El
número de parados ha subido en
septiembre respecto a agosto en 79.645 personas. Esto sitúa el paro en
4.705.279 personas que quieren trabajar y se les niega ese Derecho fundamental.
Desde septiembre de 2011, el desempleo se ha incrementado en 478.535 personas,
el 11,32% más. El número de afiliados a
la Seguridad Social cayó en 86.174 personas en septiembre con respecto al mes
anterior. Esto sitúa el total de adscritos al sistema en 16.809.803. En cifras
absolutas, el paro azotó más en Andalucía, con 29.028 puestos
de trabajo destruidos, un 2,83 %, lo que sitúa en
1.055.109 el número total de inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).
En
Málaga, el dato de paro del mes de
septiembre, es el segundo peor de toda la serie histórica, sólo por detrás de los 5.585 que se
registraron en ese mes en el 2010. La comparación interanual revela además la degradación
que sigue sufriendo la clase trabajadora malagueño, que suma 15.926 parados más
que hace un año por estas mismas fechas, alcanzando un total de 196.981
parados.
Respecto a los datos provinciales,
el paro subió en el mes de septiembre en todas las provincias, encabezadas por
Cádiz (4,49%) y seguida por Huelva (4,55%), Jaén (4,05%), Granada (4,03%),
Málaga (2,54%), Córdoba (2,43%), Almería (1,90%) y Sevilla (1,03%). En cifras
interanuales, el desempleo aumentó un 16,25% en Córdoba, seguida de Sevilla
(14,68%), Jaén (14,10%), Granada (12,10%), Cádiz (11,07%), Almería (9,47%),
Málaga (8,80%) y Huelva (7,59%).
La solución al paro, a la miseria,
a los recortes, al hambre, a los ataques
en Sanidad, Educación, Servicios sociales y falta de inversiones, que producen
este paro forzoso y la explotación de unos seres humanos por otros, pasa por
plantear y luchar por conseguir una alternativa al sistema capitalista, como
están reclamando las masas con sus luchas y protestas, que expresan el rechazo
rotundo a las políticas de derechas del PP y están escandalizadas e
“indignadas” con las prebendas que favorecen a los empresarios, los
especuladores y a los defraudadores que son amnistiados y favorecidos por el
Gobierno de Rajoy.
Lo que las masas las masas expresan con sus
luchas, es que las direcciones
sindicales y políticas mayoritarias rompa definitivamente con la burguesía y se
dispongan a dar un giro a la Izquierda con una estrategia general, tomando y
ofreciendo posiciones claramente de defensa de los trabajadores que
correspondan con los deseos expresados por la ciudadanía, rechazando de plano
la política liberal de recortes sociales y ataques sistemáticos a los menos
favorecidos que está llevando el Gobierno.
La forma más positiva de hacerle frente al PP es fortaleciendo el
movimiento de masas, conquistando cada vez más democracia participativa,
fortaleciendo el poder de las bases para avanzar en las conquistas que
necesitamos en las luchas sociales que se abren en este periodo convulsivo que se nos presenta.
Tenemos que articular las condiciones suficientes y necesarias que nos
permitan conseguir una auténtica transformación social, que nos haga avanzar
hacia una auténtica democracia, rechazando la involución ultra-derechista que desarrolla
la clase dominante y nos está imponiendo el
reaccionario gobierno central del PP.
Esa profundización de la democracia desde las bases, así como la
explicación del nuevo programa, que represente un giro a la izquierda, para
ofrecer una salida a la clase trabajadora,
puede fortalecer a las izquierdas, una vez que sea asumida como propia
la alternativa por la juventud, los trabajadores, los sindicatos y las
organizaciones sociales, que restablezca la plena confianza de la mayoría de la
sociedad que son los asalariados y las capas más desfavorecidas por la crisis.
Para desarrollar esta táctica unitaria y organizativa de las izquierdas, el
mejor camino que podremos poner en práctica pasa por basarse en la lucha
organizada de la clase trabajadora haciendo un llamamiento general a la lucha. Es preciso plantear una Huelga general, como han
convocado los sindicatos en Portugal,
que debe ser secundada solidariamente en el Estado español por todas las
fuerzas sindicales, para el 15 de Noviembre, y exigir a la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) que se
generalice la Huelga Continental de 48
horas para que la burguesía retire todos los ataques y si no cede, entonces, abrir una mesa de debate en cada
país, empezando nosotros entre los representantes de la Coalición PSOE-IU en
Andalucía, para invitar a los sindicatos
UGT y CCOO a debatir y llegar a entendimientos recogiendo sus reivindicaciones
para marchar todos juntos en la lucha, en defensa de un programa genuinamente
socialista hacia la Huelga General Indefinida, exigiendo la Dimisión del
Gobierno del PP.
Es preciso también abrir el diálogo, invitando al resto de sindicatos,
partidos y organizaciones de izquierdas, para pasar a la ofensiva, en defensa
de un genuino programa socialista, desconfiando y rechazando las exigencias de
la política burguesa impuesta por el golpe de estado financiero internacional
que está dispuesto a someter y esclavizar a la clase trabajadora eliminando las
libertades y los derechos conquistados con tanto esfuerzo y sacrificio por
nuestros padres y abuelos.
Ese mecanismo de unidad puntual en la acción tendría que ir acompañado de
un llamamiento a organizarnos más y mejor, luchando decididamente por la
aplicación de un programa que represente la transformación socialista de la
sociedad, que tendría que
contemplar como mínimo los siete puntos
fundamentales que siguen, acompañados por el modelo de financiación que sería
imprescindible para poder llevarlo a cabo:
1)
Lo principal es desarrollar un Plan
de choque contra el paro.
Con el objetivo de repartir el trabajo como un bien necesario y escaso la
jornada laboral pasará a ser de 35 horas semanales. Para combatir el desempleo y dar paso a la
juventud, la jubilación pasará a ser a los 60 años, fomentando el contrato de
relevo y de aprendizaje. Combatiremos la
precariedad y la eventualidad haciendo que los contratos sean fijos o fijos
discontinuos a partir de los 15 días. La
lucha contra la discriminación de la mujer será prioritaria, exigiendo el
cumplimiento por ley de “a igual trabajo igual salario, con fuertes sanciones
para los patronos que violen la Ley.
Todos los ciudadanos tendrán plenos derechos laborales, tanto inmigrantes
como nativos, por lo que la derogación de la actual Ley de Extranjería será de
urgencia y se legislará con cambios favorables al asilo político. Para defender los puestos de trabajo se
legislará para nacionalizar las empresas en crisis pasándolas a propiedad del
Estado bajo control de los trabajadores y dándoles apoyo financiero. Se decretará un salario social universal del
80 % del SMI para toda persona que quiera trabajar, mientras que el estado le
facilita un puesto de trabajo.
Legalización inmediata de todos
los trabajadores que son explotados en
la economía sumergida con el mero requisito de proceder al alta de oficio a
toda persona que esté prestando servicios y no se encuentre en nómina, pasando
a contrato fijo de plantilla, con el único requerimiento de comunicar el alta
al sindicato, a la patronal y a la
inspección de trabajo por parte del trabajador afectado.
2)
Para hacer efectivo el Derecho a una vivienda digna para la ciudadanía.
Se pondrá en funcionamiento un plan de construcción de un millón de
viviendas sociales con municipalización del suelo urbano para liberar suelo
barato. Nacionalización de las grandes empresas constructoras, fuertemente
endeudadas, para gestionarlas democráticamente bajo control obrero. La Vivienda
es un Derecho de la ciudadanía, no un negocio de especuladores y corruptos.
Impuestos progresivos a los especuladores que poseen gran cantidad de viviendas
vacías, para forzar a sacar estas viviendas en alquiler y evitar que la
vivienda sea un medio de especulación.
El nuevo Gobierno de los trabajadores debe desconocer el valor actual de las deudas
hipotecarias de las familias obreras, que están ligadas al valor artificial del
suelo originado en el boom inmobiliario, que se derrumbó. Paralización inmediata de los embargos por
hipotecas de viviendas y bienes de las familias trabajadoras. Ninguna familia obrera debe pagar más del 10%
de su Salario Familiar en vivienda. Plan de alquiler estatal con ofertas
habitacionales que no sobrepasen el 10% del Salario familiar. El Estado
procederá a la expropiación de todos los inmuebles y viviendas abandonados, o
no ocupados durante un año, o que estén fuera de uso, para que puedan alojarse
las familias sin viviendas y sin recursos, o/y para que puedan ser usadas
socialmente como centros culturales y de ocio. La entrega y el uso de cada
inmueble deberán estar controlados por la Asamblea de peticionarios
correspondiente a cada zona, con representación de Asociaciones Vecinales,
Sindicatos de clase y las AA. de Vecinos que tengan solicitada vivienda
social.
3) Plan de defensa de la Educación Pública.
Tenemos que defender, fomentar y mejorar la red de enseñanza pública de
calidad, gratuita, laica y científica, incorporando los centros concertados a
la Educación Estatal. El que quiera
educación privada que la pague en su totalidad por lo que el Estado no dará
ninguna subvención a la enseñanza
privada. Se incrementará el presupuesto educativo hasta el 7 % del PIB para
igualarnos a los países del resto de Europa y fomentaremos la universidad
pública y gratuita para los hijos de las familias trabajadoras, con incremento de la inversión en investigación.
4) El Estado garantizará y defenderá la Sanidad Pública, rechazando el copago
y la privatización.
Incremento de un 20 % de los presupuestos de la Sanidad Pública, con el
objetivo a corto plazo de eliminar las listas de espera y mejorar la atención
sanitaria global. Plan de inversiones en Hospitales y medios sanitarios. No a
la privatización de la sanidad pública, al recorte presupuestario y al despido
de trabajadores del sector. No al copago. Desarrollo real de la Ley de
Dependencia e incremento de los puestos de trabajo del personal dedicado a la
salud pública para atender dignamente a todos los enfermos con gratuidad para
éstos de todos los medicamentos.
5) Lucha ciudadana y gubernamental contra la especulación y la corrupción.
Rechazaremos que se sigan cubriendo las pérdidas de las empresas privadas
con dinero público, sean del sector financiero como del resto de la economía.
Plan de nacionalización sin indemnización de todos los especuladores que ahora
declaran pérdidas y presentan Expedientes de Regulación de Empleo, poniendo en
peligro miles de empleos entregando esas empresas en manos de los trabajadores
con apoyo financiero y técnico por parte del Estado. Reforma fiscal con fuerte
impuesto progresivo a las grandes fortunas y lucha contra el fraude fiscal,
dando participación a la ciudadanía para que colabore en la detección de las
anomalías, autorizando la colaboración a los sindicatos en la Administración y
control de las unidades económicas, decretando la expropiación de los grandes
capitales que defrauden a Hacienda. Los representantes de los partidos
políticos en las Instituciones deberán cobrar el sueldo medio de un trabajador cualificado, cerrando el
abanico salarial de 1 a 5 en relación al sueldo base.
6) Fomento en inversiones públicas y
plan de choque para crear puestos de trabajo e incrementar la producción y el consumo.
Lucha permanente contra la huelga de capitales, la evasión a paraísos fiscales y la caída
brusca de las inversiones privadas. Dado que los capitalistas españoles no
invierten y han evadido a paraísos fiscales, desde Julio de 2011 a junio de
2012 más de 334.000 millones de euros,
se procederá a incrementar la inversión por parte del Estado, mediante
un plan de construcción de infraestructuras públicas, como hospitales, centros de estudios, universidades, energías renovables, atención
y cuidado del medio ambiente, repoblación forestal, etc. para dar empleo a los
millones de parados existentes y satisfacer las necesidades sociales. Inversión en I+D+i. Introducción de la
robótica y las nuevas tecnologías para garantizar los puestos de trabajo en
cada empresa que lo requiera, bajo una planificación racional de los recursos y
bajo control democrático de la gestión por los trabajadores. Cuando el
empresario presente un ERE o el expediente para cierre, se le exigirá que se
abran los Libros de Contabilidad de la empresa o grupo de empresa al que
pertenezca. Se ejercerá el control social para evitar el vaciamiento de los
recursos financieros y demás bienes de la empresa y se fiscalizará el
funcionamiento correcto evitando los fraudes, robos y boicoteo a la producción,
que será puesta bajo control democrático del estado y los trabajadores de
plantilla.
7) Defender entre todos los derechos sociales y el fomento de la actividad
productiva.
Reformar y mejorar los servicios de empleo que serán totalmente públicos,
eliminando las ETTs. Garantizar por el
Estado un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual a un
Salario Mínimo Interprofesional de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años y
salario máximo de altos cargos públicos y privados que no superen cinco veces
el salario mínimo, regulados a través del IRPF a través de una reforma
impositiva progresiva y justa. Introducción de la escala móvil para subidas
automáticas de los salarios igual a la subida de coste de la vida, con
revisiones cada 6 meses bajo control de comités sindicales, asociaciones de
consumidores y gobierno para evitar la inflación descontrolada.
Con el objetivo de solucionar las necesidades de las familias de los jornaleros, campesinos
pobres y clase trabajadora en general y fomentar la creación de puestos de
trabajo, el Estado expropiará, con indemnización en casos de necesidad
comprobada, los latifundios de más de 200 Ha, para realizar una explotación en
régimen cooperativo, con apoyo técnico y financiero estatal que permitan
reformar y modernizar las estructuras agrarias, encaminadas a la
industrialización y distribución social.
Para luchar con firmeza contra el paro forzoso y cierre de empresas, se
decretará la expropiación sin indemnización por el Estado de todas las fábricas
y empresas cerradas por sus dueños o que estén con expedientes y litigios de despidos que
tengan reivindicaciones en marcha por
parte de los trabajadores, para que sean puestas en funcionamiento bajo control
democrático de sus propias plantillas, para lo cual, el Estado deberá
garantizar el salario fijado en convenio y prestarle ayuda, apoyo técnico, financiero y plantear una democracia real
bajo control obrero. Después de este
esbozo de programa llega la gran pregunta:
¿De dónde va a salir el dinero para financiar este programa socialista?
Nos dicen que no hay dinero pero es mentira. Recursos financieros existen más que
suficientes para que la economía funcione, pero lo que ha colapsado es el
modelo liberal. Por tanto, hace falta un nuevo paradigma que es imposible
dentro del modelo de libre mercado, porque tanto el modelo liberal de Milton
Friedman como el de incentivos públicos de Keynes, están agotados y ambos han
colapsado, el primero practicado por lo liberales y el segundo por los
socialdemócratas. He aquí cómo el
socialismo tiene que abordar la cuestión. El sistema capitalista está agotado
porque la burguesía que controla la banca privada lo único que está interesada
es en seguir manteniendo sus beneficios,
a base de manejar a su favor los fondos del Estado, para conseguir insultantes
ganancias y ocultar sus fraudes en base a una especulación galopante, trasvase
del sector público al sector privado mediante ataques, ajustes y reducciones
salariales y contra-reformas laborales permanentes que llevan al pueblo a la
agonía.
Por lo que es urgente en cuanto que consigamos
el poder de un Gobierno de los trabajadores, mediante la democracia
participativa, contando con la unidad de las izquierdas, en conjunción de
sindicatos y otros partidos, como se ha iniciado en Andalucía, que se decrete la expropiación de los bancos
privados, con indemnización solo en caso de necesidad comprobada, con el objetivo de concentrar todo el crédito
en manos del Estado, para gestionarlos democráticamente entre el Gobierno, los
sindicatos de clase, los propios empleados de la Banca, y el conjunto de las
organizaciones obreras, como la mejor forma de democratizar los recursos
financieros, evitar la corrupción y la especulación y exigir el
desmantelamiento de los paraísos fiscales, en otras palabras la Democracia
Económica.
Esta política no significa, ni mucho menos, la expropiación de los pequeños
ahorradores y depositarios, sino todo lo
contrario, pues una vez nacionalizado y democratizado esos recursos
dinerarios, tendrán la garantía del Estado. De esa forma, una Banca Pública
Estatal, al servicio de la producción y gestionada democráticamente, puede establecer condiciones más favorables
para otorgar apoyos a los pequeños y medianos empresarios, a los agricultores,
a los pequeños comerciantes, a los pensionistas, a los ahorradores, a la vez
que se permitiría la inversión en los gastos sociales, vivienda, sanidad,
educación e infraestructuras públicas tan necesarias dando empleo a millones de
jóvenes y trabajadores.
Esta democratización de la economía
consiste en ponerla al servicio del ser humano y no del lucro de una
minoría de parásitos, para lo cual es
preciso decretar la nacionalización del sector financiero completo, incluyendo
los seguros y los monopolios,
indemnizando a los pequeños accionistas necesitados y poniendo estos recursos
productivos bajo control democrático de los trabajadores para impulsar la
economía productiva. Con estas palancas
económicas fundamentales en poder de la sociedad, pueda llevarse a cabo un
verdadero plan que incremente la producción, cuya capacidad productiva
instalada está estrangulada en los momentos actuales en torno al 66 %.
Para poder llevar a cabo ese ambicioso programa socialista, que es el que
más pronto podría sacarnos de la recesión, debemos poner en marcha un plan para
organizar las fuerzas de la clase trabajadora para luchar por cambiar este
modelo capitalista y avanzar hacia el genuino socialismo. Porque ese programa a
favor del pueblo y de las familias trabajadoras, es evidente que no lo van a
aplicar los grandes empresarios y la burguesía reaccionaria por las buenas.
Solamente con la lucha y la movilización de masas podemos arrancar una gran
parte de estas demandas, o todas ellas si luchamos hasta el final, arrastrando tras de sí a los autónomos, al
sector cooperativo y a los pequeños empresarios que verían una mejora si
colaboran con el gobierno y la clase trabajadora en su conjunto. Para que sean efectivas y llevadas a la
práctica es necesario un gobierno de los trabajadores, un gobierno PSOE-IU y
otros partidos de izquierdas, no solo en Andalucía, sino en el propio Estado
español, que responda de verdad a su
base social, con la colaboración plena de las fuerzas sindicales y asociaciones
progresistas de consumidores y usuarios.
La unidad, la organización y la lucha de la izquierda se hace ahora más
imperiosa que nunca, porque bajo el capitalismo no hay salida para las
cuestiones sociales de la humanidad, ya
que el sistema nos está arrastrando al borde del abismo, que puede desembocar
en una bancarrota que nos suma en una profunda depresión, o incluso en algo
peor, por lo que la lucha por el
genuino socialismo ya no es una utopía, sino que es una necesidad que reclama
la colaboración y el apoyo de las masas en acción, porque como dijo el clásico
“la emancipación de la clase trabajadora, será obra de la propia clase o no
será”.
Juntos y organizados, bajo la bandera de una Coalición de las Izquierdas,
encabezada por el PSOE e IU, pero abierta a la participación del resto de
organizaciones, tanto políticas como sindicales, fundamentalmente UGT y CCOO, la clase trabajadora tenemos fuerza más que
suficiente para conseguir el triunfo político y social que las masas están
esperando. Es preciso convencer a la
ciudadanía que, por supuesto, SI HAY
SALIDA pero que debe ser la lucha de masas de todo el que quiera trabajar, la
fuerza que lo consiga, pero bien dirigida con un objetivo común que marque el
camino hacia la construcción del genuino socialismo en un Estado Federal,
Socialista y Solidario, para avanzar hacia “la sociedad de seres humanos
libres, justos, honrados e inteligentes”, como decía Pablo Iglesias, el
fundador del PSOE y de la UGT.
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