NO SE CUMPLE EL LEMA: ”EL QUE CONTAMINA PAGA". (PARTE VII).

Viene existiendo una lucha implacable de intereses que son defendidos por las grandes empresas eléctricas responsables de estas centrales, que impiden que otras formas de energías alternativas como la solar o la eólica, más limpias y baratas, se puedan desarrollar con la celeridad que las nuevas tecnologías lo puedan permitir. Hay estudios serios de especialistas independientes que indican que la energía eólica, la solar, la mareomotriz y la producida a base de hidrógeno podrían ya producir casi la totalidad de la electricidad mundial, pero los grandes monopolios y las multinacionales petroleras presionan y condicionan las políticas energéticas de los gobiernos para que no inviertan recursos en el desarrollo de esas fuentes energéticas alternativas.


Hemos visto recientemente la expansión en el Estado español de las centrales térmicas de ciclo combinado, que son también altamente contaminantes como las de carbón, responsables de un 98% de las deposiciones atmosféricas de mercurio y otros residuos contaminantes. Se continúan fomentando los proyectos de construcción de centrales de gas que también son contaminantes y que demuestran la falta de una planificación científica de los recursos energéticos y una clara apuesta por disponer en el menor plazo posible de una utilización de energías alternativas no contaminantes, lo que se demuestra, (aunque el Gobierno Zapatero intenta tímidamente hacer creer a la población que apuesta por energías alternativas), que en el fondo, existe un freno del capital privado que demuestra la subordinación de cualquier gobierno por muy progresista que se precie, a los intereses del capital que favorecen en materia energética los intereses de las grandes compañías del sector y perjudica a los ciudadanos.


Esto quedó demostrado, como un ejemplo cruel, en el accidente producido en Aznalcóllar, el 25 de Abril de 1998, cuando una enorme riada de lava tóxica inundó el valle del Río Guadiamar y contaminó parte del Parque de Doñana. La empresa sueca Boliden ha estado años litigando con la intención de no pagar un euro, para eludir el pago de los daños, que por otra parte son realmente incalculables, pues la balsa, que albergaba millones de litros de barro con un contenido alto de metales pesados y elementos tóxicos, causó uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia de Andalucía. Más de 80 kilómetros de cauces quedaron afectados y cerca de 5.000 Ha de terreno de los municipios colindantes fueron envenenadas. Más de siete millones de metros cúbicos de lodos, que contenían zinc, cadmio, arsénico, cobre y otros productos contaminantes fueron retirados así como una mortandad de más de 30 toneladas de animales muertos se dieron como saldo aproximado en los primeros momentos.


La impunidad con la que actuó la empresa , produjo un enorme escándalo en la población que rechazaba y no comprendía, cómo salían absueltos por los tribunales de justicia algunas de las denuncias, que evitaban el pago de sanciones. Los Juzgados de Sanlúcar la Mayor y la Audiencia de Sevilla, archivaron denuncias contra la empresa y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente no estuvieron a la altura que el momento requería, porque en situaciones como esas, de claro ataque a la salud de la Humanidad, un gobierno como el de la Junta, que se dice socialista, tendría que haber actuado Políticamente, y no solo Judicialmente, decretando la Incautación de los bienes de la empresa, por ejemplo, para garantizar que la misma no se fuese de rositas, como es lo que ocurrió, pues la actuación judicial fue confirmada por el Tribunal Constitucional que acabó archivando definitivamente la causa de los dos juzgados mencionados.


Otro aspecto todavía más increíble es que los tribunales también desestimaron las demandas civiles que habían sido presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que exigieron el pago a Boliden de 150 millones de euros, cuando, nada más que en las obras de reparación del desastre, llevaban gastado ya unos 250 millones de euros y algunos técnicos calcularon que se pudo superar los 500 millones, lo que indica un robo descarado al pueblo andaluz, que a través de sus impuestos está teniendo que saldar los gastos producido por la negligencia de esa multinacional, dinero que sale del bolsillo de los más pobres.


Tanto este desastre, como el del Prestige, que comentaremos a continuación, ponen de manifiesto de forma clara y meridiana, los abusos o la complicidad que existe entre las grandes empresas y las instituciones estatales, dentro del sistema burgués de los capitales, cuyos gobiernos y la propia justicia, incluyendo todo el aparato legal, respaldan de una manera u otra al capitalista en todos los terrenos, también cuando se producen destrucciones del medio ambiente y no solamente cuando actúan en la explotación directa de la clase trabajadora.


Como la mayoría de los ciudadanos recordarán, el accidente del petrolero monocasco “Prestige”, resultó accidentado el 13-11-02, cuando transitaba con 77.000 toneladas de petróleo frente a la Costa de la Muerte, en Galicia. Tras varios días de maniobras y errores políticos, fue alejado de la costa y terminó hundido a unos 250 km de la misma.


En los momentos iniciales de la catástrofe, los responsables políticos del PP quisieron ocultar la verdadera situación. El Ministro Cañete, que se comportó de manera muy cínica como en él es habitual, llegó a asegurar que todo estaba bajo control y que aquello era un simple vertido de poca importancia. Otros altos cargos del PP echaban balones fuera y culpaban a Gibraltar de la hecatombe; El Presidente entonces de Galicia, Fraga Iribarne, que había pasado el fin de semana de cacería, no dio muestras de comparecencia hasta una semana después. La ineptitud y al improvisación de los políticos del PP permitió que el fuel fuese llegando a las costas en oleadas sucesivas. Si no llega a ser por la intervención espontánea de la población, los efectos de la catástrofe hubiesen sido mil veces mayor. De todas formas más de 60.000 toneladas de fuel destrozaron las costas no solo de Galicia, sino de Asturias, Cantabria, Euskadi y ramalazos de “chapapote” llegaron hasta Francia. El problema seguía sin resolverse porque el barco hundido, (demostrado luego a causa de la incompetencia del gobierno del PP), seguía amenazando con constantes fugas de “hilitos de plastilina”, como lo denominó el señor Rajoy.


La falta total de barcos especializados en tareas de anticontaminación y remolque, (pues no existía ninguno en todo el Estado, pese a ser un país eminentemente marítimo), produjo un enorme escándalo ante todos los países del mundo y ante los ciudadanos. Máxime cuando al hacer balance, nos encontramos que el 65 % de los desastres marítimos ocurridos en Europa en los 30 últimos años, fueron frente al litoral de Galicia. Los derrames producidos suman 300.000 toneladas de crudo, casi igual como los vertidos en el resto de catástrofes en las costas europeas.


Tanto los efectos sociales como los económicos de la marea negra, fueron una catástrofe que produjo miles de puestos de trabajo perdidos en el sector pesquero y mariscadores que dependen del mar como forma de ganarse la vida. La catástrofe pudo ser previsible, como se demuestran por los datos que aportamos:

a) Una de las características fundamentales para la seguridad marítima en el transporte de mercancías es que los petroleros deben navegar dotados de “doble casco”, pero por ahorrarse dineros, solamente “uno de cada cinco” navegan cumpliendo estos requisitos.

b) De los 7.030 petroleros que había en ese momento en el mundo circulando, la edad media era de 18 años; el Prestige tenía más de 20 años y más de un 41 % navegaban con obsolescencia.


c) Es una práctica generalizada de los armadores navegar utilizando banderas de conveniencia, que les permite ahorrar dinero, por la mayor relajación en las condiciones de seguridad de los barcos y mantienen condiciones laborales, a veces esclavistas, para las tripulaciones.

d) A mediados de los años 50 solamente un 2 % de los mercantes utilizaban banderas de conveniencias, sin embargo en los años 90 la cifra se había elevado ya a un 50 % y de los 323 buques mercantes que había en esa época en el Estado español, solamente 18, es decir, un 5 %, estaban inscritos en el registro ordinario. (¿Un buque no inscrito es un buque Pirata?)

El desastre del Prestige provocó una marea negra que causó un daño incalculable, pero a su vez, también produjo una marea de cabreo e indignación que caló en lo más hondo del pueblo gallego, produciendo una enorme ola de solidaridad entre los pueblos, pues llegaron voluntarios de todo el mundo para ayudar desinteresadamente.


El enorme abismo que se abrió entre la mayoría de la población gallega y la Xunta de Fraga y Aznar, fue la característica más destacable en el aspecto social. Para los trabajadores, la imagen de los Gobiernos dirigidos por el PP quedaba asociada fuertemente a la desidia, la incompetencia, la censura y la manipulación a la vez que a la represión y al insulto a los pueblos que acudían solidariamente en ayuda de Galicia.


La muestra masiva de descontento expresada en manifestaciones y movilizaciones fue de carácter histórico y muy importante por su aspecto de rechazo a una cierta forma de hacer política, por parte del PP, en contra de los intereses de los ciudadanos.


Ese desastre puso al descubierto el desprecio de la derecha hacia la población y su inutilidad para resolver problemas difíciles, pero asimismo, dejó al descubierto el papel real del Estado burgués y del sistema capitalista, que antepone los intereses privados a los públicos. Los que hicieron frente a la marea negra desde el principio, en ausencia total de gobierno, fueron los propios marineros, las mariscadoras, y la población voluntaria, haciendo un trabajo colosal, totalmente solos, con sus propios medios, improvisando e inventando sobre la marcha artilugios para sacar el chapapote, demostrando su creatividad, su capacidad de sacrificio y el apoyo decisivo de miles de voluntarios, de entre los que destacaban los jóvenes, que con su esfuerzo, audacia y arrojo paliaron en lo posible los nefastos efectos de ese enorme ataque a la naturaleza provocado por el ansia de lucro del capital y la negligencia del gobierno PP.


Acudieron voluntarios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países del mundo, pero nada de lo que ocurrió en el desastre del Prestige obedece a pura “casualidad”. Es falso que no fuese previsible, pues toda catástrofe de esa naturaleza tiene que ver con el negocio y el beneficio de los armadores y petroleras, como comentábamos, pues, la causa es la utilización de barcos chatarras flotantes, en mal estado, cuando tenían que estar desguasados. Es causa también de la privatización de los recursos públicos, pues la oleada de privatizaciones de los sectores claves de la economía, como las compañías de petróleo y todo el sector energético, que deberían estar en manos del Estado, por motivos de seguridad, han sido entregadas al sector privado, que no respeta ni la legislación vigente porque su objetivo es el lucro.


El capital privado lleva en la sangre la corrupción y el desprecio por los intereses de la población. Las empresas privadas hacen negocio hasta con las desgracias ajenas. Todo eso es producto del propio sistema capitalista cuyo fin es el sacrosanto beneficio y que cada día provoca peores resultados para la humanidad. Esa catástrofe del Prestige puso sobre la mesa el enorme potencial de cambio social de las masas cuando éstas se ponen en acción y hacen trabajo social en común. Fue la actitud resuelta de miles de trabajadores y jóvenes, que de forma desinteresada y ante la “incomparecencia “ del Estado burgués, ya que el Gobierno del PP actuó tarde y mal, el pueblo se enfrentó al chapapote con sus propias fuerzas, marcando el camino de que los trabajadores pueden trabajar sin patrón...

Continuará.../...

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