EL GUADALMEDINA Y LA PERDIZ.

Once años después se continúa mareando la misma perdiz con el cauce del Guadalmedina. La semana pasada, la Fundación CIEDES, entre cuyos patrones figuran las administraciones públicas malagueñas –central, autonómica, provincial y local–, rechazaba el informe del CEDEX (el experto organismo estatal encargado de experimentar las consecuencias que conlleva una obra pública antes de que se acometa) sobre posibles intervenciones –en las que tan empeñado sigue el ayuntamiento de Málaga– en el cauce urbano del Guadalmedina. A los que sabemos algo de esto, no nos ha extrañado. No obstante, hagamos historia porque este gobierno municipal de Málaga lo que no aguanta es una cronología y una hemeroteca.

Días antes de cerrarse las elecciones municipales de 1999, la candidata del PP, y entonces alcaldesa, Celia Villalobos, se sacó de la chistera un proyecto para embovedar el cauce urbano por donde desagua, en momentos álgidos de lluvias, el Guadalmedina. Por encima irían carreteras y avenidas con bulevares arbolados; y en su subsuelo, aparcamientos y hasta una línea de metro. El río antes de su entrada en la ciudad –olvidando la accidentalidad orográfica que nos envuelve, a diferencia de Valencia o Almería, y los materiales que portan las torrenteras cuando diluvia– se desviaba hacia la presa de La Viñuela y al Peñón del Cuervo. Con ello se presumía que se eliminaban los riesgos de riadas cuando el cielo tronase. Costaba, según dijo Villalobos, 82.000 millones de pesetas. Al día siguiente, teníamos en los buzones del censo de electores un bonito tríptico de esa Málaga transfigurada, hasta con las paradas del metro incluidas: Guadalmedina-Perchel, Rosaleda y Ciudad Jardín.

Pasadas las elecciones municipales y conseguida la mayoría absoluta por el PP, la primera vez en la etapa democrática, la Junta Electoral condenó dicha campaña por vulnerar la normativa. Demasiado tarde: daba igual porque lo que no anuló fue el resultado electoral. Tampoco nadie llegó a sentarse en el banquillo, a pesar de que esa propaganda electoral sobre el Guadalmedina había sido costeada, con ochenta millones de pesetas de dinero público procedente de la Confederación Hidrográfica del Sur, y adjudicada sin concurso a la empresa de quien hasta hacía poco tiempo había sido el portavoz del Gobierno Aznar y compañero de pupitre en la infancia, Miguel Ángel Rodríguez, que tampoco fue incurso en incompatibilidades por su reciente cargo público.

Pues bien, al día siguiente de esa presentación por Celia Villalobos y José Antonio Villegas, entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur, me prodigué en declaraciones a la prensa por mi condición de delegado de Medio Ambiente de la Junta, enmarcando dicho proyecto en la historia de la ciencia ficción, y definiéndolo como el último gran timo político del siglo XX.
Me llovieron las críticas más descomunales desde el PP. Incluso, el ente autonómico del que formaba parte, a nivel interno, me recomendó que callara y fuera prudente, a lo que respondí que mientras estuviera en mi cargo no consentiría semejante farsa dirigida a la ciudadanía malagueña, máxime cuando lo que pretendía el PP era embolsarse un puñado de miles de votos. El diputado nacional del PSOE, José Asenjo, fue al igual que yo tan incrédulo con esa obra que manifestó que dimitiría del escaño el día en que se aprobara lo contenido en ese tríptico.

Cinco años más estuvo Aznar en la Moncloa, y hasta con Villalobos como ministra, aunque ocupada en pucheros sobre las vacas locas. Ni un m3 de nada se movió para ese faraónico embuste. Ni siquiera llegaron a dictar norma jurídica a ese Plan de pacotilla para poder colgar posteriormente los proyectos. Sencillamente porque es imposible. En caso de gota fría, esa temeridad pondría en peligro la vida de 400.000 malagueños que viven hoy por debajo del área de influencia de las presas del Agujero y El Limonero.

Tampoco el actual gobierno municipal del PP, que tanta confianza tiene en ese Plan Guadalmedina, lo ha incluido en la revisión de su PGOU inconcluso, a pesar de iniciar el avance en el 2005.

Por tanto, once años después de aquel febrerillo loco de 1999 para algunos, estamos como estábamos. No ha gustado el informe del CEDEX al Ayuntamiento de Málaga. Ha trascendido el motivo. Dicen que se han tomado datos antiguos, de 1989. Qué casualidad, precisamente el año en que tuvo lugar el último gran desastre por inundaciones en la ciudad, y eso que la gota fría no se cebó, en su más feroz destrucción, en la cuenca del Guadalmedina sino en la del Guadalhorce. A lo mejor piensan que deben confiarlo a una empresa que tome los datos de un año de sequía...

Pues nada, que sigan encargando estudios, y gastando el dinero público en esos menesteres tan prioritarios en esta época de crisis económica, a ver qué osado técnico cualificado se atreve al final a firmar semejante aventura tendente a extender el espacio fúnebre de PARCEMASA.

Menos mal que en esa reunión de CIEDES, en otro apartado, se ha avanzado en poner a disposición de la Junta los terrenos para que se construya el macrohospital. Eso sí, sin que el alcalde De la Torre lo condicionara a su petición de compensaciones municipales al ente autonómico ¿Ya ha olvidado el primer edil la que lió en su viaje a Sevilla de hace tan sólo quince días? o ¿es que está dedicado a justificar a su concejala incompatible no electa del distrito Este porque estaba más abajo de la firma –del informe no firmado– el texto que le advertía de su abstención en los procedimientos de subvenciones que se daba así misma?

En esta Málaga nos insultan a diario la inteligencia porque sigue sin existir la exigencia de responsabilidades políticas. Sí, en cambio, se dan aplausos estériles a la confrontación de pandereta y se jalea partidistamente al mucho victimismo pueblerino que sólo oculta inútilmente los déficits y las ineptitudes de unos pocos.

Al pan pan y al vino vino, y al Guadalmedina a seguir mareándolo con la perdiz.

IGNACIO TRILLO *
* Ex delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía