar la atención sanitaria global. Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios. Desarrollo real de la Ley de Dependencia e incremento de los puestos de trabajo del personal dedicado a la salud pública para atender dignamente a todos los enfermos.
La necesidad urgente de acometer una lucha firme contra la especulación y la corrupción exige que frente a la crisis económica, no puede eludirse la intervención del gobierno en la economía. No se pueden cubrir las pérdidas de las empresas privadas con dinero público. Es necesario la nacionalización sin indemnización de todos los especuladores que ahora declaran pérdidas y presentan Expedientes de Regulación de Empleo, poniendo en peligro miles de empleos entregando esas empresas en manos de los trabajadores con apoyo financiero y técnico por parte del Estado, para que no decaiga más la producción, sino que debe incrementarse.
Para fomentar la creación de puestos de trabajo y la producción, es imprescindible acometer un plan audaz de inversiones públicas, que contrarreste la huelga de capitales y la caída brusca de las inversiones privadas. Dado que los capitalistas españoles no invierten, se procederá a incrementar la inversión por parte del Estado en I+D+i. Introducción de la robótica y las nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en cada empresa social que lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y bajo control democrático de la gestión por los trabajadores. Para alcanzar esos objetivos es necesario tener la fuerza suficiente, junto con la voluntad política, como para arrancar de manos de la burguesía el control de los instrumentos de explotación, para convertirlos en instrumentos de producción industrial, agrícolas y de servicios y colocarlos planificada y metódicamente en acción para la producción, bajo control democrático de la clase trabajadora. La fuerza suficiente está en la clase trabajadora organizada y la voluntad política debe venir de un gobierno firme en defensa de los trabajadores.
Por lo tanto, aplicando una política sindical adecuada por el gobierno, en coordinación con los sindicatos de clase, CCOO, UGT y otros, se tendría que programar un Plan social de choque contra el paro, como cuestión prioritaria, que tenga como ejes principales: 1) Jornada laboral continua de 35 horas semanales sin reducción salarial con el objetivo de repartir el trabajo como un bien escaso. 2) Para dar paso a la juventud, jubilación a los 60 años, con contratos de relevo y fomento del contrato de aprendizaje. 3) Contra la eventualidad y la precariedad, fijo a los 15 días en puestos fijos y contratos de fijos discontinuos en puestos eventuales. 4) Plenos derechos laborales como ciudadanos, para los inmigrantes, por lo que es necesario derogar la actual Ley de Extranjería, introduciendo también cambios que favorezcan el asilo político. Alta de oficio a todo trabajador que esté prestando servicios y no esté de alta pasando a contrato fijo de plantilla.
Igualmente, para incrementar la producción y fortalecer los derechos sociales se tendría que contemplar la reestructuración de las Oficinas de empleo; El objetivo debe ser, un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al Salario Mínimo, mientras se le asigna un trabajo social, eliminando los subsidios paulatinamente al ofrecer la Administración un trabajo en base a la creación de empresas públicas.
Debe ser llevada a cabo una lucha firme contra la inflación mediante el control de precios por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y las organizaciones sindicales. A su vez se introducirá la escala móvil precios/salarios, con subidas y revisiones cada 3 meses bajo control de comités sindicales, asociaciones de consumidores y gobierno para evitar la inflación descontrolada. Unido a esa escala móvil se introducirá una Renta Básica Universal igual al salario mínimo interprofesional que será de 1.000 euros para todo trabajador a partir de los 16 años y los salarios máximo netos de altos cargos públicos y privados no superarán cuatro veces el salario mínimo, regulados a través del IRPF mediante una reforma impositiva progresiva y justa.
Lucha firme contra la discriminación de la mujer, exigiendo el cumplimiento por Ley de "a igual salario, igual trabajo", sin excepción con fuertes sanciones para los patronos que infrinjan esa legislación. Poner la economía al servicio del ser humano y no del lucro de una minoría. Para ello es completamente imprescindible acometer la nacionalización de la banca, de los latifundios de más de 200 Ha. y de los monopolios, indemnizando a los pequeños accionistas necesitados y poniendo estos recursos productivos bajo control de los trabajadores, para evitar la corrupción, los despilfarros y plantearse objetivos claro de incremento drástico de la producción.
De esta forma se planificaría democrática y científicamente la producción poniendo la economía al servicio de la sociedad, cumpliendo la aspiración del programa inicial del PSOE, que es "la completa emancipación de la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su declaración y conversión en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes", como defendían Pablo Iglesias y los fundadores del PSOE y UGT”. Este es el programa que, con el concurso, la colaboración y la lucha de las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda, en unidad de acción, podría poner las bases para salir de esta profunda recesión, de la forma más rápida y en beneficio de la clase trabajadora que es la mayoritaria en esta sociedad, que necesitamos empezar a cambiar y poner el rumbo a la construcción del verdadero SOCIALISMO.
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IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA-PSOE.A
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