EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F ¿ESTABA EL REY INFORMADO?

Mañana se cumplen los 32 años en elque un grupo de franquistas intentaron hacer retroceder la rueda de la historia hacia la guerra civil. Reproducimos el trabajo histórico publicado hace unos años, para que nos sirva de reflexión, dado que como dijo el clásico” los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla”. 

“Se cumple el anversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Al igual que el 3 de marzo de 1976, cuando la policía asesinó a cinco obreros en Vitoria, o la "Semana de Enero" de 1977, que culminó con el asesinato de cinco abogados laboralistas de CCOO y del PCE a manos de la ultraderecha el 23-F ha quedado gravado en la memoria popular como uno de los acontecimientos más destacados de la llamada "Transición democrática". Pero mientras que los dos primeros, reflejando el pulso ascendente de la lucha de la clase obrera en los primeros meses y años a la muerte del dictador, estuvieron a punto de desencadenar un proceso revolucionario abierto en el Estado español –sólo evitado por el papel de freno ejercido por las direcciones del PCE y del PSOE–, el 23-F, en cambio, dejó asomar el peligro de la contrarrevolución, una amenaza mortal para las libertades democráticas recién conquistadas por la clase trabajadora de nuestro país.

Hoy, veinte años después, gran parte de la trama golpista continúa sin salir a la luz. Los medios de comunicación de la burguesía, los militares y guardias civiles implicados, los políticos burgueses y, lo que es peor aún, los dirigentes obreros del PSOE y del PCE de entonces, se han puesto de acuerdo para tejer una tupida y oscura cortina en torno a este asunto que, como mínimo, pone en cuestión el papel del Estado burgués y, muy particularmente, el que jugaron en aquellos momentos los cuerpos represivos (ejército, Guardia Civil, policía y servicios secretos), así como el papel de la monarquía como salvadora de la democracia.

El ambiente social en vísperas del golpe.-

Cinco años después de la muerte de Franco, el ambiente social había experimentado un cambio profundo respecto al que se vivía sólo unos años antes. En los años 76 y 77 se respiraba un ambiente prerrevolucionario en todos los rincones de la sociedad. Por eso, todas las energías de la burguesía, desde la caída de la dictadura, habían estado encaminadas hacia la utilización de los dirigentes obreros para salvar al capitalismo español y restaurar poco a poco su control sobre la sociedad. Los efectos de esta política por parte de las direcciones obreras tuvieron efectos dramáticos, frustrando las aspiraciones de la clase obrera que buscaba un cambio profundo de la sociedad. Desde la caída de la dictadura, los trabajadores, las mujeres y la juventud habían confiado completamente en sus dirigentes. A regañadientes, dieron por buena toda la política de "consensos, de apretarse el cinturón, de hacer sacrificios para salvar la democracia", en la esperanza de que todos estos esfuerzos sirvieran para algo, para garantizar una vida digna para sus familias y una esperanza en un futuro mejor.

La crisis económica que se cernió sobre los países capitalistas en aquellos años, empeoró aún más la situación. El fenómeno del paro masivo (un 20% entonces), desconocido apenas unos años antes, cogió desprevenidos a los trabajadores y actuó como un látigo sobre su conciencia. La inflación (un 16%) se comía los salarios, y cada lucha, la mayoría de las veces, era derrotada.

Todas estas experiencias tuvieron un efecto dramático. Al igual que entraron, centenares de miles de obreros, mujeres y jóvenes se fueron apartando de la lucha política y sindical, cansados y desorientados. La afiliación política y sindical cayó en picado. Aquéllos fueron años de un profundo reflujo en la actividad política y sindical de las masas, una época de "semirreacción" a todos los niveles de la sociedad.

La debilidad del gobierno de UCD.-

El gobierno de UCD (Unión de Centro Democrático), una amalgama de grupúsculos burgueses, carecía de mayoría absoluta en el Parlamento. La dramática situación económica exigía medidas drásticas para salvaguardar los intereses de los capitalistas, pero Suárez (presidente del Gobierno) comprendía que un intento de lanzarse a un ataque frontal contra las condiciones de vida de las masas podría tener consecuencias imprevisibles. Por esta razón tenía que estar recurriendo constantemente a una política de parches que no satisfacía a nadie, ni a la clase obrera ni, por supuesto, a la burguesía.

La impotencia del Gobierno de Suárez en el terreno económico provocó un creciente malestar en el seno de la clase dominante.

A la crisis económica, que engendraba todo tipo de tensiones sociales, había que añadir la úlcera permanente de la cuestión nacional, sobre todo en Euskadi. Los militares hacían llegar su descontento al gobierno por la amenaza de una descomposición del Estado español. El aumento de los atentados de ETA, cuyas acciones se cebaban en los militares, policías y guardias civiles ayudaban objetivamente a dar argumentos a la reacción sobre la necesidad de un gobierno fuerte para acabar con el terrorismo.

Al mismo tiempo que la actividad etarra, aquellos años vieron la venenosa irrupción del terrorismo de las bandas fascistas, alimentadas por sectores del aparato del Estado y del sector más abyecto y desesperado de la burguesía. Al menos varias decenas de trabajadores, jóvenes y miembros de la izquierda abertzale cayeron a manos de estas hienas del gran capital. El preso de ETA Arregui murió después de las salvajes torturas a que fue sometido por la policía. También fueron numerosas las palizas y agresiones recibidas por decenas de jóvenes y trabajadores a manos de estos matones, compuestos en su mayoría por hijos de militares y fascistas, policías, guardias civiles y lúmpenes. Decenas de locales obreros fueron atacados e incendiados.

La represión policial aumentaba en todas partes. Varios trabajadores y jóvenes fueron también asesinados a manos de la policía y la Guardia Civil en manifestaciones o en plena calle.

Los dirigentes obreros, lejos de llamar a la movilización de masas para aplastar a las bandas fascistas, tarea que hubiera sido relativamente fácil, hacían "llamamientos a la tranquilidad, a "no dejarse provocar", etc., lo que envalentonaba aún más a estos grupos y a la represión policial.

Toda esta situación fue la auténtica causa de la crisis permanente de UCD y del gobierno Suárez durante esos años.

Las conspiraciones golpistas y la dimisión de Suárez.-

Esta situación de callejón sin salida en la que, por un lado, la lucha de los trabajadores no desembocaba en ningún desenlace definitivo o estaba semiparalizada y, por otro lado, la burguesía era incapaz de asegurar el orden en la sociedad y mostraba constantemente su debilidad, creaba una situación de desgobierno e inestabilidad, situación que se profundizó, sobre todo, a comienzos de 1981.
Quien mejor expresaba esta situación era la casta de oficiales del Ejército y la Guardia Civil, así como los mandos de la policía. Estos estaban compuestos, en su gran mayoría, por elementos claramente reaccionarios y fascistas, que odiaban a muerte a la clase obrera y a sus organizaciones. El ejército, y por medio de él la casta de oficiales, representa el brazo armado de la burguesía. Pero cuando ésta da síntomas de incapacidad para asegurar la estabilidad del sistema, los oficiales se sienten llamados "a poner orden y salvar a la patria, ante la incapacidad de los políticos".

En España, a diferencia de los países de nuestro entorno, el aparato del Estado había adquirido una cierta independencia en su actuación durante el franquismo con respecto a la burguesía, lo que demostraba la debilidad de esta última. Y no siempre los intereses de aquél respondían a los que convenían a la burguesía en cada momento. El problema es que la burguesía no podía prescindir de este aparato porque lo necesitaba intacto para mantener a raya a la clase obrera ante cualquier eventualidad.

La casta de oficiales del ejército, la policía y la Guardia Civil, así como los altos representantes de la judicatura eran los mismos que estaban durante la dictadura. El aparato del Estado jamás fue purgado de elementos fascistas y reaccionarios y, lo que es más vergonzoso, en ningún momento los dirigentes del PSOE y del PCE exigieron su depuración.

Por eso toda la Transición fue un hervidero de conspiraciones y rumores golpistas. Ya en el 78, dos altos mandos de la Guerdia Civil y del Ejército, Tejero (posteriormente, uno de los cabecillas del golpe del 23-F) y Sáenz de Ynestrillas, fueron descubiertos cuando planificaban un golpe de Estado, al que llamaron Operación Galaxia. El aspecto más importante de esta operación fue la gran cantidad de oficiales que sabían todo con respecto a la conspiración y que, sin embargo, no dijeron nada a las autoridades. La escandalosa puesta en libertad de estos dos conspiradores meses más tarde no hizo sino animarles a seguir en esta misma línea.
Realmente, la burguesía era la menos interesada en aquellos primeros años, después de caída la dictadura, en un golpe de Estado, pues sabía muy bien que, tarde o temprano, podría desembocar en una explosión revolucionaria de las masas.

Paradójicamente, los dirigentes de los partidos obreros no hacían otra cosa que intentar asustar continuamente a las masas con "el peligro de la involución y del golpismo" si los trabajadores iban demasiado lejos en sus luchas. Todo ello, para justificar su nefasta política de colaboración de clases con la burguesía.

Sin embargo, la situación se hacía cada vez más tensa a principios de 1981. El agotamiento y la impopularidad del centro se acrecentaba cada día más. El aislamiento de Suárez en el seno de la UCD y el desprecio que suscitaba en los sectores decisivos de la burguesía y del aparato del Estado es lo que le llevó a dimitir a principios de febrero. En una encuesta realizada por la revista Cambio 16 en aquellos días, un 59% de los encuestados estaba de acuerdo con la dimisión y un 26% pensaba que tenía que haber dimitido antes ¡Nada menos que un 85% de la población estaba en contra del dirigente de UCD en el momento de su dimisión! Resulta por tanto, esperpéntico y bochornoso que en estos momentos se intente reescribir la historia alabando a Suárez y a la UCD, cuando ambos abandonaron la escena de la historia odiados y despreciados por millones de trabajadores y jóvenes.
Es en este contexto cuando se produce el intento de golpe de Estado más serio de todos las proyectados durante la Transición, el golpe del 23 de febrero de 1981.

El golpe del 23-F y las causas de su fracaso.-

Mientras se estaba votando la elección de Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno de la UCD, en sustitución de Suárez, unos doscientos guardias civiles, dirigidos por Tejero, ocuparon el Congreso de los Diputados a punta de metralleta. Al mismo tiempo, el general Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle en Valencia, asumiendo el control de la ciudad, y prohibiendo los partidos y sindicatos obreros.

No cabe ninguna duda de que los principales jefes militares y los servicios secretos del CESID estaban al tanto de los preparativos del golpe, incluyendo al círculo íntimo del Rey, en la persona del general Armada, uno de los estrategas del golpe, acérrimo monárquico y tutor de Juan Carlos en su juventud, y candidato en aquellos días a presidir la Junta de Jefes del Estado Mayor del ejército. Recientemente, el ministro de Defensa de la época, Oliart, reconocía en una entrevista en El País, que al menos 4.000 militares, policías y guardias civiles participaron directa o indirectamente en el golpe. ¿Cómo se puede explicar que una conspiración de tal magnitud pasara desapercibida para el Gobierno y sus servicios secretos?

De hecho, la actitud ambigua del Rey en las primeras horas del golpe alimentó la idea del apoyo real a los golpistas entre un sector del ejército que no sabía si sumarse o no. No deja de ser sorprendente que, mientras que Tejero entró en el Congreso a las 6,20 de la tarde, Juan Carlos no saliera públicamente en televisión pronunciándose contra el golpe ¡hasta pasadas las 12 de la noche! Ahora muchos intentan justificar la actitud del Rey afirmando que la Televisión permaneció ocupada por los militares hasta última horas de aquella tarde-noche, pero se olvidan de añadir convenientemente que el Palacio de la Zarzuela (residencia del monarca) dispone de su propia infraestructura autónoma de emisión por televisión, precisamente ideada para este tipo de situaciones excepcionales.

La chispa que aceleró el golpe, probablemente, fue la repentina dimisión de Suárez (los golpistas pensaban utilizar como justificación la incapacidad de Suárez y la necesidad de deponerlo de sus funciones), aunque tambien influyeron las investigaciones del caso Arregui, que implicaban el peligro de una depuración de la policía. En base al fermento en las dependencias de la policía y la crisis del gobierno, los golpistas adelantaron sus planes para el día 23 de febrero.

La intención de Armada y Milans del Bosch era la de presentar al rey un hecho consumado. Los elementos vacilantes del ejército se unirían al golpe una vez que el rey declarase su apoyo. La participación clave de Bosch y Armada, ambos conocidos monárquicos y amigos de Juan Carlos, garantizarían al apoyo del rey.

El grado de conocimiento que el rey habría tenido del golpe es difícil de saber. Pero es impensable que no sabía nada del asunto. Como mínimo, está claro que ya había habido discusiones en la camarilla del rey sobre la posibilidad de una intervención del monarca y del ejército para "salvar a la patria" en un momento decisivo.

Probablemente Armada y Bosch estaban engañados por el comportamiento ambiguo del rey, que compartiría todas sus opiniones sobre la situación de desorden del país. Según un artículo del periódico inglés The Times publicado el 12 de febrero de 1981, es decir, once días antes del golpe, el rey había mandado a los miembros de su camarilla preparar hacía meses un estudio de precedentes constitucionales europeos, con el fin de ver cómo se podía desempeñar el papel de árbitro estipulado en el artículo 62 de la Constitución.

La idea de un gobierno fuerte como alternativa a la situación que vivía el país, había sido estudiada durante meses. Es posible que Juan Carlos, inicialmente, expresase su interés en esta idea. Lo cierto es que, tanto Milans del Bosch como Armada, estaban convencidos de que el rey iba a apoyar la formación de un gobierno militar. La total confianza de los golpistas, en cada momento de su operación, indicaba que Tejero también estaba convencido del apoyo real.

Hubo claros indicios de que Armada estaba en contacto con Juan Carlos en la tarde del día 23. Noticias de una entrevista misteriosa entre el rey y Armada, alrededor de las cuatro de la tarde, aparecieron en la prensa burguesa. Aunque el contenido preciso de la reunión nunca ha sido aclarado, parece ser que fue en este punto cuando el rey decidió no sumarse a la conspiración. Así, en el momento de la verdad, Juan Carlos vaciló y se opuso al golpe. Privados de la necesaria cobertura legal, en la forma de apoyo del rey, los golpistas entraron en crisis. Las Capitanías generales de Sevilla, Zaragoza y Valladolid no se sumaron al golpe, como se había previsto. Armada intentó echarse para atrás, pero ya era tarde y el golpe se abortó en pocas horas.

Estos acontecimientos de-muestran que la monarquía, independientemente de las características individuales de Juan Carlos, no es una broma, sino un poder.
No cabe duda de que Juan Carlos actuó de una forma bastante inteligente. Si se hubiese sumado al golpe, o simplemente mantenido en silencio, esto hubiera significado el fin de la monarquía, después de la inevitable reacción de las masas de la clase trabajadora contra el mismo. Paradójicamente, la monarquía salió fortalecida del fracaso del mismo.

Así pues, si el golpe fracasó, no fue debido a las convicciones democráticas de Juan Carlos, sino porque los sectores decisivos de la burguesía comprendieron que era prematuro, y se corría el riesgo de provocar un enfrentamiento con la clase trabajadora que resultaría muy peligroso para la burguesía y, por esa razón, movilizaron todos sus resortes durante las 6 horas que mediaron desde el asalto al Parlamento hasta la aparición del rey por televisión para poner fin a la aventura.

Frente a las figuras esperpénticas, como Tejero y otros, entre los organizadores del golpe existía un consenso para organizar un gobierno de carácter bonapartista, similar a la dictadura de Primo de Rivera de 1923, con la inclusión en el mismo de militares y civiles. Uno de los hechos más escandalosos del asunto fue la filtración posterior de una entrevista, celebrada días antes del golpe, entre Armada, Enrique Múgica y Raventós (dirigentes del PSOE entonces) donde, al parecer, se valoró la necesidad de un Gobierno fuerte, con la participación militar y la inclusión de miembros de UCD y el PSOE en el mismo, para "salvar el país". Esto demostraba lo lejos que había llegado la degeneración de determinados miembros de la dirección del partido, su pérdida de horizonte político y su identificación con el Estado burgués, al prestarse a este tipo de enjuagues que podrían haber tenido dramáticas consecuencias para la clase obrera y sus organizaciones. Posiblemente estos socialdemócratas miopes imaginaban seriamente que la mejor forma de evitar un golpe de estado era metiendo a los militares en el gobierno.

Aunque la clase obrera fue cogida por sorpresa por el golpe, algunos núcleos de la misma, guiados por un certero instinto de clase, llegaron a la conclusión, ese mismo día, de la necesidad de las armas para defenderse de los golpistas. Esto sucedió en algunos pueblos jornaleros de Andalucía, como Badolatosa, Lebrija, Maracena, Chauchina y otros, donde se organizaron partidas de vigilancia en los accesos del pueblo, mientras que los vecinos se intercambiaban escopetas de caza y cartuchos, y entre sectores de los mineros asturianos. A pesar de la confusión y de que las máximos dirigentes sindicales no dieron ni una sola consigna, durante esa tarde-noche, hubo paros y asambleas en decenas de empresas (en Gijón, Avilés, Santander, Álava, Sevilla, Navarra, Barcelona y Madrid) y en Cataluña CCOO tenía previsto convocar la huelga general al día siguiente del golpe.

Las manifestaciones que recorrieron todo el país el día 26 de febrero, convocadas formalmente por todos las partidos para protestar contra el intento de golpe, pero cuyo contingente fundamental estaba formada por trabajadores y sus familias, fueron las más multitudinarias de toda la historia. Más de tres millones de personas participaron en las mismas. Madrid, con un millón y medio, y Barcelona, con medio millón, fueron las más numerosas.

El juicio del 23-F.-

El juicio del 23-F, que duró varios meses, dejó claro que la justicia militar, con la complicidad del gobierno, no pretendió jamás ir hasta el fondo del asunto. Sólo fueron condenados a penas significativas los cabecillas: Armada, Milans y Tejero, los cuales diez años más tarde ya estaban en libertad o yendo sólo a dormir a la cárcel. Las decenas de implicados, militares y civiles, fueron condenados a penas simbólicas o absueltos.

La actitud tranquilizadora de los dirigentes, negándose a movilizar a la clase trabajadora y a la juventud con cada asesinato y tortura de los cuerpos represivos y de los fascistas, no hacía más que envalentonar a estos últimos y a los elementos claramente reaccionarios de la casta militar.

Así, varios meses después, cien oficiales del ejército y la Guardia Civil publicaron un manifiesto donde manifestaban su "comprensión" a los golpistas y se pronunciaban contra la democratización del ejército y a favor de la "autonomía con respecto al poder político". La única respuesta de Calvo Sotelo fue catorce días de arresto domiciliario para unos pocos.

Como una muestra más de las continuas provocaciones de la ultraderecha y de la casta militar, el 23 de mayo un grupo de fascistas, compuesto por guardias civiles y lúmpenes, asaltaron la sede del Banco Central en Barcelona tomando más de un centenar de rehenes y exigiendo la libertad de los detenidos en relación al 23-F. Nunca se quiso aclarar la auténtica identidad de los asaltantes, que quedaron en libertad en su mayoría después de ser detenidos por los GEO.

Las conspiraciones golpistas no acabaron el 23-F. En plena campaña electoral, poco antes de octubre de 1982, fue descubierta otra conspiración para dar un golpe de Estado el día antes de las elecciones del 28 de octubre. Obviamente, todas estas conspiraciones fueron abortadas por la burguesía por las mismas razones por la que abortaron el 23-F: el miedo a una respuesta revolucionaria de la clase obrera que, a pesar del reflujo aparente en el movimiento obrero, no olvidaba los cuarenta años de dictadura franquista.

La experiencia del 23-F destila numerosas enseñanzas para la clase obrera y sus organizaciones. El hecho de que una sola persona, el rey Juan Carlos, tenga consagrado por la Constitución la jefatura y la obediencia personal de los mandos del ejército, es algo que debe de llenar de preocupación a todos los activistas del movimiento obrero. El que la burguesía abortara aquel golpe de Estado, porque no era el momento, no significa que no intente recurrir a él en otras circunstancias donde vea amenazada su existencia y sus privilegios. Mientras que un puñado de cien familias ricas siga controlando el poder y la riqueza de este país, como ocurre ahora, nunca estaremos a salvo de conspiraciones golpistas. Sólo un gobierno compuesto por los partidos de la clase obrera sería capaz de llevar a cabo una depuración de los órganos del Estado, nacionalizando la Banca y las industrias claves del país, sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores, para impedir que los grandes capitalistas puedan utilizar sus recursos fabulosos contra la mayoría del pueblo que somos la clase trabajadora.(...)

Revista Marxismo Hoy Nº 9. “La Transición”. ¿Qué ocurrió realmente”. (Fragmento).

Editada por la Fundación Federico Engels.
(Si estás interesado en su adquisición consulta en: http://www.fundacionfedericoengels.org/

EGIPTO: Segundo aniversario de la caida de Mubarak. El Gobierno islamista en la cuerda floja.

Pan, libertad, justicia social es la consigna que sigue sonando en las calles egipcias, dos años después de la caída de Hosni Mubarak. Como no podía ser de otra forma, el segundo aniversario de la Revolución se está celebrando con masivas manifestaciones contra el Gobierno del islamista Mohamed Mursi.  Movilización que, de nuevo, pone en la picota a éste, continuando así la oleada de lucha iniciada en noviembre. En las regiones ribereñas del Canal de Suez el Gobierno impuso el estado de emergencia, pero tuvo que retirarlo en la práctica porque no consiguió parar la lucha.

En el momento de escribir esto una masa se dirige hacia la comisaría de policía de Tanta con la intención de tomarla. Allí fue donde murió, brutalmente torturado, Mohamed el Gendi, activista de la Corriente Popular (naserista) detenido en la Plaza Tahrir. Mohamed es un mártir más; desde el 25 de enero, aniversario de la caída de Mubarak, ha habido cincuenta muertos y miles de heridos, en una sangrienta represión que no tiene nada que envidiar a la del dictador. El vídeo de Hamada Saber, manifestante desnudado y apaleado por la policía, ha llegado al último rincón de Egipto; aunque en televisión exculpó a los policías, posteriormente reconoció haber sido presionado para hacerlo. La represión se ceba especialmente con las mujeres, que nutren en gran parte las manifestaciones; la policía permite la incursión de decenas de lúmpenes armados con navajas que atacan en particular a las manifestantes, pensando equivocadamente que así provocarán su deserción de la lucha… Como fuerza auxiliar de represión, los salafistas han anunciado la creación de una Policía Blanca para enfrentarse a la juventud en primera línea de la movilización. Pero toda esta salvaje represión, lejos de amedrentar a las masas, socava aún más la posición del Gobierno.

La mayoría de los egipcios tiene razones para seguir protestando. En muchos aspectos, la situación es igual o peor que en los últimos años de la dictadura. La pobreza ha aumentado (la previsión es que haya superado el 25% en 2012). Un indicativo es el problema del pan. Aunque el precio del pan está subsidiado (no varía desde 1980), por miedo a estallidos sociales aún mayores, a la mayoría de la población este pan subsidiado no cubre todas sus necesidades; a lo largo de los años, este producto básico ha ido cayendo en calidad y densidad, para mayor negocio de las panificadoras. Las peleas en las largas colas ante las panaderías están a la orden del día. La promesa de Mursi de obligar a las panificadoras a incrementar el valor calórico del pan es una más de sus promesas incumplidas.

El dato oficial de paro refleja una tendencia al alza: del 11,8% en el segundo semestre de 2011 al 12,6% en el de 2012. Los salarios son muy bajos, así la media del de un empleado público (el Estado emplea al 25% de la fuerza laboral) es de 700 libras egipcias al mes, absolutamente insuficientes para alimentar a una familia de cuatro miembros; desde el principio de la revolución los sindicatos luchan por un salario mínimo de 1.200 libras, y Mursi prometió en vano establecer un sueldo mínimo legal. Y toda esta situación, pese a que el PIB aumentó un 2,5% el año pasado.

Otro problema acuciante es la inflación. Oficialmente fue del 10% en 2012, pero afectó sobre todo a productos imprescindibles como el fuel, que como el resto de productos importados aumenta brutalmente de precio por la rápida devaluación de la libra. A cambio de un rescate similar a los practicados en los países del Sur europeo, aplicado en este caso por el FMI, el Gobierno se ha comprometido a liberalizar los precios de pan, fuel y otros productos básicos, lo que desatará la inflación y la hambruna. El miedo a la consecuente agudización de la lucha actual es lo que de momento ha impedido que Mursi adopte estas medidas.

Insurrección en Port Said.-

Esta vez uno de los focos de la lucha ha sido Port Said, el acceso al Canal Suez desde el Mediterráneo. La casualidad ha querido que el aniversario de la revolución coincidiera con la condena a muerte de 21 acusados por la llamada tragedia del Estadio de Port Said. Hace un año, en el estadio de fútbol, la agresión a aficionados del club cairota Al Ahli, por parte (aparentemente) de hinchas del local Al Masri, y la consiguiente avalancha, ocasionaron 74 víctimas. Esta sentencia ha incendiado la ciudad, que lleva (en este momento) cinco días de insurrección. Una multitud intentó asaltar la comisaría donde estaban presos 15 de los condenados. A pesar de que el Gobierno anunció el 4 de febrero la vuelta de la normalidad, y la reapertura de las oficinas estatales, 24 fábricas de la ciudad, que emplean a 35.000 trabajadores, seguían paralizadas, según Al Ahram (principal periódico egipcio). Los tanques controlan los accesos a Port Said, pero no pueden evitar la continuidad de las manifestaciones. De hecho, Mursi declaró el estado de emergencia de las 21 a las 6 horas, prohibiendo la formación de grupos en la calle… pero luego tuvo que rebajarlo al tramo entre la 1 y las 5 horas, que es lo mismo que reconocer su fracaso. 39 personas han muerto en la lucha callejera, desde el anuncio de la sentencia.

‘No me cabe duda de que aquella masacre’ (la del estadio) ‘fue planificada, no fue algo perpetrado por los hinchas de Al Masri. Fue una conspiración. Hubo gente de fuera que vino a provocar violencia. Y la policía se quedó plantada sin hacer nada por evitar las muertes’, indica Sherif Masrou, amigo de varios manifestantes asesinados por la policía (elpais.com, 2-II-13). Todos los indicios apuntan a una maniobra para alentar el enfrentamiento y desviar la atención, apartar la diana del régimen, y utilizar la ‘violencia de grupos incontrolados de jóvenes’ para justificar medidas represivas. Se da también la circunstancia de que muchos de los hinchas de Al Ahli participaron en primera línea en el derrocamiento de Mubarak, con lo que también podría haber un móvil de eliminación de revolucionarios, disfrazada de ‘batalla entre hinchadas’. Nueve de los responsables policiales de la seguridad del estadio fueron imputados… pero curiosamente ninguno ha sido condenado.  Los 21 aficionados condenados son una cabeza de turco. Los habitantes de Port Said hacen bien en no fiarse de una justicia corrupta y de un régimen continuista del de Mubarak. A día de hoy, los responsables policiales y políticos de la brutal represión de los últimos días de la dictadura, de los 850 muertos, se pasean por las calles. El mismo Mubarak, condenado a cadena perpetua, ha conseguido la anulación de su juicio. Una promesa incumplida más de Mursi. Y no sólo eso. Durante los primeros cien días del mandato del hermano musulmán, se contabilizaron 34 muertos en comisarías, y 88 detenidos sometidos a torturas, así como varios casos de violaciones (english.ahram.org, 24-I-13). La corrupción del aparato estatal es el sustrato de la explosión en este puerto mediterráneo. Como comenta Yeryis Greiss, abogado de mártires de esta lucha: ‘Port Said es un símbolo de la revolución. La naturaleza de la gente de Port Said es valiente, somos guerreros, no nos pueden doblegar. Ni lo pudo hacer Mubarak ni lo podrá hacer Mursi’.

Las contradicciones del Gobierno… y de la oposición.-

La marea de lucha que recorre Egipto es difícilmente contrarrestable. El Gobierno utiliza todas las bazas a su disposición. Puesto que la represión sólo acrecienta la rabia, intenta basarse en los sectores más atrasados, criminalizando a los manifestantes. En los últimos días se desarrolla una campaña contra una supuesta agrupación, el Black Bloc. Independiente de que realmente exista o no, es evidente que a cuenta de él los islamistas pretenden justificar sus medidas represivas. Sus medios de comunicación señalan a todos esos jóvenes que se tapan la cara con pañuelos, trapos o capuchas negras (lo cual es habitual en cualquier país donde manifestarse implica arriesgar la vida, especialmente si eres identificado, y donde es recomendable evitar los efectos de los gases lacrimógenos; y hay que recordar que incluso hay sospechas de utilización de variantes del gas mostaza por parte de la policía). Por otra parte, intentan movilizar a su magra base social; así, apenas cientos de salafistas se manifestaron, el 25 de enero, contra la oposición, y Gamaal al Islamiya (grupo integrista de tradición terrorista, responsable del asesinato del presidente Anuar el Sadat en 1981) intentó organizar una provocación reaccionaria el día 8, pero ha debido traspasar su manifestación de ‘respaldo a la legitimidad del presidente Mursi’ al 15, para no chocar frontalmente con las masas revolucionarias.  Mientras intentan aislar sin éxito al sector más decidido de la juventud, y mostrar en la calle su apoyo social (con menos éxito todavía), hacen llamamientos a acabar con la revolución. En un reciente discurso, el primer ministro Hisham Kandil llamó a parar las protestas, dejar las reivindicaciones y los cánticos, y ponerse a trabajar, por supuesto ‘para que la revolución pueda satisfacer todas las demandas’. Demagógicamente, condenó la violencia policial, para más adelante explicar que ‘si hay errores, hay que corregirlos, pero la policía es una institución nacional’. También instó a la oposición a ‘construir el país’ ignorando diferencias ideológicas. Mientras tanto, el ministro de Defensa, general Abdel Fatah al Sisi, afirmó que ‘el país se encuentra al borde del colapso’ e, intentando jugar la baza de la mediación bonapartista, exigió al Gobierno y la oposición que se pongan de acuerdo. Sin embargo, Mohamed Beltayi, uno de los dirigentes de los Hermanos Musulmanes, se pregunta ‘¿Qué está esperando [Mursi] para intervenir?’. ‘Es su deber parar todo esto a través de todos los medios que proporciona la Constitución y la ley, incluida la declaración del estado de emergencia’ en todo el país. El ariete de la lucha en las calles crea fisuras y abre brechas en la muralla de la reacción, fragmentándola…

 

Mientras tanto, el grueso de la oposición, nucleada en torno al Frente de Salvación Nacional, se debate entre mantener al menos cierta ligazón con el movimiento actual, haciendo de portavoz político de él, y respetar las limitaciones de su programa político y de su carácter burgués y pequeñoburgués, renuente a la lucha y proclive al acuerdo con el régimen actual. Dentro del Frente quien ostenta la mayor presencia en la calle es la Corriente Popular de Hamdin Sabahi, sin embargo éste cede gran parte del protagonismo a los grupúsculos burgueses de Mohamed el-Baradei y Amro Musa. El país, gran valedor de estos últimos, decía el 26 de enero: ‘Mientras algunos movimientos de jóvenes revolucionarios apuestan por intensificar las movilizaciones callejeras con la finalidad de forzar la dimisión de Mursi, la oposición con vocación institucional busca más bien un giro radical en la política del Ejecutivo’.

Intentando aprovechar las contradicciones del Frente, Mursi le llamó a dialogar. El Frente lo rechazó, exigiendo previamente la retirada de la Constitución aprobada (aunque sólo por el 20% de la población registrada) y la formación de un Gobierno de unidad nacional. Una proposición que, aunque no fue aceptada (al menos de momento), implica la disposición a permitir un escape al islamismo, y a colaborar con él en el mantenimiento del Estado burgués, de la misma forma que el Gobierno de coalición islamista-burgués-socialdemócrata de Túnez (hoy en crisis por la movilización obrera). No sólo eso. El 31 de enero, tras una semana de movilizaciones masivas, y con el Gobierno de Mursi (en palabras de El país del 1-II-13) ‘acorralado’, un sector del Frente (básicamente, El-Baradei) firma un infame acuerdo con el Gobierno, de ‘renuncia expresa a la violencia’. Un acuerdo que lava la cara del régimen, que iguala la violencia policial y la resistencia de tantos jóvenes dispuestos a arriesgar su vida para que la revolución dé un paso más…

En abril están programadas elecciones parlamentarias. Las anteriores (las primeras, del invierno de 2011-12) fueron anuladas por los jueces. El Frente amenaza con el boicot si no se anula la Constitución y se forma un Gobierno unitario. Pero de la mano de grupos burgueses de escasa implantación popular, aunque bien considerados en las cancillerías del imperialismo (que los ven como buenas bazas a jugar si la reacción islamista se quema), es imposible estimular la movilización necesaria para que caiga el presidente Mursi. Ni para que la revolución avance, dotándose de un programa socialista, anticapitalista, única forma de garantizar pan, libertad, justicia social. En este sentido, la ruptura de la Corriente Popular con estos grupos sería un paso adelante, si va acompañado de una orientación clara hacia el movimiento obrero y hacia ese programa, y del abandono de su defensa de una economía mixta.

La Revolución continuará su recorrido, influida por la gravedad de la crisis mundial, y también por el proceso mundial hacia enfrentamientos decisivos con el capital. Khaled Alí, candidato vinculado a los sindicatos independientes, en las elecciones presidenciales del verano, y vetado por el régimen, se expresa así: ‘Si Mursi sigue adelante con el tipo de reformas que ha aprobado hasta ahora, será depuesto antes de que acabe su mandato. La revolución no ha alcanzado sus fines. Acabar con Mubarak fue sólo un primer paso. Y el pueblo no va a parar hasta que se efectúen cambios de verdad’. Y, en estos cambios, el precio y la calidad del pan es un buen termómetro. Khaled insiste en que el pan es la motivación de todos los grandes movimientos egipcios desde 1977. Cuando Mursi liberalice su precio, y el de otros productos básicos, seguramente su suerte estará echada. Pero la de la Revolución depende de más, depende de un programa adecuado y de una organización dispuesta a defenderlo hasta el final.

Escrito por Ulises Benito.- 

GRANADA: Huelga indefinida de los trabajadores de basura.

Hace dos años los trabajadores de la empresa Inagra, concesionaria del servicio de recogida de basuras, aceptaron firmar un acuerdo en el que se asumía una reducción salarial del 7,5% con el fin de evitar el despido de 90 trabajadores. Sumada a la congelación salarial de 2009, los trabajadores perdieron en total un 8,3% de poder adquisitivo. Esta fue la salida “realista” que en aquel momento ofrecieron las direcciones sindicales. 

Dos años después, envalentonada por la reforma laboral, y amparándose en una supuesta reducción de la concesión de 3,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Granada (que tiene el 20% de las acciones de Inagra), la empresa volvió al ataque durante la negociación colectiva. Esta vez exigía una nueva reducción salarial del 5% entre 2012 y 2013, y la ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales (lo que implicaba eliminar los descansos). Lo que buscaba la empresa era mantener intacta su tasa de beneficios, cargando los recortes del ayuntamiento sobre los hombros de los trabajadores.
 

El conflicto se inició el 7 de enero, con un seguimiento de prácticamente el 100% de la plantilla, y rápidamente adquirió una gran repercusión. Tanto, que se ganó no sólo la simpatía de los trabajadores, si no también del pequeño comercio, que se pronunció públicamente en un comunicado de sus asociaciones cargando contra el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, acusándole de promover el conflicto laboral, pues ya existía un acuerdo entre el gobierno local y la empresa y, por tanto, no era necesario una reducción del presupuesto para la concesión.
 

En este contexto, y ya con más de 1.500 toneladas de basura, los medios de comunicación locales y estatales iniciaron una ofensiva ideológica y llenaron sus páginas de noticias sobre las repercusiones económicas que tendría la huelga sobre una ciudad turística como Granada. El día 16, la patronal aireó las nóminas de los trabajadores, planteando que sus condiciones laborales (que habían sido producto de años de lucha) eran demasiado buenas. Inagra era consciente de que la tasa de paro de Granada es elevadísima (la tercera de España) y pretendía dividir a la clase trabajadora granadina, presentando a los trabajadores como privilegiados e inflexibles. A partir de ahí las presiones se elevaron. El Gobierno central intervino ofreciendo todo su apoyo al alcalde cuando éste amenazó con recurrir al ejército (Tribunamunicipal.es, 16/01/13) para solucionar el problema de la basura.
 

Pese a ello, ese mismo día la asamblea de trabajadores votó no a la nueva propuesta de la empresa: reducción salarial del 2,5% y congelación salarial hasta 2015. Finalmente, el 20 de enero, los trabajadores aceptaron la firma de un acuerdo muy similar al anterior.

Había fuerza para ganar.-

Si los trabajadores aceptaron esta oferta no fue porque “se ha explicado con más detenimiento para que todo el mundo conozca las pérdidas, pero también las ventajas de ese acuerdo”, como lamentablemente afirmó Martín Ángel Ruiz, de la dirección de UGT en Inagra. Si se ha aceptado este acuerdo se debe a que los dirigentes sindicales han renunciado a mantener la lucha hasta el final. En lugar de llegar a un acuerdo lesivo para los intereses de los trabajadores, el comité de empresa tenía que, basándose en la demostrada determinación de luchar de la plantilla, haber planteado un plan de lucha llamando a la solidaridad del resto de trabajadores, formando comités de apoyo en todos los barrios, realizando asambleas en los barrios, en otras empresas en lucha y en la universidad, repartiendo masivamente hojas explicativas al conjunto de la población, y finalmente, organizando una huelga general provincial de todos los servicios de limpieza, que incluyera entre sus reivindicaciones la municipalización sin indemnización de estas empresas bajo control de los trabajadores. De esta manera se habría podido contrarrestar toda la campaña de intoxicación informativa lanzada por el ayuntamiento y la patronal, y se habrían sentado las bases para una victoria.

Escrito por Manuel Abelleira.- 

¿Puede existir el capitalismo sin corrupción? Sólo los defensores del sistema pueden creerlo.

En estos días hemos asistido a la explosión del caso Bárcenas, la trama de corrupción desvelada desde las páginas de El Mundo y El País, en la que se apoyaba la supuesta financiación ilegal del PP en los últimos veinte años, así como el cobro de sobresueldos de dinero negro procedente de empresarios, especialmente contratistas, por parte de miembros de la más alta dirección del partido, incluido el presidente del gobierno Mariano Rajoy.  

 Todo esto se desprende de los ya famosos papeles de Luis Bárcenas (el que fuera tesorero del PP durante 18 años hasta su implicación en el caso Gürtel) filtrados a la prensa, en los que se recoge la supuesta contabilidad “B” del PP.  La veracidad de estos documentos cobra mayor fuerza cuando algunos dirigentes del PP, como García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal Escuza han reconocido como ciertos los apuntes contables en los que aparece su nombre. Pero, ¿es el caso Bárcenas un hecho aislado, o refleja algo más sobre lo que la corrupción  representa dentro del funcionamiento habitual del sistema capitalista?

Poder económico y poder político; dos caras de la misma moneda.-

En su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin aborda un hecho incuestionable a la luz de la crisis actual, que el Estado capitalista y los gobiernos representan directamente los intereses de los grandes monopolios económicos, en los que el capital industrial se encuentra totalmente fusionado con el capital financiero. Lenin recurre a una cita del economista alemán Jeidens para subrayar esta verdad: “la unión personal de los bancos y la industria se completa con la unión personal de ambos con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración son confiados voluntariamente a personalidades de renombre así como a algunos funcionarios del Estado, los cuales pueden proporcionar no pocas facilidades en las relaciones con las autoridades…”.
 

Basta observar la carrera profesional de la mayoría de los miembros más destacados de los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, tanto socialdemócratas como de derechas, para evidenciar los vínculos directos entre el poder económico y el político. Personas que, cuando terminan sus servicios en el aparato del Estado, pasan a ocupar posiciones de mando en las grandes empresas privadas, revelando la fusión completa del aparato estatal con los grandes monopolios. Algunos ejemplos procedentes de las filas socialdemócratas son: Felipe González en Gas Natural, Javier Solana en Acciona, Elena Salgado y Pedro Solbes en Endesa. Por parte del Partido Popular, igual: José María Aznar en Endesa, Ángel Acebes en Iberdrola, Ana Palacio en HC Energía, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato en Telefónica… Una lista que asciende a centenares de nombres

Las empresas dominan a través de sus testaferros.-

Volviendo al caso Bárcenas, los papeles hechos públicos hasta ahora señalan que hasta 7,5 millones de euros fueron entregados al PP en donativos de empresarios. Echando un vistazo rápido podemos ver, por ejemplo, la relación directa entre los donantes que aparecen y las concesiones para la construcción de hospitales, encargados por los gobiernos del PP a distintas constructoras. En esta lista de donantes aparecen, entre otros, Luis de Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehermoso; Juan Miguel Villar Mir, ministro durante el franquismo y actual presidente de la constructora OHL; o José Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, el que fuera ministro de Interior en el gobierno de Aznar, y presidente de FCC. Estos tres donantes aportaron, según los recibos encontrados, 1.075.000 euros; sin embargo, los cobros que estos tres donantes obtuvieron de canon por las concesiones hospitalarias que lograron a treinta años, ascienden a 1.767,6 millones de euros. En total, las constructoras reseñadas en la lista Bárcenas tenían al menos ¡¡6.600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones!!
 

Lo que el caso Bárcenas pone sobre la mesa es precisamente ese saqueo constante de las arcas públicas por parte de multinacionales que imponen su poder económico utilizando el poder político como brazo ejecutor. Lo que en esta ocasión aparece como un escándalo “ilegal”, es lo que “legalmente” se produce un día tras otro dando lugar a negocios espectaculares de las grandes empresas con los administradores del dinero público a través, por ejemplo, de la privatización de la sanidad y la educación pública, del pago de cientos de miles de millones de euros en el pago de intereses de la deuda, o, simplemente de la licitación de miles de concursos a empresas privadas de todo tipo.
 

Los testaferros del capital en el gobierno, en todo caso, actúan ahora con mayor impunidad si cabe. Lo ocurrido con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, que dimitía recientemente como consejero de Unilabs, la empresa que bajo su mandato consiguió la gestión de los análisis clínicos de Madrid tras la privatización, impulsada por él mismo, de dicho servicio, es un claro ejemplo. Igual que las decisiones políticas de privatización de hospitales en Madrid o Castilla- La Mancha, adoptadas por Ignacio González y Cospedal respectivamente, que pueden hacer ingresar a la multinacional CAPIO, primer operador privado de la salud pública española y cuyos beneficios provienen ya en un 70% de dinero público de las CCAA, la friolera de 400 millones de euros anuales.

¿Se puede regenerar “democráticamente” el Estado capitalista?

Marx y Engels se refieren en El Manifiesto Comunista al gobierno del Estado como  “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Los grandes bancos y los monopolios tienen lazos muy estrechos con los gobiernos nacionales y están íntimamente relacionados con el Estado que los protege, subvenciona y les proporciona importantes mercados para sus productos.
Los últimos casos de corrupción no hacen más que desnudar esta realidad que la burguesía intenta que pase totalmente desa-percibida, para así salvaguardar de forma más eficaz sus intereses como clase. A la burguesía le gusta parapetarse en instituciones con apariencia neutral, pero escándalos como el del Caso Nóos y la reciente imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por su presunta implicación en la trama liderada por Iñaki Urdangarín y Diego Torres, a través de la cual captaban y posteriormente desviaban fondos públicos, llaman la atención sobre lo que realmente representan las instituciones fundamentales del Estado para la defensa de los intereses del capital, y su entrelazamiento completo.
 

Este carácter de clase del Estado es el que convierte en imposible que, lo que viene siendo una parte inherente del funcionamiento del capitalismo, se pueda solventar con “medidas de control” que puedan tomar las propias instituciones capitalistas. Parlamento, órganos judiciales… De hecho, el famoso Tribunal de Cuentas, mencionado hasta la saciedad por los miembros del PP en las últimas semanas para así tratar de justificar que su contabilidad se ajusta a la ley, está formado por consejeros designados por los propios partidos políticos y especialmente por aquel que cuenta con la mayoría en el Parlamento. Así se entiende que, entre los miembros de este “alto” Tribunal figure Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar. Pero por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas analiza las finanzas de los partidos a cinco años, ¡y los delitos prescriben a los cuatro años! El propio Ubaldo Nieto,  expresidente del Tribunal de Cuentas, ¡aparece como donante del PP en las notas contables de Bárcenas!
 

Otro tanto sucede con la llamada Ley de incompatibilidades, que obliga a los miembros del gobierno y los altos cargos de la administración del Estado a hacer públicos sus bienes y patrimonio, exige dedicación exclusiva al cargo político, y establece limitaciones patrimoniales; pero los límites de esta Ley son evidentes partiendo de la base de que se acepta que se tengan intereses privados en el sector vinculado a su cargo público, y que además la declaración de bienes y patrimonio tiene el carácter de voluntario en el caso de las parejas o cónyuges.
 

No falta tampoco quien desde la derecha, concretamente Cospedal, propone demagógicamente que los parlamentarios no tengan salario y vivan de su actividad profesional. Esto lo dice la misma Mª Dolores de Cospedal que cobra al año 240.000 euros por ser secretaria general del PP y por ser presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Que nadie se lleve a engaño. Detrás de estas propuestas está el intento de hacer de la representación política un coto exclusivo de las élites, como sucedía en la España del siglo XIX, en la que solo los grandes propietarios podían ser electos parlamentarios o concejales. Y es esto precisamente lo que, de una u otra forma, la derecha pretende, vetar la política a la clase trabajadora y garantizar de hecho el poder para quienes controlan la economía de manera más directa, como sucede en EEUU, donde con la medida aparentemente democrática de que las donaciones para las campañas electorales son públicas, se ha legalizado de hecho la presión de los lobbys que financian con cantidades multimillonarias a los dos grandes partidos.
 

La única manera de luchar contra la dictadura del capital financiero y su dominio de la política, contra la podredumbre de las instituciones y la corrupción generalizada, no es apelando a una supuesta “regeneración democrática” impulsada, parece ser, por los mismos partidos que aceptan a pies juntillas las reglas del capitalismo. La vía es otra: luchar de manera consciente y organizada para acabar con el poder de los grandes monopolios, expropiando a la banca, a las multinacionales, poniendo las palancas fundamentales de la economía bajo el control democrático de la mayoría de la población; y poner fin a una representación política que es un fraude antidemocrático, sustituyéndola por la democracia directa, socialista, en la que todos nuestros diputados y concejales sean elegibles y revocables en todo momento, y en la que ningún representante pueda tener un salario mayor al salario medio de un trabajador. El ser social determina la conciencia, y no se puede defender ni representar a la clase trabajadora, a la mayoría de la sociedad, viviendo como un burgués, o siéndolo directamente.

Escrito por Beatriz García.-

DE MALA EDUCACIÓN.

Los presupuestos del PP para 2013 benefician a los centros concertados del "clan de los púlpitos" y perjudica a los centros públicos.  Esta derechona cavernícola y reaccionaria del PP quiere reflotar los valores caducos y rancios de la ideología franquista en las aulas. 

Desde I.S. siempre hemos defendido una educación pública, de calidad, laica, científica y gratuita para los hijos de los trabajadores, pero desde la llegada del PP al gobierno ha supuesto un paso atrás para la educación pública, que la quieren deteriorar para luego privatizarla. El PP ve la enseñanza solo como un  NEGOCIO, mientras que la izquierda defendemos la educación como un Derecho y nos oponemos al adoctrinamiento religioso en las aulas. Los rezos deben hacerse en los lugares adecuados, en las  Iglesias, las  Mezquitas,  Las Sinagogas o en los lugares que cada religión considere y pagado por sus feligreses, pero no en las aulas públicas. 

Pero el Gobierno del  PP, empujado por el clan de las sotanas, impulsa el modelo educativo franquista para implantarlo con la LOMCE de Wert, porque pretende una educación para ricos y otra para pobres. De esa forma, los tienen recursos podrán acceder una Enseñanza de élite para los hijos de la burguesía, pero el  resto quedarán apartados.

La ideología reaccionaria del PP reintroduce el peso del modelo de la dictadura franquista a las aulas y restaurará el modelo masificado y segregado de antaño,  “los niños con los niños, las niñas con las niñas” y los puestos importantes para los hijos de los banqueros y el resto al “pelotón de los torpes”. 

Con la LOMCE que trae el Ministro Wert, la educación reproduce y perpetúa la división entre la clase capitalista y al clase trabajadora, pero la lucha de Estudiantes, Padres y Profesores no lo vamos a consentir. 

¡¡WERT DIMISIÒN JUNTO A TODO EL GOBIERNO PP¡¡

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN.

IZQUIERDA SOCIALISTA DE MÁLAGA-PSOE-A

is-psoe.malaga@terra.es

           

MÁLAGA: ¡¡NO A LA REPRESIÓN SINDICAL EN SERUNIÓN.ELIOR¡¡

 

Readmisión inmediata de Juan Carrasco y el resto de trabajadores despedidos!
 

La empresa Serunion, filial del grupo internacional Elior, explota concesiones administrativas de los servicios de cafeterías, cocinas, comedores de colegios, hospitales y otros organismos e instituciones públicas, además de gestionar también estos servicios en empresas privadas. Cuenta en todo el estado con alrededor de 2.800 centros y con una plantilla de unos 17.000 trabajadores que atienden diariamente a más de 360.000 usuarios y clientes. Una empresa que obtiene beneficios multimillonarios, pero que no duda en despedir trabajadores y sindicalistas para aumentar su cartera de resultados.

El chantaje de la empresa: despidos y ERTE.

El pasado mes de noviembre, Serunion presentó al Comité de Empresa en Málaga la propuesta de despedir a 15 trabajadores o aceptar un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), para las cafeterías del Hospital Civil, del Hospital Materno, del Carlos Haya y en la del Hospital de la Axarquía.
 

Una vez conocida por la plantilla de las cuatro cafeterías en Málaga la propuesta de la empresa de forma oficial, el Comité de Empresa convocó asambleas por centro de trabajo. En estas asambleas, celebradas por separado, cada centro propuso una serie de medidas a la empresa, con la idea de que si ésta aceptara las propuestas del centro del trabajo en cuestión, éste quedaría fuera del ERTE. Una vez realizadas, se convocó para el 18 de enero una asamblea conjunta de todos los centros. En la misma los compañeros y compañeras del Comité de Empresa nos informan, primero, que la Administración había rechazado el ERTE presentado por la empresa; y, segundo, que ante la propuesta ofrecida a la empresa por parte de los trabajadores de la cafetería del Hospital Civil de no cobrar los días festivos en dinero sino en descanso y, además, de ofrecerle la reducción de jornada de una compañera por cuidado de un menor, la empresa había planteado que además de eso querían una reducción salarial del 5%, tal y como habían ofrecido los compañeros de la cafetería del Hospital Materno Infantil.
 

El compañero Juan Carrasco, delegado de la sección sindical de CGT en Serunion, intervino en dicha asamblea planteando que no debíamos aceptar los planes de la empresa, que no debíamos aceptar ni un despido, ni ningún ERE, ningún ERTE y tampoco ningún tipo de recorte en nuestros salarios, puesto que la empresa seguía obteniendo beneficios y además estaba en expansión recibiendo la adjudicación de muchos comedores de colegios. Juan Carrasco argumentó que los ataques a la plantilla estaban totalmente injustificados, además de que eso no era garantía para que la empresa detuviera ahí los recortes y despidos, que para afrontar esta situación era fundamental la unidad de todos y todas, tanto sindicatos, como el Comité de Empresa y la plantilla teníamos que estar unidos y trabajar juntos para parar estos ataques. Muchos de los trabajadores presentes aplaudieron la intervención del compañero y mostraron su acuerdo con nuestro planteamiento y con comentarios del tipo que esa era la pura verdad y el camino para mantener nuestras condiciones de trabajo y nuestros empleos.

La reacción de la empresa: despido fulminante de tres trabajadores, entre ellos el compañero Juan Carrasco.
 

Un nuevo caso de represión para amedrentar a la plantilla.

Al haber quedado patente en dicha asamblea que los trabajadores no íbamos a aceptar los ataques de la empresa, el 29 de enero la empresa reaccionó con el despido de tres trabajadores alegando razones organizativas, productivas y económicas. Los trabajadores despedidos pertenecen a la cafetería de Carlos Haya, una trabajadora de la cocina central del Hospital Materno Infantil y el compañero Juan Carrasco perteneciente a la cafetería del Hospital Civil, quien ya había sido despedido varios años antes, siendo delegado de CCOO, ganando su readmisión contra la empresa por represión sindical.
 

Estos despidos están totalmente injustificados y no tienen otro fin que amedrentar a la plantilla. En su propia página web, la dirección de Serunion alardea de lo bien que le va: en el año 2011 obtuvo una facturación de 333 millones de euros. Serunion está teniendo beneficios y además aumentando su volumen de negocio, siendo beneficiaria de más concesiones administrativas.
 

En este contexto de crisis del capitalismo, con cerca de seis millones de trabajadores en el paro, las empresas quieren aumentar los beneficios a costa de despedir y reducir las plantillas de trabajadores. Nos condenan al desempleo, siendo prácticamente imposible encontrar otro trabajo  para poder sustentar a nuestras familias. Por todo ello, el único camino que nos queda a los trabajadores es la unidad y la lucha por defender el pan de nuestros hijos. Desde la sección sindical de CGT Serunion, en nuestro compromiso para defender los intereses de toda la plantilla y la calidad de los servicios a los usuarios, vamos a poner todas nuestras fuerzas y recursos necesarios para echar atrás estos despidos totalmente injustificados. Vamos a dar a conocer a todos los trabajadores y ciudadanía en general estos abusos e injusticias; vamos a apelar a la unidad a todos los sindicatos, especialmente a CCOO y UGT de Serunion, de Málaga y de todo el Estado. Y vamos a lanzar una campaña de movilizaciones, acciones y solidaridad con los compañeros despedidos hasta conseguir su readmisión inmediata.

Sección sindical de CGT-Serunion Málaga.

(Para solidarizarse con los despedidos, y exigir su readmisición,  remitir la siguiente Resolución)

 

Resolución
¡Por la readmisión inmediata de los trabajadores despedidos
y de Juan Carrasco delegado de CGT en la empresa!
¡Basta de represión sindical en Serunion!

A/Att. de Antonio Llorens Tubau, presidente de Serunion
A/Att. de Alberto Navarro, director de RRHH de Serunion

Los abajo firmantes, exigimos la inmediata readmisión del compañero Juan Carrasco, delegado de la sección sindical de CGT en Serunion, al igual que del resto de los trabajadores despedidos en Málaga. Estos despidos son la respuesta de la empresa para quienes no aceptan sus recortes, y forma parte de una práctica antisindical que ya es habitual por parte de la dirección de Serunion. De hecho, Juan Carrasco ya fue despedido por los mismos motivos en el año 2007 siendo delegado sindical de CCOO, y la empresa perdió el juicio siendo obligada a readmitirlo en su puesto de trabajo.

Es completamente inaceptable, que la dirección de Serunion despida de nuevo, impunemente, a Juan Carrasco, o a cualquier trabajador, por el único hecho de defender las condiciones laborales de la plantilla y oponerse a los despidos o a los EREs cuando la empresa está obteniendo grandes beneficios.
 

Por todo ello exigimos la inmediata readmisión de Juan Carrasco y de todos los trabajadores despedidos en Serunion Málaga, y nos comprometemos a dar la máxima difusión a este ataque a la libertad sindical en nuestros centros de trabajo.

(Nombre y apellidos / Centro de Trabajo / Afiliación Sindical / Localidad)

e-mail: serunion@serunion.elior.com         Fax: 932 289 559