El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una pesadilla para la clase obrera. No es solo una emergencia social que revela las contradicciones de este sistema, que nos ahoga a millones en un pozo de empobrecimiento y ansiedad. Es también el mecanismo que facilita un formidable trasvase de plusvalía y que está configurando una parte esencial de la acumulación de las rentas más altas del Estado español e internacional.
Una expresión del parasitismo capitalista que aplasta nuestras condiciones de vida. El cinismo y la complicidad de todos los poderes públicos, incluyendo a los partidos del régimen del 78, la judicatura, las fuerzas policiales y los medios de comunicación con este robo a mano armada es nauseabunda.
La votación en el Congreso, en la que PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar el decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler y contener parcialmente las subidas de precios, ha dejado a 2,7 millones de inquilinos a merced de los caseros rentistas, los bancos y los fondos buitres que dominan el mercado inmobiliario.
Sabemos muy bien que la derecha no tiene ningún interés en defender el derecho a una vivienda digna, sino que allí donde gobiernan son los mayordomos de una oligarquía inmobiliaria que está transformando la geografía urbana de manera despiadada.
Rentismo y acumulación inmobiliaria:
El nuevo orden del capitalismo español: El Madrid del PP mira a Miami, y paso a paso se transforma en la capital de los multimillonarios latinos, estadounidenses, europeos, españoles… que se han apoderado de las partes céntricas de la ciudad, metiendo sus garras en los barrios más próximos a este vértice de oro para gentrificarlos y elevar el negocio hotelero, hostelero y de las viviendas turísticas a lo más alto.
El Gobierno más “progresista de la historia” no tiene la menor intención de enfrentarse a los poderes económicos que están haciendo el negocio del siglo con la vivienda. Esta se ha convertido en un mercado especulativo con el que bancos, fondos de inversión, grandes empresarios y amplios sectores de la pequeña burguesía se están lucrando a manos llenas.
Hablamos de un pilar del proceso de acumulación capitalista en el Estado español. Los ingresos de la especulación inmobiliaria aumentan desorbitadamente gracias a un trasvase de plusvalía formidable. Los trabajadores destinamos de media el 51,38% de nuestro salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, pero supera el 100% en ciudades como Madrid o Barcelona, según pisos.com, tomando como referencia un salario bruto medio de 2.531,04 euros mensuales.
Si tenemos en cuenta que un 37% de los trabajadores cobra el SMI o menos, la realidad supera por mucho estos datos. Millones de asalariados sufrimos la explotación laboral y generamos beneficios estratosféricos para las empresas, y encima vemos que el grueso del salario vuelve a ser absorbido por esos mismos empresarios que dominan el mercado del alquiler.
El rentismo se ha convertido en un mecanismo tan eficaz de acumulación de riqueza que solo con topes contundentes al precio del alquiler, con la expropiación de los caseros rentistas, bancos y fondos de inversión, y con la creación de un parque de vivienda pública, universal y asequible se podrá dar la vuelta a la tortilla.
En estos ocho años de Gobiernos “progresistas” no sólo no se han tomado medidas efectivas para romper con la burbuja especulativa de los alquileres, intervenir el mercado, construir vivienda pública o prohibir realmente los desahucios por ley, sino que este negocio se ha fortalecido a costa del sufrimiento de millones. Que con Ejecutivos supuestamente de izquierda la construcción de vivienda pública haya colapsado, lo dice todo.
Sus políticas capitalistas y su respeto reverencial por las leyes del mercado dejan este legado: en 2023 se construyeron 8.847 viviendas de protección oficial en todo el Estado español; en 2024, 14.371; y entre enero y septiembre de 2025 se iniciaron 11.567, un 6,4% menos que en el mismo periodo de 2024.
Mientras tanto hay decenas de miles de viviendas convertidas en pisos turísticos de los que se obtiene una rentabilidad rápida. No falta vivienda, lo que sobra es especulación y parasitismo. Las viviendas existen, pero son utilizadas como mercancías al servicio de los beneficios privados y no de las necesidades sociales.
Intervenir el mercado del alquiler y construir vivienda pública:
Eso se puede, pero no quieren. El Gobierno del PSOE-Sumar en ningún momento ha querido enfrentarse a la banca, los fondos de inversión y los grandes propietarios inmobiliarios. Porque intervenir el mercado de la vivienda significaría atacar una de las fuentes de ganancia fundamentales del capitalismo español.
Eso es lo que este Gobierno se niega a hacer, aunque eso signifique ir en contra de su base social. Necesitamos un programa que apunte al corazón de este mercado especulativo y que debe incluir, entre otras, las siguientes medidas:
1.- Expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de bancos, fondos buitre, especuladores y caseros rentistas para que, junto con las que están bajo el control de la Sareb, se pueda constituir un parque público de más de 2 millones de viviendas para alquiler social, y que este no sobrepase el 20% del SMI.
2.- Este parque de vivienda pública universal debe estar bajo control y gestión democrática de inquilinos y sindicatos, asambleas y colectivos de la vivienda implicados en la lucha.
3.- Establecer un tope inmediato a todos los alquileres que suponga una rebaja inmediata del 50% en la media de los precios actuales.
4.- Establecimiento de contratos indefinidos de alquiler que protejan a los inquilinos. Prohibición de cláusulas abusivas, con sanciones ejemplares a los caseros infractores.
5.- Expropiación sin indemnización del suelo urbano y urbanizable en manos de fondos de inversión, bancos y especuladores. Expropiación de las grandes inmobiliarias y empresas de la construcción y creación de una red estatal de empresas públicas de la construcción en todos los territorios, bajo control obrero.
6.- Prohibición del alquiler turístico o de temporada en zonas con déficit habitacional.
7.- Prohibición real de los desahucios por ley.
8.- Autodefensa vecinal y obrera contra los escuadristas fascistas de “Desokupa” y su negocio inmobiliario. Ninguna de estas medidas vendrá de acuerdos parlamentarios ni de negociaciones de despacho. La historia nos ha enseñado que los derechos se conquistan con la lucha organizada.
Por eso necesitamos levantar un plan de movilizaciones que transforme el movimiento de la vivienda en la punta de lanza de un conflicto social de envergadura.
No es suficiente una gran manifestación anual, ni huelgas de alquileres dispersas. La obligación de los sindicatos de inquilinas y de la vivienda, y de todos los movimientos sociales y organizaciones que participamos en esta lucha, es impulsar una campaña masiva para que los sindicatos de clase convoquen una huelga general que paralice el país, y que ponga como reivindicación central un plan de choque de construcción de dos millones de viviendas públicas, en alquiler social y la rebaja del 50% del precio medio del alquiler de manera inmediata.
Tenemos fuerza para dar un nuevo paso al frente y conquistar el derecho a una vivienda digna, pública y universal.
POR UNA HUELGA GENERAL PARA CONQUISTAR UNA VIVIENDA PÚBLICA Y UNIVERSAL
ESCRITO POR MARINA MATA.
SINDICATO DE ESTUDIANTES.
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