El pasado 4 de octubre se producía en Grecia un contundente vuelco electoral. El giro a la izquierda en las urnas no deja lugar a dudas: más del 56% de los votos fueron a las candidaturas de la izquierda, mientras que la derecha se quedó en el 38%, con una diferencia de más de 1.100.000 votos. Tras algo más de cinco años de gobiernos de la derecha, marcados por los ataques a los trabajadores y una incesante conflictividad social -más de once huelgas generales, revueltas juveniles como la de diciembre de 2008 y multitud de conflictos sectoriales avalan esta afirmación-, el PASOK se hacía con el gobierno por mayoría absoluta tras conseguir una holgada victoria, con prácticamente el 44% de los votos, casi diez puntos por encima que la derecha de Nueva Democracia (ND), que obtuvo los peores resultados desde 1981.
Sin embargo, este cambio de gobierno se da en unas condiciones muy especiales, y no augura, pese a la contundencia de la victoria, una legislatura de paz social. Se viene de una situación de una enorme polarización política, de una fuerte movilización social -que ha sido la clave para echar a la derecha del gobierno-, de un descrédito importante de las instituciones oficiales y, a esto hay que sumarle la grave crisis que afecta a la economía mundial, y que está golpeando de forma particularmente cruda a Grecia, que ha tenido una media de crecimiento del 4% de su PIB en los últimos cinco años, aunque no por ello ha dejado de ser uno de los eslabones más débiles de la economía europea y de la zona euro.
Una economía enferma
La deuda pública de Grecia alcanza un 113% del Producto Interior Bruto (PIB), 300.000 millones de euros, y se espera que llegue al 121% en 2010. El año 2009 se ha cerrado con un déficit público del 12,7%, después de que saliera a la luz el escándalo de la manipulación de estos datos por parte del gobierno de ND, que lo había cifrado en la mitad. Los planes de rescate para la Banca por valor de 50.000 millones de euros que aprobó el anterior gobierno han contribuido a disparar dicho déficit. El desempleo, en junio de 2009, según la oficina nacional de estadística griega, estaba en el 8,6%, más de 1,3 puntos por encima que un año antes. Como siempre, quienes más lo sufren son los jóvenes, especialmente los menores de 24 años, aquejados de un 22,9% de paro.
Por otro lado, la economía sumergida representa nada menos que el 40% de la actividad económica del país, y se calcula que el Estado ha dejado de recaudar por esto unos 31.000 millones de euros anuales (El País, 6 de octubre 2009).
Frente a este panorama, el actual primer ministro Giorgos Papandreu anunció en campaña un plan inmediato de acción, el "programa de los 100 primeros días" de gobierno. En un tímido intento de evitar un enfrentamiento directo con su base social desde un primer momento, prometió congelar los precios de los servicios públicos, aumentar los salarios y las pensiones por encima de la inflación, no aumentar el IVA y dar una moratoria a los créditos difíciles de devolver a los hogares muy endeudados. Incluso habló de aumentar los impuestos "a los ricos".
La realidad, sin embargo, es que el PASOK no tenía en la agenda enfrentarse con la clase dominante y la crudeza de la crisis es la que finalmente ha marcado el ritmo y la naturaleza de las medidas. El gobierno de Papandreu, respondiendo a los mandatos de la burguesía europea que le exige "sanear las cuentas del estado", ha tenido que olvidarse de su proyectado plan de estímulo de la economía, que suponía el 4% del PIB (una inyección de 4,5 billones de dólares, con el consiguiente incremento de la deuda) y, sobre todo, ha sido empujado muy rápidamente por la senda de los ataques a los trabajadores.
Si pensaba tener, al menos, cien días de cortesía, ya habrá entendido que los tiempos están revueltos.
Plan de ajuste respondido en la calle
El 17 de diciembre, a poco más de dos meses de la victoria electoral, el PASOK se ha encontrado con la primera respuesta de los trabajadores griegos, una huelga general de 24 horas contra el plan de austeridad anunciado por el gobierno tras la alarma ocasionada en los mercados internacionales y en los gobiernos europeos, después de que varias agencias de calificación de riesgo, entre ellas Standard&Poor's, rebajaran la calificación de la deuda griega. Es decir, después de que se haya extendido la percepción del mundo financiero de que Grecia podría tener serias dificultades para afrontar los compromisos de su deuda, y ser el siguiente país (pero, no el último) tras Islandia y el emirato Dubai, en quebrar, alcanzando de lleno a la estabilidad de la zona euro y de su moneda.
La huelga fue convocada por el sindicato PAME (vinculado al KKE), hubo más de 60 manifestaciones por todo el país y afectó a amplios sectores como los trabajadores portuarios, el sector público, construcción, turismo, maestros, médicos, prensa, etc., a pesar de que la Confederación de Trabajadores en el sector privado (GSEE), con 600.000 afiliados, y la Asociación de Funcionarios Públicos (ADEDY), con 200.000, no convocaron.
El plan de ajuste anunciado, con la excusa de reducir el 12,7% de déficit público actual a un 2,8% en 2012, no deja títere con cabeza. Pretende recortar a partir de 2011 las contrataciones de funcionarios en un 80%, privatizar por valor de 2.500 millones de euros, recortar hasta un 10% el gasto social, subir hasta un 30% los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, bajar los salarios en las empresas públicas.
Aún así, la presión desde la Unión Europea y los organismos económicos internacionales continúa y se exige más: acometer una reforma en profundidad del actual sistema de pensiones, recortar más los salarios, crear más impuestos y, sobre todo incrementar el ritmo de estas medidas.
Todo esto, a pesar de que, según un estudio de la OCDE del año 2007 en Grecia el "saneamiento de las finanzas públicas ha sido sustancial".
La rabia y el descontento social aumentan. Según Angueliki Faturu, dirigente del sindicato de profesores Olme, "La situación es un drama (...) Miles de griegos se quedan cada mes sin trabajo, y las medidas económicas del Gobierno van a golpear más si cabe a la clase trabajadora. (...) Tengo la impresión de que en febrero, si no antes, veremos muchas huelgas y manifestaciones" (El País, 26 de diciembre 2009). El 22 de enero los agricultores paralizaban el país, después de una semana de movilizaciones y cortes de carreteras, ante la negativa del gobierno a acceder a sus reivindicaciones.
El anuncio por parte del PAME y del principal sindicato del sector público (ADEDY) de una huelga general para el 10 de febrero, es una muestra de que los acontecimientos pueden sucederse muy rápidamente. De hecho, es sintomático de la tensión social existente en la sociedad griega el que la dirección de ADEDY, que se negó a convocar la huelga en diciembre, amparándose en el discurso de que era necesario dar un margen de maniobra al reciente gobierno y haciéndose eco del llamamiento de Papandreu sobre la necesidad de conseguir "un nuevo pacto social" para conseguir que el país "no se hunda", menos de un mes después haya tenido que convocar a los trabajadores.
Y, efectivamente, el clima social es algo que preocupa bastante a las altas finanzas. "La presión política y social es probable", comentaba Marko Mrsnik, director asociado de S&P, "Si aumenta e impide que el gobierno persevere y éste suaviza el esfuerzo presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de la estrategia de consolidación, la calificación [de la deuda] podría sufrir una rebaja".
En este momento, todos los intentos de restablecer el equilibrio en el terreno económico por parte de los capitalistas tienen como consecuencia aumentar los desequilibrios y contradicciones en el terreno político y social. El factor de la lucha de clases es un enorme inconveniente para los planes diseñados en los despachos de estos "eficientes" y "austeros" señores.
El dilema de la UE: ¿rescatar o no rescatar?
Pero la delicada situación griega va más allá. Por primera vez desde la creación de la Unión Monetaria, en 1999, aparecen las primeras grietas, la estabilidad de la Unión Europea y del propio euro (que está cayendo respecto al dólar) están en entredicho.
La disyuntiva de la burguesía europea está en si rescatar a Grecia, mediante ayudas o avales al Estado, o dejarla caer. La primera opción significaría alejar los fantasmas de quiebra y seguir manteniendo la confianza en el euro, pero a costa de un nuevo desembolso de dinero, que agudizará la espiral de endeudamiento que vive la economía capitalista. A esto hay que sumarle un factor político, ir al rescate de Grecia significa también enviar una señal al resto de países europeos, especialmente a los más débiles, entre ellos, Irlanda, Italia o el Estado español, de que las reformas estructurales pueden hacerse más lentamente (para tratar de retrasar al máximo un enfrentamiento con los trabajadores) porque van a recibir la ayuda europea, algo que sólo significaría aplazar los ataques para que cuando se den el estallido social sea más virulento. La segunda opción tendría consecuencias económicas, sociales y políticas imprevisibles, sin descartar el terremoto que implicaría una eventual salida de Grecia de la zona euro.
The New York Times recomendaba frente a otras voces, en una información recogida en Expansion.com el 19 de enero 2010, que los países más ricos fueran al rescate de los más débiles ya que de lo contrario la crisis financiera pondría más piedras en el camino de la muy tenue recuperación económica y podría significar una recaída en la recesión. Como señalaba dicho periódico será "una tarea cara, pero que al final será más barata que el resurgimiento de otra crisis".
Otro elemento que presiona en dirección al rescate es que el 30% de la deuda pública griega está en manos de inversores extranjeros, sobre todo de bancos europeos. La banca de la principal economía europea, Alemania, se encuentra muy expuesta a los bancos griegos. Es evidente que el colapso de Grecia o de cualquiera de las llamadas economías "periféricas" afectaría de lleno al músculo principal de la economía europea y las consecuencias serían catastróficas.
Un informe interno de la propia Comisión Europea (CE), mencionado en el diario alemán Der Spiegel, afirma que se está "debilitando la confianza en el euro" y está "en peligro la cohesión de la Unión Monetaria". En esa línea el economista Roubini en el reciente Foro Económico Mundial de Davos afirmaba: "Si Grecia cae es un problema para la zona euro", pero si lo hace el Estado español "es un desastre", ya que el tamaño de la economía española, la cuarta más grande de los países del euro, haría mucho más complicada la tarea del rescate.
En realidad, cualquier medida que tome la burguesía no evitará que la UE entre en la senda más turbulenta de su historia, el capítulo griego no será más que el primero de una larga lista. La única alternativa para la clase obrera es la defensa de la unidad de Europa sobre bases socialistas, es decir sobre una economía nacionalizada y democráticamente planificada bajo control de los trabajadores.
Escrito por Miriam Municio.
6 de febrero de 2010
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